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Víctor Abel y su encuentro con la sagrada diversidad

Hombre guatemalteco gay estudió para ser sacerdote

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Víctor Abel (Foto cortesía de Quorum)

Quorum es el socio mediático del Washington Blade en Guatemala. Esta nota salió en su sitio web el 30 de septiembre.

CIUDAD DE GUATEMALA — Era junio de 2017 y la marcha por el Orgullo atravesaba el Centro Histórico de Guatemala. Víctor estaba sentado en el asiento del acompañante esperando a cruzar la Sexta Avenida, cuando el conductor exclamó: “Ahí va la marcha de los huequitos”. 

Hacía afuera, Víctor no tenía por qué sentirse aludido porque frente al mundo era un hombre heterosexual más. Pero sí le afectó. Escuchar el comentario despectivo le hizo cuestionar el silencio que lo había acompañado toda la vida. Tanto, que al día siguiente decidió enfrentar a sus padres y compartirles que era homosexual. 

“Sentí que me quité una carga de encima, por fin sentí que no tenía que fingir ser heterosexual”, recuerda sonriendo.

Víctor es de estatura media. Pareciera ser tímido pero su sonrisa delata una persona abierta. En 2019 fue la primera vez que participó en la marcha por el Orgullo, no como alguien externo que guardaba silencio, sino como alguien que también celebraba su identidad. 

Esa fue la primera vez que posó frente a la cámara con el cartel que decía: “Sagrada Diversidad”. Aquel día el cielo le dio un arcoiris como fondo.

Un camino difícil

Hay dos momentos fuertes que son un parte aguas en la vida de Victor Abel Rojas. El primero fue el asesinato de su abuela cuando él tenía 14 años. Los detalles de su muerte son muy crudos y lo dejaron pensando en qué podía hacer de su vida para cambiar a una sociedad tan violenta como la guatemalteca.

Creció en una familia muy católica y por eso no dudó en tomar el camino del sacerdocio. Pensó que esto no solo lo ayudaría a procesar el dolor por la muerte de su abuela, sino también a evitar la atracción que sentía hacia los hombres. A los 19 años se integró a la Orden de Predicadores, más conocida como los dominicos. 

Vivió su adolescencia convencido de que era un pecado que le gustaran las personas de su mismo sexo. Forzosamente se unía a las conversaciones de sus amigos cuando hablaban de mujeres y luchaba para inhibir y disimular su orientación sexual. Quería evitar que los demás se dieran cuenta y que lo juzgaran como un pecador.

Con los domínicos, viajó a Costa Rica, Perú y El Salvador donde empezó a estudiar filosofía y teología. Aquí se topó con el segundo momento que le marcó la vida. Un sacerdote se aprovechó de la confianza de Víctor y la relación desigual de poder, para acosar al seminarista.

“Me di cuenta que sí era homosexual, que sí era gay, pero lamentablemente lo descubrí bajo el acompañamiento de un sacerdote que se aprovechó de esa intimidad”.

Estaba cerca de terminar sus estudios para ser sacerdote cuando se enteró que un seminarista en El Salvador puso una denuncia por acoso en contra del hombre que también se aprovechó de él. 

Este padre, cuyo nombre prefiere no decir, logró aislarlo de sus amigos y manipularlo emocional y psicológicamente. 

Los directivos de la Orden de Predicadores lo llamaron para declarar. Su testimonio sirvió para que el sacerdote fuera expulsado de la Iglesia, aunque años después fue contratado como maestro en un colegio católico de Costa Rica. 

La divina revelación

Hoy Víctor tiene 31 años. Su mirada inspira la confianza que lo logra acercar a los niños y jóvenes con los que trabaja para prevenir la violencia sexual.

Lee y mucho. Entre las páginas explora temas relacionados a la teología queer y la ciencia ficción. Su autor preferido es Stephen King, y sus directoras de cine favoritas son las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix y de la serie Sense8.

Víctor también es escritor. En 2021 publicó el libro “Relatos cortos para una Biblia diferente.”

 “En este libro la diosa es la Sagrada Diversidad, es la creadora que hizo todo a su imagen y semejanza. Por eso todo es diverso, es divino y diferente”, explica.

Para Victor la espiritualidad, como la sexualidad, son ejes transversales del ser humano que llegan al corazón y a la raíz de la persona. Decidir en qué creer es un derecho humano, así como decidir quién ser.

Esto todavía no lo tenía tan claro en el 2017, meses antes de cruzarse con la marcha del Orgullo. Llegar a aquel momento de quiebre y revelación no fue fácil. Algunas veces, cuando recuerda lo que ha vivido, aún se queda en silencio. 

“Fue uno de los momentos más duros de mi vida, colapsé emocionalmente y todavía hasta hoy tengo recaídas, tuve mucho miedo porque ese era mi proyecto de vida. Al mismo tiempo sentí dentro de mí una fuerza, sigo siendo una persona creyente y espiritual. Ahí fue cuando decidí retirarme de esta orden religiosa e iniciar una vida más auténtica y libre”, comenta.

Las palabras le vuelven a brotar con emoción a Víctor y aunque la construcción de la identidad es un proceso constante, en uno de sus relatos señala ese instante divino de reconocerse quién es. 

“Las estrellas se fusionaron conmigo y mi cadáver empezó a bailar al ritmo del latir del cosmos. Casi estaba por resucitar cuando Sagrada Diversidad, a las que algunos llaman dios o diosa, me preguntó ‘¿quieres vivir?’ y heme aquí como mariposa con corazón multicolor, superando el peso de la gravedad”.

Volar, Víctor Abel Rojas.

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33 años y cuatro meses de cárcel proponen para uno de los asesinos de Thalía Rodríguez en Honduras

Activista trans fue asesinada en su casa en 2022

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(Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 28 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — En la Sala de lo Penal de Tegucigalpa se llevó a cabo la individualización de Aarón Jeriel Álvarez Pavón, uno de los asesinos implicados en la muerte de Thalía Rodríguez.

En 2022 se evacuaron los medios de prueba contra Pavón y se le dio una sentencia por ser declarado culpable en el caso de Rodríguez.

La audiencia fue corta debido a que la fiscalía fue la que dijo que se debería condenar a Pavón por el delito de asesinato en perjuicio de Thalía y tentativa de asesinato en perjuicio de la pareja de Rodríguez. 

En la audiencia se determinó cuánto solicitaba la fiscalía, qué delitos se le iban a imponer y con qué agravante, además de cuánto solicitaba la defensa de Pavón en cuanto a la pena privativa de libertad. 

Aarón Jeriel Álvarez Pavón es uno de los implicados en la muerte de Thalía Rodríguez. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Pavón recibió en la audiencia de individualización de la pena una propuesta de condena del Ministerio Público (MP) de 20 años por asesinato y 13 años con cuatro meses por tentativa debido a que la pareja de Rodríguez también fue atacada de manera violenta el día del asesinato.

La defensa de Pavón se adhirió a la cantidad de años que el MP determinó por el asesinato de Thalía y la tentativa contra su pareja, Walter. 

El odio y rechazo que las personas LGBTIQ+ enfrentan a diario es una de las principales causas de asesinatos contra dicha población. 

La abogada y defensora de derechos humanos Nadia Mejía mencionó de manera detallada en una entrevista con Reportar sin Miedo (RSM) que hablar sobre este tema es muy importante, pero lamentable. 

“Hablar en términos de justicia con una pena privativa de libertad deja un mal sabor. He llevado muchos casos, pero es mucho más difícil cuando es alguien con la que uno compartió e hizo activismo. Es bien difícil saber que, aunque haya una pena privativa de libertad, la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI siguen”, mencionó Mejía, abogada del área legal de la Red Lésbica Cattrachas. La siguiente audiencia será el tres de febrero a las 9:00 a.m. para determinar finalmente la cantidad de años de condena de Pavón. 

Thalía Rodríguez en su casa en el cerro Juan A. Laínez. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

La lideresa trans fue la primera muerte violenta LGBTIQ+ en enero de 2022, mes en que tomó posesión la actual mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien mostraba con fervor el apoyo a la población LGBTIQ+, y la número 402 desde el transfeminicidio de Vicky Hernández en junio de 2009.

El caso de Vicky llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que los asesinos eran parte de una institución gubernamental que “vela por la seguridad” de todas, todes y todos los hondureños. 

Pavón es uno de los tres implicados en el asesinato de la activista Rodríguez, uno de los pocos casos que no han quedado en la impunidad, pero que demoró más de diez meses a partir de los hechos y luego de varios errores en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. 

Una activista comprometida con el cambio

Rodríguez, muerta a los 45 años, era una mujer trans que emprendió su lucha por los derechos de las disidencias sexuales al ver la situación que dicha población afronta a diario en el corazón de Centroamérica. 

La población LGBTIQ+ exige justicia para crímenes como el de Thalía. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Thalía era una persona alegre, positiva y muy fuerte. Quería seguir adelante y ser un ejemplo para las personas trans y decir que “no hay que quedarse en la idea en que la sociedad no nos acepta, que la sociedad nos discrimina, hay que demostrar que nosotros podemos ser también parte de la sociedad, podemos emprender, podemos ser un ejemplo”.

No debemos olvidar que hay dos personas libres y el MP solo las ha identificado, lo que quiere decir que pueden cometer más actos violentos contra personas de la población LGBTIQ+

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Gobierno de Chile reafirma su compromiso con los derechos LGBTQ+

La ‘Mesa LGBTIQA+’ se terminó su primer año este mes

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El 6 de enero finalizó el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” en la que participaron 42 organizaciones de todo Chile. (Foto cortesía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)

SANTIAGO, Chile — Diversas reacciones en el mundo político chileno dejo este fin de semana la publicación de una noticia en el medio conservador El Mercurio, donde afirmaron que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) estaban preparando un proyecto de ley para instaurar este año una Subsecretaría LGBTQ+.

Y es que precisamente dicha cartera de Estado puso en marcha en 2022 la primera “Mesa LGBTIQA+”, la cual es integrada por distintas instituciones públicas, organizaciones y activistas LGBTQ+ chilenos, con el objetivo de mejorar la calidad de la población queer en ese país latinoamericano, que en el último año ha tenido un aumento de ataques y crímenes de odio. 

