SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ+ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.

Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado. 

La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ+, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.

Una mujer detrás de una noticia

Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.

De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ+, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.

La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.

Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.

Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.

El derecho a ser nombrada

Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.

Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.

En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.

Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.

Un problema que va más allá de un solo caso

El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ+. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ+ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.

Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ+.

301 denuncias en 2025

Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ+ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual. 

Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción. 

Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.

Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ+ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.

El precedente de Zashy Zuley

La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ+.

ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida. 

Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ+ cercanas a ella. 

El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.

Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.

¿Dónde están los datos oficiales?

Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ+ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.

La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.

Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.

Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.

El desafío de no olvidar

El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:

¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ+ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ+, de las familias o de las comunidades.

Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 21 de agosto.

TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ+, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.

Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.

Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.

«No queremos vivir con miedo»: defensores

Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala. 

Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.

Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos. 

«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.

Violencia generalizada y discriminación sistemática

Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados. 

Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».

Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.

Migración forzada, huir para vivir

Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ+ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas. 

Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».

Recomendaciones ante un Estado ausente

El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.

Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».

El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.

El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela y alteraron la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Para gran parte del mundo fue una noticia que ocupó titulares durante algunos días. Para quienes nacimos allí, el tiempo pareció detenerse. Antes de pensar en la magnitud del sismo o en el número de viviendas afectadas, hubo una pregunta que desplazó cualquier otra: ¿estarán bien quienes amo?

Los desastres naturales no solo transforman los territorios; también modifican la manera en que quienes vivimos en el exilio nos relacionamos con el lugar al que seguimos llamando hogar. La distancia no reduce el dolor ni la preocupación por quienes permanecen allí. Cada llamada sin responder, cada fotografía y cada mensaje recuerdan que existen vínculos que sobreviven a las fronteras, al tiempo y a la propia migración.

Lo primero que hice fue llamar a mi familia en La Guaira. Durante esos minutos comprendí, una vez más, que también existen terremotos que se sienten desde el exilio. La incertidumbre crece con cada llamada que no entra y con cada mensaje que permanece sin respuesta.

Cuando finalmente logré comunicarme, confirmé que familiares y personas cercanas habían perdido sus hogares, que distintas zonas de La Guaira enfrentaban graves afectaciones y que comunidades como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado también sufrían las consecuencias de los terremotos. Aunque algunas de estas localidades registraron daños estructurales de menor magnitud que las zonas más devastadas, sus habitantes también vieron alterada su vida cotidiana por la interrupción de servicios, las dificultades de acceso y la profunda interdependencia social, económica y comunitaria que caracteriza a La Guaira.

Algunos miembros de mi comunidad también habían fallecido. Entre ellos estaban dos hombres gays a quienes conocía. Sus nombres me recordaron que detrás de cada cifra existen historias, afectos y proyectos de vida. También me hicieron pensar en todas aquellas personas cuyas vidas y muertes difícilmente ocuparán un titular, especialmente quienes durante años vivieron en los márgenes, con escasa visibilidad y sin el pleno reconocimiento de su dignidad. Me recordaron, además, que las emergencias nunca afectan a todas las personas por igual y que quienes ya enfrentaban mayores condiciones de vulnerabilidad suelen soportar una carga aún más pesada durante la recuperación. 

El país del que uno sale nunca desaparece

Nací y crecí en La Guaira. Allí permanecen buena parte de mi historia, mi familia, mis amistades y una comunidad que sigue formando parte de quien soy. Hace diez años tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos como consecuencia de la persecución que enfrenté por ser un hombre gay y defensor de derechos humanos. Con el tiempo comprendí que el exilio no consiste únicamente en cambiar de país. También significa aprender a vivir con la certeza de que una parte de nosotros permanecerá siempre en el lugar del que tuvimos que partir.

Cada celebración familiar, cada crisis y cada tragedia confirman que seguimos perteneciendo a ese territorio. Las personas refugiadas y migrantes no dejamos de vivir las emergencias de nuestros países de origen; simplemente las vivimos de otra manera. Mientras otras personas pueden desplazarse para abrazar a sus familias o participar directamente en las labores de ayuda, quienes estamos lejos intentamos acompañar desde la incertidumbre, con la impotencia de saber que el corazón permanece donde el cuerpo ya no puede estar.

Quizá esa sea una de las dimensiones menos visibles del desplazamiento forzado. Vivimos las tragedias de nuestro país a la distancia, con menos posibilidades de actuar físicamente, pero con el mismo dolor y con un profundo sentido de responsabilidad hacia las personas y los lugares que siguen formando parte de nuestra historia.

Cuando una casa representa toda una vida

Después de una emergencia suele repetirse una frase bien intencionada: “Lo importante es que todos están vivos; lo material se recupera.” Aunque busca transmitir esperanza, también puede invisibilizar una realidad profundamente humana. En Venezuela, una vivienda rara vez representa únicamente una construcción. Es el resultado de años de trabajo, sacrificios compartidos y sueños familiares. En sus paredes también habitan recuerdos, fotografías, documentos y la memoria de quienes la construyeron.

