SUCHITOTO, El Salvador — En conferencia de prensa el 17 de mayo, se dio a conocer la Red LGBTQIA+.

En palabras de Fernando Guerra de Cultura Trans, “es un espacio de coordinación entre 15 organizaciones que se ha venido conformando desde hace un año y posee cobertura en el área urbana y rural, en siete de los 14 departamentos de El Salvador”.

“Todos y todas queremos un El Salvador libre de violencia y discriminación, desafortunadamente los derechos de las personas LGBTQIA+ siguen siendo vulnerados”, mencionó Kerlin Belloso, abogada de la Red LGBTQIA+. 

Luego de analizar la realidad de El Salvador, como que en el 2003 el Consejo de Derechos Civiles y Políticos le dio a El Salvador unas recomendaciones por los crímenes por odio de aquel momento, en el 2006 se realizaron los Principios de Yogyakarta donde se incluían recomendaciones y también hasta el momento no se ha hecho nada; estos entro otros varios puntos sobre los cuales El Salvador no ha tomado acción. 

“Hemos pensado en una estrategia distinta… luego de 10 años en la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y hay pocos avances”, comentó Modesto Mendizábal del Centro Dike LGBT. 

Por ello, de acuerdo con las palabras de Guerra, la misión principal de esta red es “promover y defender la dignidad humana y la igualdad de derechos para las personas LGBTQIA+ mediante el poder narrativo, la incidencia política, la educación social y la construcción de una comunidad fuerte, visible y solidaria”.

Los principios bajo los que operarán serán “la solidaridad, inclusión, efectividad y eficiencia; en general, nos esforzaremos por construir relaciones transparentes, horizontales y basadas en la confianza entre socies y las necesidades locales, para consolidar el poder narrativo”, agregó en sus palabras Fátima Peñate de Espacio Seguro.

Además, dejaron claro que realizaran acciones que aportan al cambio de narrativa o contra-narrativa, “ esto para la creación de políticas inclusivas, la reducción de la LGBTfobia y para que la sociedad se libere de estereotipos, normas, actitudes y prácticas discriminatorias”, mencionó Nicolas Rodríguez de El Salvador G. 

Aparte de eso también ejecutaran al menos un proyecto de investigación y un ejercicio de análisis de evidencia, cada año, en torno a los asuntos LGBTQIA+ y temáticas afines.

Proyecto Nova

En esta conferencia presentaron el proyecto NOVA, “es el acróstico de Narrativas y Oportunidades, Visibles y Afirmativas en El Salvador. NOVA es un proyecto de PODER NARRATIVO EXPANSIVO, plurianual financiado por el Fondo Nébula. El proyecto será ejecutado en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, La Paz”, explicó Sebastián Cerritos de Fusión Diversidad.

Cuentan con un presupuesto que asciende los $100,000 de los cuales el 50 por ciento es para el fortalecimiento de las organizaciones de la red y el otro 50 por ciento será para acciones de incidencia y poder narrativo expansivo; la primera fase inició el 17 de mayo  y finalizará el 31 de diciembre, las fases siguientes parten del año 2024.

De acuerdo con su planteamiento del proyecto, única manera de contrarrestar los discursos de odio hacia la población LGBTQ e intersex es proporcionando a nuestra comunidad los recursos para aumentar su poder narrativo e impulsar discursos alternativos o contra-narrativas que aprovechen los valores compartidos y cambien las perspectivas, así lo mencionó Fausto Gámez de Brisas del Campo.

“Muchas veces hablamos de no convencer a los convencidos, y el objetivo de este proyecto es alcanzar a aquellos que no están convencidos, todo desde un marco de derechos”, agregó William Hernández, director de Entre Amigos. 

Para la ejecución del proyecto han identificado cinco ámbitos, entre ellos están los grupos religiosos y pro-vida, partidos políticos conservadores y tomadores de decisión política conservadores, profesionales y servidores públicos conservadores, empresarios anti LGBTQ y también población rural.

Al trabajar con estas poblaciones esperan obtener cosas muy puntuales, “un diagnóstico de narrativas y el mapeo de grupos anti-derechos, como también un plan estratégico colaborativo entre la RED LGBTQIA+ y socios involucrados”, explicó Gisselle Campos de QUEIQUE AC, entre otras cosas puntuales que ayudaran con nuevas narrativas para el cambio de actitudes y comportamientos sociales.

Las organizaciones que formaran parte de la RED LGBTQIA+ El Salvador, están Conexión Juvenil, BI SV, Entre Amigos, Colectivo de Diversidad Sexual de Tecoluca, El Salvador G, Cultura Trans, Huellas Suchitoto, Centro Dike, LGBT, Espacio Seguro, Fusión Diversidad, Brisas del Campo, QUEIQUE AC como también ID Joven.

