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Marcha del orgullo LGBTQ+ en El Salvador crece cada año

22.000 personas participaron en el evento del 25 de junio

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(Foto cortesía de Karla Guevara)

SAN SALVADOR, El Salvador — “No es posible que nuestra misma población LGBT que está en el poder nos excluya de nuestros derechos, nuestro reclamo es porque las poblaciones trans tienen que ser reconocidas por sus identidades”.

Fueron las palabras que Joaquín Cáceres de Asociación Entre Amigos en la apertura de la marcha del orgullo LGBTQ+ en El Salvador, que esta ocasión tuvo por lema: “Sin demora, Ley de Identidad ahora”, el cual se dio a conocer días atrás por las redes sociales de la Federación Salvadoreña LGBTI de El Salvador. 

El 25 de junio se realizó esta marcha, que partió desde las afueras de la Universidad de El Salvador (UES) hasta la Plaza Salvador del Mundo en Colonia Escalón de la capital, en dónde arrancaría el Pride Fest, organizado por El Salvador G.

Aproximadamente 22.000 personas LGBTQ+, familiares y amigos, se hicieron presente este año a las calles capitalinas para visibilizar a esta población históricamente excluida y en diferentes expresiones exigir el respeto de los derechos de esta comunidad, en su mayoría hacían énfasis a que la Asamblea Legislativa debe legislar con premura en razón de una ley de identidad de género para el reconocimiento de las poblaciones trans.

Para Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, fue grato ver mucha más gente que se suma a la marcha, principalmente por todo lo que se está viviendo “un contexto antidemocrático, retrasos en el tema de derechos humanos LGBT, donde los tomadores de decisión (principalmente los diputados) no quieren tocar temas como la ley de identidad de género y la ley de no discriminación”, expresó al Washington Blade. 

Además, Guevara hizo mención a la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, presentada el 7 de junio por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, la cual fue aprobada el pasado 22 de junio con 76 votos por la Asamblea Legislativa. 

“En esa ley se obvió cualquier tema que tuviera que ver con la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes”, de acuerdo con Guevara esto recluye a la niñez y adolescencia LGBTQ+, pues no respetan su identidad, “veremos nuevamente en los centros educativos el bullying contra las personas trans y a todos aquellos con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual”, agrega. 

Por otra parte, el diputado por el partido político Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, se hizo presente a la marcha con una pequeña pancarta que rezaba: “ley de identidad de género, necesitamos 43 votos, tenemos un voto”, haciendo alusión que se cuenta con el suyo. Su presencia en la marcha se hizo notar entre los asistentes que no dudaron en acercarse a él, mostrarle solidaridad y tomarse una selfie. 

Paso a paso el evento fue un disfrute de cada una de las personas presentes; entre bailes con cachiporristas, batucadas, carros alegóricos, cosplays y muchas expresiones diferentes más, las consignas no se quedaban atrás. Entre los mensajes que podían leerse en los carteles estaban: “Nuestro amor no te afecta, ¡tu odio si!”, “Darnos nuestros derechos no te quita los tuyos”, “El amor es una experiencia humana, no una declaración política” y frases celebres como “Un tirano puede hacer que cualquier cosa parezca la voluntad del pueblo”, la cual fue dicha por el personaje de la Princesa Leia de icónica saga de Star Wars.

“Toda aquella persona que no está de acuerdo con las políticas públicas de los actuales funcionarios, incluido el presidente de la república, es vapuleado en redes sociales”, menciona Guevara sobre el mensaje que quiso transmitir con su Cosplay, también agregó que un tirano siempre hace creer que todo lo que se hace es a favor del pueblo, aunque no sea así. 

Miembros de la comunidad LGBTQ+ que pertenecen a grupos de fe en los que se respeta y da la bienvenida a toda persona sin discriminación, se hicieron presentes a la marcha, así es el caso de Hugo Alas, miembro del Ministerio de Diversidad Sexual de la Iglesia Anglicana de El Salvador (IAES), quien asiste a la marcha acompañado de su madre. 

“El participar de la marcha es tener la oportunidad de enviar un mensaje a la sociedad salvadoreña que la justicia y el amor de Jesús no excluye a las personas de la diversidad sexual y que podemos ser abiertamente LGBTIQ+ y cristianos”, comentó al Blade, refiriéndose a la IAES como un espacio donde las orientaciones sexuales e identidades no están en conflicto con sus necesidades espirituales. 

Agregó también que la marcha es una oportunidad para reclamar derechos, celebrar la vida, las experiencias. 

“Pero me causa mucha impresión ver que año con año cada vez somos más los que nos unimos a este movimiento y a esta celebración y esta oportunidad de salir a las calles a decirle a la sociedad, aquí estamos, existimos y queremos que nuestros derechos se nos respeten, sobre todo una ley de identidad de género para las personas trans”, expresa Alas. 

En el recorrido se pudo observar mucha comunidad internacional acompañando, entre ellas de Canadá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, entre otros. 

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Patrick Ventrell, junto a una comitiva, estuvieron presentes en la marcha y al hablar con medios compartió “expresamos nuestra solidaridad con toda la comunidad, la importancia de los derechos LGTBI como un derecho más. Son derechos humanos emblemáticos, fundamentales. Como lo han dicho el presidente Biden, el secretario de estado Blinken, en todo el mundo hay gente que ha sufrido acoso, violencia, simplemente por quienes son”.

Cierres de calles para el Pride sin autorización

El 24 de junio, un día antes del evento, Nicolas Rodríguez, director del Portal El Salvador G, publicó en su cuanto de twitter, “Respetable presidente @nayibbukele el sábado correrá GRAN PELIGRO VIAL más de 20,000 personas, todo por un desacierto técnico del @VMTElSalvador. Mire esta contradicción: hay permiso para la marcha del Pride, hay permiso para el evento en El Salvador el mundo, MAS NO DE LOS CIERRES. 

Estas declaraciones se dieron debido a que el Viceministerio de Transporte (VMT), no autorizó los cierres de las calles alrededor de la Plaza de El Salvador del Mundo, para dar seguridad a las personas que participarían del festival de cierre de la marcha. 

Durante toda la marcha se lograron visibilizar una cierta cantidad de agentes de transito del VMT, dando acompañamiento al bloque de aproximadamente 20 voluntarios del staff de la marcha que, en bicicletas y motocicletas, se desplazaron a lo largo de las decenas de cuadras del recorrido, para lograr cerrar las calles con conos de transito proporcionados por un patrocinador del evento.

Sin duda una encomiable labor de un equipo muy organizado, que no iba a permitir se diera algún incidente por la mala disposición de las autoridades de transporte. 