Cuando un terremoto destruye un hogar, también altera el proyecto de vida de una familia. Por eso no basta con volver a levantar edificios. Es necesario crear las condiciones para que las personas recuperen estabilidad, seguridad y la posibilidad de imaginar nuevamente un futuro. Como trabajador social, estoy convencido de que los territorios no vuelven a ponerse de pie únicamente con cemento. También necesitan confianza, organización, apoyo mutuo y espacios donde las personas puedan elaborar el duelo y fortalecer nuevamente sus redes de apoyo.

Ese proceso tampoco ocurre en igualdad de condiciones para todas las personas. Los desastres suelen profundizar desigualdades que ya existían antes de la emergencia. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas o con VIH y muchas personas LGBTQ+, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, discriminación o redes de apoyo limitadas, suelen encontrar mayores obstáculos para acceder a servicios, restablecer sus medios de vida o volver a sentirse seguras. Una respuesta verdaderamente humanitaria no consiste únicamente en llegar primero; consiste en asegurar que nadie quede atrás cuando comienza el largo camino para reconstruir su vida. 

Cuando la emergencia deja de ser noticia

Las primeras horas después de un desastre suelen despertar lo mejor de una sociedad. Vecinas y vecinos organizan rescates, personas voluntarias distribuyen alimentos, equipos de salud trabajan sin descanso y miles de ciudadanos, dentro y fuera del país, buscan la manera de ayudar. Esa movilización espontánea representa uno de los recursos más valiosos frente a cualquier crisis y demuestra que, incluso en contextos de profunda polarización, la vida humana sigue siendo capaz de convocar encuentros.

Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el verdadero desafío apenas comienza cuando la emergencia deja de ocupar los titulares. Mientras los medios dirigen su atención hacia otras noticias y las donaciones disminuyen, miles de familias siguen intentando recuperar sus hogares, restablecer sus medios de vida y reorganizar una cotidianidad profundamente alterada. La crisis termina mucho antes para la opinión pública que para quienes continúan enfrentando sus consecuencias.

En la acción humanitaria suele describirse un fenómeno conocido como fatiga de la compasión. En términos generales, hace referencia a la disminución progresiva de la atención pública y de parte de la movilización solidaria conforme una crisis deja de ocupar el centro de la conversación. No significa que desaparezca la voluntad de ayudar, sino que nuevas urgencias desplazan rápidamente a las anteriores. El riesgo es que los territorios afectados queden solos precisamente cuando enfrentan la etapa más compleja de volver a levantarse.

Las principales organizaciones humanitarias recuerdan que reparar edificios constituye sólo una parte del proceso. También es indispensable fortalecer la salud mental, ofrecer apoyo psicosocial, recuperar el tejido comunitario y garantizar que la población participe activamente en las decisiones sobre su propio futuro. Una vivienda puede reconstruirse en algunos meses; recuperar la sensación de seguridad, la confianza o el sentido de pertenencia suele requerir mucho más tiempo.

Esta realidad resulta especialmente importante para quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes del terremoto. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH y muchas personas LGBTQ+ suelen encontrar mayores barreras para acceder a servicios, mantener sus tratamientos, recuperar sus ingresos o reconstruir sus redes de apoyo. Las emergencias no crean esas desigualdades, pero con frecuencia las hacen más visibles y profundas. Por eso, una recuperación verdaderamente sostenible no consiste únicamente en volver al punto donde estábamos antes del desastre, sino en aprovechar ese proceso para reducir brechas históricas y fortalecer la inclusión.

Como trabajador social, prefiero hablar de una resiliencia consciente. No de una resiliencia que exige fortaleza permanente o invita a ocultar el dolor bajo la idea de que “hay que seguir adelante”, sino de aquella que reconoce las pérdidas, entiende que el duelo necesita tiempo y acepta que pedir ayuda también forma parte del camino. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a reconstruirse sola, ni ninguna persona a demostrar que ya superó una tragedia antes de estar preparada para hacerlo.

Permanecer también es una forma de ayudar

El exilio me impidió estar físicamente en La Guaira durante los días posteriores a los terremotos, pero no me impidió asumir la responsabilidad de acompañar desde donde hoy me encuentro. Durante esas semanas utilicé mis plataformas para verificar información antes de compartirla, visibilizar localidades que históricamente han recibido menor atención —como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado— y promover mensajes centrados en las necesidades de la población afectada.

Ese compromiso también dio origen a la serie documental La Guaira: Antes y Después, un esfuerzo por documentar cómo cambiaron distintos espacios y contribuir a que no desaparezcan de la memoria colectiva cuando termine la cobertura periodística. Más que registrar la destrucción, busca recordar que detrás de cada fotografía existen familias que seguirán necesitando apoyo mucho después de que las cámaras se hayan ido.

