The International Criminal Court this week unsealed arrest warrants for four Taliban officials in Afghanistan accused of targeting LGBTQ+ people, women, and others who defy the group’s strict gender norms.

The warrants the ICC unsealed on Oct. 5 are for Hibatullah Akhundzada, the Taliban’s supreme leader, and Chief Justice Abdul Hakim Haqqani. The ICC also unsealed warrants for Education Minister Habibullah Agda and Higher Education Minister Neda Mohammad Nadim.

The ICC last year announced warrants for Akhundzada and Haqqani, as the Washington Blade previously reported.

“In the warrants of arrest, the (Pre-Trial) Chamber (II), in line with current developments in international law, found that the definition of ‘gender’ in the Rome Statute necessitates an interpretation that goes beyond a purely biological conception of sex,” reads the ICC’s Oct. 5 announcement. “It considered that it requires acknowledging the socially constructed roles, behaviors, expectations, and hierarchies traditionally associated with individuals on the basis of their sex. The Chamber considered that these societal constructs, commonly referred to as ‘gender norms,’ form part of the contextual lens through which acts amounting to gender-based persecution under article 7(1)(h) must be assessed.”

“It found that there are reasonable grounds to believe that the four suspects are criminally responsible for having ordered, induced or solicited the crime against humanity of persecution, under article 7(1)(h) of the Rome Statute, on gender grounds against girls, women, and other persons non-conforming with the Taliban’s policy on gender, gender identity or expression; and on political grounds against persons perceived as ‘allies of girls and women,’” it adds. “These crimes are believed to have been committed on the territory of Afghanistan since the Taliban seized power on Aug. 15, 2021, and have continued until at least Jan. 20, 2025.”

The Rome Statute established the ICC, which is in the Dutch city of The Hague, in 2002 after 60 countries ratified it.

The U.S. is among the countries that do not recognize the ICC. Secretary of State Marco Rubio on Friday announced U.S. sanctions against the ICC, which he described as a “rogue court.”

Then-ICC Chief Prosecutor Karim Khan in January 2025 announced a request for warrants against Taliban officials over their treatment of women and other groups since they regained control of Afghanistan in 2021. It marked the first time the ICC specifically named LGBTQ+ people as victims in a gender persecution case before it.

A report that Outright International released in 2023 notes Taliban officials have systematically targeted LGBTQ+ people — especially gay men and transgender women.

Taliban officials have subjected them to physical and sexual assault as well as arbitrary detention. The Outright International report also notes Taliban authorities have carried out public floggings for alleged same-sex sexual relations, and have collected intelligence on LGBTQ+ activists and community members.

Artemis Akbary, executive director of the Afghanistan LGBTIQ Organization, on Oct. 5 described the additional arrest warrants as “huge.”

“For LGBTIQ+ people, this matters enormously,” he said. “It strengthens the understanding that gender persecution can also capture persecution based on non-conformity with imposed gender roles, identities, and expressions.”

“This is an important development for accountability in Afghanistan, and potentially far beyond it,” added Akbary.

Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas LGBTQ+ en Centroamérica es el propósito del proyecto “Alianza para la Inclusión: hacia la promoción de derechos LGBTIQ+ en Centroamérica”, una iniciativa subvencionada por la Unión Europea, Global Gateway, Oikos Cooperação e Desenvolvimento y Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, que articula esfuerzos en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El proyecto, cuya implementación se desarrolla entre 2025 y 2028, busca fortalecer a organizaciones, liderazgos comunitarios y redes regionales frente a contextos marcados por la discriminación, la violencia y la reducción del espacio cívico.

A través de procesos de formación, atención integral, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y articulación regional, la iniciativa procura generar condiciones más seguras y dignas para que las personas LGBTQ+ puedan ejercer plenamente sus derechos.

Formación y fortalecimiento de liderazgos

Durante los primeros 18 meses de ejecución, el proyecto ha desarrollado acciones de formación y acompañamiento, otorgado subvenciones a colectivos comunitarios, impulsado estrategias de seguridad integral y respaldado procesos regionales de articulación e incidencia.

Uno de los resultados reportados es la participación de 489 personas LGBTQ+ de Guatemala, El Salvador y Honduras en procesos formativos relacionados con la desnaturalización de la violencia, organización e incidencia. Asimismo, 41 personas líderes LGBTQ+ de El Salvador y Guatemala fortalecieron sus capacidades para la formulación de proyectos.