Las cuales no desaprovecharon la oportunidad de dar su posicionamiento con respeto al día contra la LGBTQfobica, en donde mencionaron la necesidad de crear políticas a favor de la población LGBTQ e intersex, agregando que se comprometen a seguir resistiendo y luchando por un futuro en el que la diversidad sea celebrada y respetada, y poder vivir plenamente y con orgullo.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 23 de mayo.

“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.

Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.

Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.

“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans. 

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Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.

De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.

En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.

En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas. 

En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.

Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”. 

“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.

Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.

EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano. 

“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.

La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye. 

Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población. 

Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos. 

“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.

Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”. 

Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”. 

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Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”. 

Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura. 

Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”. 

Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.  

“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada. 

Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—. 

“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.

Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.

Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.

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“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual. 

Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo. 

“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía. 

🟣#JusticiaParaJéssica | Jéssica Martínez, vicepresidenta de la agrupación Nueva Esperanza, lidereza afroecuatoriana del Movimiento Trans en #Ambato y defensora de derechos de las trabajadoras sexuales trans, fue víctima de #Transfeminicidio el sábado 3 de septiembre de 2022. pic.twitter.com/2Hdjuu0fz4

— Surkuna💚 (@SurkunaEc) September 6, 2022

Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.

“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.

Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.

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A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas. 

Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”. 

Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe. 

En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.

Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+. 

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“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo. 

“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”. 

Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.

“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.

“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.

Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.

Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.

Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.

En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en si sitio web el 24 de mayo.

El pasado lunes 22 de mayo en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco de la alcaldía Iztapalapa se colocó la primera piedra del Mausoleo Tiresias en honor a la memoria y vida de las trans asesinadas en el país.

La lucha que comenzó Kenya Cuevas, defensora de derechos humanos y fundadora de Casa de Muñecas Tiresias la ha llevado por un largo camino en la búsqueda de justicia por el asesinato su compañera Paola Buenrostro, cuyo caso es el primer transfeminicidio reconocido en el país. Desde 2016, Cuevas se ha dedicado a darle un trato digno a los cuerpos de las mujeres trans y honrar su memoria y dignidad. Este recinto contará con 146 espacios y uno de sus objetivos también es evitar que ninguna mujer trans asesinada vaya a una fosa común, según afirmó Cuevas.

El incremento de la violencia contra las personas LGBTQI+, particularmente contra las mujeres trans pone de relieve el incremento y tolerancia de discursos de odio y retórica anti derechos que se ha destapado en redes sociales y medios de comunicación, sumado a un ambiente político polarizado y de cara a elecciones próximas. En lo que va del 2023, 19 personas LGBTQI+ han sido asesinadas, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ según Letra S.

Paola Buenrostro. Compañera, amiga, mujer trabajadora, valiente e imparable. Su voz fue silenciada el 30 de septiembre de 2016 por un hombre que fue dejado en libertad a pesar de los testimonios de sus compañeras. Desde ese día una lucha imparable por la justicia y la memoria comenzó.

Paola y todas las mujeres víctimas de violencia no son cifras, tienen nombre e historias, cada una de ellas merece un lugar digno para descansar y ser recordadas. Honramos sus vidas, hablamos de quiénes eran y así las sentimos con nosotras; sus almas nos acompañan, vuelan cual mariposas en el cielo, están en cada grito de lucha, ríen, aman y lloran con nosotros, nos dan la fuerza que necesitamos para seguir resistiendo.

Esta mausoleo es por ellas, por nuestras amigas, hermanas y compañeras, un recordatorio de que el amor y la lucha trascienden las barreras de la vida y la muerte.

SAN SALVADOR, El Salvador — Es importante recordar que el 25 de febrero de 2016, Karla Avelar interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 23.2 de la Ley del Nombre y de la Persona Natural. Karla alegó que ambas disposiciones resultaban contrarias a los artículos 2, 3 y 36.3 de la Constitución salvadoreña en la medida que no permiten a las personas trans adecuar su nombre con su identidad de género.

Luego de casi seis años, Avelar fue notificada con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema el 22 de febrero de 2022. Como consecuencia, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa que en el plazo máximo de un año realizará las reformas legislativas necesarias “para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”. 

No obstante, la sentencia no precisó qué sucedería en caso la Asamblea Legislativa no cumpliera con el mandato en el plazo previsto. El plazo se cumplió en febrero de este año sin que la Asamblea Legislativa tratará ni aprobará un proyecto de ley de identidad de género. 

Por esto el pasado 17 de mayo, diferentes organizaciones lideradas por la población trans salvadoreña, levantaron diferentes posicionamientos y llevaron a cabo conferencias de prensa, para externar su desconformidad por la nula acción de parte del aparataje nacional, en temas de legislación a favor de esta población históricamente excluida. 