“Señor presidente de la república, acá está la población LGBT y como puede ver no cabemos en El Salvador del Mundo. Así que por favor VMT sean lógicos y el próximo año cierren las calles como debe ser”, expresó Rodríguez desde el escenario cuando la marcha llegaba a la plaza meta. 

El Salvador del Mundo se mostraba abarrotado de personas y la marcha continuaba llegando, de acuerdo con fuentes del lugar todavía faltaban un recorrido de 12 cuadras para que esta llegara a su fin. 

Antes de bajar del escenario el director de El Salvador G, hizo el recordatorio a la concurrencia que el país aún se encuentra en estado de excepción, por lo que aconsejó que “vayan con seguridad cuando regresen a sus casas, avisen a sus amigos y amigas dónde están y con quién está”.

La discriminación y la violencia contra la población LGBTQ+ siempre está latente en El Salvador, y viviendo en un estado de excepción, no está demás aconsejar a la comunidad que tengan las medidas necesarias para proteger su integridad. El exigir respeto, cumplimiento de derechos y la inclusión de leyes que apoyen a no vulnerar estos mismos, seguirán siendo las consignas de lucha del movimiento LGBTQ+ salvadoreño, hasta que el gobierno no se decida a tomar cartas en el asunto y dar un paso a una sociedad más equitativa y civilizada.   

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Indocumentadas: la realidad de las personas trans en Honduras (parte I)

La CIDH dijo el Estado es responsible por la muerte de Vicky Hernández

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Angie en las calles de su aldea natal (Foto cortesia de Dunia Orellana)

Esta es la primera parte de un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — En la aldea de Tacamiche, que se desligó de la transnacional bananera Tela Railroad Company a finales de los años 90, vive Angie Orellana, mujer trans, activista y lideresa comunitaria que pese a las múltiples limitantes en el área rural se mantiene firme en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras.

De actitud afable, mirada expresiva y suave sonrisa, Angie nos recibe en su casa en esta aldea situada en San Manuel, a 22 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, para ilustrar la realidad que viven muchas personas trans en el país. 

En una hamaca, debajo de un barracón rodeado del verde de las plantas, la originaria de  la ciudad de La Lima narra que su espíritu aguerrido nació cuando apenas tenía 13 años en la lucha campesina de la que sus padres fueron parte para desligarse de la transnacional. 

“De ahí nace la lucha a la que me dedico ahora para el cumplimiento de nuestros derechos. De ahí parte lo que soy como mujer trans, como luchadora, porque soy una persona que me mantengo luchando por nuestros derechos”, expresa.

En su juventud, Angie incursionó en las luchas estudiantiles y, con el paso de los años, gracias a su hermana, quien también es mujer trans, llegó a las puertas de la Asociación Feminista Trans (AFET), donde aprendió más acerca de la diversidad de género y poco a poco se fue involucrando en las actividades para defender los derechos de la población trans en Honduras.

Incertidumbre

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que hizo responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe del 28 de junio de 2009 marcó un precedente histórico para la población trans y comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Hubo un velo de esperanza para una comunidad que durante años ha sido víctima de odio, discriminación y violaciones de derechos humanos que les han despojado de su plenitud como personas.

Vicky Hernández (Foto cortesia de Cattrachas)

Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre continúa para las personas trans, aunque se han dado avances en algunos procesos. El Estado de Honduras realizó el 9 de mayo de 2022 el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó al Estado luego de la sentencia.

Al respecto, Angie expresa que luego del acto de reconocimiento de responsabilidad, la poca visibilidad que la presidenta Xiomara Castro da a las personas trans en los espacios públicos es preocupante. “Nosotras le apostábamos a que en todo momento, en todo espacio, la presidenta iba a estar representándonos y no ha sido así”, comenta.

Las personas trans todavía continúan en espera de una respuesta que les deje saber cuál será el siguiente paso que les permita acercarse al goce integral de sus derechos. “Hemos tocado varias puertas, así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso”, puntualiza la activista. 

Con 40 años de edad, Angie dice ser “una persona indocumentada en su propio país”. De igual manera, remarca la carencia de una ley de identidad de género que beneficie a las personas trans, no para solucionarles la vida por completo, sino para erradicar las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente.

Falsas esperanzas

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se realizó el censo nacional de la población con la intención de actualizar la tarjeta de identidad, anteriormente llamada cédula, a un nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Para el DNI, las personas trans pudieron tomarse la fotografía vistiendo acorde a su expresión de género. El nuevo documento incluye los apartados de nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de expiración y firma del ciudadano, dejando el apartado de sexo/género.

Sin embargo, en la parte posterior del documento se observan los diferentes códigos de barra, QR, domicilio y un código alfanumérico que contiene un identificador de F o M (femenino o masculino), el  cual, de acuerdo con dirigentes de las asociaciones LGBTIQ+, evidencia la forma en que el pasado gabinete manipulaba la información para hacer parecer que se avanzaba en la materia cuando no era así.

Fotografia de la DNI mostrando códigos f y M

Esta relevante pieza de información que muestra cómo los procesos se camuflan para impedir el goce de derechos humanos integrales no aparece en las fotografías de la campaña informativa que publicaron entes del Gobierno al momento del censo.

Fotos de la campaña del DNI-2 promovida.

La lideresa trans y defensora de AFET, Allyson Hernández, comenta que esta ha sido “una estrategia muy sucia”. “Hay muchas compañeras que se alegran porque está el cambio de la imagen, pero nosotras que estamos dentro y al frente de la lucha y el movimiento entendemos que ha sido algo maquillado, donde siempre se nos marca que somos sexo masculino”, señala.

Según Hernández, esto conlleva a que otras personas se confundan, dado que la imagen de expresión de género no es la misma que indican los documentos de investigación, propagando aún más el odio y el estigma.

¿Hay avances?

Dentro de la sentencia de la Corte IDH, la octava medida reparatoria que el Estado debe cumplir es “adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida”.

En septiembre del presente año debía haberse dado una reunión para iniciar el proceso de cambio de nombre, pero el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución que se encargará del proceso de cambio de nombre en el DNI, no ha definido hasta el momento la metodología ni fechas para iniciar con el cumplimiento de dicha medida.

Al ser consultados, el RNP aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que lidera el cumplimiento de la sentencia, apoyándose en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras organizaciones de sociedad civil defensoras de las personas de la diversidad. Asimismo, argumentó que “solo están a la espera de la suscripción del memorándum de entendimiento para el cumplimiento de la sentencia, con el acompañamiento de todas las instituciones involucradas a nivel nacional que garanticen su cumplimiento”.

Angie reconoce que las personas trans tienen que vivir situaciones de discriminación en cada espacio. Las actividades cotidianas más simples como ir al banco o recibir atención médica se vuelven engorrosas al no contar con los documentos que reflejen su expresión de género. 