En la última década los derechos LGBTQ+ en Chile han ganado terreno. El matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la unión civil y una Ley antidiscriminación son algunas de las conquistas que tardaron tiempo instalarse. Sin embargo, no existe ninguna institución de Estado o política pública que trabaje por garantizar la inclusión de este grupo históricamente discriminado. 

Es por eso, que con la puesta en marcha de la “Mesa LGBTIQA+” impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, las deudas pendientes de esta población tienen una oportunidad sin precedentes, ya que ningún gobierno anterior había generado una instancia de trabajo como esta. 

Durante el primer año participaron 42 organizaciones de todo Chile, y culminó el pasado 6 de enero con la firma de un convenio entre la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, el SERNAMEG y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender a las personas que son víctimas de ataques anti-LGBTQ+. Un importante logro, que permitirá entregar ayuda en todo el territorio nacional. 

Al mismo tiempo, al culminar el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” desde el MinMujeryEG anunciaron que durante el segundo semestre de este año enviarán un proyecto de ley que amplié el mandato ministerial, para que “se incluya a la comunidad LGTBIQA+”. Hasta ese momento, no había ningún anunció de la creación de una Subsecretaría LGBTQ+.

Luego de la publicación de El Mercurio, la mayoría de los medios de comunicación chilenos replicaron la noticia levantando una polémica sin confirmar la información. Ya que oficialmente desde el gobierno no han anunciado la creación de una Subsecretaría LGBTQ+ o una institución antidiscriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en Argentina. 

El ex candidato presidencial de derecha extrema, José Antonio Kast, criticó en su cuenta de Twitter la imprecisa noticia. 

“Chile es más pobre, más violento e inseguro que hace un año y el gobierno inepto en vez de resolver las urgencias sociales, se dedica a agrandar el Estado para profundizar su agenda ideológica”, escribió el líder del Partido Republicano. 

Desde el MinmujeryEG dijeron al Washington Blade que “se ha finalizado recién la mesa con las organizaciones de la comunidad LGBTIQA+. Una de las demandas es tener una institucionalidad, por lo que durante el 2023 se definirá cuál es el camino progresivo, mientras en paralelo se mejora la ley antidiscriminación”.

Mientras que la subsecretaría del MinMujeryEG, Luz Vidal Huiriqueo, publicó en sus redes sociales que “por siete meses nos reunimos con organizaciones LGBTQ+. Sus urgencias son las de todo el país: seguridad, trabajo y salud. Sobre la 1ra avanzamos en un convenio con @SubPrevDelito para atender correctamente y para los largos desafíos comprometimos proponer un mecanismo institucional”. 

La autoridad dijo en una entrevista exclusiva con el Blade antes de la publicación de El Mercurio que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, encontrar y dar respuestas a las demandas de la población LGBTIQA+ en Chile es un compromiso que no se va a dejar de lado por nada”. 

“Nosotras y nosotros del MinMujeryEG hemos acogido las necesidades de esta comunidad que día a día, en muchos casos, tiene que sobrevivir. Es por eso, que desde nuestro ministerio hemos levantado esta mesa intergubernamental para tener una comunicación fluida y permanente con las organizaciones LGBTIQA+”, explicó Vidal desde su despacho ministerial.

Vidal agregó que “el presidente nos encargó pasar del discurso a la acción. Hay que ponerse a trabajar. Hay que implementar los acuerdos, no podemos quedarnos solamente en bonitos anuncios y ese es nuestro compromiso. El compromiso que hoy día tenemos es trabajar por las mujeres, por la equidad de género, por y con toda la población, a favor de toda la ciudadanía y de quienes les falta presencia del Estado”.

Autoridades chilenas luego de firmar el convenio que permitirá entregar ayuda a los ataques de odio. (Fotografía cortesía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)

La subsecretaria mencionó a este medio que la necesidad de incorporar a la población queer al trabajo de su ministerio es importante ya que “exactamente hoy día, el Estado no tiene facultades para atender específicamente a la población LGBTQ+, entonces necesitamos crear una camino progresivo que, ya sea una institucionalidad u otra figura, nos permita implementar políticas públicas”.

Aquella supuesta institucionalidad fue la que encendió la disputa el pasado domingo y desnudó que sea cual sea el mecanismo que instale el gobierno de Boric, no será un camino fácil. Aunque también evidenció un interesante debate que tenía personas a favor y en contra. 

“Creo que no va a ser un trámite fácil. No va a ser un proyecto que podamos decir, los vamos a sacar a final de año, eso lo tenemos claro. Hoy día incluso en proyectos o en el trabajo que se está realizando desde el ministerio cuesta avanzar simplemente porque actualmente tenemos un Congreso con fuerzas políticas contrarías a la inclusión y el respeto a la diversidad. Eso presente en nuestro Congreso, también está presente en varios países de Latinoamérica”, opinó Vidal. 

Por otro lado, la primera diputada transgénero de Chile, Emilia Schneider, dijo al Blade que “me parece que el anuncio de una institucionalidad para la población LGBTI en el Ministerio de la Mujer, y también en lo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Justicia para avanzar en una institucionalidad contra la discriminación, a propósito de la reforma a Ley Antidiscriminación son dos pasos fundamentales para avanzar en dignidad y derechos para las diversidades y disidencias sexuales”. 

Según la congresista es importante “hacer un cambio permanente en el Estado, que de reconocimiento a la importancia de tener un espacio que responda a las necesidades de la población queer y se haga cargo de combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que está expuesta nuestra comunidad”. 

“Me parece que este es uno de los compromisos más importantes, que de concretarse serian un legado fundamental de este gobierno en materias de diversidades y disidencias sexuales”, concluyó Schneider. 

Mientras que la coordinadora de políticas públicas de la Asociación OTD Trans, la organización trans más importante de Chile, Ignacia Oyarzun, opinó que la instauración de una institucionalidad “es un avance que va en la dirección de establecer lo que será un cupo laboral trans para lograr una mayor integración de la comunidad en la sociedad, ya que en la práctica ocurre que las personas de las diversidades trans, no son contratadas, o son despedidas injustificadamente de espacios laborales, precarizando aún más una vida llena de violencias, y por lo tanto, es una señal de querer hacer las cosas de manera correcta, teniendo en consideración que las personas de nuestra comunidad pertenecen a grupos de vulnerabilidad y por tanto somos sujetes de especial protección”.

Finalmente, Jorge Muñoz, de la organización Mogaleth de Puerto Montt, una ciudad ubicada a 640 millas al sur de Santiago, que también participa de la Mesa LGBTIQA+ señaló al Blade que “todo acercamiento desde el poder central a la sociedad civil, y sobre todo a las regiones es positivo. En ese marco consideramos un avance en cuanto a las demandas del colectivo en la lucha por el reconocimiento de la vulneración histórica de nuestros derechos”.

“El reconocimiento del Estado hacia el maltrato y los discursos de odio hacia las disidencias han sido históricamente centralistas. Las regiones, donde también sufrimos acoso, maltrato, dificultades de acceso a salud, educación y trabajo hemos sido relegadas a lo largo de la historia. En este sentido lo que más valoramos es el reconocimiento de nuestras demandas en el contexto territorial”, remató Muñoz. 

Por ahora, no hay una versión oficial sobre cuál será el mecanismo se utilizará para crear la anhelada institucionalidad. Lo que sí está claro, es el compromiso del gobierno y el MinMujeryEG con los derechos LGBTQ+ que avanzarán sin importar los costos políticos que puedan traerles. 

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La lucha por el matrimonio igualitario en Panamá

Activistas ha presentado una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia

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(Foto cortesía de Sí Acepto Panamá)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

CIUDAD DE PANAMÁ — El pasado 21 de diciembre de 2022, activistas, líderes, lideresas y organizaciones sociales de base comunitaria convocaron a personas LGBTI en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de entregar una carta abierta a los magistrados en la cual se solicita el reconocimiento del derecho al matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Panamá. Y es que desde el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene tres casos de matrimonios igualitarios “archivados” (o mejor, sin fallo). En los cuales, se debe resolver la desigualdad que experimentan sus familias en la construcción de su proyecto común, como cualquier persona en Panamá.

Es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en su Opinión Consultiva 24/17, ha establecido claros principios sobre no discriminación de personas LGBTI, indicando que:

●  La Convención Americana no protege un determinado modelo de familia. El vínculo familiar de parejas del mismo sexo está protegidos

●  Los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo, deben ser protegidos sin discriminación alguna frente a parejas heterosexuales.

●  La obligación internacional de los Estados trasciende la protección de temas patrimoniales y se extiende a todos los derechos humanos, tanto internacionalmente como en el derecho interno.

●  No hay que crear instituciones nuevas sino extender las existentes a parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio civil, de conformidad al principio pro persona. Otra institución con otro nombre carece de sentido ya que sería una diferencia estigmatizante.

En octubre de 2020 Panamá recibió un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cumpliera de “buena fe” con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa y LGBTI. Hoy en Panamá las parejas del mismo sexo no cuentan con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Iván Chanis Barahona, activista por el matrimonio igualitario (Foto cortesía de Sí Acepto Panamá)

Este acto desató en la sociedad panameña conservadora reacciones inmediatas, convocando desde el mismo 21 de diciembre un plantón en el mismo lugar para el 11 de enero de 2023 denominado la “Gran manifestación en defensa del matrimonio tradicional”, alegando que “El matrimonio es solo entre hombre y mujer”.

José Luis Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional por La Familia, dijo que: “nuevamente los magistrados de la CSJ sufren la presión del colectivo político trasnacional LGTB para que tuerzan nuestras leyes y aprueben el matrimonio homosexual”.

En ese sentido, Delgado recordó una consulta hecha con anterioridad sobre este tema por la Contraloría General de la República, en la que se señaló que la mayor parte de los panameños “somos profamilia, provida y solo aceptamos el matrimonio hombre y mujer”.