“Este incumplimiento de la sentencia constituye una clara vulneración a nuestros derechos humanos”, expresó en conferencia de prensa, Valeria Mejía de Asociación Aspidh Arcoiris Trans. “El hecho de continuar negándonos el derecho al cambio de nombre de acuerdo a nuestra identidad tiene repercusión negativa para el goce del derecho a un trabajo digno, educación, salud, vivienda, entre otros”. 

De acuerdo con las palabras de las activistas, el Estado salvadoreño les considera ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, por lo que exigen que a la brevedad posible, la Asamblea Legislativa no solo cumpla con el fallo de la Sala de lo Constitucional, en el que deberían realizar una reforma a la actual ley del nombre ya existente, sino que también les llaman a legislar ante la imperante necesidad de una normativa que garantice el derecho a la identidad de género en El Salvador. 

“También solicitamos a la Asamblea Legislativa que realice un debate y diálogo abierto, con las organizaciones que representas a las personas trans en El Salvador, así poder exponer los problemas de discriminación, violencia y exclusión que se vive”, comenta Stacey Aragón de Asociación Aspidh Arcoiris Trans.

Caso Karla Avelar

El director ejecutivo de FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), Henri Fino, expresó en otra conferencia de prensa que hicieron coincidir el día contra toda discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, con la divulgación de una acción ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, refiriéndose al caso de Avelar, “este caso debe ser muy importante para toda la sociedad salvadoreña, pero también para todas las instituciones del Estado, que deben cumplir sus obligaciones y sobre todo las que le demanden por sentencia”, indicó. 

Estás acciones están siendo tomadas por la Asociación COMCAVIS TRANS, Asociación Colectivo Alejandría, FESPAD y Sinergia.

Debido a que el Estado salvadoreño tiene responsabilidad internacional en este caso, desde tres ejes centrales: el no reconocimiento del nombre de Avelar de acuerdo con su identidad de género, la ausencia de investigación, juzgamiento y sanción con debida diligencia de los hechos de violencia por prejuicio transfóbico cometidos contra Avelar y su madre Claudia, además de la huida y el consecuente desplazamiento forzado de ambas a un país europeo para proteger su vida e integridad personal en El Salvador.

“Mi caso pone en relieve la lucha constante por la protección y el reconocimiento de los derechos de la población LGBT en El Salvador, que sin duda será un referente para futuros casos”, expresó a través de video llamada Avelar. 

Las organizaciones antes mencionadas, denuncian hasta el momento Avelar sigue sin poder modificar su nombre en sus documentos de identidad, pese a haber sido favorecida por una sentencia de la Corte Suprema de El Salvador.

Bajo este eje se plantea además que los procesos judiciales existentes en el Estado salvadoreño impiden que las personas trans puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género de conformidad con los estándares interamericanos, especialmente los previstos en la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“No vemos interés de la Asamblea Legislativa en querer legislar en favor de las personas trans en el país, por esto las personas trans siguen migrando, el caso de Karla es emblemático porque su vida estaba en peligro, pero así hay casos de otras compañeras”, expresa Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría. 

“El Salvador es firmante y ratificante de la Convención Interamericana, tiene la obligación de reconocer la identidad de las personas trans, sin embargo se han negado, todo por el oficialismo impuesto por el presidente Nayib Bukele”, afirma Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS de El Salvador. 

Las activistas expresaron que han buscado acercamiento con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pero no estos no han mostrado interés en reunirse con ellas, para explicarse la importancia del reconocimiento de la identidad de las poblaciones trans en el país. 

“Hay casos en los que la Alcaldía de San Salvador, se niegue a marginar partidas de nacimiento en el reconocimiento del nombre de personas trans, a pesar de ya existir sentencia de jueces y juezas de familia en El Salvador”, agrega Rodríguez. 

Explicaron además que, aunque el presentar el caso de Avelar se centra en el respeto a la identidad de género, también se trata sobre la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Y el presentar este caso a instancias internacionales, responde al hecho de que la institucionalidad de El Salvador se ha negado a reconocer estos derechos. 

 “Es importante mencionar que el país comience un proceso de sensibilización sobre estas realidades, porque se puede tener ley, pero se seguirá teniendo la misma problemática”, expresó Fino.

Contra la LGBTQfobia

El 20 de mayo se llevó a cabo la marcha contra la LGBTQfobia en El Salvador, partiendo del Parque Cuscatlán, hasta la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. Las organizaciones y activistas asistentes caminaron sobre la Alameda Roosevelt de la capital, entre música y consignas, exigiendo al Estado salvadoreño una Ley de Identidad para el respeto de los derechos de las personas trans. 

En el posicionamiento compartido, las organizaciones que pertenecen a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, mencionaban que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones ha hecho un llamado a los Estados de la región a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género de las personas trans, mediante la implementación de mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten registrar o cambiar componentes esenciales de su identidad en los registros públicos y en sus documentos de identificación.

