OrgulloLGBT es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

A Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, le fracturaron los brazos y las piernas antes de arrojarla a una quebrada en Bello, Antioquia. Sin poder nadar por las heridas, murió ahogada. Nadie la ayudó. La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales, despertando una indignación tardía en un país que sigue indiferente ante el dolor de las personas trans.

“La diversidad nos está costando la vida”, dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos que esta semana encendieron velas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país para clamar justicia por Sara y por todas las víctimas de la transfobia en Colombia.

El crimen ocurrió el fin de semana en la Quebrada de Playa Rica, en Bello, municipio del Valle de Aburrá. Fue ahí donde arrojaron el cuerpo de Sara Millerey, conocida cariñosamente como “La Millerey”, una mujer que había enfrentado la exclusión desde su infancia. Según una amiga cercana, Sara sufrió abusos sexuales en su niñez, dejó el colegio y vivió en condición de calle durante años, enfrentando el consumo de drogas y múltiples formas de violencia. Pero su identidad nunca dejó de ser visible, y eso, en un país como Colombia, le costó la vida.

En un hecho, no menor, de revictimización después de fallecida el Secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Bello, José Ronaldo Serrano Jaramillo, negó la identidad de género de Sara Millerey, refiriéndose a ella por su nombre masculino asignado al nacer. A ella la mató precisamente ese desconocimiento de su construcción identitaria, la transfobia y los discursos de odio que ellos mismos — y todos los que niegan que ella era una mujer trans — perpetúan.

La brutalidad del asesinato ha sacudido incluso a las autoridades. La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen. La Alcaldía de Bello y la Defensoría del Pueblo también se han pronunciado, confirmando que las investigaciones están en curso. Sin embargo, hasta ahora no hay capturados, pese a que el asesinato fue grabado.

Aunque el Gobierno Nacional ha creado espacios institucionales como el Viceministerio de Diversidades y la Oficina de Diversidad Sexual y de Género en el Ministerio de la Igualdad, que también ha lamentado el hecho, la violencia no cesa. Los territorios más peligrosos para las personas trans siguen siendo el Valle de Aburrá y el Distrito de Aguablanca, en Cali, donde la impunidad, la exclusión y el odio siguen cobrando vidas.

No podemos permitir que se vuelva un patrón recurrente: 

La historia de Sara no es un caso aislado. Es el reflejo de una sociedad que normaliza la violencia hacia quienes se atreven a vivir su identidad con valentía. 

Que un video tan atroz tenga que circular para despertar reacciones es también un síntoma de ese abandono. “Eso no se le hace a nadie”, dijo entre lágrimas su madre. Tenía razón: a nadie se le debería hacer. Pero a Sara sí se lo hicieron.

(Noticias Telemedellín)

Y mientras su rostro se convierte en bandera de resistencia, su muerte grita una verdad incómoda, en ciertos sectores: ser trans en Colombia sigue siendo una sentencia de muerte.

TOTAL REPUDIO

Desde OrgulloLGBT.co condenamos con total firmeza el atroz asesinato de Sara Millerey González y exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones, así como la captura y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de este crimen cargado de odio. Este acto de extrema violencia no solo enluta a la comunidad LGBTQ+ sino que interpela a toda la sociedad colombiana por su indiferencia e inhumanidad frente al dolor de quienes viven en la marginalidad y la exclusión. 

La dignidad de una vida no puede depender de la identidad de género, y este crimen nos obliga a preguntarnos qué clase de país estamos construyendo si seguimos permitiendo que la diversidad se pague con la vida.

La reciente decisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de suspender temporalmente su financiamiento a organizaciones que trabajan por los derechos humanos ha generado un profundo impacto en El Salvador, especialmente en aquellas que defienden a la población LGBTQ+.

La medida ha afectado de forma directa a entidades que brindaban acompañamiento legal, atención en salud mental, asesoría para víctimas de violencia y promoción de iniciativas económicas comunitarias. Las consecuencias son palpables: despidos masivos, cierre de programas y debilitamiento de redes de apoyo.

Esta situación ocurre en un contexto político internacional tenso, tras la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca que ha replanteado el enfoque de su cooperación exterior. Mientras tanto, en países como El Salvador, las organizaciones sociales enfrentan ahora una emergencia silenciosa que podría dejar sin protección a cientos de personas vulnerables.

Colectivos en crisis: sin fondos y con menos personal

Uno de los casos más significativos es el de Colectivo Alejandría, que perdió el 65 por ciento de su presupuesto anual tras la suspensión de los fondos. 

Su directora, Karla Guevara, relató que la organización se vio obligada a despedir a más de la mitad del personal y a suspender varios programas esenciales, como la atención a sobrevivientes de violencia basada en género, servicios de salud mental, asesoría legal y proyectos de emprendimiento para personas LGBTQ+.

Otro caso preocupante es el de Perlas de Oriente en San Miguel. 

Su directora general, Venus Nolasco, denunció que tuvieron que detener iniciativas clave de prevención del VIH, talleres de capacitación y actividades comunitarias. 

“Es un gran retroceso para el fortalecimiento de la comunidad LGBTQ+”, afirmó. 

Nolasco también alertó que sin financiamiento externo se pierde la capacidad de incidir y sensibilizar a instituciones públicas en materia de derechos humanos.

En una situación similar se encuentra Aspidh Arcoiris Trans, donde gran parte del equipo sigue trabajando ad honorem para mantener en pie los servicios mínimos. Su directora, Mónica Hernández, indicó que continúan atendiendo casos de discriminación y ofreciendo asesorías, pero sin saber por cuánto tiempo podrán sostenerse en estas condiciones.

Las organizaciones de sociedad civil, aseguran que la población LGBTQ+ en El Salvador, sigue siendo criminalizada, pese a no querer hablar del tema en ninguna entidad del Gobierno, debido a la supuesta seguridad que hoy se vive, los derechos humanos de las personas con una orientación e identidad de género diversa, siguen siendo vulnerados.

Cierre de espacios seguros y afectación en salud

A las consecuencias presupuestarias se suma el reciente cierre de Casa Rosada, un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+ ubicado en Antiguo Cuscatlán. La alcaldía municipal ordenó el cese de sus operaciones el 1 de abril, argumentando inconformidad de vecinos y temas regulatorios de uso de suelo. Casa Rosada era un referente para la promoción de la salud mental, la formación y la integración comunitaria.

El impacto también se extiende al ámbito de la salud. Según un informe de ONUSIDA, el programa USAID PASMO, que implementaba la PrEP contra el VIH a través de clínicas privadas, fue suspendido. Aunque la terapia antirretroviral aún se mantiene, la cobertura ha disminuido, afectando a poblaciones clave como hombres gais, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas y personas trans.

Educación en pausa: becas estudiantiles y formación juvenil detenidas

Además de los colectivos LGBTQ+, la suspensión ha alcanzado a una serie de programas educativos clave para jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas. Organizaciones como Glasswing International, Fe y Alegría, y diversas iniciativas lideradas por universidades privadas reportan la cancelación o congelamiento de becas estudiantiles financiadas directa o indirectamente por USAID, en las cuales también habían jóvenes LGBTQ+ beneficiados.

“Muchas de nuestras becas eran cofinanciadas por fondos de cooperación. Al cerrarse esta línea, no podremos continuar con nuevos ingresos para el ciclo 2025”, explicó un vocero de una universidad privada del oriente del país, que pidió anonimato.

Estos programas beneficiaban a jóvenes con alto rendimiento académico pero sin recursos para costearse una educación superior. También incluían formación técnica, pasantías y mentorías para preparar a los estudiantes para el mercado laboral o el emprendimiento.

Otro de los sectores afectados son los programas de apoyo a mujeres rurales, víctimas de violencia y madres solteras que recibían capacitación en liderazgo, gestión de pequeños negocios, acceso a microcréditos y formación técnica. Proyectos como Ciudad Mujer han reportado una disminución en los servicios brindados por falta de recursos provenientes de la cooperación internacional.

Además, muchas ONG que trabajaban en zonas como Morazán, Ahuachapán y La Unión en temas de soberanía alimentaria, agricultura sostenible y empoderamiento comunitario, han tenido que suspender actividades por la pérdida de fondos de USAID. Esto afecta de manera directa a cientos de familias que dependían de estos proyectos para su sustento diario.