Para Pedro Campos, coordinador de Oikos — Cooperação e Desenvolvimento en El Salvador, estos procesos tienen una dimensión que trasciende lo técnico.

“Desde hoy estamos cada día más convencidas y convencidos de que la gestión de proyectos más que técnica o administrativa es esencialmente humana. Nunca debemos olvidar que la persona en toda su diversidad es el centro de nuestro quehacer. Y si un día la empatía y el amor nos abandonan, habremos perdido la esencia de nuestro trabajo”.

La formación también ha significado una oportunidad para fortalecer liderazgos comunitarios. Josh Hernández, persona no binaria y codirectore de Espacios Seguros El Salvador, destaca el impacto que tuvo su participación.

“Esta experiencia me ha fortalecido como activista y como parte de una organización comunitaria, y me ha permitido ampliar mi visión y soñar con nuevas actividades que contribuyan a construir una cultura de paz en nuestra sociedad salvadoreña”, comenta Hernández.

Atención integral para personas LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad

En El Salvador, uno de los componentes del proyecto se ha enfocado en brindar atención integral a personas que enfrentan situaciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad.

A través de COMCAVIS TRANS, el proyecto permitió atender a 128 personas, mediante servicios psicosociales, legales y de resguardo temporal en su albergue.

La atención incluyó orientación para activar mecanismos de denuncia y medidas de protección, además de contención emocional, manejo de crisis y acompañamiento para la estabilización de condiciones básicas.

La experiencia también se ha extendido a Honduras. Loren López, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Lesbianas y Bisexuales LITOS, resaltó el valor de generar espacios seguros para mujeres lesbianas, bisexuales y personas LTBQ (lesbianas, trans, bisexuales y queer).

“Me quedo con la satisfacción de haber contribuido a crear espacios donde una mujer LTBQ+ pueda sentirse segura, escuchada y reconocida, sin tener que esconder quién es. Esta experiencia fortaleció a LITOS y nos dejó nuevas herramientas y posibilidades para seguir trabajando por los derechos y la eliminación de la discriminación”, agrega López. 

La seguridad integral como herramienta de protección

En contextos donde quienes defienden derechos pueden enfrentar diferentes tipos de riesgos, el proyecto ha incorporado la seguridad integral como un componente fundamental.

Durante 2026, 140 personas LGBTQ+ pertenecientes a seis organizaciones participaron en procesos de formación sobre seguridad integral, abordando dimensiones físicas, digitales y emocionales.

Como resultado, seis organizaciones elaboraron y consolidaron sus propios planes de seguridad integral, incorporando medidas de prevención y respuesta ante riesgos físicos y digitales, con especial énfasis en la protección de información sensible, el uso seguro de plataformas digitales y la gestión de incidentes en entornos virtuales.

Incidencia para transformar políticas y garantizar derechos

La iniciativa también ha acompañado procesos de incidencia y litigio estratégico en Guatemala.

La Asociación LAMBDA, junto con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), acompañó una consulta nacional con personas LGBTQ+ para contribuir a la elaboración de una Estrategia Nacional para las personas LGBTQ+, cuyo proceso se encontraba en elaboración y cuya aprobación se esperaba para finales de 2026.

Asimismo, en julio de 2026 fue presentada ante la Corte Constitucional de Guatemala una acción de inconstitucionalidad como parte de una estrategia nacional de litigio estratégico orientada a la aprobación del matrimonio igualitario. Al cierre de la actualización de resultados de este año, el proceso permanecía pendiente de resolución.

El acompañamiento jurídico también ha permitido apoyar procesos individuales relacionados con el reconocimiento de la identidad.

Uno de estos casos es el de Paula Escobar, mujer trans guatemalteca acompañada por LAMBDA en el proceso de cambio de nombre en sus documentos de identidad.

“Ha sido el paso más grande de mi vida, pues me libró de momentos incómodos y de dar explicaciones para ser reconocida como la mujer que soy”.

De acuerdo con el testimonio, la organización se encargó de la gestión legal y aproximadamente seis meses después obtuvo una respuesta favorable.

Redes regionales para ampliar el alcance de la defensa de derechos

La articulación regional constituye otro de los componentes del proyecto. La iniciativa ha apoyado a redes latinoamericanas que buscan fortalecer y posicionar el trabajo de organizaciones LGBTQ+.