También realizaron un llamado a los diputados del grupo parlamentario de Nuevas Ideas que respondan a sus solicitudes de reunión, con el fin de exponerles la necesidad de una Ley de Identidad de Género para personas trans, así como también su respectivo estudio y aprobación. 

A la Corte Suprema de Justicia, en específico a la Sala de lo Constitucional le solicitaron resolver sobre los casos de amparo presentados por el cambio de nombre y genero de algunas personas trans, en la cual la Alcaldía de San Salvador se ha encargado de entrampar los procesos; al no querer marginar las partidas de nacimiento; dichos casos que como organizaciones de sociedad civil ganaron en los juzgados de familia.

Y su última petición fue a la Alcaldía de San Salvador, para que deje de entrampar los juicios ganados en los juzgados de familia y que cumpla las resoluciones judiciales, ya que no es competencia de esta cuestionar las resoluciones judiciales sino solo cumplirlas.

Esta conmemoración no solo sirvió para recordar la existencia de poblaciones diversas en el territorio salvadoreño, sino para exigir a las instituciones el velar por el respeto de las misma y el reconocimiento de sus derechos. 

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

TIJUANA, México — Una norma que cerró la frontera sur a la mayoría de las personas solicitantes de asilo y migrantes debido a la pandemia de COVID-19 expirará el jueves a las 11:59 p.m. ET.E

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aplicaron en marzo de 2020 el Título 42.

La administración Biden-Harris anunció en abril de 2022 que pondría fin a la anterior política de la Casa Blanca, pero los fiscales generales republicanos de Texas y más de una docena de otros estados presentaron una demanda federal.

El Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó el pasado diciembre que el Título 42 debe seguir en vigor. Pocas semanas después, la administración Biden-Harris anunció que la emergencia de salud pública COVID-19 -y el Título 42- finalizarían el jueves.

“El Título 42 exacerbó situaciones ya peligrosas y a menudo mortales para las personas LGBTQI que buscan asilo”, declaró el martes al Washington Blade el director ejecutivo de San Diego Pride, Fernando Z. López. “Su tenencia causó una tensión adicional en los servicios directos, la asistencia jurídica y los recursos de organización comunitaria que se sintieron en ambos lados de nuestra región transfronteriza”.

Abdiel Echevarría-Caban, un abogado de inmigración con sede en el sur de Texas que el Colegio de Abogados LGBTQ+ en 2021 reconoció como uno de sus 40 mejores abogados LGBTQ menores de 40 años, dijo el martes que el Título 42 “necesitaba terminar hace mucho tiempo, dado que el país estaba abierto para aceptar viajeros a través de todos nuestros aeropuertos.”

“No tenía sentido seguir aplicando la política cuando ya contamos con protocolos de seguridad de salud pública”, dijo. “El uso de un mecanismo de salud pública para disuadir a los solicitantes de asilo en la frontera suroeste en buscar protección fue bárbaro, erróneo y un mal uso de la política pública”.

Echevarría-Caban detalló además el impacto que el Título 42 tuvo sobre las personas LGBTQ+ e intersexuales y otros solicitantes de asilo de grupos vulnerables a los que él y otros abogados representaban.

“Aquí, en la frontera suroeste, tuvimos que solicitar exenciones para personas, especialmente mujeres, niños y personas LGBTQIA, que fueron devueltas a México, y quedaron expuestas a más peligros en las calles de México, expuestas a la violencia de los cárteles, extorsiones, secuestros y violaciones”, dijo. “Aquí, en Estados Unidos, tenemos obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura. Estados Unidos fue parte activa en el desarrollo de nuestro actual sistema internacional de derechos humanos y refugiados.”

Associated Press señala que Estados Unidos empezará el jueves a denegar el asilo a personas inmigrantes que no pidan protección en un país por el que hayan viajado o lo soliciten por internet antes de llegar a la frontera sur.

El Departamento de Seguridad Nacional creó el pasado otoño un programa de libertad condicional humanitaria para venezolanos que amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero.

Un alto funcionario de la administración dijo el martes que la administración Biden-Harris planea “ampliar los programas de reunificación familiar en libertad condicional” a los países centroamericanos que incluyen a Guatemala, El Salvador y Honduras y a Colombia.

El Secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, nacido en Cuba, anunciaron el 27 de abril que Estados Unidos abrirá más de 100 “centros regionales de procesamiento” en todo el continente americano. Un alto funcionario de la administración dijo el martes que “facilitarán una amplia gama de vías legales a Estados Unidos y eventualmente a Canadá y España también.”

“Una vez más, nuestro objetivo es añadir estos centros al conjunto de vías legales que ya existen y que la administración ha puesto en marcha en los últimos dos años”, dijo el funcionario.

Otro alto funcionario de la administración dijo que EE.UU. tiene “un sólido conjunto de consecuencias para los no ciudadanos que, a pesar de tener estas opciones a su disposición, continúan cruzando ilegalmente por la frontera.”