Una pausa que pone vidas en riesgo

La suspensión de los fondos de USAID no solo representa una pérdida económica. Para cientos de personas LGBTQ+ en El Salvador, significa menos acceso a servicios de salud, menos protección ante la violencia, y la pérdida de espacios seguros que les ofrecían dignidad y esperanza.

Activistas como Guevara, hacen un llamado a donantes de otros gobiernos, “sigan apostándole al trabajo que las organizaciones sociales LGBTIQ+ seguimos haciendo y vamos a continuar así”, haciendo un llamado a la solidaridad internacional.

En un país donde las brechas de discriminación aún son profundas, esta pausa en la cooperación internacional pone en evidencia la fragilidad del tejido comunitario y la urgente necesidad de crear mecanismos sostenibles de financiamiento y protección para las poblaciones vulnerables.

Edición Cientonce es el socio mediático del Los Angeles Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 11 de marzo.

En el dormitorio de Rick, sobre un escritorio de madera, aún reposa el folleto de la carrera de Cine de una universidad pública, junto a un cuaderno de pasta azul que contrasta con otros dos en los que las cubiertas las acapara el colorido dibujo de una pelirroja adolescente sobre siluetas de flores.

Una solitaria vincha en la que sobresalen dos corazones blancos y un fragmento de lo que era un tercero reposa también entre útiles escolares.

El primer cajón del escritorio guarda lo que fueron sus tesoros para su cuidado personal: productos de “skincare”, una brocha de polvo y un cepillo para el cabello.

La madre de Rick, Roxana Ramos, conserva casi intacto ese escritorio, así como la cama cuya cabecera está repleta de peluches, y el clóset con prendas ‘aesthetic’, como él las llamaba.

Todos son artículos u objetos familiares para ella. Rick quería ser actor, era un sueño que le había compartido y ya habían elegido una universidad; se maquillaba y usaba vinchas desde los 13 años y ella nunca lo reprimió; ni lo rechazó cuando a los 11 le dijo “siento que soy gay”.

Pero ese sueño por ser parte de una producción artística se desvaneció y su dormitorio ya no es escenario de sus sesiones de “skincare”. El pasado 1 de febrero, Rick, de 16 años, se suicidó, y su madre señala que el bullying homofóbico, la discriminación y la violencia de las que Rick fue víctima en el colegio en que estudió lo mataron.

Mofas de estudiantes (incluso de otros cursos), una caída porque un compañero le puso el pie para que se tropiece, balonazos durante el recreo, y un baldazo de agua en pleno patio de la institución.

Son las situaciones que relata Roxana porque su hijo se las contó en las conversaciones diarias que mantenían; o porque, tras ese 1 de febrero en que rogó a los paramédicos que le salven la vida, ella ha accedido a los chats que Rick mantenía con sus amigas.

Además del bullying, Roxana apunta al hostigamiento de una profesora, quien -según le contó una compañera de Rick tras su muerte- lo llamaba de manera despectiva “el homosexual” en plena clase.

Roxana busca justicia para Rick, el segundo de sus cinco hijos, a quien cargó en brazos hasta los seis años, su incondicional compañero para ver películas en casa, y quien la animaba a comprarse prendas de ropa o cambiarse de “look”.

“Yo perdí un hijo, no perdí un carro o una casa, y lo que estoy pidiendo es que se hagan responsables”, expresa Roxana en el comedor de su vivienda, en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil.

Para ella, los responsables son el colegio en el que Rick cursaba el segundo año de Bachillerato en Contabilidad y la profesora de Matemáticas que -afirma- hostigó a su hijo. En su búsqueda de justicia, el pasado 12 de febrero, Roxana presentó ante el Ministerio de Educación una demanda por maltrato psicológico en contra de la docente. Exige que tanto la maestra como la institución educativa y sus representantes sean sancionados. 

A la vez, ha proporcionado información a la Fiscalía en una investigación que inició de oficio por el suicidio de su hijo; la defensa legal de la familia considera que tras la muerte de Rick hay elementos que configuran en delito de odio, hostigamiento e instigación al suicidio.

La abogada de la familia, Soledad Angus, señala que hubo motivaciones explícitas detrás de la muerte de Rick y la Fiscalía debe investigar. “No puede quedarse como simplemente un suicidio”, advierte.

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Rick ingresó a estudiar al colegio que -según Roxana- causó dolor en él, en mayo de 2024, un mes antes de cumplir 16 años y celebrarlo comiendo pastel con su familia en casa. Ella conserva una foto de ese día: Él aparece sonriendo con sus tres hermanos menores.

Roxana cambió de colegio a su hijo (de uno particular a uno fiscal) el año pasado. Tomó esa decisión por estar inconforme con la enseñanza en la institución anterior. Pero el cambio le generaba temor; buscaba un lugar seguro para su hijo, donde no fuera violentado o discriminado por su orientación sexual.

– “Mamá, yo me siento que soy gay”.
– “Mi amor, yo te acepto como sea. Tú eres mi hijo”.

La conversación se dio cuando Rick tenía 11 años. Pero incluso antes Roxana no reprimió las actividades o los juegos por los que su hijo se mostraba interesado. De pequeño, por ejemplo, cortaba las tiras de sus mochilas para hacerle pelucas a sus muñecos.

“Nunca lo tratábamos como ‘eso no hagas’ o ‘eso está prohibido’, no, nunca. A él se le respetó bastante su niñez. Él era muy libre de hacer lo que quería”, recuerda.

En su adolescencia, vivió la misma libertad. Compró en una ocasión una mochila rosada de Hello Kitty que usaba para ir al cine con amistades o en paseos familiares. Y lucía también vinchas en su cabello.

Pero el año pasado, Rick experimentó desde un inicio rechazo y violencia en el colegio. En los primeros días de clase, estudiantes de otros cursos lo abordaron y le preguntaron si era gay. 

Rick no le contó a su mamá sobre este hecho. Se lo había contado a una amiga, quien -tras la muerte de él- lo compartió con Roxana y le envió la captura de pantalla de un chat.

“Y pues le pregunto q por qué me dice eso”.
“Y pues medice que es que todos de mi curso y otros cursos anda hablando sobre ti”.
“Y yo what”.

(Nota de Redacción: Los mensajes están transcritos tal cual los redactó Rick).

Pero sí le comentó de otros, como cuando un compañero, de manera intencional, le puso el pie y, por supuesto, tropezó. O cuando estaba en el recreo sentado con sus amigas y de repente sentía en su cara o espalda el golpe de un balón de fútbol. Nunca pudo identificar a los responsables, pero escuchaba risas burlescas grupales tras recibir esos balonazos.

“Él se iba a quejar con la tutora y no sabían quién era porque se tapaban entre ellos”, asegura Roxana.

Las burlas y agresiones que sufrió Rick entran en el denominado bullying homofóbico. Edgar Zúñiga, coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, explica que en el bullying homofóbico el detonante de una violencia reiterativa entre pares es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) precisa, en el informe “Abiertamente, Respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género”, que los estudiantes LGBTQ+ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son.

La violencia homofóbica y transfóbica, indica el documento, se basa en el miedo, la incomodidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas.

“Esta violencia persistente se combina con todos los procesos internos de descubrimiento, de aceptación, de reconocimiento de su identidad, y eso puede provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas, llegando incluso a intentos de suicidio”, indica Zúñiga.

En Ecuador, el suicidio es la tercera causa de muerte de infancias y adolescencias, según del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No hay datos específicos de suicidios de infancias y adolescencias LGBTQ+ en el país, pero Zúñiga señala que -según estimaciones- las personas de las diversidades tienen hasta ocho veces más riesgo de ideación suicida que sus pares heterosexuales o cisgénero.

En Ecuador, la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en escuelas y colegios está contemplada en el documento “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo“, que establece directrices obligatorias para el abordaje de estos casos para instituciones públicas y privadas.

En la “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional” también se hace referencia a ese término y se señala que es deber de toda la comunidad educativa actuar para prevenir y abordar situaciones de violencia. En el documento, se recomienda que en estos casos el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil, responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes) o tutor de curso actúen inmediatamente si se recibe una denuncia.

Además de las burlas y agresiones de sus compañeros, Rick se sentía incómodo en las clases de Matemáticas. Aunque no le contó a su madre los términos despectivos que ella hoy conoce por una compañera de él, sí le comentó que la profesora se negaba a despejar sus dudas, revisar sus tareas y lo excluía de trabajos grupales. 

