OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

CARTAGENA, Colombia — La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO | GUAYAQUIL, Ecuador — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

BOGOTÁ, Colombia — El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ+, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ+.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

SAN SALVADOR, El Salvador — En el transcurso del año 2024, países de América Latina han tomado medidas significativas para abordar la cuestión de la “ideología de género”, un término que ha generado controversia y debate en diversos sectores de la sociedad a nivel global.

“La ‘ideología de género’ es un instrumento político que utiliza generalmente los grupos conservadores asociados a las derechas políticas a nivel internacional, para hablar que los temas referentes a diversidad sexual, género y educación integral en sexualidad”, comenta al Washington Blade Gonzalo Montano, vocero del Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador.

A finales de febrero del presente, el gobierno de Argentina dio aviso que, en toda la administración pública, quedaba prohibido la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, esto con el argumento de que “se ha utilizado como negocio de la política”. El ministro de Defensa, Luis Petri, incluso declaró “la obligatoriedad del idioma castellano, conforme a las normas de la Real Academia Española”, esto según él para “eliminar formas incorrectas del lenguaje”.

En El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha abordado la cuestión de la “ideología de género”, centrándose primero en prohibir temáticas que considera de este tipo en las escuelas, por esto en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos mencionó que es “importante que el currículo no lleve esta ideología de género y todas estas cosas”, además que “los padres deben estar informados y tener voz y voto en lo que van a aprender sus hijos”.

Por ello el 28 de febrero José Mauricio Pineda, ministro de educación de El Salvador, envió un memorando para directores nacionales, de staff y departamentales de educación en donde les recordaba que desde 2022 se retiró todo material que pudiera relacionarse con la “ideología de género”. También agrega que debe cumplirse dicha orden “a fin de evitar medidas sancionatorias que puedan derivar en cese de funciones”.

El Ministerio de Educación en octubre del 2022 mandó a retiró todo material relacionado con educación sexual integral y prevención de violencia de género, esto después que grupos conservadores protestaran en redes sociales, ya que en las clases televisivas de Canal 10, canal del gobierno, se habló sobre el significado de “orientación sexual” a estudiantes de octavo grado. 

Erick Iván Ortiz, el gerente regional para el Global Equality Caucus, asegura al Blade que “tenemos casos, por ejemplo de chicas trans que están en su bachilleratos, el director de la escuela les ha dicho que tienen que cortarse el pelo porque no pueden llegar a clases así, porque el presidente ha dicho no quiere ideología de género en las escuelas”

El mismo 28 de febrero de acuerdo con personal del Ministerio de Salud esta entidad ordenó se removiera todo material que se relacionara con diversidad sexual y cambió los formularios en donde se podía especificar la orientación sexual e identidad de género de pacientes en las unidades de salud y las clínicas de Vigilancia Centinela y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual.

En el pasado Bukele tuvo reuniones con grupos de mujeres en pro del aborto y con el movimiento LGBTQ+, esto cuando portaba la bandera izquierdista y ostentaba por la alcaldía de la capital. Las acciones de su nuevo discurso pueden responder a “una crisis de la democracia liberal, también en última instancia de una crisis económica que viene arrastrándose desde el 2008” aclara Ortiz. 

“Necesitamos en este momento un nivel de organización por un trabajo coordinado entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y particularmente las LGBTI para reconocer que el momento histórico en el que estamos es uno en el que los grupos reaccionarios y anti derechos nos estarán utilizando como chivos expiatorios por algún tiempo más, de cara a sus propios intereses políticos”, mantiene Ortiz. 

Ante esta situación las personas LGBTQ+ organizadas, junto a algunas organizaciones aliadas, conformaron el Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, el cual nace con el fin de unificar la luchas por la visibilidad de la problemática en el país contra la diversidad sexual, la cual mencionaron en un comunicado no cambiará los problemas en educación, salud, economía, medio ambiente y otros que puede tener el país. 

“Ningún ataque contra la diversidad sexual va a borar, y mucho menos solucionar estos problemas”, agregan en el comunicado. 