Entre ellas se encuentra la Alianza Centroamericana y del Caribe de Hombres Trans, que articula organizaciones y personas transmasculinas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Durante su primer año, ALICAHT desarrolló su Plan Estratégico y Reglamento Interno 2025-2030, además de su identidad gráfica y sitio web.

Otro proceso regional respaldado fue el III Congreso Regional de CORPORA en Libertad, realizado en Guatemala en diciembre de 2025. El encuentro reunió esfuerzos orientados a fortalecer la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTQ+ privadas y exprivadas de libertad en América Latina y el Caribe.

El espacio permitió fortalecer la articulación regional y compartir experiencias y estrategias frente a los desafíos que enfrentan las personas LGBTQ+ dentro y fuera de los sistemas penitenciarios.

Ari Vera, fundadora de CORPORA, ha destacado la importancia del trabajo en red como una herramienta para generar transformaciones y fortalecer las capacidades colectivas.

Inclusión más allá de las palabras

Durante el Foro “El Impacto de Incluir”, uno de los planteamientos centrales fue que la inclusión requiere transformaciones concretas y no únicamente el uso de conceptos o siglas.

Jason García, técnico PMA de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para Oikos El Salvador, señaló una de las barreras que persisten en los proyectos. “Una de las barreras en los proyectos es que son binarios y no se reconocen las otras identidades”.

Desde esta perspectiva, un proyecto inclusivo no se limita a utilizar la palabra inclusión o incorporar las siglas LGBTQ+, sino que requiere revisar prácticas, metodologías, mecanismos de participación y formas de reconocer la diversidad.

Como parte de este proceso también se preparó una guía práctica que sistematiza instrumentos y mecanismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, destacando su importancia histórica en la ampliación y protección de derechos.

La compilación fue presentada en la X Conferencia de la Red ILGA LAC y en el 18º Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio Académico en Derechos Internacionales, realizado en la Universidad de El Salvador.

Cooperación centrada en las personas

Los resultados alcanzados durante los primeros 18 meses reflejan una estrategia que combina formación, atención directa, protección, fortalecimiento institucional, incidencia y construcción de redes.

Para la Unión Europea, colocar a las personas en el centro constituye un elemento fundamental de la cooperación. Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador, expresó “Desde la Unión Europea seguiremos apostando para una cooperación que pone en el centro a las personas. Porque el verdadero impacto de influir se mide en vidas transformadas, en derechos conquistados y en sociedades que celebran con orgullo su diversidad”.

Con una implementación prevista hasta 2028, la Alianza para la Inclusión continúa articulando organizaciones nacionales y redes latinoamericanas para fortalecer capacidades y generar herramientas que permitan a las personas y organizaciones LGBTQ+ enfrentar los desafíos de sus contextos y avanzar en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Más allá de las cifras y los productos alcanzados, el proyecto coloca en el centro una premisa: la inclusión se construye cuando las personas pueden participar, organizarse, defender sus derechos y vivir su identidad con dignidad y seguridad.

SÃO PAULO — Voters in Brazil’s Rio Grande do Norte state on Sunday elected a transgender woman to the country’s Chamber of Deputies.

Natal Municipal Councilwoman Thabatta Pimenta, who is a member of the Green Party, won with 92,743 votes. She is the first trans woman from northeast Brazil elected to the country’s Congress.

Pimenta became emotional when she was speaking to her supporters after she won. Her brother Ryan, who has cerebral palsy, was by her side.

“This victory belongs to the people of Rio Grande do Norte,” she said. “It is a victory built from the ground up … the people themselves rose up, and you saw the result: today they elected the first female travesti federal deputy from northeast Brazil.”

View this post on Instagram

A post shared by Thabatta Pimenta (@eupimenta)

Pimenta will join Erika Hilton, a travesti member of the leftist Socialism and Liberty (PSOL) party who was a sex worker before her election to the São Paulo Municipal Council, and Duda Salabert, a trans woman and fellow PSOL member from Minas Gerais state, in the Chamber of Deputies.

Hilton on Sunday won re-election with 1,596,472 votes, the most any female member of Congress has received in Brazilian history. Dudabert also won re-election with 215,192 votes.

“Thank you Minas Gerais,” said Dudabert on social media after she won re-election.