Creo profundamente que comunicar con responsabilidad también es una forma de acción humanitaria. Verificar antes de publicar, evitar la desinformación y mantener visibles a los territorios históricamente olvidados constituye una manera concreta de acompañar el proceso de recuperación y fortalecer el compromiso colectivo desde la distancia.

La solidaridad que decide quedarse

Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejarán cicatrices visibles en edificios, carreteras y viviendas. Otras permanecerán en silencio, acompañando a familias que deberán reconstruir no solo sus hogares, sino también su sensación de seguridad, sus proyectos de vida y la confianza en el futuro.

Como venezolano, guaireño, refugiado y defensor de derechos humanos, esta experiencia reforzó una convicción que ha guiado buena parte de mi trabajo: las personas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta humanitaria. Ninguna diferencia política, institucional o ideológica debería ser más importante que proteger la vida, aliviar el sufrimiento y garantizar que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad reciban el acompañamiento que necesitan para volver a empezar con dignidad.

Los terremotos dejan de sentirse cuando la tierra deja de temblar. El olvido comienza cuando dejamos de mirar. Entre una cosa y otra existe un largo camino que exige memoria, compromiso sostenido y la decisión colectiva de no abandonar a quienes siguen intentando levantarse cuando el resto del mundo ya ha seguido adelante. Porque una sociedad no termina de recuperarse cuando reconstruye sus edificios; lo hace cuando todas las personas tienen la oportunidad de volver a vivir con seguridad, esperanza y la certeza de que nadie quedó atrás.

Yonatan Matheus (He/Him/Él) es defensor de derechos humanos LGBTQ+ y trabajador social y activista. Trabaja en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH.

Este comentario salió en el sitio web de Yonatan el 6 de julio.

SAN SALVADOR,  El Salvador— Alrededor de las 2 de la tarde del 27 de junio, centenares de personas comenzaron a reunirse en el redondel Masferrer para participar en la tradicional Marcha del Orgullo LGBTQ+ de El Salvador, una movilización que año con año busca visibilizar las luchas, los avances y las demandas de la población diversa en el país. Más que una celebración, la actividad volvió a convertirse en un espacio para reivindicar la existencia de miles de personas que, pese a los desafíos sociales y políticos, continúan reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.

Con banderas multicolores ondeando entre la multitud, música y una atmósfera cargada de emoción, la marcha inició su recorrido descendiendo por el Paseo General Escalón, atravesando las Fuentes Beethoven y la plaza El Salvador del Mundo hasta concluir en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, sobre la 25 Avenida Sur.

A medida que avanzaban las horas, el tránsito habitual de una de las principales arterias de la capital fue sustituido por un río de colores, consignas y expresiones artísticas. Decenas personas voluntarias debidamente identificadas, acompañaron el recorrido para facilitar el paso de las personas participantes, detener el tráfico y garantizar el desarrollo de la actividad mientras miles de curiosos observaban desde las aceras, restaurantes, centros comerciales y edificios ubicados a lo largo del trayecto.

Desde horas antes del inicio del recorrido, las calles comenzaron a llenarse de personas provenientes de distintos departamentos del país. Algunas viajaron desde la madrugada para participar en la actividad, mientras otras aprovecharon el fin de semana para reencontrarse con amistades y familiares que cada año convierten la marcha en un punto de reunión.

Muchas personas dedicaron semanas e incluso meses a preparar cuidadosamente sus vestuarios, maquillajes, accesorios y pancartas. Cada atuendo representaba una forma distinta de expresar identidad, creatividad y orgullo. Algunos optaron por elaborados trajes inspirados en la cultura drag; otros lucieron prendas confeccionadas con los colores de las distintas banderas que representan a la diversidad sexual y de género. No faltaron quienes eligieron vestirse de manera sencilla, convencidos de que su sola presencia ya representaba un acto de valentía.

Los colores del arcoíris se mezclaron con las banderas trans, bisexuales, lesbianas, pansexuales, no binarias y otras identidades que forman parte de la diversidad humana. Entre abrazos, fotografías, consignas, bailes y presentaciones improvisadas, el ambiente transmitía alegría, pero también una profunda carga simbólica para quienes consideran esta marcha un acto de existencia y resistencia.

Las expresiones de afecto entre parejas, amistades y familias se desarrollaban con naturalidad durante todo el recorrido. Para muchas personas asistentes, ese espacio representó uno de los pocos momentos del año donde podían mostrarse públicamente sin ocultar quiénes son o temer al rechazo inmediato de quienes les rodean.

Memoria, resistencia y un llamado a no olvidar

Previo al banderillazo de salida, representantes de la Federación Salvadoreña LGBTIQ+ ofrecieron un mensaje que invitó a recordar el camino recorrido por quienes lucharon décadas atrás en condiciones mucho más adversas.