Aseguran en el mismo comunicado que entre los graves problemas sociales que enfrenta el país es el acoso por parte de Cuerpos de Agentes Metropolitanos a vendedoras ambulantes del Centro Histórico de San Salvador, de donde son excluidas de manera violenta, tal como se les excluye del sistema de salud y el currículo educativo. 

“Las medidas recientes no van a anular nuestra existencia, pero si legitiman estigmas y odio en nuestra contra”, agregan. 

“Ya veníamos viendo de alguna manera ciertos matices que nos estaban generando alerta desde el año 2019”, comenta Karla Guevara, vocera del Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, esto debido al cierre de la Secretaria de Inclusión Social, con ella la invisibilización y posterior desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, además de desechar el Decreto Ejecutivo 56 que prohibía cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género en todo oficina gubernamental. 

También se tenían mesas de trabajo en ministerios como el de trabajo y justicia, además de la fiscalía y otras entidades, pero desde la llevada del gobierno de Bukele, todo este trabajo que se había logrado quedó anulado. 

Ante un escenario desalentador

El pasado 7 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, lanzó el primer Instituto de Investigación de Violencia Basada en Género del país; el cual, de acuerdo con su publicación en redes sociales, será un espacio para generar información sobre agresiones contra las mujeres y población LGBTQ+.

Han creado un repositorio en el que se encuentran investigaciones previas sobre la temática, realizada por el IVG, también realizaran actividades de formación dirigidas a instituciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y población universataria, para fortalecer conocimientos respecto a la temática. 

El embajador para Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, mencionó durante el lanzamiento que para el gobierno norteamericano es una prioridad este tipo de trabajo, no solo porque todo ciudadano tenga derecho a las mismas oportunidades sino porque el futuro del país depende de alcanzar una verdadera equidad de género. 

“Si El Salvador quiere alcanzar sus metas de prosperidad y dearrollo económico, no puede tener a la mitad de su población viviendo en desventaja y miedo”, declaró en conferencia. 

Como referente en Latinoamérica, Ortiz comenta que “como Global Equality Caucus continuaremos trabajando en el fortalecimiento de nuestra red de trabajo en América Latina, desarrollando aprendizajes de aquellas experiencias que nos permitan maximizar los impactos y poder articular de mejor manera nuestras iniciativas”. 

Las organizaciones LGBTQ+ por su parte continúan trabajando desde una manera aún mas contralora de la situación actual, proporcionando los servicios que ya se brindan desde sus espacios a la población LGBTQ+ usuaria, además de seguir con talleres de formación y empoderamiento de en derechos humanos. 

“Las organizaciones estamos abiertas al diálogo, pero si estos espacios no se dan o se cierran, nos queda tomar otras acciones, como salir a marchar, obviamente exigir los derechos humanos que prácticamente se nos están violentando”, enfatiza Guevara.

SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.

Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ+ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así. 

“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh. 

Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales. 

No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios. 

Mucha ausencia de personas LGBTQ+ en las votaciones 

Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ+ salvadoreña.

En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable. 

Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado. 

Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ+ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores. 

“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.

Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ+, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional. 

“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”

“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS. 

Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ+ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo. 

Resultados en elecciones presidenciales

El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.

“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.

Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.

“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final. 

Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ+.

Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. 

Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos. 

“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa. 

Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.

“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.” 

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Se publicó esta nota en su sitio web el 4 de febrero.

Publicado originalmente en Escándala.

CIUDAD DE MÉXICO — La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

#CIDH insta a los Estados a prevenir asesinatos y todo tipo de violencia en contra de las personas trans y de género diverso.#LGBTI #DerechosHumanos 👉🏾 https://t.co/KpUSGnbInO pic.twitter.com/TKWgcqNULI

— CIDH – IACHR (@CIDH) January 25, 2024

El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.

El caso México

En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.

Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ+, en especial hacia las mujeres trans.

En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas. 

En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. 

En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans. 

En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. 

En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago. 

En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ+ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.

El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. 

