En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ+ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

• 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),

• 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),

• 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con el Los Angeles Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ+ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ+.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ+ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.

SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.

Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes. 

“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.

A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.

A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.

Visibilidad como resistencia

La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ+. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.

Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.

La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.

Arte, fe y rebeldía

Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote. 

“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.

Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual. 

“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.

La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ+ en El Salvador.

Una lucha que persiste

Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos. 

“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.

Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”

El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.

“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”

Rumbo al futuro

Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.

Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.

La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.

El 17 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, recordando la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Sin embargo, esta fecha también se ha convertido en un espacio de denuncia ante la violencia estructural e institucional que sigue afectando a la población LGBTQ+ en muchos países, incluido El Salvador.

Este año, la marcha conmemorativa del 17 de mayo en San Salvador fue más reducida que en ocasiones anteriores. Decenas de personas se reunieron para alzar su voz a pesar del temor creciente entre quienes integran la diversidad sexual y de género. 

Las amenazas no son nuevas, pero sí más frecuentes en el contexto actual. 

Activistas, colectivas y organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nayib Bukele ha profundizado un discurso y una práctica anti-derechos. Para muchas de estas personas, la visibilidad se ha vuelto sinónimo de riesgo.

Desde la Asociación ASPIDH, Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación, expresó que “a inicios de 2025, el presidente Nayib Bukele y su gobierno oficializaron una postura anti-derechos, profundizando las amenazas estructurales contra los derechos humanos en El Salvador”. Alegan que esto ha generado retrocesos concretos para la comunidad LGBTQ+.

Mónica Hernández, directora ejecutiva de ASPIDH, ha sido enfática en sus declaraciones. 

“Se está silenciando a las organizaciones defensoras de derechos humanos a través de amenazas o restricciones legales”, afirmó. Y exigió al gobierno restituir los mecanismos que protegían a la población diversa.

Una de las luchas históricas aún sin respuesta es la aprobación de una ley de identidad de género. Actualmente, las personas trans no pueden modificar su nombre y género en sus documentos legales, lo que las expone a tratos humillantes en hospitales, centros educativos, juzgados y otras instituciones públicas.

La falta de una legislación que apoye a las personas trans sobre su identidad de género sigue siendo una afectación, por lo que sufren discriminación institucionalizada, en hospitales, centros educativos, juzgados, entre otros, donde suelen enfrentar trato discriminatorio o negación de servicios por no coincidir su identidad de género con sus documentos legales, mencionó una vocera de la Mesa por Una Ley de Identidad.

En la marcha de este año, las calles no se llenaron como en otras ocasiones. El miedo a la criminalización fue evidente. 

“Los agentes del CAM me dijeron que con este régimen me podían acusar de ser pandillera solo por ser trans y andar tatuada”, declaró una participante, temblorosa, al Los Angeles Blade.

A pesar del temor, hubo presencia. Algunas organizaciones de base y colectivos de clase trabajadora mostraron su solidaridad. Entre ellas, el Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos de la Clase Trabajadora, quienes acompañan el caso de Carolina Escobar, una mujer trans despedida injustamente del ISDEMU.

Escobar también estuvo en la marcha. 

“Hay que permanecer unidas las minorías, yo estoy acá a pesar de que he sufrido persecución por parte de la Policía Nacional Civil, por dar seguimiento a los casos de despidos injustificados del ISDEMU”, comentó.

La analista política y activista Bessy Ríos de la organización De La Mano Contigo no se mostró optimista con el panorama. 

“Hay que prepararse para el peor de los escenarios y crear redes de apoyo entre nosotros”, recalcó durante la jornada conmemorativa.

La colectiva feminista también acompañó la marcha y compartió con otros colectivos mensajes de unidad. 

“En tiempos difíciles, es cuando debemos unirnos más”, dijo una joven activista con una pañoleta verde en su rostro.

La represión no solo se percibe en las calles. Desde hace meses, muchas organizaciones LGBTQ+ han denunciado bloqueos al financiamiento internacional que sostenía proyectos de apoyo, atención psicológica y asesoría legal. Sin esos fondos, la lucha se vuelve más cuesta arriba.

Además, la anunciada Ley de Agentes Extranjeros —todavía en discusión— amenaza con imponer un impuesto del 30 por ciento a las donaciones provenientes del extranjero. Esto pondría en jaque a decenas de ONG que trabajan directamente con poblaciones vulnerables, incluida la diversidad sexual.

La consigna en esta fecha ha sido clara: la lucha no se detiene. Incluso con menos recursos y bajo amenazas, quienes se organizaron para conmemorar el 17 de mayo lo hicieron con la firme convicción de que los derechos humanos no se negocian.

Desde las pancartas hasta las intervenciones públicas, el mensaje fue contundente: el Estado salvadoreño debe cesar toda forma de discriminación hacia las personas LGBTQ+ y garantizar políticas inclusivas que aseguren su acceso a la salud, la educación, la justicia y el empleo.

En cada paso, se entretejía el recuerdo de quienes ya no están, y el deseo ferviente de un futuro distinto. 

“Marchamos por quienes no pudieron llegar hoy, por quienes tienen miedo, por quienes ya no están. Seguiremos exigiendo respeto y dignidad”, expresó una activista.