“Hoy caminamos pensando en quienes caminaron antes que nosotres, en quienes resistieron cuando nombrarse podía costar el trabajo, la familia, la libertad o la vida”, expresaron durante su intervención, provocando aplausos entre las personas asistentes.

El mensaje también recordó que muchas de las conquistas actuales son resultado de generaciones que enfrentaron discriminación, violencia institucional y exclusión social, abriendo camino para que nuevas juventudes puedan vivir su identidad con mayor libertad, aunque todavía persistan numerosos desafíos.

Las palabras pronunciadas antes del inicio de la marcha marcaron el tono del resto de la jornada. No se trataba únicamente de celebrar la diversidad, sino también de reconocer que detrás de cada bandera existe una historia marcada por la lucha contra la discriminación, la violencia y la invisibilización.

Sin embargo, el discurso también puso sobre la mesa una realidad poco discutida dentro del movimiento: la invisibilización de las personas adultas mayores LGBTQ+. Según señalaron durante la actividad, la población diversa envejeciente continúa prácticamente ausente de los espacios públicos y de representación. No aparecen en las campañas del Mes del Orgullo, tampoco en las imágenes que suelen viralizarse en redes sociales ni en la publicidad que cada junio llena de colores distintos espacios comerciales.

Su ausencia también refleja las profundas desigualdades que históricamente ha enfrentado esta población. Muchas personas mayores crecieron en contextos donde expresar libremente su orientación sexual o identidad de género significaba perder el empleo, ser expulsadas de sus hogares o sufrir violencia física y psicológica.

La ausencia de referentes mayores refleja una deuda pendiente tanto de la sociedad como del propio movimiento, que enfrenta el desafío de reconocer las historias de quienes sobrevivieron a décadas de persecución y discriminación y que hoy continúan siendo parte fundamental de la memoria colectiva.

La edición 2026 de la marcha se desarrolló además en un contexto político que diversas organizaciones consideran especialmente complejo para la defensa de los derechos humanos.

Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por el cierre de espacios democráticos, el debilitamiento de organizaciones sociales y un ambiente que consideran cada vez más hostil para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En medio de ese escenario, la movilización adquirió un significado que fue mucho más allá de la celebración. Para muchas personas asistentes representó un acto de presencia política y una reafirmación de que la comunidad continúa existiendo pese a los retrocesos percibidos.

Uno de los aspectos más visibles durante el recorrido fue la importante participación de jóvenes, muchos de ellos asistiendo por primera vez a una Marcha del Orgullo. Entre sonrisas y evidente emoción, varias personas compartían que habían esperado durante años la oportunidad de participar libremente en esta actividad.

Para algunos significaba encontrarse con otras personas que comparten experiencias similares; para otros era la primera ocasión en la que podían expresar públicamente su orientación sexual o identidad de género sin esconderse.

Durante la cobertura realizada por diversos medios internacionales, una persona entrevistada por el Los Angeles Blade, quien solicitó permanecer en el anonimato, resumió el sentimiento que compartían muchas voces presentes.

“Yo apoyé en su momento al presidente actual, pero no sabía que eso tendría un precio que sería bajar mi categoría como ciudadane de un país tan pequeño y con mente más cerrada. Igual marcho para demostrar que aquí estamos resistiendo”, expresó.

El testimonio reflejó una percepción compartida por parte de algunos asistentes respecto al contexto político y social que vive actualmente la población LGBTQ+ en El Salvador.

Entre el respaldo empresarial y el rechazo en redes sociales

A diferencia de años anteriores, otro elemento llamó la atención durante el recorrido: la limitada presencia de organizaciones sociales claramente identificadas mediante banners, mantas o bloques organizados.

Aunque sí participaron colectivos y activistas independientes, fueron los vehículos alegóricos patrocinados por establecimientos comerciales y empresas aliadas los que dominaron visualmente buena parte del recorrido.

Los carros decorados con música, animación y publicidad fueron algunos de los elementos más llamativos de la jornada. Desde ellos se lanzaban banderas, camisetas y recuerdos promocionales mientras decenas de personas bailaban al ritmo de música pop y electrónica, generando entusiasmo entre quienes acompañaban la marcha.

No obstante, para algunas personas participantes, la menor presencia visible de organizaciones históricas también reflejó las dificultades que actualmente enfrentan muchas asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y de la población LGBTQ+.

Mientras miles de personas recorrían las principales arterias de la capital, el debate también se trasladó a las redes sociales. Las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación rápidamente se llenaron de algunos comentarios favorables, pero también de numerosas expresiones de rechazo hacia la marcha y hacia la población diversa.

Las críticas giraron principalmente alrededor de argumentos religiosos, posturas conservadoras y visiones tradicionales sobre la familia y la sexualidad. Muchas personas expresaron opiniones despectivas o mensajes de intolerancia, mientras otras defendieron el derecho constitucional de toda persona a manifestarse pacíficamente.