Cabe resaltar que en Honduras actualmente existen solamente tres motivos por los cuales una persona puede cambiar su nombre, basados en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: 1) por error del registro al momento de su inscripción, 2) cuando el nombre sea demasiado difícil de pronunciar o de escribir y 3) cuando el nombre denigre a la persona o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Dentro del último punto se hace énfasis en que, si los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, se realizará el cambio de nombre solamente si hay un dictamen forense solicitado por el RNP que evidencie que esto está causando daño psicológico en la niña o niño.

Mientras tanto, las personas trans continúan sumidas en procesos de discriminación, en los que son objeto de burlas, humillaciones y negación de servicios por no tener un documento de identidad que refleje su expresión de género real.

Esperanza con liderazgo

En su diario vivir, Angie trata de dejar huella ejerciendo su liderazgo. Dedica su tiempo a hacer voluntariado dentro de AFET y también coordina el grupo Frida Trans, integrado por 40 personas voluntarias con diferentes expresiones de género. Angie creó Frida Trans con el propósito de brindarles apoyo, ser más visibles en la comunidad y educar a las personas de su entorno para derribar estigmas sociales. Por ello, Angie resalta que le gusta “la inclusividad porque la lucha es LGBTI+, no es solo de las personas trans”.

El municipio de San Manuel es una zona del interior del país bastante conservadora, que se vuelve agravante para la seguridad de las personas trans. Sin embargo, la lideresa se muestra firme en destacar la importancia de la educación comunitaria en temas de diversidad. El semblante de Angie se va endureciendo a medida que habla de sus puntos de vista para poder alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

“Considero que nosotras debemos educar a la sociedad. No te miento, siempre hay un grado de estigma y discriminación en los lugares que puedo llegar o llego, pero lo que me gusta dar a conocer es el trabajo que nosotras realizamos, lo positivo de trabajar en los colectivos LGBTI+ para el cumplimiento de los derechos, específicamente”.

Frida Trans ha permitido que haya mayor visibilidad en el sector, las personas LGBTI+ se están manifestando para abrir espacios donde puedan abordar temas referentes a su expresión de género, ya que actualmente esta localidad no cuenta con un punto de reunión para la población diversa, como en la mayoría del territorio hondureño, donde se segrega a muchas personas trans por considerar que alteran las buenas costumbres y el orden público. 

Relación del fundamentalismo religioso con el Estado

El fundamentalismo religioso ha levantado ataques de odio en la comunidad de San Manuel, propagando la desinformación y haciendo que más personas apoyen la posición de los grupos antiderechos.

Angie reflexiona que “eso es algo que siempre va a existir” porque lo vienen acarreando desde hace muchos años, pero “nunca se había visto de manera tan violenta ni directa como en este momento”, indica.

En lo que va del 2022 ya se superó el número de muertes violentas de personas diversas del año pasado. En 2021 se cerró con 29 muertes, mientras que en julio del presente año esta cifra ascendía a 36 muertes violentas dentro de la comunidad, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los que registran mayor número de fatalidades.

Aunque se muestra optimista al afirmar que “esto va a disminuir a medida se eduque a las personas”, la cotidianeidad de Angie y el resto de sus compañeras no es fácil. “Algunas de nosotras o todas nosotras nos preparamos diariamente para conllevar lo que pasa a nuestro alrededor; discriminación, rechazo, odio, todo ese tipo de cosas”.

Un ejemplo de esto se dio en el marco del Día contra la HomoLesboBiTransFobia luego de que varias organizaciones LGBTIQ+ realizarán eventos de manifestación exigiendo sus derechos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se negó a izar la bandera del orgullo, argumentando que “no quería enemigos como la iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno”, comparte el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara. 

“Esta es una de las mayores limitantes dado que ni nosotras gozamos de un Estado laico, tú bien sabes todo lo que hemos venido acarreando desde años, donde siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo. Entonces creo que no debe ser así”.

Según un estudio publicado por CID Gallup, la población hondureña es 36 por ciento católica y 44 por ciento evangélica. La religión en Honduras es con frecuencia utilizada como mecanismo de manipulación, lo cual conlleva a que se divulguen más discursos de odio en contra de las personas trans.

Grupos religiosos de Tegucigalpa en manifestación para defender la moralidad y buenas costumbre de país. (Foto de Luis Vallecillo)

No obstante, la Constitución de la República en el artículo 77 expone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.

La realidad es completamente opuesta a la teoría. Desde hace mucho tiempo se ve abiertamente cómo la relación entre Iglesia y Estado ha interferido en decisiones para el bienestar social como derechos sexuales y reproductivos, ley de identidad de género y matrimonio igualitario.

Angie inclina el cuerpo, se impulsa hacia adelante en la hamaca donde está sentada y abre las manos para gesticular, canalizando toda la energía que siente en ese momento para expresar su relato. 

“Parte del Estado debe de ir trabajando en esto para que se vaya erradicando … Son personas aliadas prácticamente todas las que están en contra de nuestros derechos en beneficio de la población LGBTI+ … hay intereses políticos detrás de todo esto también porque todo nace de esta manera”, enuncia.

Radio Nacional de Honduras es censurada

Sumándose a esto, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se convierten en fuentes de desinformación y perpetúan el odio. Por otra parte, los medios independientes hacen uso de las herramientas de capacitación de entes internacionales para empezar a exponer la realidad de las poblaciones rezagadas.

En junio de 2022, Radio Nacional de Honduras difundió dos audios que fomentaban el respeto a los derechos LGBTIQ+. En uno de ellos, una joven le comenta a su madre que es lesbiana y, en el otro, una mujer mayor expresa que existirá normalidad hasta que se respeten los derechos de todas las personas.

Se trata de un hecho histórico en el país, puesto que ningún medio estatal había emitido alguna opinión al respecto hasta ese momento. Como consecuencia, la radioemisora sufrió una serie de reacciones negativas y ataques dado que los oyentes argumentaban que se estaba atentando contra la institución de la familia y que la campaña era inmoral e incorrecta para los niños del país.

Venciendo el desconocimiento con la verdad

De vuelta a su semblante risueño, relajada y acercándose más a cámara, Angie deja apreciar su personalidad más rockera con sus característicos tatuajes y su nítida manicura. Procede a abrirse para relatar cómo fue su transición. Cuenta que, por desconocimiento en temas de género y diversidad, durante algún tiempo se definió como un chico gay, aunque siempre se sintió más femenina.

“Recuerdo que me gustaba mucho el rock, así que lo utilizaba de escudo para que no me discriminaran cuando yo saliera con ropa bien ajustada y con un poquito de maquillaje en mi cara”, relata.