En cuatro ocasiones, Roxana acudió al colegio para presentar sus quejas a la docente. De esos cuatro encuentros, en uno participó una funcionaria del DECE y en dos la tutora de curso. Además, en una reunión de padres y madres de familia, expuso el caso de su hijo y, cuenta, otros representantes comentaron situaciones similares, pero la tutora respondió “los chicos exageran”.

En la demanda presentada por Roxana al Ministerio de Educación, se detallan estos hechos como “prácticas de hostigamiento” y que responden a sesgos discriminatorios de una profesora que usaba términos despectivos para referirse a la orientación sexual de Rick en plena clase.

“Si bien pudo haber, y seguramente hubo, violencia entre pares, esto fue incitado por alguien que tenía una posición de autoridad ante ellos, que es la docente. Entonces, si una docente le dice ‘el homosexual’ a un niño en clases, es mínimamente esperable que eso vaya a detonar violencia entre pares”, explica Soledad Angus, abogada de la familia.

Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, coincide con ella: “Muchas veces el bullying es auspiciado, de forma tácita o no, por los adultos, por los docentes, incluso los psicólogos de las unidades educativas”.

Zúñiga también explica que el aislamiento, la marginación y un trato discriminatorio son formas tácitas de violencia, pero -agrega- son situaciones que, lamentablemente, no son comprobables.

“Ahora sería impensable que alguien no te acepte en una unidad educativa porque eres diverso. No lo van a decir así, van a decir ‘no tenemos espacio físico’ o ‘no tenemos cupo’. Hay esta forma sutil de generar esta violencia y es una de las formas más perversas de violencia”, observa.

Uno de los pedidos de la defensa al Ministerio de Educación fue la suspensión de la docente porque se considera que hay un riesgo de que ejerza presión en los estudiantes durante las investigaciones. En la demanda, se adjuntó un CD con un vídeo en el que la profesora se dirige a un curso para -precisa el documento- amenazar a los alumnos con la intención de que no hablen de ella en el caso.

El video no muestra a la docente porque fue grabado sigilosamente por un estudiante. La mayor parte del tiempo se ve la espalda de quien está sentado en un pupitre en un aula de clases. Entre el natural bullicio de un colegio (hasta se puede escuchar a una persona tomando asistencia) se cuela la voz de una mujer que se dirige a estudiantes con frases como “no pueden difamar a una persona”, “si hago una contrademanda” o “tengo abogados”.

El Ministerio de Educación, en respuesta a un pedido de entrevista de edición cientonce, indicó que la docente se encuentra alejada de la institución educativa como parte de las medidas de protección mientras se lleva a cabo la investigación.

La cartera de Estado aclaró, además, que se trata de una investigación en curso y que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos.

Dentro de este proceso, el colegio reportó que Roxana no había informado sobre el acoso escolar que sufría su hijo y el DECE no cuenta con ningún reporte, sostiene el ministerio en una de sus respuestas a este medio, pese a que Roxana acudió en cinco ocasiones a la unidad educativa.

“Ella fue a manifestar que era una profesora que lo trataba mal, a quien correspondía y quien tenía la obligación legal de activar protocolos era al colegio. No pueden exonerarse en que Roxana no puso una denuncia porque finalmente ella es un usuario que no tiene que conocer los protocolos, ellos sí”, señala Angus.

***

El último encuentro que Roxana mantuvo con la profesora de Matemáticas y la tutora del curso fue el 31 de enero, un día antes de la muerte de Rick. Habló con ellas porque una compañera de su hijo le había comentado que lo trataba mal.

Esto se menciona en la denuncia, pero en el comedor de su casa Roxana cuenta más detalles sobre las motivaciones de esa reunión.

Aproximadamente una semana antes, ella pasó por Rick al colegio. No acostumbraba a recogerlo después de clases por sus otras ocupaciones, pero ese día pudo hacerlo.

Rick salió enojado, cuenta Roxana. Le preguntó qué le sucedía y respondió “nada, nada”. “Entonces, se acerca una compañera y me dice ‘señora, la profesora de matemáticas se le carga mucho’”.

Tras despedirse de ella, preguntó a Rick por qué no le había contado, pero él dijo que su compañera estaba exagerando. Roxana decidió igual hablar con la profesora. Incluso el mismo día de la reunión, antes de salir de casa, su hijo le pidió que no acuda al colegio. 

Rick ya no le estaba contando a su mamá las situaciones hostiles que vivía en el colegio. Roxana se ha enterado de otras más por chats que le han facilitado las compañeras de su hijo.

En una nota de voz de casi 20 segundos por Instagram, él le cuenta a una amiga que en una ocasión le echaron un balde de agua. “Yo ya quería llorar, esta vez sí me enojé porque fueron muy bruscos conmigo”, le confiesa Rick a su amiga.

Roxana recuerda que ese día hubo una fiesta de espuma por el último día de clases de tercer bachillerato, en el mismo mes de enero. Llegó mojado y golpeado, recuerda.

Cuando le preguntó por qué llegaba así, Rick no le contó lo que precisó a su amiga en la breve nota de voz. Le dijo que no había visto quién lo golpeó y que todos habían salido así. “Lo minimizaba, decía que hasta una compañera también salió golpeada”, lamenta Roxana.

En diciembre, hubo otro evento estudiantil sobre el que Rick tampoco le contó a su mamá. Roxana se enteró el mes pasado por redes sociales. En la cuenta de Instagram del colegio, hay un reel que fue subido el pasado 24 de diciembre, con el mensaje “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, en que aparecen fotografías de estudiantes varones con globos bajo sus camisetas y pantalones con los que buscan adquirir una silueta femenina exagerada. En una de ellas, afirma Roxana, aparecen compañeros de curso de Rick.

“Mi hijo ese día (del evento) vino un poco molesto”, señala. Solo le dijo que la fiesta estuvo “aburrida”. Roxana comenta que incluso días antes Rick había expresado su deseo de no acudir el día de la fiesta, pero luego no tuvo opción porque debía participar en una actividad obligatoria.

Rick no dijo nada más. No contó a Roxana sobre esa actividad que el mismo colegio posteó. Sí le llevó un poco de comida de la fiesta, como solía hacer cuando había festejos en la unidad educativa o cuando salía con sus amigas.

Estas parodias, asociadas a la costumbre de “las viudas” en el país, pueden ser tomadas como un agravio por un adolescente homosexual, considera Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI.

“Es una cosa muy común en fin de año todo el tema de las viudas, todo el tema de la sátira a la figura femenina, a las identidades feminizadas, y es lógico que aquellas personas que están en una proceso de exploración vean eso como una burla”, explica.

Aunque aclara que el video es reflejo de un problema estructural, considera que el colegio está incumpliendo con ofrecer espacios seguros para estudiantes de las diversidades sexogenéricas.

“Si alguien posteó eso y lo está poniendo como algo que representa a la unidad educativa, significa que hay una cero conciencia de la violencia LGBTIfóbica en ese espacio”.

La “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo” recomienda que en las instituciones se desarrollen actividades de sensibilización sobre la discriminación y violencias contra personas LGBTQ+. 

Este medio consultó al Ministerio de Educación si en el colegio se implementan las recomendaciones del documento, pero la institución no lo precisó. Su respuesta fue: “El Ministerio de Educación se encuentra analizando y levantando información sobre este caso y las acciones de prevención y abordaje que ha realizado la institución educativa”.

Una respuesta evasiva en un contexto en que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha mostrado su abierta oposición a temas de género y diversidades en las instituciones educativas.

En un vídeo, publicado semanas atrás, anunció que el ministerio ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de los protocolos para prevenir y abordar vulneraciones de derechos en las aulas, pero a la vez señaló que no se implementará “ninguna acción basada en ideologías de género” ni habrá “imposición de agendas ideológicas”.

Estos términos son usados de manera despectiva por sectores antiderechos para oponerse al reconocimiento de derechos de mujeres y personas LGBTQ.

Este anuncio se dio tras la sentencia de la Corte Constitucional que dispone al Ministerio de Eduación elaborar un protocolo para acompañar los procesos de transición de género en escuelas y colegios.

El caso que estudió la Corte fue el de una niña trans cuya escuela no tomó las medidas para respetar su identidad de género. En el desarrollo de la sentencia, entre otros puntos, precisa que “la finalidad de la educación no se reduce a garantizar únicamente la adquisición de conocimientos, sino también se orienta al pleno desarrollo de la personalidad, y al ejercicio de otros derechos humanos”.