Para prevenir la violencia contra mujeres trans privadas de libertad, se deben adoptar políticas que les aseguren un trato digno. #25NCIDH

Lee el informe #MujeresPrivadasDeLibertad

👉 https://t.co/uv4UTpzRdc pic.twitter.com/dvWjfhAk1a

— CIDH – IACHR (@CIDH) December 27, 2023

Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia. 

SAN SALVADOR, El Salvador —  En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ+ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.

En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.

Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.

La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ+

En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ+ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ+ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.

“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente. 

El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ+, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.

La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ+ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.

Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ+ y que esto se refleje en sus plataformas. 

“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”. 

La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.

“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara. 

Observación y participación

Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.

A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios. 

“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.

Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara. 

En medio de la incertidumbre

A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas. 

“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara. 

En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ+ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento 

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el 15 de enero.

CIUDAD DE MÉXICO — Gaby Ortiz, reconocida estilista trans en Hidalgo, una mujer trans no identificada en Tlaquepaque, Jalisco, Vanesa, mujer trans en Coatzacoalcos, Miriam Ríos activista y comisionada trans del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán y Samantha Fonseca, activista trans y defensora de derechos humanos en CDMX, han sido asesinadas en los primeros 15 días del año.

Personas pertenecientes a colectivos LGBTTTIQ+ protestaron afuera del Palacio Nacional en contra del repunte de violencia contra las personas trans y los crímenes de odio.

Victoria Sámano, activista trans denunció los discursos trans odiantes de dirigentes, funcionarios y representantes públicos e hizo un llamado al presidente.

“Exigirle en su calidad de representante de este país, que se posicione contra la violencia que actualmente vivimos las personas trans”.

– Victoria Sámano, activista trans y fundadora de LLECA – Escuchando la calle

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no.

“No solamente estamos manifestándonos por estas muertes, también exigimos que se apruebe con calidad de urgencia la Ley Integral Trans la cual busca incidir en la educación, vivienda, salud y trabajo para las personas trans. Exigimos que se destraben todas estas iniciativas de ley que favorecen a las personas de la diversidad sexual. Y que Morena a pesar de que esa mayoría en Cámara de Diputados y en el Senado hasta ahora se han callado, no han hecho nada, no tienen un posicionamiento claro contra las violencias hacia las personas LGBTTTIQ+… a pesar de que todo el sexenio se han jactado de ser un partido de izquierda y progresista y que está con las poblaciones vulnerables”.

– Victoria Sámano, activista trans y fundadora de LLECA – Escuchando la calle

Esta ola de transfeminicidios suceden en un contexto de escalada de violencia y agresiones contra personas LGBTTTIQ+, incluso hacia figuras públicas y activistas como Nicté Chávez o Paola Suárez y la proliferación de discursos de odio contra las mujeres trans y personas LGBTTTIQ+ de parte de funcionarios públicos. Según datos de Letra Ese, en 2023 hubieron 58 asesinatos de personas LGBTTTIQ+, 35 fueron de mujeres trans.

SAN SALVADOR, El Salvador — En una histórica presentación y celebrando sus 10 años de fundación, Generación HT El Salvador, una organización de hombres trans salvadoreños, comprometidos con la defensa de los derechos humanos de la población LGBTQ+ en El Salvador, presentó el 13 de enero los resultados de su investigación “Estudio de condiciones de vida de los hombres trans en El Salvador”. 

Esta organización se ha caracterizado desde su fundación en generar espacio de sana competencia entre la población LGBTQ+ con torneos deportivos en el mes de junio desde 2014. Además de formar parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y la Federación Salvadoreña LGBTIQ, también han acercado jornadas médicas a su población, empoderando a sus pares y sensibilizando a familiares y diversas instituciones, hace dos años abrieron el primer gimnasio inclusivo en sus instalaciones y ahora en su décimo aniversario presentan los resultados de la primera investigación enfocada en hombres trans de El Salvador. 

Su obetivo principal con dicha investigación, era conocer las condiciones de vida de los hombres trans salvadoreños a través de diferentes áreas, como la zona geográfica, situación familiar, formación académica, condiciones laborales, atención sanitaria, autocuido, discriminación, necesidades, entre otras.