Para activistas consultados durante la jornada, estas reacciones evidencian que la discriminación continúa profundamente arraigada en distintos sectores de la sociedad salvadoreña y que la necesidad de generar espacios de diálogo y educación sigue siendo una tarea pendiente.

Pese a ello, el ambiente dentro de la marcha permaneció festivo durante todo el recorrido.

Las consignas por la igualdad se alternaban con música, coreografías improvisadas y expresiones artísticas que transformaron por varias horas las calles de San Salvador en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación.

Una vez más, por segundo año consecutivo, la jornada concluyó sin el tradicional concierto masivo que durante años marcó el cierre de la actividad. La ausencia de un evento artístico con celebridades y espectáculos musicales no disminuyó el entusiasmo de quienes participaron hasta el final del recorrido. Conforme caía la tarde, muchas personas permanecieron en las inmediaciones del Parque Cuscatlán compartiendo fotografías, conversando y despidiéndose con la satisfacción de haber formado parte de una nueva edición del Pride salvadoreño.

Las fotografías, abrazos colectivos y mensajes escritos en pancartas terminaron convirtiéndose en el cierre simbólico de una jornada cuyo principal objetivo fue ocupar el espacio público y reafirmar la existencia de una comunidad históricamente marginada.

Las consignas podían leerse en decenas de carteles: llamados al respeto, a la igualdad, al reconocimiento de derechos y al fin de la discriminación.

Más que una celebración aislada, la Marcha del Orgullo 2026 volvió a convertirse en un recordatorio de que la historia de la población LGBTQ+ salvadoreña ha estado marcada por un pasado de violencia, un presente de constantes desafíos y un futuro que continúa construyéndose desde la esperanza.

En cada paso, quienes caminaron este sábado recordaron que el orgullo no nace únicamente de la celebración de la diversidad, sino también de la capacidad de resistir frente a la exclusión, el prejuicio y el silencio.

Con cada bandera levantada, cada abrazo compartido y cada consigna pronunciada a lo largo del recorrido, las personas asistentes enviaron un mensaje claro tanto a la sociedad salvadoreña como a las instituciones del Estado: la diversidad continúa presente, organizada y decidida a defender su derecho a existir.

Porque, como repetían muchas de las pancartas que acompañaron la movilización, el principal reclamo no es un privilegio especial. Es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente humano: vivir con dignidad, sin miedo, con igualdad ante la ley y con el respeto que merece toda persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La Marcha del Orgullo 2026 volvió a demostrar que, pese a las adversidades, la población LGBTQ+ salvadoreña continúa encontrando en las calles un espacio para hacer visible su historia, sus luchas y la convicción de que seguir existiendo también es una forma de resistencia.

Entre los sonidos vibrantes de la batucada, las luces de colores, la música y los mensajes de reivindicación, el 5 de junio se llevó a cabo una nueva edición de “Mani Fiesta tu Orgullo”, un evento que durante los últimos cuatro años se ha convertido en una de las actividades más emblemáticas para dar inicio a las celebraciones y acciones de incidencia política, cultural y comunitaria del Mes del Orgullo en El Salvador.

La actividad, organizada por la Federación Salvadoreña LGBTI en conjunto con el Centro Cultural de España en El Salvador, congregó entre 200 y 300 personas que se dieron cita para compartir un espacio de encuentro, reflexión, memoria histórica y celebración de la diversidad.

Desde las 7 p.m. y hasta las 10 p.m., el recinto se transformó en un punto de reunión para activistas, artistas, organizaciones de la sociedad civil, personas de la comunidad LGBTQ+ y aliados que año con año encuentran en esta actividad una oportunidad para reafirmar su identidad y fortalecer los lazos comunitarios.

Más allá de una fiesta, los organizadores destacan que “Mani Fiesta tu Orgullo” representa un acto político y social de gran importancia, pues marca oficialmente el inicio de las actividades que diversas organizaciones desarrollan durante junio y permite posicionar públicamente las demandas, preocupaciones y aspiraciones de la comunidad LGBTQ+ salvadoreña.

Cuatro años construyendo comunidad y visibilidad

La iniciativa nació hace cuatro años como una propuesta para abrir el Mes del Orgullo desde un espacio cultural, inclusivo y accesible para todas las personas. Desde entonces, la actividad ha evolucionado hasta convertirse en una referencia dentro de la agenda de junio, permitiendo que organizaciones, activistas y miembros de la comunidad encuentren un espacio para compartir experiencias, fortalecer alianzas y proyectar mensajes de incidencia.

Para la Federación Salvadoreña LGBTI, uno de los aspectos más significativos ha sido el respaldo constante del Centro Cultural de España, institución que ha abierto sus puertas para albergar la actividad y contribuir a la promoción de los derechos humanos y la diversidad.