*** 

La última conversación que Rick tuvo con su mamá sobre temas del colegio fue un día antes de su muerte. Le comentó que tenía que presentar el siguiente lunes un proyecto en la materia de Matemáticas y el cuaderno de Filosofía. Roxana lo sabía, pues había hablado con los profesores de ambas materias. 

Hablaron cuando Rick regresó del colegio, en las conversaciones diarias que mantenían y en las que también hacían bromas, o hablaban de su gata Meche.

Ese día, por la mente de Roxana ya pasó cambiar a su hijo a otra institución educativa para cursar el tercer año de Bachillerato. Le faltaba solo un año para terminar sus estudios secundarios y perseguir su sueño de ser actor.

Pero al día siguiente, el sábado 1 de febrero, Rick se suicidó en su dormitorio, aproximadamente a las 16:00. No dejó ninguna nota, pero su madre asegura que el bullying mató a su hijo.

A la media hora de su deceso, en un grupo de WhatsApp del curso de Rick, Roxana cuenta que llegaron mensajes como “¿Ya está muerto Rick?”, “jajajaja”, “que conteste aunque esté muerto”… En ese momento, ella tenía su teléfono, que está ahora en manos de Fiscalía.

En otro grupo de WhastApp de otro curso al que tuvo acceso Roxana, en un chat al día siguiente del fallecimiento de Rick, se lee la pregunta “como que un pelado de segundo murió ??”. La primera respuesta fue: “Si. El marinconcito”.

El día de la velación de su hijo, acudieron la rectora, inspectora y tutora del colegio, cuenta Roxana. “Ahí les dije que nunca me ayudaron y que voy a hacer justicia”.

Hasta el momento, además de la investigación en el colegio por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos instaló una mesa interinstitucional para el seguimiento del caso, mientras que Fiscalía ha ordenado versiones, pericias y requerimientos de información, precisa la defensa de la familia.

Roxana busca justicia por el hijo a quien en cada cumpleaños le compraba una torta para celebrar en casa. A quien abrazaba en las fotografías que se tomaban juntos. A quien en una ocasión descubrió que, de la mesada que le entregaba, destinaba dinero para comprarle dulces.

“Se me fue mi hijo, se me fue todo. Me quedé sin mi compañero que me daba aliento”.

Miles de mujeres y decenas hombres se concentraron a un costado del Parque Cuscatlán en San Salvador el 8 de marzo para marchar entre consignas, música y emoción hacia la Plaza al Divino Salvador del Mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

La movilización, organizada por colectivos feministas y diversos movimientos sociales, se convirtió en un espacio clave para visibilizar las demandas de las mujeres salvadoreñas y denunciar lo que consideran un retroceso en materia de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.

La multitudinaria manifestación reunió a mujeres de distintos sectores y edades, incluyendo trabajadoras del sector informal, estudiantes, activistas ambientales, defensoras de derechos humanos y el movimiento transfeminista, que desde hace siete años participa activamente en esta conmemoración. Todas unidas bajo un mismo propósito: exigir el respeto y garantía de sus derechos en un país donde la violencia de género, la desigualdad económica y la discriminación siguen siendo realidades latentes.

Las manifestantes denunciaron la precarización de la vida de las mujeres, el aumento del desempleo, los desalojos de vendedoras del sector informal, el alto costo de la vida, así como el incremento de feminicidios y crímenes de odio sin resolver. Además, reclamaron la falta de avances en la aprobación de una Ley de Identidad de Género, la necesidad de fortalecer las leyes contra la violencia hacia las mujeres y la urgencia de medidas efectivas contra la minería metálica, que afecta gravemente a las comunidades más vulnerables.

FESPAD: Llamado a garantizar los derechos de las mujeres

Por su parte la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se pronunció ante los medios de comunicación, destacando la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en El Salvador. La organización reconoció avances como la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) en 2010, pero alertó sobre los desafíos aún pendientes.

“Enfrentamos grandes desafíos. La violencia de género, la desaparición de mujeres, la discriminación, la falta de acceso a recursos y oportunidades, las brechas salariales, entre otras problemáticas, siguen siendo realidades que deben ser transformadas”, declaró FESPAD, instando al Estado salvadoreño a cumplir la normativa internacional en defensa de los derechos de las mujeres.

La organización exigió, además, que el gobierno dote de recursos a instituciones clave como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte Suprema de Justicia, con el fin de fortalecer la protección y acceso a la justicia para las mujeres salvadoreñas.

Voces desde la marcha: una lucha interseccional

Entre las voces que se alzaron en la marcha estuvo Aranza Santos, parte de la Asamblea Feminista de El Salvador y del Colectivo Alejandría, quien destacó la importancia de la participación del movimiento transfeminista en esta conmemoración. 

“Es fundamental hablar de estos temas coyunturales que consignamos en esta marcha, desde temas ambientalistas, incremento en violencia y el ocultamiento de datos sobre incremento de feminicidios y crímenes por odio que se están dando”, declaró al Los Angeles Blade.

Otra de las participantes, Venus Nolasco, directora del Colectivo LGBTQ+ Perlas de Oriente San Miguel, subrayó la deuda histórica que el Estado salvadoreño tiene con las mujeres trans. 

“No hay que tener miedo de tomarse las calles, porque tenemos derechos, como exigir una Ley de Identidad y un ¡ya basta! a los crímenes por odio”, expresó con determinación.

Un contexto de retrocesos y resistencia

Las organizaciones feministas denuncian que en los últimos años ha habido un deterioro en la garantía de los derechos de las mujeres en El Salvador. A pesar de los avances legislativos previos, señalan que la falta de aplicación efectiva de las leyes y la ausencia de políticas públicas integrales han agravado las condiciones de vulnerabilidad para muchas mujeres.

Además, alertan sobre el impacto de las reformas gubernamentales en el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres. La falta de transparencia en los datos sobre feminicidios y violencia de género ha generado preocupación entre los colectivos feministas, que exigen información clara y veraz sobre la situación de los derechos de las mujeres en el país.

El 8M en El Salvador no es solo una fecha de conmemoración, sino una jornada de resistencia y exigencia de derechos. Las mujeres que marcharon este sábado han dejado claro que la lucha por la equidad de género y la justicia sigue más vigente que nunca. A pesar de los desafíos, la movilización masiva demuestra que las mujeres salvadoreñas continúan organizándose, alzando la voz y exigiendo un país más justo e igualitario.

Las demandas expresadas en esta marcha reflejan una realidad que no puede ser ignorada, la urgencia de garantizar los derechos de todas las mujeres en El Salvador, sin importar su identidad de género, condición socioeconómica o edad. Las manifestantes expresaban que “es momento de que el Estado salvadoreño asuma su responsabilidad”, asegurando que deben tomar medidas concretas para erradicar la violencia, la discriminación y la desigualdad que aún persisten en la sociedad salvadoreña.

SAN SALVADOR, El Salvador — El despido de más de 100 personas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ha generado una ola de indignación entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en El Salvador. Entre las personas cesadas se encuentra Catherine Carolina Escobar, una mujer trans salvadoreña que, además de ser trabajadora del ISDEMU, formaba parte de la junta directiva del sindicato de la institución. Su despido y el de su compañera Litzy, otra mujer trans, ha sido interpretado por activistas como una acción discriminatoria en el marco de la creciente ofensiva del gobierno contra lo que denominan “ideología de género”.

Ciudad Mujer: Un legado de inclusión

Para entender la relevancia de estos despidos, es necesario remontarse a la historia de Ciudad Mujer, un proyecto emblemático inaugurado en 2011 durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y consolidado en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Ciudad Mujer se concibió como un espacio integral de atención a las mujeres, brindando servicios de salud, asesoría legal, educación y formación laboral, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres trans y otras personas de la diversidad sexual.

El proyecto representó un hito en la inclusión laboral de las mujeres LGBTQ+, particularmente de mujeres trans, quienes históricamente han enfrentado múltiples barreras para acceder al empleo formal. De acuerdo con Mónica Hernández, directora ejecutiva de ASPIDH Arcoíris Trans, “Ciudad Mujer permitió la contratación de varias mujeres trans, así como de hombres trans y mujeres lesbianas”, marcando un avance significativo en la lucha por la equidad laboral.

Sin embargo, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, Ciudad Mujer fue absorbida por ISDEMU, lo que significó cambios en su estructura y objetivos. Desde entonces, organizaciones feministas y de derechos humanos han denunciado una reducción en el alcance del programa y la exclusión progresiva de las poblaciones LGBTQ+ de sus beneficios.