Reconoce que aún en ese momento no se definía como mujer trans por la desinformación es estos temas que son de suma importancia. Aquí entran las organizaciones LGBTIQ+, dedicadas a la incansable labor de la educación y visibilización de lxs miembrxs de la comunidad.

Hace siete años, luego de capacitarse, por fin reconoció su género. “Hasta que yo llego a AFET y comenzamos a hablar de género y orientación sexual es cuando yo ya me identifico como una persona trans”, comparte.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Angie comparte lo que significa esta transición para su vida, lo cual ella cataloga como “un logro porque me siento libre, libre al expresarme y al identificarme con el género con el que yo me siento conforme”.

A pesar de que ha sido un reto luchar diariamente contra las imposiciones de un Estado y sociedad rotos por los intereses políticos, no oculta la felicidad que siente al poder ser ella misma y que su activismo llegue a más personas que como ella no entienden cómo identificarse.

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Pedro Pablo, un gay sordo que brilla como drag queen

Presentó a María Antonieta al público por primera vez en 2021

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Pedro Pablo (Foto cortesía de Quorum)

Quorum es el socio mediático del Washington Blade en Guatemala. Esta nota salió en su sitio web el 22 de noviembre.

CIUDAD DE GUATEMALA — “Hola”. Pedro Pablo sonríe mientras se acerca y aleja su mano en un sólo movimiento. Es la seña para saludar. En el próximo instante dirige sus dedos gordo e índice a su cuello, a la altura del cartílago que es conocido como la manzana de Adán. El gesto significa “mucho gusto”.

Con cada gesto, el hombre de 33 años, mantiene el contacto visual. A su lado está Pablo Vásquez de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua). Es intérprete y facilita la entrevista para superar una barrera que Pedro Pablo encuentra a menudo: que la mayoría de personas oyentes no están familiarizadas con la lengua de señas.

En muchos casos siente que prefieren evadirlo por no saber cómo comunicarse con él por ser una persona sorda. Ser gay y sordo, dice, es como el paquete completo para el rechazo y la discriminación.

“A veces muchas personas no comprenden qué es ser parte de la diversidad sexual y por otro lado ser una persona sorda es difícil porque la sociedad desconoce de esta discapacidad”, explica.

En Guatemala viven 240 mil personas sordas, según datos del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi). Esos datos son de 2018 y Asorgua señala que actualmente son muchas más.

Pedro Pablo vive con sordera profunda desde los nueve meses de edad, cuando una enfermedad hizo que perdiera la audición por completo. Pero eso no impidió que encontrara los espacios para desarrollarse plenamente y vivir su sexualidad e identidad con libertad. 

Quien le ha ayudado en este camino es María Antonieta, la mujer que personifica en drag.

La fuerza de María Antonieta

La primera vez que Pedro Pablo presentó a María Antonieta al público fue en 2021, en la discoteca Genetic, en la ciudad capital. Fue su estreno como drag queen.

No le caben los adjetivos para explicar lo que siente cada vez que se pone la peluca y se maquilla. Para él es como un sueño hecho realidad.

“Me siento más libre, más coqueta, más hermosa. Como una flor en un campo. Es más que orgullo, es un sentimiento de mucha alegría”, comparte.

Cuando se ve al espejo, se recuerda de aquel niño que veía con emoción a su mamá y hermana maquillarse.

Tenía alrededor de nueve años cuando a escondidas comenzó a ponerse los vestidos y zapatos de su mamá cuando jugaba solo en su casa.

Su bisabuela lo descubrió en varias ocasiones. Nunca lo regañó. Dejaba que jugara y luego le ayudaba a limpiarse la cara.

Pedro Pablo recuerda con mucha ternura que ella le decía que sería un secreto de los dos, como una forma de protegerlo ante los posibles regaños. Una complicidad de cariño que se estrechaba cada noche cuando compartían la hora de la novela.

“Una vez me dijo que no me preocupara por nada, lo único que debe preocuparme es ser feliz y encontrar al amor de mi vida”, dice con una sonrisa.

Pedro Pablo cree que ella fue la primera persona en darse cuenta de quién era en realidad. Piensa que su mamá también intuía su orientación sexual, pero ella nunca le comentó nada.

Liberarse a pesar de todo

Su crianza siempre fue bastante estricta. Su mamá y su papá eran pastores y fundaron una iglesia en Quetzaltenango. Casi solo le hablaban de la Biblia y solo le permitían que se relacionara con otras personas sordas.

Aún sabiendo que sería difícil hablar de su orientación sexual, Pedro Pablo siempre sintió la necesidad de contarle a su familia. 

“No me alcanzó el tiempo para contarle. Yo iba a decirle a mi familia pero mi papá enfermó de cáncer. Estuve en ese proceso de estudiar y regresar a casa para cuidarlo hasta que él murió”, agrega.

Pedro Pablo tenía 15 años. Entre la tristeza y el duelo familiar, tuvo que esperar ocho años más para hablarlo con su mamá. El enamoramiento que vivía en ese entonces le dio el valor para decirle que era feliz con el amor de un hombre.

Generó muchas discusiones en torno a la religión, a la Biblia y a su sexualidad. Su mamá lo aceptó, dice, pero le puso la condición de no volver a hablarlo en casa.

“En casa soy una persona y afuera soy quien tengo que ser. Lo decidí así por amor a mi familia y a mi mamá porque comprendo que se sacrificaron para tenerme donde estoy”, agrega.

Las restricciones en su hogar, no le quitaron la emoción que sintió Pedro Pablo por salir del clóset y poder interactuar y sentirse parte de una comunidad diversa. “Es una experiencia muy bonita, pero también difícil porque dentro de la comunidad de sordos hay muchos tabús”, menciona.

Hacer del mundo un lugar mejor

La educación integral en sexualidad y la diversidad sexual son temas que no se abordan dentro de la comunidad de sordos, dice, y el hablar de ello con libertad y presentarse como una persona abiertamente gay lo ha expuesto a insultos. Sin embargo, también hay personas que lo apoyan y le celebran su valentía de subirse a los escenarios.

Mientras los vestidos de María Antonieta están guardados, Pedro Pablo pasa sus horas laborales en el Hospital de Ojos y Oídos “Rodolfo Robles”. En las mañanas trabaja en el archivo médico y por las tardes ayuda a los niños y niñas sordas que acuden ahí con sus padres. Les enseña lengua de señas, como lo hicieron con él cuando era niño.

También estudia psicología y diseño gráfico. Desde su vida y trabajo aporta a que no exista discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva y hacer un puente entre ellas y la comunidad de la diversidad sexual.

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Proyecto de ley penalizará las terapias de conversión en Colombia radica en el Congreso

La congresista Carolina Giraldo Botero radicó el próposito el 3 de noviembre

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La congresista Carolina Giraldo Botero centro, ha radicado un proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia (Foto cortesía de OrgulloLGBT.co)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web el 3 de noviembre.