Todas las personas debemos tener la libertad de elegir a quien amar y formar una familia, derecho que no es exclusivo para unos pocos, y en esta lucha puedo decir plenamente que me identifico con la frase del activista Iván Chanis Barahona, quien en una entrevista manifiesta ser pro familia, hablando sobre el reconocimiento, inclusión, amor  y la garantía de derechos de todos los tipos de familias existentes, no solo en Panamá si no en el mundo.

A quienes se llaman “pro familia” justificando su odio, su segregación y prejuicio en la palabra de Dios, les podría hacer mil preguntas, y mil reclamos, pero nos llevaría a la misma discusión, la cual no parece tener fin. Sin embargo, las personas de LGBTI solo estamos pidiendo se nos reconozcan nuestros derechos. 

Gustavo Patiño es productor artístico, columnista y colombiano residente en Panamá.

Twitter @GustavoPerrito
Instagram @GustavoPerrito

Lee sus columnas aquí.

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25 personas LGBTQ+ fueron asesinadas en 2022 en Ecuador

La cifra representa el número más elevado de la última década

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(Cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de enero.

GUAYAQUIL, Ecuador — La violencia en el país en 2022 y la consolidación de las redes de delincuencia organizada incidieron en el aumento de asesinatos contra personas LGBTIQ+.

Según el informe Runa Sipiy, de la Asociación Silueta X, el año pasado fueron asesinadas 25 personas de la diversidad sexo genérica.

El reporte recoge cada año los casos de asesinatos, muertes violentas no esclarecidas, intentos de asesinato y amenazas de muerte en contra de personas LGBTIQ+. 

En relación a 2021, hay un aumento drástico en los casos de asesinatos contra personas de la diversidad sexo genérica. Ese año, la cifra fue de 15.

“Cuando la violencia aumenta en todo el país, esta aumenta aún más en contra de las poblaciones vulnerables”, explica Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X.

El año pasado, Ecuador alcanzó en 2022 la cifra de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que representa el número más elevado de la última década, y lo sitúa como el sexto país más violento de la región.

Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X, precisa que las mujeres trans requieren atención prioritaria ante los casos de violencia. (Foto cortesía de Silueta X)

En los resultados presentados en el informe se detalla que de los 25 crímenes contra personas LGBTIQ+, en 16 casos las víctimas fueron mujeres trans.

“Esta realidad nos permite corroborar que existe mayor exposición y violencia en contra de las personas transfemeninas, quienes son las más vulnerables”, precisa el informe.

Las mujeres trans son las más expuestas a situaciones de violencia por la discriminación y exclusión social. Sin acceso a oportunidades laborales, muchas se dedican al trabajo sexual y en el contexto actual del país han sido víctimas de extorsiones de las redes de delincuencia organizada.

“La falta de garantías de seguridad hacia la población en general por parte del actual Gobierno se refleja también en los datos de crímenes contra personas LGBTIQ+. Estamos ante un problema estructural, pero en nuestro caso con particularidades que requieren atención prioritaria a mujeres trans”, sostiene Rodríguez. 

Trasnfemicidios, sicariatos y extorsiones

Valentina Espinoza, de la ciudad de Guayaquil, fue la primera mujer trans asesinada en 2022. El 4 de enero, su familia encontró su cuerpo con 5 puñaladas.

Desde Silueta X, denuncian la falta de investigaciones que permitan esclarecer si hechos como este responden a transfeminicidios, pues desde la organización se señala a la expareja de la víctima como principal sospechoso. 

Tan solo un día después, el 5 de enero, Cristian Nicola, quien se autopercibía como transmasculino, fue abatido desde una motocicleta mientras se encontraba junto a su padre.

Según detalla el informe Runa Sipiy, este fue el primero de los 10 casos de muerte violenta o sicariato del que fueron víctimas las personas LGBTIQ+ en 2022. La cifra representa el 40 por ciento de las muertes totales.

Las “vacunas” o extorsiones son pagos que solicitan las bandas de delincuencia organizada. Esta modalidad se extiende por el país y recae también sobre la población de la diversidad sexo genérica. 

Otra víctima de sicariato fue la activista trans Jéssica Martínez, asesinada en septiembre del año pasado tras denunciar extorsiones de parte de grupos de delincuencia organizada. Su cuerpo fue encontrado con 11 disparos.

Jéssica era la vicepresidenta de la Asociación Trans Nueva Esperanza, que lucha por los derechos de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en Ambato.

Como dirigente de esta organización, denunció que grupos delincuenciales exigían a las trabajadoras sexuales pagar cuotas mensuales por ocupar espacios en la vía pública. Ella se negó.

“La delincuencia les persigue y les hace ser víctimas de extorsiones o demanda de vacunas. Y como consecuencia de negarse, o no poder realizar estos pagos, llega también el sicariato”, explica Rodríguez.

Según el informe, que detalla el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ desde 2010, el año pasado fue el más violento para las personas de la diversidad sexo genérica.

Las provincias con más casos son: Guayas, con nueve; Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, con tres cada una.

“Hoy por hoy, no existen garantías para nadie, y tememos que la tendencia siga aumentando, y más aún, tememos también por nuestra propia vida, tememos que por recolectar datos y exigir justicia para nuestras poblaciones algunx de nosotrxs pueda ser asesinadx”, denuncia Rodríguez.

Diego Rivas es comunicador social con énfasis en periodismo. Investigador y documentalista. Creo y trabajo con la potencialidad del periodismo para generar cambios y concientización en las sociedades. Producir comunicación para las diversidades y desde las diversidades es una estrategia de resistencia y reivindicación frente a un sistema que nos ha condenado y perseguido por ser nosotrxs mismxs.

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Tamara Adrián continúa su lucha en Venezuela

La primera diputada trans del país fue elegida en 2015

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Tamara Adrián, la primera diputada trans en Venezuela, habla durante el International LGBTQ Leaders Conference del LGBTQ Victory Fund en D.C., el 3 de diciembre de 2022. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Nota del editor: El LGBTQ Victory Fund el 3 de diciembre incorporó a Tamara Adrián a su “LGBTQ Victory Hall of Fame” durante su conferencia en Washington. El Washington Blade habló con Adrián antes de su incorporación.

Por STEPHANIE MONDRAGÓN

WASHINGTON — Tamara Adrián, venezolana, abogada y activista con el World Movement for Democracy con su cheering committee ha roto barreras y se ha colocado como la primera diputada trans de la Asamblea Nacional de Venezuela, relata cuál es la situación actual de derechos LGBTQ en el país y si hay avances en dicha temática.

El régimen de Chávez y de Maduro se presentaron como igualitarios pero en la práctica tienen un apoyo importante de iglesias evangélicas, ambos siendo militares, poseen casi poder absoluto en las decisiones del país más del 50 por ciento y del 70 por ciento de los ministros y viceministros, respectivamente, son militares activos, mientras que, más del 95 por ciento de los presidentes de las empresas del Estado también lo son.

La realidad venezolana

Los avances legales que han habido no se han puesto no se han concretado en ninguna aplicación práctica y lo relevante nunca se ha reglamentado. Hasta el momento no hay ningún documento instrumento que permita el matrimonio igualitario y aquellos documentos que de alguna manera podrían utilizarse para el goce de derechos de las personas LGBTQ+, son interpretados a conveniencia de organismos estatales.

El reconocimiento se lograba por vía judicial hasta 1998, pero después de que Chavez llegó al poder y sustituyó los jueces existentes, se acabó toda independencia en el poder judicial y existe miedo de decidir en este tipo de temáticas o lo que no se crea políticamente correcto.

En la ley orgánica del registro civil del 2009 que entró en vigencia en el 2010 se establece el derecho del cambio de nombre pero no de sexo. Esto debe nada más en tres casos: cuando el nombre es infamante, cuando el nombre expone al escarnio público, cuando no corresponde al género de la persona y pueda afectar el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de la legislatura del registro civil está administrado por evangélicos desde ese entonces, por ende decidieron que el tercer caso para proceder con el cambio de nombre solamente aplicaba a personas cis género a quien habían colocado un nombre que no iba de acuerdo con el de su género, pero no a una persona trans.

A 12 años de esta ley nunca ha sido posible el cambio de nombre de una persona trans ni mucho menos el cambio de sexo en la documentación ni registros públicos, menciona Adrán, quien también tiene su propia solicitud pendiente desde el año 2004 ante el Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, hay alrededor de otras 15 solicitudes pendientes sin avances ni respuestas.

Hay menciones aisladas en diferentes normativas y legislaturas referentes a orientación sexual, identidad de género y a veces expresión de género en algunas leyes contra discriminación, pero no han recibido ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, La Ley Orgánica del Poder Popular, la cual introduce las comunas; la Ley del Trabajo, solo menciona orientación sexual, sin embargo, tampoco tiene aplicación alguna, hasta el momento, ningún Juez se ha atrevido a proteger a alguien que allá sido discriminado por el trabajo. 

En la Ley de Bancos, hay una mención a la identidad de género, sin embargo, este fue un esfuerzo de parte del Estado para quitar el término orientación sexual de la misma. Esta dice que al momento de abrir una cuenta de banco, la persona, no puede ser discriminada por su identidad de género, sin embargo, la superintendencia de bancos ha dicho que esto solamente se refiere a las mujeres.

“Es frustrante porque cualquier avance aparente no tiene repercusión práctica”, menciona Adrián. 

En la Ley de Regularización y Control de los Contratos de Arrendamiento y Vivienda, se hace mención de no poder publicar anuncios discriminatorios, por raza, condición de salud, orientación sexual ni identidad de género. Sin embargo, la diputada cataloga tal enunciado como “Folklorico” por no tener relevancia práctica.

Con el actual régimen venezolano, la mayoría de los medios de comunicación han sido desaparecidos por los cuerpos militares. Coartando por completo la libertad de expresión. Los medios de comunicación oficiales son utilizados para perpetrar el control militar.

En 2017, el régimen de Maduro convocó a una Asamblea Constituyente utilizada para la modificación de la Constitución de ese entonces, sin siquiera hacer revisión de las leyes ni estatuto, solamente para “aplastar” la asamblea legítima y proceder a establecer acuerdos constitucionales y leyes constitucionales. 