Despidos y discriminación: La lucha de Catherine Carolina Escobar

El 7 de febrero, Catherine Carolina Escobar presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto a otras compañeras sindicalistas que fueron despedidas, en días anteriores también lo hicieron ante el Ministerio de Trabajo; Catherine señaló que su despido y el de su compañera Litzy podría responder a una política discriminatoria impulsada por el gobierno.

“Hemos interpuesto la denuncia, pero otras compañeras no han querido hacerlo por temor. Yo sí lo hice porque esto es discriminación y está vinculado a la supuesta lucha contra la ideología de género que este gobierno ha comenzado”, declaró Escobar.

Según explicó, los ataques en su contra y contra su compañera se intensificaron a partir del momento en que el gobierno comenzó a promover un discurso contra la “ideología de género”, lo que ha servido como justificación para desmantelar programas de equidad e inclusión.

“Yo era parte de la junta directiva del sindicato y aun así se atropellaron mis derechos”, subrayó.

Además del impacto personal, Escobar alertó sobre las consecuencias más amplias de esta política: “Los retrocesos ya comenzaron y ahora es un riesgo que debemos tomar en la lucha. Imagínese qué peligroso que ahora el Ejército vaya a ser como la PNC. Desde hace dos años yo le decía a la gente: ‘Esta es una dictadura que estamos viviendo’”.

El impacto en las organizaciones de derechos humanos

El despido de Escobar y Litzy ocurre en un contexto donde las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentan graves dificultades debido a la falta de financiamiento y la hostilidad del gobierno.

“Todas en la organización trabajamos ad honorem porque los fondos que teníamos venían del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahora estamos sin recursos”, explicó Hernández.

Valery, encargada de monitoreo y captación de denuncias en ASPIDH, resaltó que la situación es preocupante porque cada vez más puertas se cierran para la defensa de los derechos humanos.

“Nuestra constitución establece que todos somos iguales ante la ley. No importa nuestra ideología o identidad, nuestros derechos deben ser respetados”, explicó. “Pero vemos cómo el gobierno está desmantelando toda la estructura que protegía a las poblaciones más vulnerables”.

Además del impacto en los derechos laborales, Valery advirtió sobre la precariedad en la atención de la salud para las mujeres trans. “No solo necesitamos prevención de enfermedades de transmisión sexual, también requerimos acceso a hormonas, endocrinólogos y atención médica integral. Muchas mujeres trans han muerto porque el sistema de salud no las atiende como se debe”.

La respuesta sindical y la lucha internacional

Desde el sindicato del ISDEMU, Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU), confirmó que han interpuesto demandas en el Tribunal del Servicio Civil y la PDDH.

“El lunes 10 de febrero viajaremos a Costa Rica para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No podemos quedarnos callados, aun con los riesgos que esto implica. Nuestras familias han sido amedrentadas, pero eso no nos desanima”, afirmó.

Viñerta también denunció que el ISDEMU ha desmantelado la unidad de formación especializada, que se encargaba de capacitar a los funcionarios públicos en temas de género. “Nosotras podemos demostrar fehacientemente que, además de la libertad sindical, se han violentado otros derechos fundamentales, como el derecho de audiencia y el derecho de respuesta. La presidenta del ISDEMU ni siquiera respondió a nuestras solicitudes. Esto es un retroceso en el respeto a los derechos humanos”.

Un llamado a la resistencia

El caso de Escobar y Litzy es un reflejo de los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en El Salvador bajo el actual gobierno. Los despidos en ISDEMU no solo representan una vulneración de los derechos laborales, sino también un golpe a los avances en inclusión y equidad alcanzados en años anteriores.

Para Escobar, el camino está claro: “He vivido demasiadas situaciones difíciles, he visto cómo muchas compañeras han sido asesinadas por razones sociales. Me siento en la obligación de luchar. No voy a permitir estos retrocesos”. Su determinación es compartida por muchas activistas y organizaciones que, a pesar de las adversidades, siguen exigiendo el respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Edición Cientonce es el socio mediático del Los Angeles Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 21 de enero.

La Corte Constitucional, en una reciente sentencia, resuelve que una unidad educativa particular de la provincia de Santa Elena vulneró los derechos de una niña trans por negarse a acompañar su proceso de transición y, para evitar más casos como estos, ordena al Ministerio de Educación diseñar un protocolo que reconozca la identidad de género de estudiantes en el sistema educativo.

El fallo, notificado el 8 de enero, recoge hechos narrados por la madre y padre de C.L.A.G. (siglas usadas para proteger la identidad de la niña): la escuela se negó a llamarla por el nombre con el que se identificaba, la obligó a usar uniforme masculino (pese a que ella quería usar el femenino), le impidió usar el baño de niñas y no acató recomendaciones del Distrito de Educación relacionadas a respetar su identidad de género.

Estos hechos ocurrieron cuando C.L.A.G tenía cinco años de edad y motivaron a que su madre y padre inicien en 2017 un proceso legal que llegó hasta la máxima instancia de justicia e interpretación constitucional.

La niña es de nacionalidad española y hace ocho años estudiaba en Ecuador, pero la familia dejó el país —según señala— por el “futuro incierto” que en ese momento tenía C.L.A.G en cuanto a su proceso de transición dentro del sistema educativo en Ecuador.

La Corte señala que la unidad educativa (de la que también guarda reserva) vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, al interés superior de la niña y el derecho a ser escuchada.

En el desarrollo de la sentencia, la Corte señala que “las autoridades escolares tenían la obligación constitucional de garantizar que la niña pudiera expresar de modo integral y seguro su identidad de género”.

La escuela, según los hechos narrados en el fallo, adoptó medidas como permitirle a C.L.A.G usar accesorios como vinchas o que se disfrace de conejita en un festival, y brindarle acceso al baño de profesores, en lugar del baño de niñas.

Pero la Corte considera que estas acciones no garantizaron que C.L.A.G pueda expresar su identidad de género.

La escuela también se negó a brindar charlas de sensibilización a la comunidad educativa por resistencia de los padres de familia de otros estudiantes que no deseaban que se aborde temas de diversidades sexogenéricas con infantes de preescolar.

Sin embargo, el organismo aclara que la unidad educativa pudo haber tenido diálogos con los representantes legales de los estudiantes y concientizar sobre la importancia de no violentar a niñxs trans.

Pedidos a escuela y ministerio

En la sentencia, la Corte Constitucional ordena a la unidad educativa a pedir disculpas mediante una carta a C.L.A.G, y a su madre y su padre. La familia radica hoy en España.

Además, dispone al Ministerio de Educación que, en aproximadamente seis meses, diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes trans. La Corte precisa que este documento debe ser obligatorio.

Actualmente, está vigente una guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional.

En esta guía hay recomendaciones como llamar a estudiantes trans por su nombre social y que se les permita usar el uniforme de acuerdo a su identidad de género. Sin embargo, el documento, elaborado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, no es obligatorio para las instituciones educativas.

La Corte también decide en la sentencia que la Dirección Distrital de Educación vulneró el derecho a la educación de C.L.A.G. Aunque esta institución emitió informes en que señala que la institución educativa estaba vulnerando los derechos de la niña, la Corte considera que las acciones no se adoptaron de manera inmediata para corregir las vulneraciones denunciadas.

El organismo también adjunta en la sentencia una carta dirigida a C.L.A.G., un gesto que va más allá de lo jurídico. En esa carta, la Corte señala a la niña que “la escuela debía haberte cuidado y apoyado para que te sintieras segura y feliz”, y lo que sucedió en la unidad educativa “no fue justo para ti”.

Más allá de un documento

La Corte Constitucional aborda por primera vez, de manera explícita, el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes.

En el desarrollo de la sentencia detalla algunos puntos. Uno de ellos, que “el género es un atributo inherente a la dignidad humana que va más allá del registro formal de datos en el Registro Civil”.

La Corte expone este punto porque el principal argumento de la unidad educativa para negarse a llamar a C.L.A.G. por el nombre que eligió y respetar su identidad autopercibida fue que la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles permite exclusivamente a personas mayores de 18 años el cambio de sus datos en la cédula de identidad para que estén conformes a su identidad de género.

Esta restricción en la ley ha generado otros procesos, como el de Amada, una niña trans que radicaba en Quito y que con el apoyo de su familia logró cambiar los datos en su cédula de identidad tras una sentencia judicial.