BOGOTÁ, Colombia — La Representante a la Cámara de la Alianza Verde por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, radicó hoy el proyecto de ley ‘Inconvertibles’, con el cual se busca prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIEG en Colombia.

En Secretaría de Cámara de Representantes y en compañía de diversas organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+, la representante Giraldo radicó la iniciativa, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad, coordinada por ella. 

“No vamos a parar de luchar contra las prácticas que buscan cambiar la identidad de género y la orientación sexual. Eso es tortura y discriminación”, dijo la representante Giraldo.

Según la parlamentaria, “hay personas LGBTIQ+ que son sometidas a maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada, bajo la excusa de que deben ser “curadas”, por lo que urge que este proyecto se haga realidad”.

Esta es la segunda vez que se intenta dar trámite a este proyecto de ley en el Congreso. La primera se dio en la legislatura pasada, bajo el liderazgo del ex representante Mauricio Toro, quien en su momento argumentó que una de cada cinco personas LGBTIQ+ y una de cada tres perteneciente a la comunidad Trans, podría llegar a ser sometida a una de estas llamadas terapias de curación. (ver anterior proyecto).

El proyecto radicado en la mañana de este jueves contó con el visto bueno de las diferentes organizaciones de la comunidad, el apoyo de 58 congresistas y entrará para su trámite por la Comisión Séptima de Cámara. 

Actualmente, países como Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta, han prohibido las mal llamadas ‘terapias de conversión’. (Ver más aquí).

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Encuentro regional de protección a refugiados LGBTQ+ se realizó en Bogotá

24 organizaciones de siete países participaron

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El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó esta semana en Bogotá, Colombia (Foto de José Arnaldo Mujica por el Washington Blade)

BOGOTÁ, Colombia — El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó en la ciudad de Bogotá esta semana con la participación de 24 organizaciones fundadas en siete países de la región, las cuales expusieron como ha sido el recibimiento e inserción a la vida productiva de los migrantes de la comunidad en las naciones donde operan sus organizaciones.

El III Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas fue de suma importancia puesto que se realizó luego de la pandemia de la COVID-19, que dejó como consecuencia que la mayoría de los procesos que se venían efectuando se paralizaran y muchas organizaciones dedicadas a atender esta población desaparecieran.

“Estamos felices de estar aquí porque estamos reactivando los planes de acción, estamos reconectando con las otras organizaciones y estamos reactivando los procesos que teníamos antes de la pandemia” así lo aseguró María Paula Botero, líder de una organización de mujeres lesbianas en Brasil.

La agenda de este encuentro estuvo integrada por distintas actividades orientadas a construir una red de apoyo a todas las personas de la comunidad que tienen la condición de migrantes.

Durante el primer día se expuso un contexto general de la situación, además se efectuó el primer mapeo del estado actual de los procesos de movilidad humana de personas LGBTQ+ e intersex en la región, mostrando estrategias y buenas prácticas.

Entretanto, el segundo día los participantes trabajaron en crear estrategias conjuntas para dar respuestas oportunas a los migrantes y el tercer día, se firmaron acuerdos para llevar mensajes de la Red a todas las instancias gubernamentales en las Américas.

Todos aprendemos

Lola Vásquez, es represen a la organización Trans Reinas de la Noche fundada hace 18 años en Guatemala, aunque la organización es relativamente nueva, solo queda con vida una de las 16 mujeres trans que la fundaron, pues en ese país hasta el 2006 era ilegal desplazarse con una identidad diferente a la asignada al nacer y por ello se practicaba lo que se conoció como “limpieza social“ en donde la autoridades gubernamentales asesinaron y desaparecieron a las trabajadoras sexuales.

Vásquez asistió al encuentro en la capital colombiana con la intención de conocer la experiencia de otras organizaciones de la región sobre el trato de personas trans, debido a las vulneraciones que vivió en su país natal.

“Para nosotras es importante estos eventos porque podemos seguir tejiendo redes para dar un acompañamiento seguro a las mujeres trans migrantes, para que su migración sea más segura y sin tantos estigmas,” dijo Vásquez. “En Guatemala, hay mucha población migrante debido a que las autoridades gubernamentales no piden visa para ingresar, las personas transitan por el país ya que es la puerta de entrada a México y EE.UU.”

Metas en común

Una de las organizaciones que trabajó arduamente para que este multicultural encuentro fuera una realidad fue la organización colombiana Caribe Afirmativo. Su director, Wilson Castañeda afirmó que “estamos respondiendo a la cuarta oleada del movimiento de la comunidad LGBTI+, que tiene como enfoque principal la movilidad humana, producto de las dificultades que se generan en algunos países de la región, si bien es cierto, la migración no es algo nuevo para nuestra comunidad, estamos viendo que durante los últimos años se registró un incremento considerable, es por esto que debemos actuar y actuar en conjunto para que la respuesta sea contundente”.

Sumado a esto, el miembro de la organización Caribe Afirmativo, Giovanny Molinari consideró que uno de los retos que tiene esta red es lograr que cada organización pueda alzar la voz en los distintos escenarios de cambio social para se creen políticas públicas apropiadas, para apoyar a los migrantes miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex. 

“Hay tres retos, el primero, fortalecer la red luego de la crisis del COVID-19, el segundo, encontrar oportunidades para que cada una de las instituciones que integramos esta coalición crezca y el tercero, poder incidir políticamente a nivel internacional en las instituciones que trabajan en la movilidad humana, pero con enfoque a la comunidad”, señaló.

La crisis continúa en Venezuela 

A este encuentro también asistió Johan León, director general de la fundación Azul Positivo, fundada en Venezuela hace 18 años, él nos comentó que realmente su país, las condiciones para los miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex no han mejorado.

“Venezuela junto con Paraguay, son los países que tienen menos avances en materia de atención a la comunidad, en mi país no existe una protección a nivel legal y esto se refleja en el difícil acceso a los derechos en materia de salud, educación y hasta en la vida laboral”, dijo León.

Además, León puntualizó las cifras que demuestran que en Venezuela no hay una mejoría económica, sino que se está generando una nueva etapa de la prolongada crisis de ese país latinoamericano. 

“Todo el sistema de salud está prácticamente destruido, más del 50 por ciento de los centros de atención a los pacientes con VIH cerraron luego de la pandemia, básicamente, los que funcionan ahora, están en las principales ciudades, esto lo que ha generado es que las personas con el virus no continúen el tratamiento por lo difícil que es trasladarse”, aseguró. “El Estado Venezolano desde el 2017 no compra los medicamentos antirretrovirales, la única forma de tener ese tratamiento en el país es por medio del Fondo Global. El oficialismo lo único que hace es disponer el tratamiento en las farmacias para que distribuyan los medicamentos que compra el fondo”.