Bajo esto se aprobó la Ley Contra el Odio y para La Convivencia Pacífica, sin embargo la diputada dice que esta ley tiene una especie de “poison pill”. Según los preceptos de la misma no se permite discriminación en las redes ni en medios de comunicación y se hace referencia a un castigo de 10 a 20 años a quien incite al odio en redes sociales.

La misma hace mención al respeto al género, expresión de género, entre otros casos. No obstante, en todos los años de vigencia de la misma solamente se ha aplicado a casos de persecución política, dado a que una de las incitaciones al odio que se menciona dentro de la ley es por opinión política. 

Según la activista al menos unos 45 a 50 presos políticos han sido apresados por incitar el odio en redes sociales en contra del Presidente o algún otro funcionario. A pesar de la mención en sus estatutos, cuando una persona de la diversidad LGBTQ+ hace mención de dicha ley para ponerla en práctica en escenarios de incitación al odio contra la población, se hace caso omiso de parte de los jueces y no se cumple.

En el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se distingue un patrón de persecución política haciendo uso de esta ley que inicialmente se mostraba como mecanismo de defensa y de estabilización social.

La Asamblea Nacional de diciembre de 2020 incorporó dos artículos dentro de la Ley Orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, donde se hace referencia a las discriminaciones en contra de la mujer y se incluyó los términos orientación sexual e identidad de género. Lo mismo en la Reforma de la Ley de la Familia, la Paternidad y la Maternidad, la cual dice que no se debe discriminar en las familias por su orientación sexual e identidad de género, aún sin haber derechos de pareja para personas LGBTQ+.

No obstante, al momento de la aplicación, dicen que se refiere a la discriminación que puede ver de los padres hacia los hijos en cuanto a su expresión de género u orientación sexual. Evitando que este principio se aplique para la familia como institución.

De igual manera, se creó una defensoría especial, La Defensoría del Pueblo en materia LGBTQ+, nombrando a una sola persona como encargada a nivel nacional, sin secretaria ni presupuesto. 

“Sus posibilidades para actuar son muy limitadas”, dice la venezolana.

Sumándole a esto, se le resta poder a la defensoría, dado a que no se permite la asistencia para un privado de su libertad, cuando este es el caso, se pide que se inicie un proceso por medio del ente administrativo para después proceder con un recurso judicial que puede tardar hasta 14 años y luego solicitar el apoyo de la defensoría, por lo cual no tiene mucha oportunidad de acción.

Por otro lado, se creó la fiscalía número 98, con competencia nacional, para crímenes en materia LGBTQ+, la cual fue creada, aunque nunca fue publicada en gaceta, por una designación que hizo el Fiscal General de la República, hasta ahora no se conoce ningún caso que haya sido llevado por esa fiscalía desde su creación en enero de 2022.

La realidad de la educación, salud y empleo

Según Adrián “no hay protección alguna en la práctica” en temas de educación, salud ni empleo. Comúnmente son las poquísimas empresas de inversión extranjera que quedan en el país las que deciden brindar servicios de salud o que emplean a personas de la diversidad sexual en Venezuela. 

En torno a la identidad de género también son muy pocos los casos en los cuales se hace reconocimiento de la identidad asumida de personas trans. La abogada solamente conoce de dos casos en los cuales las empresas hacen reconocimiento total de las expresión de género de personas trans en sus empresas.

Con la educación el caso es similar, no se posee ninguna herramienta que garantice el goce de educación sin discriminación para personas trans. Por lo tanto, los niveles de deserción escolar son muy altos, limitando oportunidades de crecimiento para estas personas.

El Ministerio de Educación ha sido liderado por el ala radical de los evangélico, tanto para la educación primaria como para la secundaria, comparte la venezolana. Incluso en el Ministerios de Educación Superior, así que en cuando ha tratado de incorporar algún módulo de educación sexual y reproductiva los esfuerzos se ven obstaculizados.

Solamente los niños de noveno año tienen acceso a algún tipo de información referente a salud sexual y reproductiva. No obstante, cualquier esfuerzo por permitir acceso a educación referente a identidad de género y orientación sexual son bloqueados bajo cualquier espectro.

Por otro lado, ya no se tiene conocimiento de cuál es el número de personas LGBTQ+ asesinadas en la República, lo cual se ve empeorado por la falta de medios de comunicación confiable que difundan información sin injerencia militar. Aunque algunos de los medios de comunicación sobrevivieron de manera digital, lo hicieron sin el ala de investigación necesaria para cubrir estas temáticas.

En 2017 Venezuela era el tercer país con mayor número de muertes de personas trans. Las organizaciones de sociedad civil se siguen organizando de una u otra manera para poder ayudar un poco con la crisis humanitaria actual, sin embargo, el apoyo que pueden brindar se ve limitado por el contexto legal y político.

“Nos hemos convertido en una crisis olvidada”, menciona Adrián. En la actualidad hay más de 7 millones de refugiados venezolanos a nivel mundial, sin embargo, se ha normalizado lo cual de cierta manera viene a empeorar la situación humanitaria porque deja las verdaderas necesidades en el olvido. Además se desconoce cuántas personas LGBTQ+ hay dentro de estas métricas.

En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas de Hecho por Adrián en el 2019, el grado de percepción de discriminación en el país donde los migrantes venezolanos se encuentran versus el que sufrían en venezuela, cae en un 60 por ciento a comparación del porcentaje de discriminación que vivían estando en Venezuela.

Organizando un movimiento de movimientos

El movimiento unidos por la libertad, del cual también forma parte la activista ha tratado de realizar una serie de acciones para tratar de restablecer la democracia en Venezuela, entre estas el poner a las personas chavistas frente a las personas antichavistas dado a que todas han sufrido de lo mismo.

El Consejo Nacional Electoral, reconocimiento como movimiento político no como partido político. Proceso de Organización, ya cuenta con promotores en las 24 circunscripciones electorales de Venezuela para poder participar en todas las elecciones posibles en Venezuela

Nacen dado a que los partidos políticos del país no estaban trabajando en las necesidades de la sociedad del país. Adrián no ha renunciado a su partido, sin embargo, vio la necesidad de participar en esta iniciativa para buscar más opciones para mejorar las condiciones sociales del país.

También resalta como se continúa perpetuando la desigualdad de género y las estructuras de género para continuar con la manipulación estructural del Estado. En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas, Adrián logró descubrir que el principal agresor dentro de la familia y la sociedad es la madre. Lo cual es visto frecuentemente a lo largo de toda américa latina por una cultura heterocispatriarcal arraigadas en diferentes niveles estructurales.

La diputada remarca como “Los regímenes militares con aditamento evangélico no son necesariamente abiertos a temas de mujeres y LGBT” y que mientras continúen los mismos regímenes es muy difícil que se tengan avances prácticos que permitan igualdad y un goce de derechos integrales para las personas trans.

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Indocumentadas en Honduras: la realidad de las personas trans en el país (parte II)

Activistas hacen la diferencia en un entorno plagado de riesgos

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Angie Martínez en Honduras (Foto de Dunia Orellana)

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — “Nosotras no contamos con muchos servicios que son esenciales como mujeres trans”, recalca Angie Orellana. Uno de ellos es la salud, la cual es un derecho vital para cualquier ser humano. Desafortunadamente, los entes gubernamentales han segregado a la población trans, dejándola sin atención o discriminándola al brindarle este servicio.

Hasta este momento solo hay un protocolo desarrollado para brindar asistencia a las personas LGBTIQ+, la llamada Guía 06:2016, que socializa cómo “proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH”.

Más allá de esta, las personas trans no tienen nada que las ampare y constantemente se ven enfrentadas a escenas de discriminación, humillación o negación de servicios por su género dentro de instituciones estatales. Cabe resaltar que en Honduras alrededor del 70 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y en 2021 la pobreza extrema aumentó en un 44 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sumado a esto, la casi imposible obtención de empleos bien remunerados debido a la discriminación por parte de una sociedad que las rechaza. Según el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, las clasificaciones de empleo son las siguientes: trabajadoras sexuales, el 42 por ciento del total, el 34 por ciento son trabajadoras formales, el 5 por ciento son activistas y el 7 por ciento trabajadoras informales.

Al respecto, Angie señala que este escenario obliga a muchas personas trans a migrar de forma irregular a países como Estados Unidos, donde su expresión de género no es un impedimento para obtener un empleo digno, acceder a educación y un servicio de salud integral.

Forzadas a cambiar de vida

En Estados Unidos, se encuentra Aneiry Zapata, hondureña de 26 años de edad, refugiada desde hace siete, huyendo de la violencia y discriminación a la que estaba expuesta solo por su expresión de género.

La hija de padres indocumentados, actualmente se desempeña como activista de derechos humanos en BLMP en la coordinación del Comité Garífuna, brindando servicios a migrantes recién llegados al país anglosajón para que obtengan servicios de salud, refugio y alimentación luego de su travesía.

“Honduras me trató muy mal”, dice al continuar su relato con un semblante serio, un tono de voz seguro y con ojos totalmente expresivos. Comparte que aunque sabe que en algún momento tiene que volver a Honduras, no quiere.

Aneiry y Angie comparten la pasión por la educación. Antes de migrar, la activista se dedicaba a la docencia, sin embargo, aún los niños de los cuales era maestra la insultaban llamándola con pronombres masculinos y usando términos homofóbicos argumentando que sus padres la nombraban de esa manera.

Al consultarle acerca del cambio de nombre, Aneiry comenta que es una situación bastante frustrante dado a que fue capaz de cambiar su nombre en Estados Unidos, no obstante sabe que si regresa a Honduras esto no tendrá validez porque el cambio de nombre todavía no inicia por lo que la llamarán por su nombre muerto.

Mientras la activista relataba su travesía menciona que este año una asesora de la Secretaría de Desarrollo Social la contactó para decirle que deseaban que ella se convirtiera en la primera persona en el extranjero quien hiciera el proceso del cambio de nombre.