Este fallo, sin embargo, fue apelado por el Registro Civil y logró revertirlo. El caso de Amada se encuentra actualmente en la Corte Constitucional en la selección de sentencia para la creación de jurisprudencia vinculante. Es decir, el organismo analiza el caso y dictará, si así lo decide, procedimientos para que el Estado reconozca legalmente la identidad de niñxs trans.

Además de Amada, está el caso de Ela, una niña trans con doble nacional (estadounidense y ecuatoriana) que pidió a su madre y su padre cambiar los datos de acuerdo a su identidad de género en su pasaporte ecuatoriano. La familia logró el cambio tras un proceso administrativo (no fue necesario iniciar acciones legales).

Aunque en esta sentencia la Corte no toma una decisión sobre el registro de datos civiles para niñxs y adolescentes trans, el organismo expone que la identidad de género constituye un elemento integrante de la identidad de las personas y recuerda que el artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Además, desarrolla el derecho de ser consultados en los asuntos que les afectan, independiente de su edad. La unidad educativa argumentó que la niña no podía decidir sobre su identidad de género por razón de su edad.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 5 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — Casi 16 años después del asesinato de la líder trans Vicky Hernández, el general retirado Romeo Vásquez Velásquez fue capturado hoy como supuesto responsable de la muerte violenta de Isy Obed Murillo durante el golpe de Estado de 2009. 

Tras el arresto, la opinión pública ha exigido justicia para Isy Murillo y la activista trans. Ambos fueron las primeras víctimas mortales del toque de queda encabezado por Vásquez Velásquez tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009.

La opinión pública se pregunta si de este modo se está allanando el camino para que los responsables paguen por el asesinato de Vicky Hernández e Isy Obed. 

Junto con el general en retiro, las autoridades capturaron a otros jerarcas de las Fuerzas Armadas. 

Estos arrestos, según el Ministerio Público, se deben a que estos militares comandaron y lideraron el operativo en que soldados abrieron fuego contra manifestantes opuestos al golpe de Estado, el 5 de julio de 2009.

Ese día, cientos de hondureños se aglomeraron cerca del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, para manifestarse y recibir al presidente Manuel Zelaya Rosales, quien iba a regresar en avión a Honduras. 

Sin embargo, el ejército impidió la entrada de Zelaya en una acción en la cual mató de un balazo en la cabeza al joven Isy Obed Murillo. 

«No solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades», dijo el MP en un comunicado. 

A través de sus redes sociales, Romeo Vásquez respondió que la acusación en su contra es un intento del Gobierno de «callarlo a cualquier costo».

¿Pagará Romeo por el asesinato de Vicky?

Con la captura de Romeo Vásquez, el gobierno de Xiomara Castro parece haber dado un paso firme en busca de justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2009. 

Sin embargo, los arrestos de hoy han recibido también las críticas de grupos de la oposición y críticos de la administración de la presidenta Castro.

Por otro lado, la ciudadanía espera que no solo se haga justicia en el caso de Isy Obed Murillo, sino también en el de centenares de víctimas durante el mandato del general Romeo Vásquez bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti. 

Por sobre todo, urge que las capturas de hoy abran la puerta para que las poblaciones LGBTQ+ victimizadas durante el golpe de Estado de hace 16 años reciban por fin una justicia largamente esperada.

Así, defensoras de los derechos de las diversidades esperan que las acciones de hoy sirvan para reivindicar a activistas como Vicky Hernández, asesinada entre el 28 y 29 de julio de 2009. 

“¿Cuándo pagará Romeo Vásquez por el asesinato de Vicky Hernández?” es la pregunta que se hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual en Honduras.

Según la sentencia de Vicky Hernández vs Honduras, la muerte de Vicky fue una ejecución extrajudicial cometida entre el 28 de junio y la madrugada del 29 de junio en San Pedro Sula, norte de Honduras. 

El asesinato de la líder trans se dio en el marco del toque de queda y el golpe de Estado ejecutado por Roberto Micheletti contra Manuel “Mel” Zelaya a través del jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez. 

“Como representantes de las víctimas, exigimos justicia y no olvidar los asesinatos de personas LGBTI+ en el marco del golpe de Estado”, afirmó Indyra Mendoza de la Red Lésbica Cattrachas.

Asimismo, la Red Lésbica Cattrachas pidió al Ministerio Público que no olvide la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso “Vicky Hernández vs Honduras”, donde se especifica que el asesinato de la líder trans fue una ejecución extrajudicial.

En su sentencia, la Corte constató indicios de participación de agentes estatales en la violación del derecho a la vida de Vicky Hernández en un contexto de violencia anti-LGBTQ+.

El Estado reconoció en parte su responsabilidad internacional, ya que las autoridades no investigaron con diligencia el homicidio de Vicky. De hecho, según la Corte, las autoridades no consideraron el contexto de discriminación y violencia policial contra las personas LGBTQ+ y las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

Asimismo, el Tribunal determinó que, al haber sido asesinada y por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos a no discriminación y a la identidad de género de Vicky. A su vez, el Tribunal encontró que las familiares de Vicky Hernández resultaron afectadas por el sufrimiento que les causó su muerte, la permanente discriminación contra ella y la impunidad del homicidio.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Entre estas demandas está promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández.

Así reaccionan al arresto de Romeo  

Minutos después de la captura del general retirado Romeo Vásquez para deducirle responsabilidades por la muerte violenta de Isy Obed Murillo, personalidades del ambiente político y social de Honduras salieron a dar declaraciones al respecto en medios y redes sociales.

El padre Ismael Moreno se halla entre quienes manifestaron su satisfacción por las capturas que hacen vislumbrar un rayo de esperanza a las familiares de las víctimas del golpe de 2009. En sus redes sociales, el padre Melo señaló que no es posible dejar “en el olvido” crímenes como el cometido contra Murillo.

“Que la justicia actúe con firmeza y conforme a debido proceso ante un militar que simboliza unas FF. AA. comprometidas con la impunidad. Ningún hecho de violación a derechos humanos y crímenes que vinculan al Estado contra inocentes prescriben ni pueden quedar en el olvido”, escribió Melo. 

De manera parecida se expresó David Murillo, padre del joven asesinado en 2009. «No es persecución política, ¡él mató a mi hijo, él es el culpable!», afirmó el padre de Isy.

🚨 #ÚLTIMAHORA | 🗣️David Murillo: "No es persecución política, ¡él mató a mi hijo, él es el culpable!".

En #EXCLUSIVA, el padre de Isy Obed Murillo se pronuncia ante la captura de Romeo Vasquez Velázquez pic.twitter.com/Y1gX1j1iMP

— TSiHonduras (@TSiHonduras) January 5, 2025

Del mismo modo, el abogado Joaquín Mejía recomendó, por su parte, consultar el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación “que establece la responsabilidad de [Vásquez] en las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de Estado”.

“Según la Comisión, la ‘responsabilidad del general […] está estrechamente ligada a la de Micheletti’”, publicó Mejía en sus redes. Además, afirmó que no debe olvidarse la responsabilidad del resto del Estado Mayor Conjunto.

Mientras tanto, la activista Berta Oliva ofreció un testimonio personal al recordar la manera como acompañó el dolor “de la madre y el padre de Isy Obed Murillo en su exilio en Argentina y en su romería interminable en Honduras”.

Para Oliva, la familia de Murillo ha recibido una “ofensa brutal” con “los años de silencio” alrededor del asesinato.  

Entretanto, Gabriela Castellanos, del Consejo Hondureño Anticorrupción (CNA), volvió a mostrar por qué la consideran una de las críticas más duras del gobierno de Xiomara Castro.

“La persecución, la tortura y el asesinato de manera sistematizada de personas por motivos políticos en el marco del golpe de Estado en 2009, son hechos indiscutibles que hoy se disfrazan en nombre de la ‘justicia’”, aseguró Castellanos en X. 

🗣️ Jorge Cálix: "Si se ha aplicado amnistía a otros como Rasel Tomé, el general puede solicitar ampararse en la misma ley". pic.twitter.com/JqjrIl36pw

— TSiHonduras (@TSiHonduras) January 5, 2025

Otro crítico de la acción de hoy del Ministerio Público, el analista político Olban Valladares, afirmó que la captura de Romeo Vásquez significa que el Ministerio Público “está cumpliendo instrucciones políticas de los que el pueblo ha identificado como los mandamases”. 