Según informaron, Estados Unidos comenzará el jueves a devolverlos a México en virtud del Título 8 tras llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (La fiscalía mexicana ha anunciado que presentará cargos contra el director del Instituto Nacional de Migración del país después de que un incendio en un centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza que se encuentra al otro lado del Río Grande desde El Paso, Texas, matara a 40 migrantes el 27 de marzo. Associated Press informó de que una cámara de seguridad del interior del centro grabó a dos guardias que no intentaron ayudar a los migrantes que se encontraban dentro de la celda en la que se inició el incendio. Los guardias, según Associated Press, acabaron alejándose).

“También incluye la regla de elusión de vías legales que publicaremos para inspección pública mañana (jueves) por la mañana, y esa regla impondrá condiciones significativas sobre la elegibilidad de asilo para las personas que no aprovechen estas sólidas vías legales que hemos establecido, que no programen su presentación segura y ordenada en la frontera utilizando nuestra aplicación móvil CBP One, y a quienes no soliciten asilo en uno de los países que atraviesan”, dijo el funcionario.

El funcionario señaló además que Estados Unidos comenzará a “ampliar significativamente … nuestro uso de la expulsión acelerada en la frontera.”

“Esta es nuestra consecuencia tradicional del Título 8 para las personas que se encuentran entre los puertos de entrada”, dijo el funcionario.

El presidente de la Coalición TransLatin@, Bamby Salcedo, dijo el miércoles al Blade que es “desafortunado que en lugar de avanzar, sigamos retrocediendo.”

“La eliminación del Título 42 nos impactará a todos, pero específicamente a las personas solicitantes de asilo que son LGBTQ”, dijo Salcedo. “Es incomprensible que esta administración dé este paso. Se trata de avanzar y mejorar la vida de las personas, no de quitarnos los logros que nos hemos ganado con trabajo duro, sangre y lágrimas.”

La directora jurídica de Immigration Equality, Bridget Crawford, también criticó duramente en un comunicado a la administración Biden-Harris por sus nuevas normas para los solicitantes de asilo y los inmigrantes una vez que finalice el Título 42.

“Estamos asombrados por el desprecio insensible de la administración de los peligros que la prohibición de asilo del presidente Biden impone a los refugiados LGBTQ. En la norma final -programada para entrar en vigor una vez que se levante la política del Título 42- la administración no aborda ni soluciona de manera significativa los problemas de la prohibición que identificamos en el proceso de notificación y comentarios. En su lugar, utilizando la lógica circular, la administración desestima nuestras preocupaciones y redobla la aplicación ilegal de la prohibición”, dijo Crawford.

“Esta prohibición es una parodia que hará que las personas refugiadas LGBTQ (y otras) con solicitudes de asilo sólidas y meritorias sean devueltos a países donde serán perseguidos o asesinados”, añadió Crawford. “Al aplicar esta prohibición, en lugar de soluciones humanas que gestionen la frontera de forma eficaz y compasiva, el presidente Biden ha incumplido su promesa de proteger a los solicitantes de asilo LGBTQ”.

La Organización para el Refugio, el Asilo y la Migración trabaja con Jardín de las Mariposas, un albergue para personas migrantes LGBTQ+ e intersexuales en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

El director ejecutivo de ORAM, Steve Roth, dijo el miércoles que aunque su organización “está contenta de ver el fin del Título 42, una política ilegal de la era Trump, estamos profundamente preocupados por las nuevas barreras al asilo presentadas por la administración Biden. ”

“Las restricciones de asilo del presidente Biden tendrán consecuencias especialmente dañinas y peligrosas para las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTIQ vulnerables, dejándolos en lugares donde su seguridad estará en riesgo”, dijo Roth. “Las nuevas políticas fronterizas de la administración continuarán negando a muchos refugiados LGBTIQ su derecho legal a buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México”.

Echevarría-Caban dijo que las nuevas políticas “plantearán más obstáculos y, contrario a lo que se espera, aumentarán los retrasos en los tribunales de inmigración”.

“Nuestro gobierno debe entender que no podemos usar la ley nacional para armar los procedimientos de inmigración para evitar el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales o el debido proceso”, dijo al Blade. “El debido proceso es el núcleo de nuestro sistema legal, sin él, ¿quiénes somos como nación?”

La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra entre los funcionarios de la administración que han reconocido públicamente que la violencia basada en la identidad de género y la orientación sexual es uno de los factores que impulsan a las personas LGBTQ e intersexuales a abandonar Guatemala y otros países centroamericanos.