Agregando que si accedía debía de realizar una campaña en redes sociales mencionando el apoyo del Gobierno, por lo cuál se negó a participar, para no traicionar a las otras personas trans que han luchado y que continúan en el país.

El 27 de octubre del 2022 el subdirector nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales, Olbin Mejía Cambar, informó que “el Registro Nacional de las Personas solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asistencia técnica para la adecuación de la normativa nacional” y que así se proceda con el cambio de nombre.

Según este “El Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos”, pero no se tiene un tiempo estimado para la finalización de dicho proceso.

Con una historia similar, encontramos a Kendra Jordany, originaria de San Pedro Sula, activista de derechos humanos quién trabajó en pro de los derechos LGBTIQ+ con diferentes organizaciones no gubernamentales incluída Médico Sin Fronteras, donde manejaba temáticas de VIH y La clínica “Puertas Abiertas” para la atención de la población diversa.

Kendra Jordany, activista trans actualmente residiendo en el extranjero por falta de oportunidades laborales. (Foto de Dunia Orellana)

Sin embargo, luego de finalizar su relación laboral con dicha organización, decidió emigrar para tener una mejor calidad de vida de la que lamentablemente no gozaría en Honduras. Por falta de oportunidades.

En junio de 2022, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la OEA, presentó un diagnóstico para identificar los principales retos para el cumplimiento de dicho punto. A partir de esto, el RNP con el apoyo de diferentes instituciones como CONADEH, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la PGR, están construyendo una propuesta de reformas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Honduras.

Un sistema de salud obsoleto

Doctor Dylan Duarte durante su entrevista en Tegucigalpa.(Foto de Fátima Romero).

En Tegucigalpa, capital del país, reside el doctor y activista Dylan Duarte. A sus 32 años de edad, labora con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se ha convertido en la primera persona trans en ser reconocida por el gobierno con su identidad y expresión de género en las identificaciones oficiales.

“Esos avances, por minúsculos que parezcan en un país con el contexto de Honduras, son algo”, dice. Con los rayos del sol reflejándose en su camisa blanca, procede a darnos su testimonio con semblante tranquilo y el tono de voz apacible que lo caracteriza.

En la Secretaría de Salud no existe un protocolo de atención integral en salud para personas LGBTIQ+, tampoco hay médicos especialistas en endocrinología que puedan trabajar la etapa de reemplazo hormonal. 

“Hemos visitado a algunos, pero nos han cerrado las puertas. Influye muchísimo la religión y hacen uso de la ‘objeción de conciencia’ para no tratar a una persona. Al final, viene siendo una negligencia. Negar la salud a una persona, por su identidad de género, es violencia”, dice Duarte.

Según Dylan, la presidenta Xiomara Castro tiene una postura positiva en pro de las personas de la comunidad LGBTIQ+, “no significa que esto pase en todas las instituciones. Entonces debe existir un protocolo que nos obligue a sensibilizarlos y educarnos en diversidad sexual y que sea obligatorio para todas las personas que formamos parte del Estado, que somos funcionarios públicos como tal”.

Dylan en las calles de Tegucigalpa en Octubre de 2022. (Foto de Fátima Romero)

”Yo soy una persona trans que buscó asistencia médica con cirujanos para poder realizarme una operación dentro del país. Recibí muchos rechazos con respecto a eso”, comenta Duarte.

Como el caso de Dylan, existen cientos de historias que evidencian la decadencia de un sistema saqueado y obsoleto. Muchas han sufrido malas experiencias durante sus citas médicas, desde el personal dirigiéndose a ellas con su nombre muerto o pronombre equivocado hasta la falta de explicaciones claras sobre sus diagnósticos.

Otro aspecto de violencia se vive con los procesos de donación de sangre. Al consultar con la Secretaría de Salud cuáles son los requisitos, se enumeran doce puntos para asegurar la sanidad del paciente. Sin embargo, aunque una persona LGBTIQ+ esté sana, con mucha frecuencia se le impide donar sangre.

Angie resalta que las luchas en el presente son muy importantes para que las personas que vengan en el futuro tengan las armas necesarias para seguir luchando en pro de sus derechos.

Mientras cae la tarde, Angie derrocha más energía, se balancea en su hamaca, continúa  relatando sus pasiones de lucha y se abre paso para contar más de su familia. Actualmente tiene pareja y un sobrino de nueve años al que considera su hijo, pues se ha encargado de criarlo desde que este tenía dos años de edad.

Angie Martínez junto a su sobrino y padre en su casa de Tacamiche. (Foto de Dunia Orellana)

Su semblante se entristece al revelar que al principio quiso desistir de la crianza de su sobrino debido a las críticas y los malos comentarios que se podían dar, pero su amor por el pequeño fue más grande y decidió que les demostraría que podía cuidarlo y educarlo siendo una mujer trans.

La cruda realidad

Mónica Martínez, abogada de ejercicio independiente en su oficina en La Ceiba. (Foto de Dunia Orellana)

En La Ceiba, en la costa norte de Honduras, Mónica Martínez, abogada penalista quien ejerce de manera independiente y ha luchado en contra del sistema para lograr el respeto o reconocimiento en su trayectoría profesional. Recientemente tuvo una victoria a nivel personal cuando, al realizar el papeleo de caso, el juez le preguntó “¿cómo le gusta que la llamen?” para así poder incluirlo en los documentos.

Mónica reconoce que estos son pequeños avances que marcan una diferencia. Según la ceibeña, tanto el proceso de cambio de nombre como la ley de identidad de género tomarán algunos años más para concretarse completamente, pero alienta a sus compañeras a unirse para mantenerse informadas y poder esparcir la información correcta.

En cuanto a los retos que enfrentan las personas trans en Honduras, indica que se mantienen invisibilizadas debido a la discriminación, el estigma y la falta de voluntad política para crear una ley de identidad de género o al menos permitirles cambiar su nombre en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Desde hace ocho años, los grupos defensores LGBTIQ+ desarrollan un borrador de una ley de identidad de género integral que garantice el goce de derechos de las personas trans. “Hay que reconocer que se han dado avances, pero que falta muchísimo más”, comparte Allyson Hernández.

Allyson Hernández, activista LGBTIQ+ impartiendo clases de transfeminismo. (Foto de Dunia Orellana)

“Esto es algo que me ha venido afectando durante toda mi vida. Aquí donde me ves, sé de enfermería, conozco de mecánica industrial, conozco de computación y nunca pude ejercer ninguno de mis oficios ni mi carrera por esa limitante, por la discriminación”, expresa Angie.

Esta situación evita que puedan acceder a educación, servicios de salud y justicia, orillándolas en muchos casos a ejercer el trabajo sexual, “expuestas a la violencia y abusos que hay en las calles” e impidiéndoles disfrutar plenamente de su identidad de género en su propio país.

“Ni siquiera tenemos protocolos de atención especializada, somos discriminadas en los espacios educativos, no contamos con oportunidad de trabajo y siempre hemos tenido falta de respuesta por parte de los servidores públicos al momento que interponemos una denuncia”, dice la originaria de San Manuel.

En gran parte de casos, cuando una persona trans es asesinada, el tratamiento e investigación no llegan a resultado alguno. Los casos quedan engavetados y no se identifica a los culpables. 

Dentro de las medidas de reparación en el caso Vicky versus Honduras se pueden destacar tres para refuerzo de los sistemas judicial, policial y penal: “1) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, 2) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y 3) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI”.

Diferentes organizaciones LGBTIQ+ han confirmado que ya ha habido un acercamiento de parte de entidades policiales y de investigación para realizar consultas y establecer parámetros que sirvan para cumplir lo solicitado por la Corte IDH. Es un paso necesario dado que los cuerpos estatales ni siquiera cuentan con cifras que contabilicen a la comunidad dividida en sus diferentes interseccionalidades.

Por otro lado, el encargado del censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Mario Roberto Padilla, declaró que están en la fase de planificación para el nuevo censo y que, aunque no saben qué clasificaciones incluirá la boleta del censo, se sentarán con la población LGBTIQ+ para saber cuáles son las necesidades que deben incluirse.

Si se incluye el censo LGBTIQ+, será un gran avance y también se estaría dando cumplimiento a la sentencia de Vicky Hernández donde se solicita establecer un mecanismo de recolección de cifras con las diferentes interseccionalidades del espectro diverso, facilitando el acceso a la información.

Al momento de hacer solicitudes de información pública a los entes encargados se encuentran dos escenarios. Se cuenta con información dividida en las interseccionalidades más conocidas como homosexual, lesbiana y transexual, pero las cifras actualizadas no están actualizadas y no reflejan la realidad de las personas diversas.

La segunda es que las instituciones ni siquiera tienen los diferentes apartados que muestran las interseccionalidades del amplio espectro de la población LGBTIQ+, lo cual causa una crisis que invisibiliza a una población vulnerable que necesita antecedentes para poder sustentar sus luchas.

Un sistema que no provee seguridad ni justicia

Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en lo que va de 2022, uno de los años más violentos para la comunidad diversa, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas contabiliza que unas 432 personas diversas han muerto de forma violenta en Honduras desde 2009 y que, de estas, 128 son personas transexuales.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad solamente posee cifras desde 2018 y hasta el 20 de septiembre de 2022 solo tenían registradas 39 muertes LGBTI+. De estas, 34 han sido por homicidio, una natural, dos por suicidio y dos indeterminadas. Cifras que difieren mucho de las del observatorio de Cattrachas.

Una de estas muertes violentas es la de Soad, una mujer trans en situación de calle que vivía en un microbús al lado de una estación policial y fue asesinada a mediados de este año, pese a haber interpuesto tres denuncias por amenazas.

Al respecto, el presidente del Comité LGTBI+ del Valle de Sula, Osman Lara, reveló que, tras la muerte de Soad, miembros del comité se presentaron ante el Ministerio Público para preguntar por qué no se le brindó protección a su compañera, a pesar de las tres denuncias.

Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula. (Foto de Telma Quiróz)

Lara indicó que desde el MP argumentaron no haber recibido denuncias, pero al llevar las pruebas documentales “no supieron cómo responder”.