Esta misma tuvo una muestra de 55 hombres trans, mismos que forman parte de una base de datos de 200, pero fueron los únicos que respondieron al instrumento de la investigación que se realizó a finales del año 2023. De esta muestra el 85 por ciento pertenece al área metropolitana y el resto en otros departamentos del área occidental y oriental del país. Cabe mencionar que la edad promedio de la muestra fue de 18 a 35 años, únicamente el dos por ciento eran mayores de ese rango. 

Los datos revelan una realidad de la que poco se habla de este sector de la población LGBTQ+, destacando los desafíos enfrentados tanto en la recolección de datos, como los arrojados por la muestra en sus realidades. 

Es importante destacar que un 55 por ciento expresó ser solteros, pero de estos un 73 por ciento tienen a una persona o más que depende económicamente de ellos, dejando en claro que la responsabilidad económica y de cuido de una u otra manera siempre tiende a recaer en la persona de la población LGBTQ+ de una familia. 

Por esto mismo también seis de cada 10 aún viven con su familia, por el tema de la dificultad de obtener recursos para poder independizarse y las responsabilidades económicas que recaen en ellos. 

“De los hombres trans entrevistados, cinco de cada 10 tiene un empleo formal, en su mayoría expresaron que al buscar empleo se les dificultaba por su identidad de género”, expresó Boris Iraheta, consultor para la investigación. 

Otro de los aspectos importantes revelados en la investigación es el desconocimiento de los protocolos en atención a población LGBTQ+ que existen gracias al Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador y la falta de implementación de estos, pero en su mayoría los entrevistados han sentido más discriminación por parte de otros pacientes que se encuentran en los centros de salud. 

La discriminación sigue siendo un factor latente y de preocupación, pues cuatro de cada 10 hombres trans entrevistados, son respetados con su identidad de género en su entorno. 

Aunque expresen cómo se deben referir a ellos, son pocas las personas que lo cumplen. Lo que lleva al dato que cinco de cada 10 hombres trans han sido violentados en las calles, ya sea en auto buses o al caminar en vía pública, entre esto también se suma el maltrato emocional tanto en redes sociales como en círculos de “confianza”, llegando a que 85 por ciento de los entrevistados han recibido violencia y discriminación, pero no han denunciado. 

Descubriendo así un importante punto en el que HT debe enfocarse para trabajar con sus bases. 

En cuanto al tema académico nueve de cada 10 han realizado estudios, pero no los han terminado, tanto por la falta de recursos económicos, la discriminación en los centros educativos, por ello la mayoría solo han terminado su bachillerato. 

Esto mismo les ha llevado a tener cuadros de depresión, por lo que es importante fortalecer los programas de acompañamiento psicológico dentre de la organización y seguir el trabajo en creación de políticas que hagan respetar los derechos de este sector de la población. 

“El compromiso también es llenar estos vacíos que hemos logrado identificar”, Joshua Navas, director de HT El Salvador. 

Generación HT no solo pone de manifiesto los problemas, sino que también destacan las fortaleza y la resiliencia de la comunidad trans masculina en El Salvador. La investigación sirve como un llamado de atención para la sociedad y las autoridades, instándolos a adoptar medidas que fomenten la inclusión y el respeto hacia esta comunidad. 

De igual manera, para la organización hay un llamado claro, “nos queda trabajar la descentralización del trabajo de HT en El Salvador, ese el reto para este año y lograr el empoderamiento e interés sobre sus derechos, de nuestra población”, mencionó Villy Rivera, fundador y dirigente de HT El Salvador. 

La presentación de estos resultados marca un hito crucial en la lucha por los derechos de la población LGBTQ+ en El Salvador, alzando la voz de los hombres trans y abriendo un diálogo esencial sobre la necesidad de un cambio positivo y duradero para este sector de la población. 

POR ESTEBAN RIOSECO | SANTIAGO, Chile — La propuesta de una nueva constitución en Chile ha generado inquietud y descontento entre los activistas LGBTQ+ del país, quienes la califican como insuficiente y preocupante para los derechos de la diversidad sexual y de género.