Finalizó León que la organización Azul Positivo mostró su preocupación por la situación que hay en esa nación y que a su juicio, seguirá generando mayor movilidad humana durante los próximos años.

Este encuentro finalizó con la elección de la nueva mesa técnica, la cual fue integrada por un diverso grupo: una mujer trans, una mujer lesbiana y un hombre gay, ellos tendrán la responsabilidad de agilizar los procesos para que los migrantes de la comunidad LGBTQ+ e intersex sean parte de una red de apoyo en los países receptores de las Américas.

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Crímenes de odio en Ecuador: sin sentencias, protocolos y la eterna incógnita de cómo juzgarlos

La ley y el Código Penal incluyen las personas LGBTQ

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(Ilustración de Diana Romero por Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de octubre.

Por Óscar Molina V.

GUAYAQUIL, Ecuador — Domingo, noche, mediados de enero de 2022.

Ronny (nombre protegido) estaba en una parada de bus entre las calles 38 y Portete, en el sur de Guayaquil. Llevaba 25 minutos esperando y, como no pasaba ningún bus, decidió caminar a la casa de su amigo en el barrio Los Ceibos. Era un camino conocido. Nunca le había pasado nada.

Ronny –drag queen, cantante, 23 años– iba distraído, contestando un mensaje. Levantó la vista un rato, vio la rampa del puente Portete que iba a cruzar y empezó a subirlas concentrado en el teléfono. De pronto, de la oscuridad, salieron dos hombres. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron a un zaguán. 

–Había ropa rasgada, colchones rotos, preservativos. Pensé que iba a ser un robo diminuto, pero cuando me arrastraron allá me imaginé que me iban a violar.

Mientras uno lo retenía, el otro le quitaba el celular, el short, el boxer, los zapatos. Ronny se quedó solo en camiseta. Tres hombres más aparecieron. Ronny quiso gritar, pero le taparon la boca. Lo ahorcaron.

–Y me empezaron a decir: ¿Te gustan los hombres, maricón? ¿Te gustan? Aquí tienes cinco. 

Ronny no podía respirar. Con sus últimas fuerzas, le arañó la cara a quien lo retenía. Los agresores se fueron: se asustaron. 

–Eran jovencitos, de esos manes que recién comienzan. Al verme, asimilaron que era gay, débil, y que me iba a dejar nomás. Me atacaron con más saña por mi condición.

Desnudo y descalzo, Ronny fue hasta una gasolinera para pedir ayuda. No le hicieron caso. Una señora lo vio, le dio una pantaloneta y le prestó el teléfono para que llamara a la Policía. Cuando llegaron, los policías le dijeron que no podían hacer nada porque no había una denuncia.

Al día siguiente, Ronny fue a una de las delegaciones de la Fiscalía en Guayaquil. Se puso al final de la fila: había unas 30 personas delante suyo. Esperó 40 minutos y, cansado, se fue. 

–Igual no creo que hubiera servido de nada quedarme y denunciar, porque ni investigan. 

Ronny dice que tampoco sabía que podía haber denunciado lo que le pasó como un delito de discriminación o de odio. No sabía, ni siquiera, que esos delitos existen en Ecuador. 

***

Los delitos de odio se incluyeron en la legislación ecuatoriana en 2009, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que mencionaba “cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas” a causa de su “orientación sexual o identidad sexual” (sic). 

Actualmente, el Código Órganico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, tipifica el delito de odio. El artículo 177 define los “actos de odio” como cualquier acto “de violencia física o psicológica  de odio” por razones de etnia, edad, “sexo, identidad de género y orientación sexual”, entre otros. La sanción para este delito es de uno a tres años de prisión. 

Si la violencia mata a la persona, la pena es de 22 a 26 años. 

En el COIP de 2014 también se incluyó el delito de discriminación en el artículo 176. En este caso, la persona que propague, practique o incite distinción, restricción, exclusión o preferencia por, entre otros motivos, identidad de género u orientación sexual, “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía General de Estado, ejemplifica cada delito:

– Un delito de discriminación, por ejemplo, es si llego a un establecimiento de salud, soy una mujer lesbiana, pido atención gineco-obstétrica e indico que tengo relaciones sexuales con mi pareja, y el médico se asusta y me dice que no atiende a mujeres lesbianas. Está ejerciendo un acto de exclusión de mi derecho a la salud por mi orientación sexual, mi identidad y mi proyecto de vida. Si fuese un delito de odio, puede ser que, en esa revisión, el médico me empuja y me lastima con el aparato que usa para revisar mis órganos genitales. 

El caso de Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante de 22 años, configuraría un delito de discriminación. En abril de 2022, en una consulta en el hospital público Eugenio Espejo, en Quito, le fue negado su derecho a la salud. Aconcha denunció que el médico que la atendió le dijo que la transexualidad “es un trastorno” y amenazó con borrar sus datos del sistema. 

Las implicaciones y consecuencias de los delitos de discriminación y de odio son claras. Pero la aplicación específica del delito de odio aún es un terreno movedizo.

Tesis y artículos que lo analizan coinciden en que la “subjetividad” de este delito es problemática. Abogados y jueces –indican estos análisis– tendrían dificultades para probarlo y juzgarlo como tal, pues se basa “en un elemento meramente subjetivo” como los sentimientos, “específicamente el odio”.  

En un artículo de 2013 al respecto, Vicente Robalino Villafuerte (+), entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, concluye que, incluso, “resulta peligroso cuando las emociones son objeto de norma y no los bienes jurídicos aportados por la carta constitucional, dejando así a la administración de justicia en un debate de emociones y no de conceptos jurídicos”.

***

–No es difícil investigar un delito de odio si se tienen los elementos probatorios y las experticias periciales para hacerlo.

Lo dice Christian Paula, abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador y miembro de Fundación Pakta. Paula reconoce la subjetividad de este delito y explica que ésta se refiere al móvil o al motivo que lo provoca.

–Lo que hay que entender es que hay un prejuicio subjetivo instalado en la persona agresora. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular, entonces, deben tener la argucia para recaudar material probatorio coyuntural y psicológico del móvil del agresor. 

Para eso, agrega, se debería hacer una pericia psicológica, otra de contexto –para saber cómo fue criada esa persona, su historia– y una de contexto de género, para identificar los prejuicios del agresor. 

–Pero el problema –opina Paula– es que hay una deficiencia muy fuerte en servicios periciales en Ecuador. 

Paula dice, además, que el artículo 81 de la Constitución establece la creación de “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción” de  delitos de violencia intrafamiliar, sexual, y crímenes de odio. Para los últimos, menciona los delitos contras niñas, niños, adolescentes y, entre otros, a “personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”. 