❤️ REELEITA!!! Obrigada Minas Gerais! Com muito trabalho, aumentamos nossa votação! Muito orgulho em ser, pela segunda eleição consecutiva, a terceira candidatura mais votada de Minas Gerais para o cargo de deputada federal. E mostramos novamente que é possível fazer uma campanha “lixo zero”- sem imprimir santinhos, bandeiras ou adesivos. Muito feliz! Obrigada Minas ! Obrigada Brasil

— Duda Salabert 5️⃣0️⃣5️⃣0️⃣ (@DudaSalabert) October 5, 2026

Five openly bisexual Chamber of Deputies candidates also won their races on Sunday.

• Guilherme Cortez, a PSOL member in São Paulo state

• Dandara Tonatzin, a member of President Luiz Inácio Lula da Silva’s Workers’ Party in Minas Gerais

• Anielle Franco, a Workers’ Party member in Rio de Janeiro state

• Maria Marighella, a Workers’ Party member in Bahia state

• Giovana Mondardo, a Brazilian Communist Party member in Santa Catalina state

Fabio Félix, a gay PSOL member of the Chamber of Deputies who represents the Federal District in which Brasília, the country’s capital, is located won re-election with 224,224 votes. Rick Azevedo, a gay PSOL member from Rio de Janeiro state, won his Chamber of Deputies race.

Daiana Santos, a lesbian Brazilian Communist Party member who represents Rio Grande do Sul state in the Chamber of Deputies, won re-election with 114,315 votes.

Two lesbian women won their Chamber of Deputies campaigns.

• Rosa Amorin, a Workers’ Party member from Pernambuco state

• Bella Gonçalves, a Workers’ Party member from Minas Gerais who is a member of the Belo Horizonte Municipal Council

Samanda de Lula, a lesbian Workers’ Party member, will represent Rio Grande do Norte in the Brazilian Senate.

Rio de Janeiro Municipal Councilwoman Mônica Benício, who is a PSOL member, came up short in her bid for the Senate. Her then-partner, Rio de Janeiro Municipal Councilwoman Marielle Franco, and her driver, Anderson Gomes, were assassinated on March 14, 2018.

Fabiano Contarato, a gay senator from Espíritu Santo who is a member of the Workers’ Party, also lost his re-election bid.

“I receive the election results with respect and serenity,” he said on social media. “The popular will is sovereign, and democracy must always be respected.”

Jean Wyllys is a gay former member of the Chamber of Deputies who previously represented Rio de Janeiro state. He resigned in 2019 and fled Brazil after he received death threats. Wyllys this year ran to represent São Paulo state in the Chamber of Deputies, but he did not win his race.

VoteLGBT, an organization that seeks to increase LGBTQ+ representation in Brazilian politics, noted 529 openly LGBTQ+ candidates ran in the election. The group on Sunday more than 30 of them won their races across the country.

Natasha Ferreira, a Workers’ Party member, became the first travesti elected to public office in Rio Grande do Sul when she won a seat in the state’s Legislative Assembly. Voters in other states across the country also elected more than 20 LGBTQ candidates to their respective Legislative Assemblies.

• Keka Bagno, a bisexual PSOL member, was elected to the Federal District Legislative Chamber

• Açucena, a lesbian Workers’ Party member, was elected to the Espíritu Santo Legislative Assembly

• Fabricio Rosa, a gay Workers’ Party member, was elected to the Goiás Legislative Assembly

• Iza Lourença, a bisexual PSOL member, was elected to the Minas Gerais Legislative Assembly

• Tiago Botelho, a gay Workers’ Party member, was elected to the Minas Gerais Legislative Assembly

• Flávio Brasileiro, a gay Workers’ Party member, was elected to the Paraíba Legislative Assembly

• Dani Balbi, a trans Brazilian Communist Party member, was elected to the Rio de Janeiro Legislative Assembly

• Verônica Lima, a lesbian Workers’ Party member, was elected to the Rio de Janeiro Legislative Assembly

• Dani Monteiro, a bisexual PSOL member, was elected to the Rio de Janeiro Legislative Assembly

• Jean Volpato, a gay Workers’ Party member, was elected to the Santa Catarina Legislative Assembly

• Linda Brasil, a trans PSOL member, was elected to the Sergipe Legislative Assembly

• Sofia Favero, a trans PSOL member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Paula Nunes dos Santos, a bisexual PSOL member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Ediane Maria, a bisexual PSOL member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Monica das Pretas, a bisexual PSOL member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Duda Hidalgo, a bisexual Workers’ Party member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Rodrigo Mar, a bisexual Workers’ Party member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Thainara Faria, a bisexual Workers’ Party member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

• Keit Lima, a bisexual PSOL member, was elected to the São Paulo Legislative Assembly

Lula and Sen. Flávio Bolsonaro, whose father is former President Jair Bolsonaro, will face off in the presidential election’s second round on Oct. 25.