Fuentes en Tijuana, Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas mexicanas han declarado esta semana al Blade que decenas de miles de migrantes han llegado a sus respectivas ciudades antes de que finalice el Título 42. No está claro cuántos de ellos se identifican como LGBTQ+ o intersexuales, pero la violencia en estas ciudades sigue siendo habitual. (El Departamento de Estado aconseja actualmente a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al estado mexicano de Tamaulipas, en el que se encuentran las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa, debido a “la delincuencia y los secuestros”. El Departamento de Estado también aconseja a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar a los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Chihuahua -que limitan con California, Arizona, Nuevo México y Texas, respectivamente- debido a la “delincuencia y los secuestros”).

Paloma de los Ángeles Villegas Pacheco, directora de Trans Igualdad, una organización de derechos de los transexuales en Ciudad Juárez, dijo el martes al Blade que “hay desinformación” entre las personas migrantes LGBTQ+ e intersexuales que se encuentran en la ciudad.

“Piensan que van a poder acceder al proceso de asilo legal”, dijo Villegas. “Será más difícil para esas personas entrar (a EE.UU.) una vez que el Título 42 termine. El impacto será peor para ellas”.

Altagracia Tamayo es presidenta del Centro Comunitario de Bienestar Social (COBINA), un grupo que trabaja con personas LGBTQ+ e intersexuales y otros grupos vulnerables en Mexicali, una ciudad fronteriza mexicana que limita con Calexico, California, en el Valle Imperial de California.

Tamayo afirmó que aproximadamente una cuarta parte de los 600 migrantes que viven actualmente en los dos refugios que gestiona COBINA son LGBTQ+. Tamayo, al igual que Villegas, dijo al Blade que hay “incertidumbre” en torno al fin del Título 42.

“El problema es que piensan que van a abrir las fronteras… piensan que los van a recibir”, dijo Tamayo. “El Título 8 va a imponer muchísimas restricciones”.

Un incendio destruyó un refugio COBINA en julio de 2021. Tamayo dijo al Blade que su organización lucha para mantener a los migrantes que viven en los dos refugios restantes del COBINA.

“El calor se acerca”, dijo. “No tenemos suficiente comida para darles tres comidas al día. Es uno de los problemas de tanta espera, durante tantos meses. Definitivamente es muy complicado”.

“Se acerca el calor”, dijo. (Las temperaturas de verano en Mexicali frecuentemente superan los 43°C) “No tenemos suficiente comida para darles tres comidas al día. Es uno de los problemas de tanta espera, de tantos meses. Definitivamente es muy complicado”.

Mayorkas: ‘lúcido’ ante los retos posteriores al Título 42

El miércoles, durante una conferencia de prensa en Washington, Mayorkas dijo que su agencia tiene “los ojos bien abiertos ante los retos a los que probablemente nos enfrentaremos en los próximos días y semanas, que tienen el potencial de ser muy difíciles.”

“Incluso después de casi dos años de preparación, esperamos ver un gran número de encuentros en nuestra frontera sur en los días y semanas posteriores al 11 de mayo”, dijo.

Mayorkas, no obstante, subrayó que el fin del Título 42 “no significa que nuestra frontera esté abierta”. También reiteró la política de inmigración de la administración Biden-Harris.

“Volveremos a procesar a las personas en nuestra frontera sur utilizando nuestras autoridades de inmigración en virtud del Título 8 del código de Estados Unidos”, dijo Mayorkas. “Nuestro enfoque general es construir vías legales para que la gente venga a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes decidan no utilizar esas vías”.

“Estamos adoptando este enfoque dentro de las limitaciones de un sistema de inmigración roto que el Congreso no ha arreglado durante más de dos décadas y sin los recursos que necesitamos, personal, instalaciones, transporte y otros que hemos solicitado al Congreso y que no se nos han dado”, añadió.

SAN SALVADOR, El Salvador — En una resolución del 22 de febrero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró la inconstitucionalidad por omisión parcial del artículo 23, inciso 2, de la Ley del Nombre de la Persona Natural, que actualmente permite el cambio del nombre o apellido, por una sola vez, en los casos de que fuera inequívoco respecto del sexo, impropio de la persona, lesivo a la dignidad humana, extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno de uso común. 

La Sala indicó que esa falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por razones de identidad de género provoca un “acto discriminatorio no justificado”. Por lo que ordenó a la Asamblea Legislativa que en un plazo de un año emita reformas a la Ley del Nombre de la Persona Natural para que las personas transgénero y transexuales puedan cambiar su nombre de acuerdo con su identidad y expresión de género. 

Esto fue gracias a Karla Avelar, activista transgénero y defensora de derechos humanos, que interpuso una demanda en el año 2016, debido a que los artículos 11 y 23, inciso 2°, de la Ley del Nombre violaban los artículos 2, 3 y 36, inciso 3°, de la Constitución de la República, pues consideraba que “omiten la condición social de algunas personas en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género, pues no incluyen el nombre de cambio adaptativo, es decir, el que corresponde al propósito de adaptar el nombre propio a la nueva realidad del sexo o identidad de género de un individuo”. 