Incluso, según el mismo artículo, “se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la Ley”.

En 2014, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Constitucional debido a que la Asamblea no había creado dichos procedimientos. La Corte falló a favor. 

–Pero la reforma para crear los procedimientos especiales y expeditos –dice Paula– recién se hizo en 2019. Y se colocó solo para los delitos de violencia psicológica contra las mujeres, y no desarrollaron los procedimientos especiales y expeditos penales para los delitos de odio (contra personas LGBTIQ+). Entonces la Asamblea sigue incumpliendo esta sentencia de la Corte Constitucional y el mandato de la Constitución.

Pedro Gutiérrez Guevara, abogade investigadore de Kuska Estudio Jurídico, considera por su parte que es complicado “regular” el odio. 

–Sobre todo porque eso, hoy en día, nos pone en una tensión con lo que significaría patologizar a las personas agresoras o perpetradoras (…) Porque a veces con el odio, y con la patología, lo que sucede es que hay una institución que debe encargarse de eso, hay un profesional o una ciencia que tiene que encargarse de eso, porque es básicamente como una enfermedad que alguien tiene. 

De ahí que Gutiérrez propone dejar de hablar de odio para hablar de violencia por prejuicios, pues éstos son generados por distintos sectores de la sociedad.  

“Resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos”, escribe Guitiérrez en un artículo titulado (Re)pensar el delito de odio en Ecuador a partir de la muerte violenta de Javier Slater Viteri Alburqueque, incluido en un boletín dedicado al análisis jurídico, social y mediático de este caso de una muerte violenta de un joven homosexual en Arenillas, provincia de El Oro.

–En la violencia por prejuicio –añade– también podemos disputarle cosas al Estado. Porque aunque los prejuicios los generan distintos sectores de la sociedad, quien debería combatirlos, principalmente, es el Estado. 

Para Gutiérrez, además, es necesaria una autocrítica frente al “discurso punitivista” que ve en el encarcelamiento “sin privilegios” una forma de castigo justa. Ese “reformismo penal que legitiman ciertos activismos LGBTIQ+”, escribe Gutiérrez en su artículo, “lo que permite es que ‘las malas personas’ terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido”. 

***

Stella Zonin Massi, abogada especialista en derechos humanos y género, dice que los prejuicios y la falta de perspectiva de género de los operadores de justicia también inciden directamente en esta problemática. 

Zonin Massi investigó la dificultad de sancionar penalmente los delitos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. En 2020 –dice– encuestó por su cuenta a 72 empleados judiciales a escala nacional –entre jueces penales, fiscales, secretarixs, asistentes– y entrevistó a tres autoridades.

–Y la conclusión –dice Zonin Massi– fue que no tienen claro cuál es el protocolo para investigar un delito de odio porque es muy “subjetivo”. Algunxs incluso decían que no saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Lo común, entonces, es que, por facilidad, apliquen un delito más utilizado, como el asesinato. 

Paula concuerda con lo de dicha “facilidad” y agrega que otro problema es que, al momento de poner la denuncia, la víctima no puede indicar en los formularios cuál es su orientación sexual o su identidad de género. 

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, reconoce la falta de esas categorías en los formularios.

–Hemos implementado una reingeniería en el SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) que contempla diferentes categorías de género y sus subcategorías, para mejorar esa data estadística de los casos y de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una víctima. Por ejemplo, si es mujer, afrodesciente, lesbiana, etc. La idea es tenerlo listo a finales de año o a inicios del año que viene. 

–¿Hace falta, sin embargo, más sensibilización para los operadores de justicia sobre este tema?

–Por supuesto, siempre digo que, para la mejora contínua, hay que partir desde el reconocimiento legítimo de que nos falta mucho por hacer. No invisibilizar ese reto y ese desafío (…). Tenemos también la dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional. Ellos están trabajando en programas de sensibilización frente al manejo y abordaje de casos con grupos históricamente vulnerados.  

Guido Quezada, director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía, indicó a través de correo electrónico que 78 servidores de la Fiscalía “aprobaron” el curso virtual Transversalización del Enfoque de Género en el sector público y privado, organizado por el Ministerio de Trabajo en junio de 2021.

En junio de 2022, la misma dirección, según Quezada, “coordinó” la participación de 40 servidores públicos en el curso virtual Desde adentro: Juntxs contra las violencias y discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o canon corporal, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Quezada añadió que la dirección tiene planificado ejecutar otro “módulo” titulado Violencia de Género – Eje temático sobre la comunidad LGBTIQ, dirigido a fiscales, secretarios, asistente de fiscal personal de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) y servidores de Direcciones de las provincias de Azuay, Guayas, Galápagos, Pichincha y Manabí” (sic).

***

Desde 2014 hasta mediados de junio de 2022 (mes en que se pidió la  información), la Fiscalía registraba 2.708 actos de odio en fase pre procesal y procesal penal (es decir, la etapa de investigación con víctimas, testigos, etc., y la etapa acusatoria, de defensa y de emisión de una sentencia). Al preguntar cuántos de esos actos de odio correspondían a casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, la Fiscalía respondió por correo electrónico: “la variable de LGBTIQ+ no se refleja en nuestro sistema” (sic).

Y aclaró que, en la información enviada, el tipo penal actos de odio está “desagregado en forma general como “Genero”, que es lo que refleja nuestro sistema” (sic). 

Entre 2014 y mediados de junio de 2022, la Fiscalía registró 142 “Actos de odio (violencia de género)” en fase pre procesal y procesal penal.

***

Christian Paula, de Fundación Pakta, menciona al “caso Arce” como una sentencia ejemplar en la que, hasta ahora, se ha aplicado “de manera eficiente” el delito de odio. Este, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país.

Michael Arce entró a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), en Quito, en 2011. Durante el reclutamiento, según la Fiscalía, fue “afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano” por el teniente Fernando Encalada, su instructor.

Arce se retiró de la ESMIL por los maltratos y Encalada fue sentenciado a una pena de “cinco meses y veinticuatro días de prisión correccional”, como indica la sentencia, que incluyó también disculpas públicas.  

Stella Zonin Massi, en cambio, nombra el caso de Javier Viteri como el primero hacia una persona de la comunidad LGBTIQ+ que podría y debería haber sido sentenciado como un delito de odio.

– Ese caso es claro. Ahí hubo saña. No le das 89 puñaladas a una persona solo porque sí. El delito principal era el odio. El militar que mató a Javier estaba motivado por el odio.

***

Javier Viteri era un chico homosexual de 22 años que vivía en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. Trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico: quería ser médico. El 27 de mayo de 2020, Viteri chateó por el servicio Messenger de Facebook con Hilmar Corozo, de 19 años, conscripto de las Fuerzas Armadas. Lo hizo 10 horas antes del encuentro por la noche. 