SÃO PAULO — President Luiz Inácio Lula da Silva will face off against Sen. Flávio Bolsonaro in the second round of Brazil’s presidential election on Oct. 25 after neither man received more than 50 percent of the vote in the first round that took place on Sunday.

Bolsonaro was ahead of Lula by a 47.03-45.16 percent margin with 100 percent of the vote counted.

Lula in 2022 defeated Bolsonaro’s father, then-President Jair Bolsonaro, in that year’s presidential election.

The Brazilian Supreme Court last year sentenced Bolsonaro — who repeatedly targeted LGBTQ+ Brazilians and other groups while in office — to more than 27 years in prison for his role in an attempted coup that saw thousands of his supporters storm the Congress, presidential palace, and the Supreme Court itself on Jan. 8, 2023. Bolsonaro is currently serving his sentence at his home in Brasília, the country’s capital, because of his poor health. His son has pledged to pardon him if he becomes the country’s next president.

Lula, who leads Brazil’s leftist Workers’ Party, was Brazil’s president from 2003-2010.

Sergio Moro, a judge who Jair Bolsonaro later tapped as his government’s Justice and Public Security Minister, in 2017 sentenced Lula to 9 1/2 years in prison after his conviction on money laundering and corruption charges that stemmed from Operation Car Wash. 

The Supreme Court in November 2019 ordered Lula’s release.

VoteLGBT, an organization that seeks to increase LGBTQ+ representation in Brazilian politics, noted 529 openly LGBTQ+ candidates ran in this year’s election. More than 100 of them are either transgender or travesti.

The Los Angeles Blade will cover the results of these races when they become available.

More than 60 House Democrats on Thursday called upon the Trump-Vance administration to confront the Turkish government over its anti-LGBTQ+ crackdown.

Turkish authorities last month detained dozens of people during raids that targeted the country’s LGBTQ+ community, advocacy groups, and HIV/AIDS service organizations. Journalists were among those taken into custody outside an Istanbul courthouse on Sept. 15 during a protest against the raids that are part of the government’s “My Family Is Safe” campaign.

Council for Global Equality is among the groups that organized a protest outside the Turkish Embassy in D.C. on Sept. 18.

View on Threads

U.N. High Commissioner for Human Rights Volker Türk on Sept. 21 during a U.N. LGBTI Core Group event that took place on the sidelines of the U.N. General Assembly specifically referenced Turkey.

The Core Group is a group of U.N. member states that have pledged to support LGBTQ+ and intersex rights.

The U.S. withdrew from the Core Group after the Trump-Vance administration took office. The White House has not publicly commented on Turkey’s anti-LGBTQ+ crackdown.

“These developments warrant an urgent diplomatic response from the United States to protect the rights of freedom of expression, association, and assembly for all Turkish citizens, regardless of their sexual orientation or gender identity,” reads the letter the lawmakers sent to Secretary of State Marco Rubio. “We therefore urge you to use all available channels to raise these concerns directly with the Turkish government; press for the immediate release of those arrested and detained for their legitimate human rights activities; and ensure that the U.S. Embassy in Ankara closely monitors related judicial proceedings.”

“We further urge the Department to press Turkish authorities to cease efforts to criminalize LGBTQI+ organizations and advocacy and to affirm the right of all people to peacefully assemble,” it adds.

Arizona Congresswoman Yassamin Ansari and U.S. Rep. Dina Titus (D-Nev.) spearheaded the letter. House Speaker Emerita Nancy Pelosi (D-Calif.); House Foreign Affairs Ranking Member Gregory Meeks (D-N.Y.); Del. Eleanor Holmes Norton (D-D.C.); Delaware Congresswoman Sarah McBride, and U.S. Rep. Mark Takano (D-Calif.), who chairs the Congressional Equality Caucus, are among the 65 House Democrats who signed the letter.