Agregó que lamenta que, a un año y ocho meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras, falte voluntad de las autoridades para cumplir con las medidas de reparación, tales como permitir a las personas trans cambiar su nombre en el RNP.

Lo mismo opina Angie. Manifiesta que las personas diversas confiaron en las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien, a su criterio, “ha tenido poca participación pública” y no ha hecho esfuerzos por cumplir con las demás medidas compensatorias.

En el discurso de la toma de posesión, la presidenta Castro hizo reconocimiento público de las personas LGBTIQ+, acto histórico, pues ningún otro presidente lo había hecho. No obstante, los grupos de oposición avivaron el odio en contra de la diversidad durante la época de las fiestas de independencia. 

El 29 de agosto de 2022, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa publicó un comunicado por “ataques a los principios y valores cívicos”, declarando que estaban en desacuerdo con que la comunidad LGBTIQ+ desfilara junto con la niñez y juventud en los actos de independencia. Un acto de desinformación para desacreditar a la población diversa dado que no había hecho ninguna solicitud para participar.

Carta de pastores (Captura de pantalla)

Esto llevó a una serie de ataques de odio dirigidos a las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y redes sociales. Una multitud de ciudadanos enardecidos por aquellas declaraciones comenzó a reafirmar la idea de que las personas de las interseccionalidades diversas atacaban la moral y las buenas costumbres del país.

Dicha situación desató una reacción de parte de la asociación LGBTIQ+ Kukulkán, que para transgredir el sistema decidió enviar, el 8 de septiembre, una solicitud a la Secretaría de Educación para participar de los desfiles principales. Adicionalmente presentaron una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público.

Solicitud de Kulkulkán (Captura de pantalla)

Educación negó la solicitud y la denuncia nunca escaló a otras instancias. Lo anterior es todo un esquema de desinformación de parte de tal grupo religioso dado a que las personas LGBTIQ+ han participado desde 2010 en los desfiles patrios alternos de la resistencia contra el golpe de Estado. 

Esta es la realidad que las personas trans deben afrontar en la sociedad hondureña. Constantemente se crean prejuicios en su contra en actividades que son cotidianas para las personas cisgénero. Algo que Angie viene viviendo desde hace siete años y que no parece terminar nunca.

Población trans y del resto de la diversidad presentándose ante autoridades en el desfile. (Foto de Amelian Zerón)

Angie agrega que el cambio de nombre o la implementación de una ley de identidad de género no solucionaría los problemas de las mujeres trans en el país, pero sería una luz en la lucha por sus derechos.

“Que un país como el nuestro apruebe una ley de identidad de género sería maravilloso. Vendría a disminuir los problemas que tenemos como mujeres trans, a disminuir un poquito el estigma y la discriminación que existe”, dice.

En cuanto a sus planes para el futuro, Angie quiere terminar su licenciatura en Psicología, que no pudo seguir debido a la falta de recursos y la discriminación en los establecimientos educativos.

Angie con su mascota. (Foto de Dunia Orellana)

Además continúa trabajando con el grupo de jóvenes de su comunidad. “Estoy con ganas de trabajar con este grupo, hay historias nuevas que contar y hay un trabajo nuevo que realizar. Eso es lo que me mantiene entusiasmada”, concluye.

Al cierre de esta investigación hemos conocido las historias de tres mujeres trans migrantes, una de ellas de 17 años que no pudo seguir esperando sus derechos mientras el Estado hondureño sigue obstaculizandolos. Este reportaje va para las, los y les que se fueron, que están migrando y para aquellas quienes ven la migración como su única salida para vivir y ser su verdadera yo. 

Para aquellos, aquellas y aquelles que se quedan para unirse a la lucha por la ley de identidad de género integral, el cambio de nombre, el respeto a los derechos humanos y la creación de protocolos que velen por sus vidas. Por Vicky, Angie, Allyson, Mónica, Aneiry, Kendra, Thalía, Claudia, Sofía y Dylan. Por lxs aliadxs, las organizaciones LGBTIQ+ y para todas aquellas personas que se deconstruyen a diario por una mejor Honduras que permita que las personas trans dejen de ser indocumentadas en su propio país.

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Indocumentadas: la realidad de las personas trans en Honduras (parte I)

La CIDH dijo el Estado es responsible por la muerte de Vicky Hernández

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Angie en las calles de su aldea natal (Foto cortesia de Dunia Orellana)

Esta es la primera parte de un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — En la aldea de Tacamiche, que se desligó de la transnacional bananera Tela Railroad Company a finales de los años 90, vive Angie Orellana, mujer trans, activista y lideresa comunitaria que pese a las múltiples limitantes en el área rural se mantiene firme en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras.

De actitud afable, mirada expresiva y suave sonrisa, Angie nos recibe en su casa en esta aldea situada en San Manuel, a 22 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, para ilustrar la realidad que viven muchas personas trans en el país. 

En una hamaca, debajo de un barracón rodeado del verde de las plantas, la originaria de  la ciudad de La Lima narra que su espíritu aguerrido nació cuando apenas tenía 13 años en la lucha campesina de la que sus padres fueron parte para desligarse de la transnacional. 

“De ahí nace la lucha a la que me dedico ahora para el cumplimiento de nuestros derechos. De ahí parte lo que soy como mujer trans, como luchadora, porque soy una persona que me mantengo luchando por nuestros derechos”, expresa.

En su juventud, Angie incursionó en las luchas estudiantiles y, con el paso de los años, gracias a su hermana, quien también es mujer trans, llegó a las puertas de la Asociación Feminista Trans (AFET), donde aprendió más acerca de la diversidad de género y poco a poco se fue involucrando en las actividades para defender los derechos de la población trans en Honduras.

Incertidumbre

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que hizo responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe del 28 de junio de 2009 marcó un precedente histórico para la población trans y comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Hubo un velo de esperanza para una comunidad que durante años ha sido víctima de odio, discriminación y violaciones de derechos humanos que les han despojado de su plenitud como personas.

Vicky Hernández (Foto cortesia de Cattrachas)

Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre continúa para las personas trans, aunque se han dado avances en algunos procesos. El Estado de Honduras realizó el 9 de mayo de 2022 el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó al Estado luego de la sentencia.

Al respecto, Angie expresa que luego del acto de reconocimiento de responsabilidad, la poca visibilidad que la presidenta Xiomara Castro da a las personas trans en los espacios públicos es preocupante. “Nosotras le apostábamos a que en todo momento, en todo espacio, la presidenta iba a estar representándonos y no ha sido así”, comenta.

Las personas trans todavía continúan en espera de una respuesta que les deje saber cuál será el siguiente paso que les permita acercarse al goce integral de sus derechos. “Hemos tocado varias puertas, así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso”, puntualiza la activista. 

Con 40 años de edad, Angie dice ser “una persona indocumentada en su propio país”. De igual manera, remarca la carencia de una ley de identidad de género que beneficie a las personas trans, no para solucionarles la vida por completo, sino para erradicar las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente.

Falsas esperanzas

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se realizó el censo nacional de la población con la intención de actualizar la tarjeta de identidad, anteriormente llamada cédula, a un nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Para el DNI, las personas trans pudieron tomarse la fotografía vistiendo acorde a su expresión de género. El nuevo documento incluye los apartados de nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de expiración y firma del ciudadano, dejando el apartado de sexo/género.

Sin embargo, en la parte posterior del documento se observan los diferentes códigos de barra, QR, domicilio y un código alfanumérico que contiene un identificador de F o M (femenino o masculino), el  cual, de acuerdo con dirigentes de las asociaciones LGBTIQ+, evidencia la forma en que el pasado gabinete manipulaba la información para hacer parecer que se avanzaba en la materia cuando no era así.

Fotografia de la DNI mostrando códigos f y M

Esta relevante pieza de información que muestra cómo los procesos se camuflan para impedir el goce de derechos humanos integrales no aparece en las fotografías de la campaña informativa que publicaron entes del Gobierno al momento del censo.

Fotos de la campaña del DNI-2 promovida.

La lideresa trans y defensora de AFET, Allyson Hernández, comenta que esta ha sido “una estrategia muy sucia”. “Hay muchas compañeras que se alegran porque está el cambio de la imagen, pero nosotras que estamos dentro y al frente de la lucha y el movimiento entendemos que ha sido algo maquillado, donde siempre se nos marca que somos sexo masculino”, señala.

Según Hernández, esto conlleva a que otras personas se confundan, dado que la imagen de expresión de género no es la misma que indican los documentos de investigación, propagando aún más el odio y el estigma.

¿Hay avances?

Dentro de la sentencia de la Corte IDH, la octava medida reparatoria que el Estado debe cumplir es “adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida”.

En septiembre del presente año debía haberse dado una reunión para iniciar el proceso de cambio de nombre, pero el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución que se encargará del proceso de cambio de nombre en el DNI, no ha definido hasta el momento la metodología ni fechas para iniciar con el cumplimiento de dicha medida.

Al ser consultados, el RNP aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que lidera el cumplimiento de la sentencia, apoyándose en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras organizaciones de sociedad civil defensoras de las personas de la diversidad. Asimismo, argumentó que “solo están a la espera de la suscripción del memorándum de entendimiento para el cumplimiento de la sentencia, con el acompañamiento de todas las instituciones involucradas a nivel nacional que garanticen su cumplimiento”.

Angie reconoce que las personas trans tienen que vivir situaciones de discriminación en cada espacio. Las actividades cotidianas más simples como ir al banco o recibir atención médica se vuelven engorrosas al no contar con los documentos que reflejen su expresión de género. 

Cabe resaltar que en Honduras actualmente existen solamente tres motivos por los cuales una persona puede cambiar su nombre, basados en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: 1) por error del registro al momento de su inscripción, 2) cuando el nombre sea demasiado difícil de pronunciar o de escribir y 3) cuando el nombre denigre a la persona o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Dentro del último punto se hace énfasis en que, si los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, se realizará el cambio de nombre solamente si hay un dictamen forense solicitado por el RNP que evidencie que esto está causando daño psicológico en la niña o niño.