La Fundación Iguales, una de las organizaciones más prominentes en la defensa de los derechos LGBTQ+, ha llamado a votar en contra de la propuesta constitucional en el próximo plebiscito programado para el 17 de diciembre.

Chile se encuentra en su segundo intento en menos de tres años para cambiar su constitución, una de las demandas más exigida en el estallido social de octubre de 2019. El 4 de septiembre de 2022 los chilenos rechazaron la propuesta de la Convención Constitucional, dando inició en 2023 a un proceso en el que la ultraderecha consiguió la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional, órgano que redacto el texto que deberá ser votado obligatoriamente en diciembre. 

Maria José Cumplido, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, explicó las razones detrás de la postura de su organización.

“Nuestra posición como fundación es votar en contra de esta propuesta por la objeción de conciencia sin límites, la falta de un principio robusto de no discriminación, una errada concepción del interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), y la debilidad en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes”, afirmó.

La omisión del principio de no discriminación en el proyecto constitucional es una de las principales preocupaciones de la Fundación Iguales. Cumplido advierte que esto podría ser un riesgo, además se consolidaría un Estado que no se centre en implementar políticas públicas para prevenir la discriminación. Esto podría traducirse en una falta de capacitación a funcionarios, educación sexual insuficiente y obstáculos para acceder a la justicia, entre otras consecuencias.

Paloma Zúñiga, un ex consejera constitucional de Revolución Democrática (RD) que participó en el proceso de redacción constitucional y aliada LGBTQ+, explicó al Washington Blade que en temas queer hay tres problemas graves en el texto constitucional. 

“Primero, una objeción de conciencia demasiado amplia podría permitir la discriminación por motivos religiosos en educación, centros de salud, comercio, entre otras. Por ejemplo, un restaurante podría expulsar a una pareja de lesbianas por besarse, un hospital negarse a atender a una persona trans o no permitir el ingreso de estudiantes LGBTQ en las aulas de clases”, dijo. 

Zuñiga agregó que “en segundo lugar, la ausencia de un principio de no discriminación lo suficientemente robusto como para obligar al Estado a prevenir la discriminación considerando que la violencia contra las personas queer ha aumentado. Y por último, la preocupación por la debilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en cuanto a su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, que podría afectar directamente a las niñeces trans”. 

En la misma línea, Cumplido coincide con Zúñiga respecto a los problemas que podría traer la constitucionalización de la objeción de conciencia. La activista destacó ejemplos internacionales, como el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores en Estados Unidos, donde la objeción de conciencia se utilizó para reabrir debates sobre derechos ya resueltos democráticamente. En el contexto chileno, esto podría replicarse en diversas situaciones, especialmente dada la amplitud la enmienda.

Zúñiga, que pertenece a un partido político que respalda al presidente Gabriel Boric, dijo “debemos votar en contra porque es un gran riesgo y retroceso para las personas LGBTQ y los derechos conquistados en los últimos años”.

“Como sector de izquierda hicimos todo lo posible por eliminar las enmiendas que perjudicaban a LGBTQ+, e incluso mejorar su calidad de vida a través de una nueva Constitución, pero el Partido Republicano con su mayoría bloqueo todos nuestros intentos”, explicó. 

Acciones de la Fundación Iguales y próximas etapas

Ante estos desafíos, la Fundación Iguales ha emprendido acciones para concientizar a la sociedad chilena. Han compartido un documento detallado con argumentos técnicos y jurídicos y están difundiendo material a través de redes sociales para explicar las posibles consecuencias de aprobar la constitución.

Independientemente del resultado del plebiscito, la Fundación Iguales tiene planes para continuar su defensa de los derechos de la diversidad sexual en Chile. Enfocarán esfuerzos en la reforma a la ley antidiscriminación y la ley José Matías para proteger a los niños y niñas trans del bullying escolar. Además, seguirán con su trabajo de capacitaciones y acciones territoriales a lo largo del país, con el objetivo de transformar a Chile en un lugar seguro para las personas LGBTQ+.