“The United States must be a leader in defending human rights and what is happening in Turkey demands an urgent diplomatic response. It’s absolutely appalling to see LGBTQI+ people and the organizations that stand up for their rights be targeted by the (President Recep Tayyip) Erdogan regime,” said Ansari in a press release. “I stand proudly with the LGBTQI+ community here and abroad and will continue to fight for their right to live openly, freely, and without fear, anywhere and everywhere.”

The press release notes the Human Rights Campaign, the Council for Global Equality, and the Planned Parenthood Federation of America support the letter.

“Turkey’s attacks on its LGBTQI+ community are a disturbing reminder that the fight for equality and human rights does not stop at our borders. No one should be silenced or detained for simply being who they are or peacefully demanding dignity and freedom,” said HRC Government Affairs Senior Director Jennifer Pike Bailey. “We are grateful to Representatives Ansari and Titus for recognizing that the fight for LGBTQI+ equality is global and that, even amid the many challenges facing our community here at home, we cannot turn our backs on LGBTQI+ people facing persecution abroad.”

A State Department spokesperson on Friday told the Washington Blade that “as a matter of policy, we do not comment on congressional correspondence.”

Ana Brnabić on Monday became the world’s first openly lesbian head of state after Serbian President Aleksandar Vučić resigned.

Brnabić was the country’s prime minister from 2017-2024. She was most recently the president of the Serbian National Assembly.

Vučić resigned ahead of parliamentary elections that will take place on Oct. 25. Media reports indicate Vučić could become Serbia’s next prime minister if his Serbian Progressive Party can successfully form a new government. Brnabić until then will be the country’s acting president.

Former Irish Prime Minister Leo Varadkar, who became his country’s first openly gay head of government in 2017, praised Brnabić.

“Congratulations to Ana Brnabić on becoming the world’s first lesbian head of state (president of Serbia),” said Varadkar on social media. “She visited while in her previous office and is a friend of Ireland.”

Congratulations to Ana Brnabic on becoming the world's first lesbian head of state (President of Serbia). She visited while in her previous office and is a friend of Ireland. 12 countries have now had gay or lesbian head of state/government. So far, all in Europe – the… https://t.co/TBpmeeEs9I

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) September 29, 2026

Former Icelandic Prime Minister Jóhanna Sigurðardóttir in 2009 became the world’s first openly lesbian head of government. Former San Marino Captain Regent Paolo Rondelli in 2022 became the world’s first openly gay head of state.

Andorran Prime Minister Xavier Espot Zamora, Dutch Prime Minister Rob Jetten, and Latvian President Edgars Rinkēvičs are openly gay. Former Luxembourgish Prime Minister Xavier Bettel, former French Prime Minister Gabriel Attal, and former Belgian Prime Minister Elio Di Rupo are also gay.  

Varadkar was Ireland’s prime minister from 2017-2020 and again from 2022-2024.

Editor’s note: International News Editor Michael K. Lavers will be on assignment in Brazil through Oct. 6.

SÃO PAULO — 529 openly LGBTQ+ candidates are running for in the Brazilian election that will take place on Sunday.

VoteLGBT, an organization that seeks to increase LGBTQ+ representation in Brazilian politics, notes 109 of these candidates are either transgender or travesti. They include Congresswomen Erika Hilton and Duda Salabert, who made history in 2022 as the first travesti and first trans women respectively to win seats in the Brazilian Congress.

Hilton, a member of the leftist Socialism and Liberty Party, known by the acronym PSOL, is a former sex worker who was a member of the São Paulo Municipal Council before her election to Congress. She currently chairs the Chamber of Deputies’ Women’s Rights Commission.

The Chamber of Deputies is Congress’s lower house.

Salabert, who is also a member of PSOL, represents Minas Gerais state in the Chamber of Deputies. Both she and Hilton in 2025 sharply criticized the Trump-Vance administration after it listed their gender as “male” on American visas that would have allowed them to travel to the U.S.

Benny Briolly is a travesti woman and member of President Luiz Inácio Lula da Silva’s Workers’ Party who is running to represent Rio de Janeiro state in the Chamber of Deputies. Thabatta Pimenta is a trans woman of mixed ethnicity who is running to represent Rio Grande do Norte state in the Chamber of Deputies as a member of the Green Party.

Nicolas is a trans masculine bisexual man from Pará state who is part of the Banca Transformer, a “collective candidature” for the Chamber of Deputies that VoteLGBT notes is “100 percent trans and lead by a trans masculine person.” Mãe Kaká Garcia is a gay travesti woman of African descent who is running to represent Mato Grosso state in the Chamber of Deputies as a member of PSOL.