Pese a la resolución de la Sala, el gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, no han decidido legislar al respecto, ni se ha discutido el anteproyecto de Ley de Identidad de Género presentado desde 2018.

Casos como el de Karla Guevara, directora Colectivo Alejandría, Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans y Aldo Peña, elemento del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, tuvieron resultados favorables en el cambio del nombre con el cual se identifican en su documento de identidad, casos que sin duda marcaron precedente en la jurisprudencia salvadoreña. Pero el Washington Blade conoció el caso de Evanh Adriel Alvarenga Hernández, que no solo logró el cambio en su documento de identidad, sino el cambio de su partida de nacimiento con el nombre con el cual identifica. 

‘Vas por la vida desnudo de alguna forma’

Alvarenga es un joven de 29 años, estudiante de la licenciatura en enfermería de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer; él ha tenido claro desde los dos o tres años que se identifica como un hombre, pues recuerda que desde pequeño le molestaba el hecho que quisieran ponerle un vestido y el hecho de no querer tener el cabello largo. 

“Cuando hacían en el colegio, las filas para separar a los niños y a las niñas, yo siempre quería meterme en el lado donde iban los niños”, comenta Alvarenga al Blade. 

Aunque no ha sido un camino del todo fácil, Alvarenga cuenta con el apoyo de su familia; desde que cumplió su mayoría de edad y comenzó a hablar sobre su identidad de género y su orientación sexual, su hermano menor fue el primero en brindarle un espacio seguro. 

“Yo había llegado a un punto de decir: prefiero estar muerto que llevar una doble vida… Entonces salí del closet con mis papás y con todo el mundo”, menciona con una sonrisa. 

Agrega que no es lo mismo salir del closet como una persona gay, como salir del closet como una persona trans, “si sos una persona trans se mira… vas por la vida desnudo de alguna forma”. Por esto salió del closet con su mamá y papá a través de una carta. 

Ahora los padres de Alvarenga ven todo este proceso como una aventura enriquecedora, “esto ha sido toda una aventura, un descubrimiento, un nuevo conocimiento y una experiencia de amor incondicional”, menciona al Blade Marielos Hernández de Alvarenga, la madre de Alvarenga. 

El ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador en el año 2014, a través del apoyo del coordinador de este, ayudó mucho a que la familia Alvarenga Hernández, se sensibilizara con el tema y decidieran apoyar incondicionalmente a su hijo. 

Un nombre con el que se identifica

Alvarenga siempre tuvo la inquietud de querer comenzar un proceso para cambiar su nombre, pero el sabía que en El Salvador no iba a ser un proceso fácil, por lo que comenzó a realizar ciertos cambios que ayudarían a sentirse más cómodo. 

En el año 2015 con el apoyo de sus padres, se realizó una reconstrucción pectoral, visualizando desde ya el cambio de su nombre, “ya había leído la Ley del Nombre de aquí, sabía que los si los doctores al no ver un cuerpo que se adapte a lo que han estudiado, eso iba a hacer las cosas más difíciles”, comenta al Blade. 

Luego de esto para el 2017, Alvarenga se sometió a una histerectomía, para remover el útero y todas las partes del sistema reproductor interno, al mismo tiempo que comenzó el proceso hormonal. 

“Realicé todo esto no solo por el hecho de que lo quería, sino con la mira de un cambio de nombre en un futuro, para apoyar la recopilación de hechos que iban a abonar al caso”, expresó. 

Un año atrás a principios del 2022, buscaron asesoría jurídica con una especialista en Casos de Familia, Cristina Pérez decidió tomar el caso, mostrando mucho entusiasmo y augurando un resultado a favor, de acuerdo con las palabras de Alvarenga para el Blade. 

Se recopiló la evidencia necesaria que respaldara el hecho que socialmente era conocido como Alvarenga, desde diplomas que tuvieran su nombre hasta testigos que dieran fe de ello, además comenta que tuve que someterse a un peritaje para que un médico lo evaluara, también con un psicólogo y una trabajadora social, que le entrevistaron a él, como a su familia y otras personas que lo conocían. 

“Todo esto siempre con el fin de recaudar pruebas sobre mi identidad”, agrega. 

Luego de presentar todos los informes y evidencias, en el juzgado primero de familia, luego de una hora de audiencia, la jueza Jeanette Carolina Montesino de Menjívar, dio su fallo a favor del cambio de nombre, más no del cambio de género.

“Se había pedido el cambio de género y de nombre, también una partida de nacimiento nueva… solo no logramos el cambio de género”, menciona un poco triste.

Lo lamentable de este fallo es que de acuerdo con Alvarenga, la jueza justifico que el cambio de género no se otorgaba, porque de acuerdo con peritaje médico, “Evahn Adriel aún conservaba partes genitales de una mujer”, comenta indignado. 