Mientras tanto, las personas trans continúan sumidas en procesos de discriminación, en los que son objeto de burlas, humillaciones y negación de servicios por no tener un documento de identidad que refleje su expresión de género real.

Esperanza con liderazgo

En su diario vivir, Angie trata de dejar huella ejerciendo su liderazgo. Dedica su tiempo a hacer voluntariado dentro de AFET y también coordina el grupo Frida Trans, integrado por 40 personas voluntarias con diferentes expresiones de género. Angie creó Frida Trans con el propósito de brindarles apoyo, ser más visibles en la comunidad y educar a las personas de su entorno para derribar estigmas sociales. Por ello, Angie resalta que le gusta “la inclusividad porque la lucha es LGBTI+, no es solo de las personas trans”.

El municipio de San Manuel es una zona del interior del país bastante conservadora, que se vuelve agravante para la seguridad de las personas trans. Sin embargo, la lideresa se muestra firme en destacar la importancia de la educación comunitaria en temas de diversidad. El semblante de Angie se va endureciendo a medida que habla de sus puntos de vista para poder alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

“Considero que nosotras debemos educar a la sociedad. No te miento, siempre hay un grado de estigma y discriminación en los lugares que puedo llegar o llego, pero lo que me gusta dar a conocer es el trabajo que nosotras realizamos, lo positivo de trabajar en los colectivos LGBTI+ para el cumplimiento de los derechos, específicamente”.

Frida Trans ha permitido que haya mayor visibilidad en el sector, las personas LGBTI+ se están manifestando para abrir espacios donde puedan abordar temas referentes a su expresión de género, ya que actualmente esta localidad no cuenta con un punto de reunión para la población diversa, como en la mayoría del territorio hondureño, donde se segrega a muchas personas trans por considerar que alteran las buenas costumbres y el orden público. 

Relación del fundamentalismo religioso con el Estado

El fundamentalismo religioso ha levantado ataques de odio en la comunidad de San Manuel, propagando la desinformación y haciendo que más personas apoyen la posición de los grupos antiderechos.

Angie reflexiona que “eso es algo que siempre va a existir” porque lo vienen acarreando desde hace muchos años, pero “nunca se había visto de manera tan violenta ni directa como en este momento”, indica.

En lo que va del 2022 ya se superó el número de muertes violentas de personas diversas del año pasado. En 2021 se cerró con 29 muertes, mientras que en julio del presente año esta cifra ascendía a 36 muertes violentas dentro de la comunidad, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los que registran mayor número de fatalidades.

Aunque se muestra optimista al afirmar que “esto va a disminuir a medida se eduque a las personas”, la cotidianeidad de Angie y el resto de sus compañeras no es fácil. “Algunas de nosotras o todas nosotras nos preparamos diariamente para conllevar lo que pasa a nuestro alrededor; discriminación, rechazo, odio, todo ese tipo de cosas”.

Un ejemplo de esto se dio en el marco del Día contra la HomoLesboBiTransFobia luego de que varias organizaciones LGBTIQ+ realizarán eventos de manifestación exigiendo sus derechos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se negó a izar la bandera del orgullo, argumentando que “no quería enemigos como la iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno”, comparte el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara. 

“Esta es una de las mayores limitantes dado que ni nosotras gozamos de un Estado laico, tú bien sabes todo lo que hemos venido acarreando desde años, donde siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo. Entonces creo que no debe ser así”.

Según un estudio publicado por CID Gallup, la población hondureña es 36 por ciento católica y 44 por ciento evangélica. La religión en Honduras es con frecuencia utilizada como mecanismo de manipulación, lo cual conlleva a que se divulguen más discursos de odio en contra de las personas trans.

Grupos religiosos de Tegucigalpa en manifestación para defender la moralidad y buenas costumbre de país. (Foto de Luis Vallecillo)

No obstante, la Constitución de la República en el artículo 77 expone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.

La realidad es completamente opuesta a la teoría. Desde hace mucho tiempo se ve abiertamente cómo la relación entre Iglesia y Estado ha interferido en decisiones para el bienestar social como derechos sexuales y reproductivos, ley de identidad de género y matrimonio igualitario.

Angie inclina el cuerpo, se impulsa hacia adelante en la hamaca donde está sentada y abre las manos para gesticular, canalizando toda la energía que siente en ese momento para expresar su relato. 

“Parte del Estado debe de ir trabajando en esto para que se vaya erradicando … Son personas aliadas prácticamente todas las que están en contra de nuestros derechos en beneficio de la población LGBTI+ … hay intereses políticos detrás de todo esto también porque todo nace de esta manera”, enuncia.

Radio Nacional de Honduras es censurada

Sumándose a esto, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se convierten en fuentes de desinformación y perpetúan el odio. Por otra parte, los medios independientes hacen uso de las herramientas de capacitación de entes internacionales para empezar a exponer la realidad de las poblaciones rezagadas.

En junio de 2022, Radio Nacional de Honduras difundió dos audios que fomentaban el respeto a los derechos LGBTIQ+. En uno de ellos, una joven le comenta a su madre que es lesbiana y, en el otro, una mujer mayor expresa que existirá normalidad hasta que se respeten los derechos de todas las personas.

Se trata de un hecho histórico en el país, puesto que ningún medio estatal había emitido alguna opinión al respecto hasta ese momento. Como consecuencia, la radioemisora sufrió una serie de reacciones negativas y ataques dado que los oyentes argumentaban que se estaba atentando contra la institución de la familia y que la campaña era inmoral e incorrecta para los niños del país.

Venciendo el desconocimiento con la verdad

De vuelta a su semblante risueño, relajada y acercándose más a cámara, Angie deja apreciar su personalidad más rockera con sus característicos tatuajes y su nítida manicura. Procede a abrirse para relatar cómo fue su transición. Cuenta que, por desconocimiento en temas de género y diversidad, durante algún tiempo se definió como un chico gay, aunque siempre se sintió más femenina.

“Recuerdo que me gustaba mucho el rock, así que lo utilizaba de escudo para que no me discriminaran cuando yo saliera con ropa bien ajustada y con un poquito de maquillaje en mi cara”, relata.

Reconoce que aún en ese momento no se definía como mujer trans por la desinformación es estos temas que son de suma importancia. Aquí entran las organizaciones LGBTIQ+, dedicadas a la incansable labor de la educación y visibilización de lxs miembrxs de la comunidad.

Hace siete años, luego de capacitarse, por fin reconoció su género. “Hasta que yo llego a AFET y comenzamos a hablar de género y orientación sexual es cuando yo ya me identifico como una persona trans”, comparte.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Angie comparte lo que significa esta transición para su vida, lo cual ella cataloga como “un logro porque me siento libre, libre al expresarme y al identificarme con el género con el que yo me siento conforme”.

A pesar de que ha sido un reto luchar diariamente contra las imposiciones de un Estado y sociedad rotos por los intereses políticos, no oculta la felicidad que siente al poder ser ella misma y que su activismo llegue a más personas que como ella no entienden cómo identificarse.

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Pedro Pablo, un gay sordo que brilla como drag queen

Presentó a María Antonieta al público por primera vez en 2021

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Pedro Pablo (Foto cortesía de Quorum)

Quorum es el socio mediático del Washington Blade en Guatemala. Esta nota salió en su sitio web el 22 de noviembre.

CIUDAD DE GUATEMALA — “Hola”. Pedro Pablo sonríe mientras se acerca y aleja su mano en un sólo movimiento. Es la seña para saludar. En el próximo instante dirige sus dedos gordo e índice a su cuello, a la altura del cartílago que es conocido como la manzana de Adán. El gesto significa “mucho gusto”.

Con cada gesto, el hombre de 33 años, mantiene el contacto visual. A su lado está Pablo Vásquez de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua). Es intérprete y facilita la entrevista para superar una barrera que Pedro Pablo encuentra a menudo: que la mayoría de personas oyentes no están familiarizadas con la lengua de señas.

En muchos casos siente que prefieren evadirlo por no saber cómo comunicarse con él por ser una persona sorda. Ser gay y sordo, dice, es como el paquete completo para el rechazo y la discriminación.

“A veces muchas personas no comprenden qué es ser parte de la diversidad sexual y por otro lado ser una persona sorda es difícil porque la sociedad desconoce de esta discapacidad”, explica.

En Guatemala viven 240 mil personas sordas, según datos del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi). Esos datos son de 2018 y Asorgua señala que actualmente son muchas más.

Pedro Pablo vive con sordera profunda desde los nueve meses de edad, cuando una enfermedad hizo que perdiera la audición por completo. Pero eso no impidió que encontrara los espacios para desarrollarse plenamente y vivir su sexualidad e identidad con libertad. 

Quien le ha ayudado en este camino es María Antonieta, la mujer que personifica en drag.

La fuerza de María Antonieta

La primera vez que Pedro Pablo presentó a María Antonieta al público fue en 2021, en la discoteca Genetic, en la ciudad capital. Fue su estreno como drag queen.

No le caben los adjetivos para explicar lo que siente cada vez que se pone la peluca y se maquilla. Para él es como un sueño hecho realidad.

“Me siento más libre, más coqueta, más hermosa. Como una flor en un campo. Es más que orgullo, es un sentimiento de mucha alegría”, comparte.

Cuando se ve al espejo, se recuerda de aquel niño que veía con emoción a su mamá y hermana maquillarse.

Tenía alrededor de nueve años cuando a escondidas comenzó a ponerse los vestidos y zapatos de su mamá cuando jugaba solo en su casa.

Su bisabuela lo descubrió en varias ocasiones. Nunca lo regañó. Dejaba que jugara y luego le ayudaba a limpiarse la cara.

Pedro Pablo recuerda con mucha ternura que ella le decía que sería un secreto de los dos, como una forma de protegerlo ante los posibles regaños. Una complicidad de cariño que se estrechaba cada noche cuando compartían la hora de la novela.

“Una vez me dijo que no me preocupara por nada, lo único que debe preocuparme es ser feliz y encontrar al amor de mi vida”, dice con una sonrisa.