Según Valladares, no es posible requerir a Vásquez porque “no se le ha probado ser ni el hechor material ni el intelectual” de la muerte violenta de Isy Murillo. Además criticó que Romeo “forma parte de un Estado Mayor Conjunto, una junta de comandantes, y se enfilan los cañones contra una sola persona”.

Entretanto, para el precandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, medidas como el arresto del exjerarca militar Romeo Vásquez “sirven para asustar a la oposición”. 

“En el caso de Romeo, lo que tienen que presentar son las pruebas por los que ellos creen que cometió”, agregó el presentador de televisión.

Declaraciones del Candidato Presidencial del Partido Liberal Salvador Nasralla sobre la persecución política que ha iniciado hoy 5 de enero 2025 el gobierno dictatorial de honduras. pic.twitter.com/sPKp49eXx0

— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) January 5, 2025

A las voces de la oposición que se alzaron contra la decisión del MP se unió el Partido Liberal, el cual declaró que está preocupado por la detención de Vásquez, “curiosamente avalada por funcionarios del Gobierno”. 

Además, demandó al Ministerio Público que respete los derechos de Vásquez y pidió “no permitir por ningún motivo que se instale en nuestro país una nueva Venezuela”.

El Partido Nacional, por su parte, exigió «justicia plena, imparcial» y no usar las instituciones para vengarse.

La esposa de Romeo Vásquez, Lisbeth Zelaya, declaró que hace días habían amenazado a su esposo con encarcelarlo y que lo capturaron “sin pruebas”. 

Para finalizar, las Fuerzas Armadas de Honduras se manifestaron la noche de hoy por medio de un comunicado sobre “la captura de tres exmiembros de esta institución”.

A continuación, la institución armada afirmó en el boletín que condena “todo golpe de Estado” y que rechaza “cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales”.

Asimismo, las FF. AA. garantizó “que no habrá más golpes de Estado” y que “por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo”.

Reportar sin Miedo es el socio mediático en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 5 de diciembre.

Un esperado avance en la lucha de las poblaciones LGBTIQ+ se produjo tras levantarse la prohibición que durante 25 años impidió que las poblaciones de las disidencias sexuales donaran sangre en Honduras.

Con la publicación del 30 de noviembre en el diario oficial La Gaceta se puso fin a la reforma legal que durante un cuarto de siglo prohibió a las poblaciones LGBTIQ+ donar sangre sin importar las circunstancias. Así, por medio del acuerdo ejecutivo 002-2024, las disidencias sexuales han obtenido un pequeño triunfo tras levantarse el impedimento legal de donar sangre, aunque eso haya puesto en riesgo vidas humanas.

De ese modo, la nueva reforma publicada hace cinco días modifica el acuerdo 629, llamado «Norma técnica para el manejo de la sangre y los componentes sanguíneos», emitido en agosto de 1999 y publicado en La Gaceta en enero del año 2000.

La norma técnica de 1999 ordenaba «excluir en forma permanente” de la donación de sangre «a homosexuales, bisexuales [y] heterosexuales con comportamiento sexual de riesgo”, entre otros.

La razón de tal exclusión, según la norma técnica de hace 25 años, era que “por razón de sus prácticas sexuales o exposición a alto riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana u otros agentes infecciosos”.

25 años sin donar sangre 

“Nuestra sangre no es distinta. Este avance significa 25 años de lucha por nuestros derechos”, dijo a Reportar Sin Miedo Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, tras conocer el acuerdo que restituye a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre. 

Esta reforma histórica se debe al trabajo de litigio estratégico de la Red Lésbica Cattrachas, que impulsó ante el Sistema Interamericano el derecho de donar sangre de las personas LGBTIQ+.

Este nuevo logro de Cattrachas se suma a su exitoso trabajo para obtener la sentencia en el caso «Vicky Hernández versus Honduras» que significó la condena del Estado hondureño por el asesinato de la líder trans.

En el proceso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se han involucrado durante los últimos años con dictámenes, informes técnicos y acciones para la no discriminación de las disidencias sexuales en la donación de sangre.  

El nuevo acuerdo que restituye el derecho de donar sangre a las disidencias sexuales se produce tras un cuarto de siglo durante el cual el Estado solo cumplió en parte su papel de protector de la persona humana en lo referente a las disidencias sexuales de Honduras.

Así, la política sobre la sangre y sus derivados que había estado vigente desde 1999 negó a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre junto con personas trabajadoras del sexo, farmacodependientes, hemofílicos, politransfundidos, compañeros sexuales de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y alcohólicos habituales.

La normativa estaba ‘desfasada’

La prohibición de donar sangre que afectó a las poblaciones LGBTIQ+ en Honduras no solo les impidió el goce pleno de sus derechos. Además, la reforma vigente desde agosto de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2024 segó vidas como la de Marcela, la pareja de Eliza*.

Eliza vivió en carne propia esta reforma discriminatoria cuando no pudo donar sangre para Marcela, quien estaba muriendo de leucemia en el Seguro Social de Tegucigalpa en julio de 2020. 

“La primera vez que intenté donar sangre, la Cruz Roja me rechazó sin decirme motivo. Necesitaba donar con urgencia porque mi pareja necesitaba transfusión. No me lo permitieron por ser lesbiana y ella murió”, relató Eliza. Para la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, el acuerdo de 1999, reformado en 2024, ya estaba desfasado.

“La normativa está totalmente desfasada”, dijo Mendoza en 2020, refiriéndose a los casos de población LGBTI que dona sangre en el país. 

Eliza no conocía esa normativa, por lo cual se presentó a la Cruz Roja y dijo que tenía relaciones sexuales con otra mujer. 

Quienes la atendieron le dijeron que era imposible que donara sangre, argumentando que no tenía el peso adecuado para ser donante. 

“Pocos días antes de morir, Marcela se había puesto peor”, relató. 

Marcela necesitaba con urgencia más plaquetas para continuar luchando contra la leucemia, por lo cual Eliza se dirigió al centro de donación. Se alegró porque cumplía los requisitos, pero esa vez no argumentaron que estaba demasiado delgada. 

“Usted no puede donar. Ya sabe por qué”, dijeron. Después de dar rodeos, agregaron que no podía hacerlo porque tenía relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo.

Tras un año de quimioterapias y otros duros tratamientos, había sido testigo del desgaste y la agonía de Marcela, pero una ley discriminatoria le impidió ayudar a la persona que amaba. 

“No es por discriminación”, le dijo el enfermero, “ustedes no me dan asco”. Eliza no necesitaba más explicaciones porque estaba segura de que la estaban discriminando. 

Marcela murió el 21 de julio de 2020.

Vea aquí un video relacionado con el tema.

Karla Guevara, una reconocida activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, comunicó su denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. 

En su petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La activista señala que estas vulneraciones han ocurrido en perjuicio de su persona, particularmente en el marco de su lucha por el reconocimiento de su identidad de género.

Desde 2019, Guevara ha enfrentado un complejo y prolongado proceso judicial para obtener el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales, debido a la inexistencia de una ley de identidad de género en El Salvador. Actualmente, las personas trans solo pueden recurrir a los juzgados de familia para solicitar dicho reconocimiento, un camino que, como señala la activista, está plagado de obstáculos y re-victimización.

“Como la primera mujer trans en El Salvador en acceder a cambiar de nombre y género en mis documentos de identidad, he luchado desde mi activismo por una Ley de Identidad de Género”, expresó Guevara en una entrevista con Washington Blade.

El proceso iniciado en el Juzgado Primero de Familia de San Salvador en diciembre de 2019 fue inicialmente declarado improponible en enero de 2020. Sin embargo, tras apelar dos veces a la Cámara de Familia, Guevara obtuvo una sentencia favorable en agosto de 2022. La resolución ordenaba el cambio de nombre y género en sus documentos de identidad y la marginación de su partida de nacimiento, pero la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un amparo que ha impedido la ejecución de esta decisión durante los últimos dos años, alargando a cinco años su búsqueda de reconocimiento oficial.

Tratos discriminatorios y violencia psicológica

Durante este extenso proceso, Guevara denunció ser víctima de tratos discriminatorios y revictimizantes que han afectado su salud mental y vulnerado su integridad personal. Entre estos tratos destacan la patologización y genitalización de su identidad, el escrutinio judicial e inspección física de su cuerpo y el escepticismo constante de las autoridades sobre su femineidad y motivaciones. 

“El Estado salvadoreño ha impedido y sigue impidiendo que mi persona cuente con documentos de identidad acordes con mi identidad de género, pese a que existe una sentencia firme que me reconoce este derecho”, declaró Guevara.