“Para nosotras y nosotros es muy gratificante contar con el apoyo del Centro Cultural de España, que ha sido un aliado importante para poder desarrollar este espacio y hacerlo crecer cada año”, destacaron integrantes de la Federación.

La continuidad del evento también refleja la capacidad de resistencia y organización de la comunidad LGBTQ+ en un contexto que continúa presentando desafíos relacionados con la igualdad, el reconocimiento y la garantía de derechos.

Durante estos cuatro años, “Mani Fiesta tu Orgullo” ha servido como un espacio de expresión artística, pero también como una plataforma para visibilizar las realidades que enfrenta la población diversa en el país.

Un hecho histórico: la participación activa de la Asamblea Feminista

Uno de los aspectos que marcó esta edición fue la participación activa de la Asamblea Feminista, organización que desde el año pasado se ha incorporado de manera más directa a la coordinación y desarrollo de las actividades del Mes del Orgullo.

Aunque históricamente mujeres lesbianas y bisexuales han formado parte de las marchas y acciones impulsadas por la comunidad LGBTQ+, su participación en los procesos organizativos había sido limitada. La incorporación de la Asamblea Feminista representa, según activistas, un paso importante hacia la construcción de un movimiento más amplio, inclusivo y articulado.

Para Karla Guevara, secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI, este acercamiento constituye un hecho sin precedentes dentro de la historia reciente del movimiento. 

“Creo que esto es inédito, y a nosotras y nosotres como Federación nos llena de orgullo que las compañeras lesbianas y bisexuales se hayan podido sumar a estas actividades del Mes del Orgullo”, expresó.

La participación de organizaciones feministas también evidencia una creciente convergencia entre distintas luchas sociales que comparten principios relacionados con la igualdad, la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales. Para muchas personas asistentes, esta articulación representa una oportunidad para fortalecer redes de apoyo y construir agendas comunes frente a desafíos que afectan a diversos sectores históricamente excluidos.

Arte, música y celebración como herramientas de resistencia

La jornada estuvo marcada por expresiones artísticas que aportaron energía y color a la celebración. La reconocida batucada Las Musas fue una de las agrupaciones encargadas de animar la noche, aportando ritmos vibrantes que acompañaron gran parte de la actividad.

Asimismo, la participación de la DJ Drag Alexa Evangelista contribuyó a crear un ambiente festivo y diverso, donde la música se convirtió en un lenguaje común para las personas asistentes.

Más allá del entretenimiento, las expresiones artísticas desempeñan un papel fundamental dentro de los movimientos sociales, especialmente en aquellos relacionados con la diversidad sexual y de género.

El arte, la música, la danza y las expresiones culturales permiten construir comunidad, fortalecer identidades y generar espacios seguros donde las personas pueden expresarse libremente. En este sentido, “Mani Fiesta tu Orgullo” demuestra cómo la celebración también puede convertirse en una forma de resistencia frente a la discriminación y la exclusión.

Un manifiesto dedicado a la memoria y la gratitud

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la lectura del manifiesto del orgullo correspondiente a este año. A diferencia de otros años, el documento estuvo enfocado principalmente en la memoria histórica y el reconocimiento de quienes construyeron los primeros espacios de organización y resistencia en condiciones mucho más adversas.

El mensaje recordó a aquellas personas que, en décadas pasadas, comenzaron a construir comunidad desde la clandestinidad, cuando la discriminación social era aún más intensa y los espacios seguros prácticamente inexistían. También rindió homenaje a quienes fallecieron durante la pandemia del VIH/Sida en las décadas de 1980 y 1990, una de las etapas más dolorosas para la población LGBTQ+ a nivel mundial.

El manifiesto destacó además la importancia de recordar la primera Marcha del Orgullo realizada en El Salvador en 1997, un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la visibilidad pública de la comunidad diversa. Asimismo, se hizo un reconocimiento especial a las personas adultas mayores de la comunidad, incluyendo mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales y mujeres trans, cuyas experiencias y luchas han contribuido a abrir camino para las nuevas generaciones.

Para muchas de las personas presentes, este enfoque representó una invitación a mirar hacia atrás con gratitud, reconociendo que los avances actuales son el resultado de décadas de trabajo, organización y valentía.

El orgullo como memoria, comunidad y esperanza

Aunque junio suele asociarse con celebraciones, desfiles y manifestaciones públicas, para muchas organizaciones LGBTQ+ el orgullo también implica memoria, reflexión y compromiso con las generaciones futuras.

Eventos como “Mani Fiesta tu Orgullo” permiten recordar que detrás de cada conquista existen historias de personas que enfrentaron discriminación, violencia y exclusión para abrir espacios de participación y reconocimiento. Al mismo tiempo, estas actividades fortalecen los vínculos comunitarios y generan oportunidades para que nuevas personas se integren a los movimientos de defensa de derechos humanos.