Pedro Pablo cree que ella fue la primera persona en darse cuenta de quién era en realidad. Piensa que su mamá también intuía su orientación sexual, pero ella nunca le comentó nada.

Liberarse a pesar de todo

Su crianza siempre fue bastante estricta. Su mamá y su papá eran pastores y fundaron una iglesia en Quetzaltenango. Casi solo le hablaban de la Biblia y solo le permitían que se relacionara con otras personas sordas.

Aún sabiendo que sería difícil hablar de su orientación sexual, Pedro Pablo siempre sintió la necesidad de contarle a su familia. 

“No me alcanzó el tiempo para contarle. Yo iba a decirle a mi familia pero mi papá enfermó de cáncer. Estuve en ese proceso de estudiar y regresar a casa para cuidarlo hasta que él murió”, agrega.

Pedro Pablo tenía 15 años. Entre la tristeza y el duelo familiar, tuvo que esperar ocho años más para hablarlo con su mamá. El enamoramiento que vivía en ese entonces le dio el valor para decirle que era feliz con el amor de un hombre.

Generó muchas discusiones en torno a la religión, a la Biblia y a su sexualidad. Su mamá lo aceptó, dice, pero le puso la condición de no volver a hablarlo en casa.

“En casa soy una persona y afuera soy quien tengo que ser. Lo decidí así por amor a mi familia y a mi mamá porque comprendo que se sacrificaron para tenerme donde estoy”, agrega.

Las restricciones en su hogar, no le quitaron la emoción que sintió Pedro Pablo por salir del clóset y poder interactuar y sentirse parte de una comunidad diversa. “Es una experiencia muy bonita, pero también difícil porque dentro de la comunidad de sordos hay muchos tabús”, menciona.

Hacer del mundo un lugar mejor

La educación integral en sexualidad y la diversidad sexual son temas que no se abordan dentro de la comunidad de sordos, dice, y el hablar de ello con libertad y presentarse como una persona abiertamente gay lo ha expuesto a insultos. Sin embargo, también hay personas que lo apoyan y le celebran su valentía de subirse a los escenarios.

Mientras los vestidos de María Antonieta están guardados, Pedro Pablo pasa sus horas laborales en el Hospital de Ojos y Oídos “Rodolfo Robles”. En las mañanas trabaja en el archivo médico y por las tardes ayuda a los niños y niñas sordas que acuden ahí con sus padres. Les enseña lengua de señas, como lo hicieron con él cuando era niño.

También estudia psicología y diseño gráfico. Desde su vida y trabajo aporta a que no exista discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva y hacer un puente entre ellas y la comunidad de la diversidad sexual.

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Proyecto de ley penalizará las terapias de conversión en Colombia radica en el Congreso

La congresista Carolina Giraldo Botero radicó el próposito el 3 de noviembre

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La congresista Carolina Giraldo Botero centro, ha radicado un proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia (Foto cortesía de OrgulloLGBT.co)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web el 3 de noviembre.

BOGOTÁ, Colombia — La Representante a la Cámara de la Alianza Verde por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, radicó hoy el proyecto de ley ‘Inconvertibles’, con el cual se busca prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIEG en Colombia.

En Secretaría de Cámara de Representantes y en compañía de diversas organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+, la representante Giraldo radicó la iniciativa, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad, coordinada por ella. 

“No vamos a parar de luchar contra las prácticas que buscan cambiar la identidad de género y la orientación sexual. Eso es tortura y discriminación”, dijo la representante Giraldo.

Según la parlamentaria, “hay personas LGBTIQ+ que son sometidas a maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada, bajo la excusa de que deben ser “curadas”, por lo que urge que este proyecto se haga realidad”.

Esta es la segunda vez que se intenta dar trámite a este proyecto de ley en el Congreso. La primera se dio en la legislatura pasada, bajo el liderazgo del ex representante Mauricio Toro, quien en su momento argumentó que una de cada cinco personas LGBTIQ+ y una de cada tres perteneciente a la comunidad Trans, podría llegar a ser sometida a una de estas llamadas terapias de curación. (ver anterior proyecto).

El proyecto radicado en la mañana de este jueves contó con el visto bueno de las diferentes organizaciones de la comunidad, el apoyo de 58 congresistas y entrará para su trámite por la Comisión Séptima de Cámara. 

Actualmente, países como Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta, han prohibido las mal llamadas ‘terapias de conversión’. (Ver más aquí).

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Encuentro regional de protección a refugiados LGBTQ+ se realizó en Bogotá

24 organizaciones de siete países participaron

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El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó esta semana en Bogotá, Colombia (Foto de José Arnaldo Mujica por el Washington Blade)

BOGOTÁ, Colombia — El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó en la ciudad de Bogotá esta semana con la participación de 24 organizaciones fundadas en siete países de la región, las cuales expusieron como ha sido el recibimiento e inserción a la vida productiva de los migrantes de la comunidad en las naciones donde operan sus organizaciones.

El III Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas fue de suma importancia puesto que se realizó luego de la pandemia de la COVID-19, que dejó como consecuencia que la mayoría de los procesos que se venían efectuando se paralizaran y muchas organizaciones dedicadas a atender esta población desaparecieran.

“Estamos felices de estar aquí porque estamos reactivando los planes de acción, estamos reconectando con las otras organizaciones y estamos reactivando los procesos que teníamos antes de la pandemia” así lo aseguró María Paula Botero, líder de una organización de mujeres lesbianas en Brasil.

La agenda de este encuentro estuvo integrada por distintas actividades orientadas a construir una red de apoyo a todas las personas de la comunidad que tienen la condición de migrantes.

Durante el primer día se expuso un contexto general de la situación, además se efectuó el primer mapeo del estado actual de los procesos de movilidad humana de personas LGBTQ+ e intersex en la región, mostrando estrategias y buenas prácticas.

Entretanto, el segundo día los participantes trabajaron en crear estrategias conjuntas para dar respuestas oportunas a los migrantes y el tercer día, se firmaron acuerdos para llevar mensajes de la Red a todas las instancias gubernamentales en las Américas.

Todos aprendemos

Lola Vásquez, es represen a la organización Trans Reinas de la Noche fundada hace 18 años en Guatemala, aunque la organización es relativamente nueva, solo queda con vida una de las 16 mujeres trans que la fundaron, pues en ese país hasta el 2006 era ilegal desplazarse con una identidad diferente a la asignada al nacer y por ello se practicaba lo que se conoció como “limpieza social“ en donde la autoridades gubernamentales asesinaron y desaparecieron a las trabajadoras sexuales.

Vásquez asistió al encuentro en la capital colombiana con la intención de conocer la experiencia de otras organizaciones de la región sobre el trato de personas trans, debido a las vulneraciones que vivió en su país natal.

“Para nosotras es importante estos eventos porque podemos seguir tejiendo redes para dar un acompañamiento seguro a las mujeres trans migrantes, para que su migración sea más segura y sin tantos estigmas,” dijo Vásquez. “En Guatemala, hay mucha población migrante debido a que las autoridades gubernamentales no piden visa para ingresar, las personas transitan por el país ya que es la puerta de entrada a México y EE.UU.”

Metas en común

Una de las organizaciones que trabajó arduamente para que este multicultural encuentro fuera una realidad fue la organización colombiana Caribe Afirmativo. Su director, Wilson Castañeda afirmó que “estamos respondiendo a la cuarta oleada del movimiento de la comunidad LGBTI+, que tiene como enfoque principal la movilidad humana, producto de las dificultades que se generan en algunos países de la región, si bien es cierto, la migración no es algo nuevo para nuestra comunidad, estamos viendo que durante los últimos años se registró un incremento considerable, es por esto que debemos actuar y actuar en conjunto para que la respuesta sea contundente”.

Sumado a esto, el miembro de la organización Caribe Afirmativo, Giovanny Molinari consideró que uno de los retos que tiene esta red es lograr que cada organización pueda alzar la voz en los distintos escenarios de cambio social para se creen políticas públicas apropiadas, para apoyar a los migrantes miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex. 

“Hay tres retos, el primero, fortalecer la red luego de la crisis del COVID-19, el segundo, encontrar oportunidades para que cada una de las instituciones que integramos esta coalición crezca y el tercero, poder incidir políticamente a nivel internacional en las instituciones que trabajan en la movilidad humana, pero con enfoque a la comunidad”, señaló.

La crisis continúa en Venezuela 

A este encuentro también asistió Johan León, director general de la fundación Azul Positivo, fundada en Venezuela hace 18 años, él nos comentó que realmente su país, las condiciones para los miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex no han mejorado.

“Venezuela junto con Paraguay, son los países que tienen menos avances en materia de atención a la comunidad, en mi país no existe una protección a nivel legal y esto se refleja en el difícil acceso a los derechos en materia de salud, educación y hasta en la vida laboral”, dijo León.

Además, León puntualizó las cifras que demuestran que en Venezuela no hay una mejoría económica, sino que se está generando una nueva etapa de la prolongada crisis de ese país latinoamericano. 

“Todo el sistema de salud está prácticamente destruido, más del 50 por ciento de los centros de atención a los pacientes con VIH cerraron luego de la pandemia, básicamente, los que funcionan ahora, están en las principales ciudades, esto lo que ha generado es que las personas con el virus no continúen el tratamiento por lo difícil que es trasladarse”, aseguró. “El Estado Venezolano desde el 2017 no compra los medicamentos antirretrovirales, la única forma de tener ese tratamiento en el país es por medio del Fondo Global. El oficialismo lo único que hace es disponer el tratamiento en las farmacias para que distribuyan los medicamentos que compra el fondo”.

Finalizó León que la organización Azul Positivo mostró su preocupación por la situación que hay en esa nación y que a su juicio, seguirá generando mayor movilidad humana durante los próximos años.

Este encuentro finalizó con la elección de la nueva mesa técnica, la cual fue integrada por un diverso grupo: una mujer trans, una mujer lesbiana y un hombre gay, ellos tendrán la responsabilidad de agilizar los procesos para que los migrantes de la comunidad LGBTQ+ e intersex sean parte de una red de apoyo en los países receptores de las Américas.

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