Estas experiencias, según la denuncia, constituyen violaciones a su integridad psíquica y violencia psicológica según la Convención de Belém do Pará. Además, Guevara argumenta que el Estado salvadoreño ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, como la integridad personal, la protección de la vida privada, la libertad personal, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales, entre otros.

Acompañamiento de organizaciones sociales

La denuncia de Guevara cuenta con el respaldo de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Synergia, quienes han apoyado su caso ante la CIDH. Estas organizaciones destacan que la falta de una Ley de Identidad de Género en El Salvador perpetúa la discriminación estructural hacia las personas trans. Además, recalcan la importancia de visibilizar casos como el de Guevara para impulsar reformas legales que garanticen el reconocimiento y la protección de los derechos de la población LGBTQ.

“Consideramos que llevar el caso a esta instancia, es la forma más eficiente y efectiva para tener este reconocimiento de las violaciones que el Estado de El Salvador cometió hacia Karla”, expresó Mirta Moragas de Synergía – IHR – Initiatives for Human Rights.

Para Alejandra Burgos de Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es importante mostrar el apoyo a Guevara desde la Red Feminista. 

“También mostramos nuestro apoyo con todas las personas trans que no tienen acceso a ser reconocidas con su nombre en este país”, agregó. 

Ambas organizaciones reconocen la valentía de Guevara, como también la de muchas organizaciones en El Salvador, que han luchado contra la impunidad ante los crímenes de odio en el país. 

Impacto del discurso de odio en El Salvador

El contexto nacional en materia de derechos de la población LGBTQ es preocupante, con un aumento de discursos de odio promovidos por funcionarios públicos, incluyendo al presidente, así como diputados y otras figuras políticas. Este clima hostil, según varios activistas de El Salvador, ha generado retrocesos significativos en materia de derechos humanos. Aseguran que estos discursos no solo perpetúan la violencia y la discriminación, sino que también afectan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales.

El caso de Guevara se suma a una creciente lista de denuncias contra el Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos de la población LGBTQ. Organismos internacionales, como la CIDH, están llamados a evaluar esta denuncia y emitir recomendaciones que impulsen cambios estructurales en el país.

Colectivo Alejandría y otras organizaciones han instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno salvadoreño para que adopte medidas concretas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas trans, porque las evidencias de un mal proceder son claras. 

“Este es un ejemplo claro de todos los desacatos del Estado salvadoreño, con órdenes judiciales estrictas y específicas”, expresa Aranza Santos de Colectivo Alejandría.

Un camino hacia la justicia

El proceso de Guevara es un recordatorio de la urgente necesidad de una legislación inclusiva en El Salvador. Su lucha es un símbolo de resistencia y esperanza para la población trans, que enfrenta diariamente barreras legales y sociales para vivir con dignidad. Con el apoyo de organizaciones diversas organizaciones que luchas por los derechos de la población LGBTQ, Guevara continúa su batalla no solo por su reconocimiento personal, sino por el derecho de toda una comunidad a ser vista, escuchada y respetada.

En un contexto marcado por retrocesos en derechos humanos, el caso de Guevara resalta la importancia de construir un país más inclusivo y justo, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación. 

A finales de octubre en la Universidad de El Salvador, AMATE El Salvador llevó a cabo un foro que buscaba marcar un hito en la historia de la única institución pública de educación superior en el país. Este espacio, orientado hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, presentó una propuesta que podría transformar el ambiente académico, eliminando barreras de discriminación y promoviendo una convivencia más justa.

El foro: “Hacia una universidad más inclusiva: Propuestas para la inclusión LGBTI+ en la UES”, tuvo como base un estudio realizado por AMATE El Salvador en 2023, titulado “Orgullo en la UES: Desafíos para la inclusión LGBT+ en la Universidad de El Salvador”. Según los hallazgos, el 23.7 por ciento de los estudiantes LGBTQ+ de la UES han experimentado algún tipo de discriminación. Lo preocupante es que el 72.2 por ciento de estos casos señalan a los docentes como principales perpetradores, seguidos por compañeros de estudio y personal administrativo. 

Este panorama refleja una problemática sistémica que trasciende las aulas y afecta a toda la comunidad universitaria. 

“Los estudiantes LGBT+ no se sienten seguros en la universidad. Creen que construir una política de inclusión sería un paso hacia la transformación”, expresó Gonzalo Montano, sociólogo y miembro de la Fundación AMATE, en una entrevista con el Washington Blade.

Otro dato relevante del estudio muestra que el 63.9 por ciento de los encuestados reportaron haber escuchado a docentes utilizar argumentos religiosos para atacar a personas de la diversidad sexual en clases. Este dato pone de manifiesto cómo las creencias personales pueden interferir en el respeto a los derechos humanos en un espacio que debería ser neutral e inclusivo.

La propuesta de AMATE El Salvador

La propuesta presentada en el foro se fundamenta en un trabajo de investigación con datos cualitativos y cuantitativos, recolectados mediante entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UES. 

“Es un esfuerzo construido desde las experiencias y necesidades de la comunidad universitaria”, explicó Idalia Zepeda, consultora de AMATE.

La propuesta plantea crear espacios para denunciar y atender casos de discriminación y violencia, además de prevenir crímenes de odio. También busca cambios administrativos que incluyan sensibilización y talleres formativos en temas de diversidad sexual. 

“Esto ayudaría a naturalizar investigaciones sobre derechos e inclusión en el ámbito académico”, añadió Zepeda.

El desafío de implementar esta política de inclusión en la UES no puede entenderse sin considerar el contexto más amplio de El Salvador y la región. 

“Hay un fuerte discurso en contra del reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables, especialmente hacia mujeres y población LGBTI”, advirtió Montano.

Este discurso no solo proviene de sectores conservadores de la sociedad, sino también de funcionarios públicos y representantes gubernamentales, quienes han impulsado narrativas de odio y desinformación. Estas posturas afectan no solo a las comunidades LGBTQ+, sino también a la capacidad de instituciones como la UES para responder de manera inclusiva.

La respuesta de la UES: avances insuficientes

Aunque recientemente la UES cuenta con un reglamento contra la violencia de género, en el que incluye a la población LGBTQ+ como grupo vulnerable, esta medida es percibida por AMATE como un avance insuficiente. 

“Un reglamento no sustituye la necesidad de una política clara y firme sobre inclusión”, enfatizó Montano.

Por ello, la organización hace un llamado a seguir dialogando con las autoridades universitarias, así como con estudiantes y docentes. Es crucial que la UES adopte una postura contundente frente a la discriminación, manteniendo su autonomía frente a posibles influencias del gobierno actual.

El rol del Centro de Estudios de Género y la proyección social

Durante el proceso de elaboración de la propuesta, el Centro de Estudios de Género de la UES jugó un papel clave. Esta unidad ha sido un espacio que ayudó a facilitar temas relacionados con la diversidad sexual y de género, ofreciendo talleres y formación para personal docente y personal administrativo.

La Dirección de Proyección Social también fue fundamental en la recolección de datos y contactos con autoridades de alto nivel. Estas alianzas internas reflejan que hay áreas dentro de la universidad comprometidas con la inclusión, aunque aún persisten resistencias significativas.

Impacto de los discursos religiosos y conservadores

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la implementación de esta política es la influencia de valores tradicionales y discursos religiosos en el entorno universitario. Según AMATE, la falta de laicidad del Estado salvadoreño amplifica estos prejuicios. 

“No se trata solo de desconocimiento, sino de una socialización de valores que dificultan la aceptación de la inclusión como un principio básico”, señaló Montano.

El foro concluyó con un llamado a la reflexión colectiva sobre el papel que debe desempeñar la UES en la promoción de los derechos humanos. AMATE enfatizó que la universidad tiene una responsabilidad ética de liderar este cambio, convirtiéndose en un espacio seguro para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

AMATE y otras organizaciones seguirán trabajando para que la UES no solo adopte la política de inclusión, sino que también implemente mecanismos concretos para garantizar su efectividad. La esperanza es que este esfuerzo inspire a otras instituciones académicas en el país y la región a seguir el mismo camino.

Este foro no solo fue un espacio de denuncia, sino también de esperanza. En un país donde los derechos de las personas LGBTQ+ son constantemente vulnerados, la lucha por la igualdad en la educación superior representa un rayo de luz que podría transformar realidades. La inclusión no es solo un valor, es una necesidad imperativa para el progreso social.