La edición de este año dejó en evidencia que la comunidad LGBTQ+ salvadoreña continúa apostando por la organización colectiva, la construcción de alianzas y la recuperación de la memoria histórica como herramientas fundamentales para avanzar. Con una asistencia que superó las expectativas de los organizadores y una creciente participación de distintos sectores sociales, “Mani Fiesta tu Orgullo” reafirmó su lugar como una de las actividades más significativas del inicio del Mes del Orgullo en El Salvador.

Más que una celebración, fue un espacio para recordar, agradecer y reconocer que cada paso dado en la búsqueda de igualdad ha sido posible gracias a quienes, desde distintos momentos de la historia, decidieron levantar la voz y construir comunidad. Y precisamente allí radica la esencia de esta actividad: en recordar que el orgullo no solo se celebra, también se hereda, se construye y se comparte.

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ+ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

• 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),

• 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),

• 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con el Los Angeles Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ+ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ+.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ+ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Los Angeles Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La comunidad LGBTQ+ en Colombia está de luto tras conocerse el fallecimiento de Victoria Strauss, reconocida politóloga egresada de la Universidad de Antioquia, activista trans y defensora de los derechos humanos, quien además se desempeñaba como docente universitaria.

Victoria fue hallada sin vida este lunes en Santa Elena, Antioquia, después de haber sido reportada como desaparecida el 29 de septiembre. La noticia ha generado una profunda conmoción entre sus colegas, amistades y los movimientos sociales que la conocieron por su compromiso incansable en la defensa de la diversidad y la igualdad.

Un legado que no morirá

El trabajo de Strauss se consolidó como un pilar del activismo trans en Antioquia, inspirando a nuevas generaciones de liderazgos y abriendo caminos en la academia y en los espacios de participación social y política. Su ausencia deja un vacío enorme, pero también un legado que seguirá marcando la lucha por los derechos de la población LGBTQ+.

Desde OrgulloLGBT.co expresamos nuestra solidaridad con su familia, amistades y con todos los sectores de la sociedad que hoy sienten su partida. Exigimos a las autoridades que se investiguen de manera urgente las circunstancias de su muerte y que se esclarezca si existieron negligencias en la atención y búsqueda.

Hoy despedimos a una gran lideresa trans, cuya voz no se apagará y cuyo legado seguirá vivo en cada lucha por la igualdad.

En el corazón de Medellín hay una red que late con fuerza propia. No aparece en los grandes titulares, pero su presencia se percibe en el sonido de un tambor que marca el ritmo de un ensayo, en las manos que se manchan de colores para pintar un mural, en el aire tibio que entra por las ventanas abiertas y se mezcla con el eco de una risa, en los abrazos que cierran una jornada. Es la Red Popular Trans, una plataforma comunitaria que ha hecho del arte, la naturaleza, las espiritualidades y la organización social una herramienta de vida para cientos de personas trans, no binaries y cuir, un lugar donde la creatividad fluye como el agua, se expande como el viento y se enraíza como un árbol que crece en suelo fértil.

Allí, los sueños se tejen en colectivo y las puertas que antes parecían cerradas se abren para dejar pasar la luz. De ese trabajo nació el Festival Interdisciplinar de Artes Trans – Travar las Artes, organizado junto a la colectiva Pajarapintadanza y fundado con el impulso y liderazgo de Ale Álvarez, quien fue una de sus creadoras y principal representante durante los primeros cuatro años. Este festival no es un evento para la foto, es el primer festival de arte trans en Colombia dirigido por personas trans y para personas trans, un hecho histórico que ha marcado un antes y un después en la cultura del país.

No es un simple espacio de exhibición: es un laboratorio vivo de resistencia y cuidado donde la danza, el teatro, la música, la poesía y las artes visuales dialogan con la tierra, el cuerpo y la voz, devolviéndoles su poder y transformándolos en acto político y en celebración de la vida. Travar las Artes ha demostrado que la cultura también puede ser una trinchera de libertad, y que es posible resignificar tradiciones para abrir nuevos caminos. Basta recordar la reinterpretación del bullerengue, una danza tradicional colombiana, llevada a escena desde una mirada queer y desafiante. Poner a una travesti a bailar bullerengue no fue un simple acto estético, sino un gesto político que desafió estructuras hegemónicas y abrió posibilidades de representación que antes parecían impensables.

En este espacio no hay protagonistas únicos. Cada historia es un cauce que alimenta un mismo río: la joven que encontró en la danza un lenguaje para hablar de su identidad sin miedo, el actor que convirtió su transición en una obra de teatro que recorre barrios y escuelas, la cantante que lleva su voz a escenarios comunitarios porque sabe que allí también se construye país. Entre esas historias, una brilla con especial fuerza: la de Ale.