Corozo fue a la casa de Javier y, 25 minutos después, salió corriendo de ahí, según recoge diario Extra. Cuando los amigos de Viteri entraron a su departamento –donde habían estado unos minutos antes–, lo encontraron muerto. Corozo lo había apuñalado en el cuello, la espalda, el abdomen y el tórax.

–Dentro la instrucción fiscal aparecían elementos que de, alguna u otra manera, hacían entender que estamos hablando de un delito de odio– dice Michael García Jaramillo, abogado de la familia Viteri.

– ¿Qué elementos? 

– El chat que mantuvieron antes de lo ocurrido. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino que tienen una conversación un poco más profunda, en el sentido de lo que podría llamarse algún tipo de relación. Otro elemento de convicción es que suben al departamento solo dos personas. Y la modalidad, el modus operandi: matar a una persona con cerca de 99 puñaladas. Pero, bueno, esas son potestades única y exclusivamente de Fiscalía.

El 9 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó, sobre todo a la Fiscalía, a que se investigara el caso de Javier Viteri como un delito de odio. 

La Defensoría del Pueblo, en el pronunciamiento, “deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien, según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.

Tres días después, el 12 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por cerca de 30 organizaciones, emitió una alerta en la que señaló que la muerte de Viteri “configura un delito de odio y debe ser investigado de forma exhaustiva”.

Luego de un año, un mes y 10 días de la muerte de Viteri, como indicó le abogade Pedro Gutiérrez en Twitter, Corozo recibió una condena de 34 años y 8 meses por el delito de asesinato. La compensación para la familia, además, se fijó en 50 mil dólares.

–¿Habría sido importante que se lo formulara como un delito de odio?

–Lo que mis clientes buscaban, los papás del hoy occiso, era justicia. Y si me preguntas a mí como abogado, pues, la justicia llegó, llegó. Más allá de que se haya imputado por A o B motivo– dice Michael García Jarramillo, abogado de la familia Viteri.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, acota:

–La valoración de la prueba no le corresponde a la Fiscalía, sino le corresponde al juez. Y quien efectivamente sanciona es el juez (…). Desde la dirección de Derechos Humanos emitimos un informe pormenorizado de estándares internacionales de derechos humanos a favor de que se tipifique por delito de odio. Sin perjuicio de ello, a pesar de reunir todos los elementos, el juez, al valorar la prueba, consideró que se debía sancionar por asesinato. 

***

–Es lamentable (lo ocurrido con el caso Javier Viteri), porque si bien estamos luchando por leyes, reconocimientos, tipificaciones, condenas, etc., lamentablemente estas se enmarcan alejadas del marco que tiene que ver con respecto a las poblaciones LGBTI.

Es la opinión de Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, y directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Silueta X ha recogido información sobre asesinatos desde 2013 y elabora el infome Runa Sipiy sobre “asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas” de personas de la diversidad sexo genérica. 

En 2021, según este informe, hubo 15 asesinatos a personas LGBTIQ+: 10 corresponden a mujeres trans y 5 a hombres homosexuales. 

Hasta junio de 2022, dice Rodríguez, ya se registraban 16, y es probable que, hasta fin de año, se dupliquen.

– ¿Puede haber, entonces, un subregistro de delitos de odio hacia la población LGBTIQ+?

Rodríguez responde:

– O sea, no vamos a negar que, si matan a una persona de la diversidad, de repente no tiene que ver con que quien mata odia a personas gays, lesbianas, bisexuales o trans (…). El problema es que no se investigan los casos. El ecuatoriano común, en este momento, está viviendo lo que hemos vivido las personas LGBT desde hace años: te matan y nadie va preso. Esto nosotros lo hemos experimentado siempre. 

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Radican proyecto de ley en Colombia para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad

El presidente Petro y la vicepresidenta Márquez proponen la propuesta

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(Foto cortesía de la Vicepresidencia de la República)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia.

BOGOTÁ, Colombia — El Presidente de la República, Gustavo Petro, y la Vicepresidenta Francia Márquez radicaron este martes en el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

El Mandatario, la Vicepresidenta y el Ministro del Interior, Alfonso Prada, presentaron el texto de la iniciativa en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, ante los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero.

“Hoy es un día muy especial, para muchos un día histórico; un día en que el Estado abre sus puertas para hacer parte de este a quienes históricamente han estado excluidos y marginados”, expresó la Vicepresidenta Márquez.

Señaló que, si bien la Constitución de 1991 reconoció en el artículo 13 el derecho a la igualdad, “tristemente somos de las naciones más desiguales e inequitativas que habitan este planeta”.

La Vicepresidenta recalcó que el Gobierno del Cambio “busca garantizar derechos a quienes nunca lo han tenido, a quienes han estado en territorio olvidados y excluidos”, y agregó que “la igualdad, como un valor esencial, es lo que nos va a permitir avanzar en ese camino hacia la Paz Total”.

El Ministerio

El Ministerio de Igualdad y Equidad se plantea como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector de Igualdad y Equidad y de los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente.

Tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.

El Ministerio desarrollará este objeto directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades y organismos del Estado competentes, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores públicos y privados.

¿Qué funciones desempeñará el Ministerio de Igualdad y Equidad?

El Ministerio de Igualdad y Equidad se encargará de focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional; impartir directrices a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal para la intervención de las poblaciones focalizadas; promover herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia de los grupos poblacionales y sujetos de especial protección constitucional; identificar e implementar desde iniciativas privadas y locales de su competencia; dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad; gestionar y generar alianzas, incluso internacionales; establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes, proyectos y oferta social de competencia; coordinar, hacer seguimiento y evaluar los sistemas e instancias de asesoría, y articulación relacionados con sus competencias, así como la elaboración de análisis y diagnósticos de los patrones de discriminación y exclusión.

¿Quiénes serán los principales beneficiarios del nuevo Ministerio?

La nueva cartera tendrá la importante tarea de proteger, desde la perspectiva de los enfoques diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle y migrantes.

¿Cuál será su patrimonio, sede y dirección?

El patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por: las sumas que se apropien en el Presupuesto Nacional; los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título; las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

La dirección del Ministerio estará a cargo de la Ministra o del Ministro de Igualdad y Equidad, con sede principal en la ciudad de Bogotá.

La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad es el primer paso para que la igualdad en Colombia no exista solo en el papel. Como Gobierno del Cambio se está ratificando la promesa de campaña, que representa la voluntad y el compromiso de consolidar un camino hacia las transformaciones urgentes que necesita nuestro país para convertirse en una Potencia Mundial de la Vida. 

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