“My bid for Congress stems from my life story and the need to bring voices that have historically been marginalized into the political arena,” Garcia told the Los Angeles Blade.

“I am a Black travesti woman and a leader within the African-derived religious community, with a background in work, entrepreneurship, and community activism in Mato Grosso,” she added. “I am intimately familiar with the challenges faced by the LGBTQIA+ community, the Black population, women, and terreiro communities.”

Garcia added she is running because she believes “these spaces must also be occupied by people who live these realities.”

“I want issues such as combating violence against trans people, racism, religious intolerance, protections for women, LGBTQIA+ rights, and social policies to be treated as permanent public policies,” she said.

Associaçao Nacional de Travestis e Transexuais (National Association of Travestis and Transsexuals) President Bruna Benavides in a statement to the Blade praised all of the trans and travesti candidates.

“For ANTRA, the strength of trans and travesti candidacies lies in what our representatives already demonstrate through their work in office — acting beyond the LGBTQIA+ agenda in areas such as education, health, labor, human rights, culture, the environment, public safety, and the fight against inequality,” she said. “The presence of trans people is already a reality, and democracy needs them in politics — not merely as representatives of an identity, but as agents capable of shaping initiatives that benefit society as a whole.”

“Politics will only be truly transformed when it incorporates the perspectives and experiences of those historically excluded from centers of power — people who have nonetheless envisioned a nation where everyone can be free and live with dignity and security,” she added.

The Blade also spoke with other openly gay, lesbian, and bisexual candidates.

Uédem Lima is a bisexual, Makuxi Indigenous man who is running to represent Roraima state in the Chamber of Deputies as a member of the centrist Brazilian Democratic Movement.

“I am 23-years-old, a Makuxi Indigenous man, and bisexual,” he told the Blade. “I come from a reality where young people, Indigenous people, and LGBTQ+ individuals often still face difficulties in occupying spaces where decisions are made.”

“My candidacy is also a way to show that these spaces can — and must — be occupied by people who know these realities firsthand,” added Lima.

He told the Blade that education, health, climate justice, and Indigenous rights are among the top issues on which he will work in Congress if elected. Lima added his life in Roraima state, which borders Venezuela and Guyana in northern Brazil, and his identity will further shape his tenure.

“I know what it is like to grow up in Roraima, experience the shifts between the interior and the capital, and forge my path while carrying multiple identities,” he said. “I do not want to separate these parts of who I am. They are part of my story and also help explain why I chose to enter politics.”

Former Congressman Jean de Wyllys, who is the first openly gay man elected to the Brazilian Congress, resigned in 2019 and fled the country after he received death threats that he claimed came from supporters of then-President Jair Bolsonaro. De Wyllys at the time of his resignation represented Rio de Janeiro state and had just been elected for a third term.

De Wyllys has returned to Brazil and is running to represent São Paulo state in the Chamber of Deputies as a member of the Workers’ Party.

“My decision to return to present myself as a candidate is linked to the public responsibility with respect to this year’s elections, the most important for the future of Latin America in the last two decades,” he told the Blade. “Everyone knows that not just our region, but the whole world is a stage for a clash between two projects: one led by Donald Trump and his far-right (supporters) internationally that is neofascist, neocolonial, and neofeudalistic, and the other spearheaded by China that advocates for multipolarity, nations’ sovereignty, and global cooperation to overcome challenges, such as the climate crisis and possible pandemics.”  

“As someone who enjoys national popularity and international connections, and having served two highly productive terms regarding human rights and cultural diversity, I could not ignore the electorate’s calls to participate in this global contest — and not merely as an intellectual and artist,” added de Wyllys.

Mônica Benício is a Rio de Janeiro Municipal Councilwoman who is running for the Brazilian Senate as a PSOL member.

Her widow, Rio de Janeiro Municipal Councilwoman Marielle Franco, and her driver, Anderson Gomes, were murdered on March 14, 2018. One of the two former police officers later convicted lived in the same condominium complex in the city’s exclusive Barra da Tijuca neighborhood in which Bolsonaro lived at the time. (Bolsonaro was not president when the murders took place, and strongly denied media reports that suggested one of the suspects visited his home before Franco and Gomes were killed.)