Ale llegó a la Red Popular Trans buscando un lugar seguro donde pudiera ser sin explicaciones ni condiciones. Lo encontró, y encontró también un espejo en el arte, una forma de reconocerse. Lo que empezó como curiosidad por la danza se volvió vocación y raíz. Hoy es licenciada en Danza, graduada con honores, y ha regresado a los mismos espacios que la vieron crecer para guiar a otres que, como ella, buscan un camino. En cada taller que facilita, Ale recuerda que antes de ser profesional fue una persona que necesitaba escuchar: “Aquí eres bienvenide”.

Esa frase resume la esencia de lo que aquí ocurre. La Red Popular Trans no solo impulsa el festival: organiza talleres permanentes, acompaña procesos de salud y bienestar, conecta artistas con oportunidades y teje redes de apoyo que se sostienen incluso fuera del escenario. Pajarapintadanza ha puesto el cuerpo, el movimiento y el espíritu al servicio de la pedagogía queer y decolonial, demostrando que el arte puede sanar, movilizar y transformar.

En estas redes, cada logro individual es una victoria colectiva. Cuando une bailarín trans pisa un escenario, cuando une pintore no binarie exhibe su obra, cuando une poeta cuir recita frente a su comunidad, toda la red respira con orgullo. El arte que nace aquí no es lujo, es necesidad; no solo inspira, sino que salva. Es viento que acaricia, raíz que sostiene, agua que fluye y fuego que enciende. El trabajo comunitario, constante y apasionado, convierte historias marcadas por el dolor en relatos de resiliencia y esperanza. Ale, la Red Popular Trans, Pajarapintadanza y Travar las Artes son prueba viva de ello, recordándonos que mientras haya cuerpos que bailen, voces que se alcen y manos que creen, siempre habrá un lugar para empezar de nuevo, y a veces, sin darnos cuenta, ese lugar se convierte en hogar.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 30 de julio.

Por NAZARETH GÓMEZ | TEGUCIGALPA, Honduras — En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones de sociedad civil en Honduras presentaron informes alternativos para evidenciar el incumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos. Las recomendaciones al Estado serán revisadas en noviembre de 2025, cuando Honduras enfrente su evaluación internacional.

Durante el evento se compartieron siete informes temáticos sobre mujeres, niñez, diversidad sexual, personas defensoras, tierra, discapacidad y radios comunitarias. Las organizaciones exigen que las recomendaciones se traduzcan en acciones reales.

Violencia contra las mujeres y retrocesos legales

La Plataforma EPU Mujeres denunció que entre 2020 y 2024 se registraron más de 1,500 muertes violentas de mujeres y más de 8,600 evaluaciones médicas por violencia sexual. Solo hay tres juzgados especializados y 72 fiscales para más de 100 mil denuncias anuales.

También alertaron que no se ha aprobado la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ni la Ley de Violencia Política. Ciudad Mujer opera solo en seis ciudades, dejando sin cobertura al 42.8 por ciento de las mujeres. “Seguimos exigiendo voluntad política para avanzar”, afirmaron.

Niñez: pobreza, violencia y abandono estatal

Organizaciones como Coiproden expusieron que el 66.8 por ciento de la niñez vive en pobreza y que siete de cada diez están en situación de pobreza multidimensional. Aunque se ha creado la Secretaría de Niñez y se aprobó una política nacional, aún no hay presupuesto suficiente ni liderazgo institucional claro.

Entre 2020 y 2024, más de 270 niñas, niños y adolescentes murieron por violencia. También se reportaron más de 800,000 alertas de desaparición, de las cuales el 30 por ciento corresponde a niñez. Las organizaciones exigen actualizar la política de prevención de violencia y fortalecer el sistema de protección.

Diversidad sexual: impunidad y exclusión

Desde 2009, más de 400 personas LGBTQ+ han sido asesinadas en Honduras, con un 93 por ciento de impunidad. Las organizaciones denunciaron la falta de avance en la aprobación de la Ley de Identidad de Género, el reconocimiento legal del matrimonio igualitario y la adopción de políticas inclusivas.

“El Estado mantiene patrones de discriminación institucional. No basta con crear políticas si no hay voluntad para implementarlas”, señalaron. 

Solo existen seis fiscales a nivel nacional para investigar estos crímenes.

Territorio, pueblos indígenas y represión

El Centro de Estudios para la Democracia denunció que más de 1.8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria grave. No se han hecho reformas para resolver la deuda agraria ni se han implementado sentencias a favor de comunidades garífunas.

También señalaron que, a pesar de existir un mecanismo de protección, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas defensoras. “Se asesina, se criminaliza y no hay respuestas del Ministerio Público”, denunciaron.

Llamado urgente

Las organizaciones exigieron al Estado hondureño tomar con seriedad las recomendaciones del EPU.

Además, exigieron asumir compromisos reales con los sectores históricamente excluidos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos desde una visión integral y con enfoque de justicia. 

Los informes completos están disponibles para consulta pública.