Franco was also friends with De Wyllys and a political ally.

“After Marielle’s assassination, the LGBTQIAPN+ (lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual/travesti/, queer, intersex, asexual, pansexual, nonbinary) community was one of the networks that embraced me and gave me the strength to carry on,” Benício told the Blade on Tuesday. “My Senate candidacy stems from this very commitment: to transform that affection and collective strength into a voice, protection, and rights within Congress.”

Benício stressed the LGBTQ+ and intersex community “needs to occupy more decision-making spaces.”

“I want to reach the Senate so that our rights, families, and lives are represented where laws are made,” she said.

Lula is running for a second consecutive term.

He defeated Bolsonaro in the second round of the 2022 presidential election.

The Brazilian Supreme Court last year sentenced Bolsonaro — who repeatedly targeted LGBTQ+ Brazilians and other groups while in office — to more than 27 years in prison for his role in an attempted coup that saw thousands of his supporters storm the Congress, presidential palace, and the Supreme Court itself on Jan. 8, 2023. Bolsonaro is currently serving his sentence at his home in Brasília, the country’s capital, because of his poor health.

Lula main challenger in this year’s presidential election is Bolsonaro’s son, Sen. Flávio Bolsonaro.

A second round will take place on Oct. 25 if no candidate receives at least 50 percent of the vote.

Colombia last week withdrew from a coalition of more than 40 countries that pledges to champion LGBTQ+ and intersex rights.

The Bogotá Post, an English-language news website in the Colombian capital, reported the country officially withdrew from the Equal Rights Coalition on Sept. 17.

The Equal Rights Coalition formed in 2016.

The group’s current members are Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro, Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Ukraine, the U.K., and Uruguay. Civil society organizations from Colombia and dozens of other countries, including the U.S., work with the Equal Rights Coalition.

Colombia had co-chaired the group alongside Spain.

The decision to withdraw from the Equal Rights Coalition took place less than two months after far-right Colombian President Abelardo de la Espriella took office.

El Páis, a Spanish newspaper, reported Colombian Vice Minister for Consular and Migration Affairs Pedro Agustín Roa said the Equal Rights Coalition “is not a priority” for his government and the country’s participation in it was “something from a previous government.”

Caribe Afirmativo is a Colombian LGBTQ+ advocacy group that works with the Equal Rights Coalition. Wilson Castañeda, its director, criticized his country’s withdrawal from it.

Edición Cientonce es el socio mediático del Los Angeles Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de septiembre.

La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.

Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia. 

La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.

Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.

El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.

Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.

Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.

Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.

Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.

El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.

De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.

Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.

De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros. 

“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.

Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.

Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.

El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.

La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión. 

En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos. 

La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima. 

“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.

Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.

Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ+ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.

En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ+ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.

Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.

El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ+ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.

“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.

Dutch Prime Minister Rob Jetten on Monday visited the Stonewall Inn in New York.

“The Stonewall Inn is not just a gay bar in New York, but the place where in 1969 riots took place as a reaction to years of discrimination and police violence,” wrote Jetten on X. “This is seen as the starting point of the global LGBTIQ+ emancipation and activism. Nowadays, the bar is a national monument, dedicated to the LGBTIQ+ rights movement.”

“For me, it is impressive and moving to be here tonight. And also fitting, because the defense of human rights is an important part of our foreign policy,” he added. “The Netherlands stands alongside the Stonewall Inn community when it comes to everyone’s right to live openly, safely, and with pride, no matter who you are or who you love.”

De Stonewall Inn is niet zomaar een gay bar in New York, maar de plaats waar in 1969 rellen plaatsvonden als reactie op jarenlange discriminatie en geweld van de politie. Dit wordt gezien als startpunt van de wereldwijde lhbtiq+-emancipatie en activisme. Tegenwoordig is de bar… pic.twitter.com/hJmFYjF91Z

— Rob Jetten (@MinPres) September 23, 2026

Jetten in February became the Netherlands’s first openly gay prime minister.

He opened last month’s World Pride Human Rights Conference in Amsterdam. Jetten also participated in a panel with former Irish Prime Minister Leo Varadkar, former San Marino Captain Regent Paolo Rondelli, and other current and former heads of government who are gay or lesbian.

Jetten is scheduled to speak to the U.N. General Assembly on Thursday.

(Editor’s note: Jetten visited New York’s LGBT Community Center with New York City Mayor Zohran Mamdani before he left the city.)