“Por una parte estoy feliz y por otra parte estoy indignado por las palabras de la jueza… dejando el vacío por el cambio de género; pero a pesar de eso es una gran gananciaen la lucha”, menciona sonriendo Salvador Alvarenga, el padre de Alvarenga. 

Pese a no haber logrado al 100 por ciento lo que se había solicitado, la familia Alvarenga Hernández estaba feliz por el resultado, “esta no es solo una victoria importante a nivel personal, sino también en términos de que vamos avanzando hacia unas leyes más justas y marcando precedentes, abriendo caminos para personas que vienen detrás de nosotros… me siento parte de algo más grande”, agrega Alvarenga.

“El cambio de nombre es algo que es justo tanto para Evahn, como para todas las personas trans; por eso este resultado me da una profunda alegría y me parece un milagro en medio de una sociedad que excluye y discrimina”, comenta Hernández. 

Según lo que les comentó la aboga del caso, por el momento no se pretende apelar por la parte del fallo que no fue favorable, se piensa esperar al menos un año para tomar las acciones respectivas. “También estoy considerando una posible tercera operación par ayudar con el tema del peritaje médico”, nos explica Alvarenga. 

De acuerdo a las palabras de los padres de Alvarenga, no se realizó el cambio de género porque aún existe mucha ignorancia con respecto al tema de la identidad de género, “hacemos un llamado a informarnos y conocer sobre la temática, para comenzar a generar cambios en pro de los derechos de las personas trans y de todas las personad que conforman la población LGTBIQ+”, finaliza Hernández. 

Finaliza diciendo que es lamentable no contar con un sistema que apoye a las personas trans con estos procesos para lograr el cumplimiento de sus derechos, procesos por los cuales él ha podido optar, pero sabe que no todos y todas tienen la facilidad para acceder a ellos. Esto deja en evidencia la necesidad que el Estado salvadoreño, reconozca a las personas trans como sujetas de derecho y que al mismo tiempo al lograr acceder a un sistema de salud inclusivo y adecuado, podrán realizar los procesos necesarios para lograr los cambios con los cuales se sientan cómodas con su identidad. 

LA PAZ, Bolivia — Del 24 al 28 de abril, se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, la XI Conferencia Regional de ILGALAC, organización conformada por grupos, colectivas, colectivos y organizaciones de América Latina y el Caribe, dedicadas a lograr la igualdad de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Esta conferencia llevaba como tema principal “Descolonizando nuestras luchas, despatriarcalizando nuestros cuerpos”; de esta plenaria en específico trataron la importancia de trabajar dicha descolonización, desde el trabajo feminista y la despatriarcalización, abrazando nuestras diversidades.

Por lo que concluyeron que es fundamental descristianizarnos, dejando un lado el fundamentalismo religioso y de esta manera no afectar las luchas de los colectivos d ela diversidad sexual y aliados; pero también la importancia de trabajar de manera interseccional y de manera cooperativa, pues solos o solas no se logrará mucho. 

En el transcurso de las jornadas de la semana, existieron diversos talleres y caucus temáticos de poblaciones específicas, para recabar información del trabajo que debe realizarse, por el lado de la población de lesbianas/es conformado por 43 personas, concluyeron que el entorno crítico que se generó desde el inicio de la pandemia por Covid-19 hasta la fecha, determinaron la necesidad de crear un diagnóstico sobre las situaciones de su población en América Latina y el Caribe, para esta manera hacer una mirada a futuro en la región, comentó Alehlí Ordoñez, directore ejecutive de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivo (LEDESER) de México, quien formó parte de esta reunión de población lésbica. 

Por la parte del caucus de poblaciones trans, declararon haber tenido momentos muy fuertes, por todo el trabajo que se ha realizado y las interseccionalidades que se viven; entre las observaciones presentadas fue el cambiar el nombre de esas reuniones, pues caucus proviene de algo muy colonizador y precisamente el tema de estas jornadas era el descolonizar las luchas de la población LGBTQ e intersex. En dicha reunión conformada por más de 60 personas trans, dejaron clara la necesidad de contar con espacios donde se pueda hablar sobre lo que les está sucediendo, de acuerdo con las declaraciones en pleno de Collette Spinetti, presidenta del Colectivo Trans del Uruguay.

Según palabras de Spinetti ILGALAC siempre ha logrado generar espacios importantes y que esta ocasión no fue la excepción, ya que se llegó al acuerdo de crear una red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans (tanto mujeres, como hombres trans, como géneros de binaries y personas disidentes del género impuesto al nacer).

Además, entre las propuestas presentadas por los grupos de trabajo, dirigidas al Consejo de ILGALAC están la “presentar una estrategia de comunicación, rendición de cuentas por año y capacitar a les miembres de ILGALAC sobre el funcionamiento de esta y su gobernanza”, comentó Alexander Castillo, director del Colectivo de Hombres Trans de Guatemala. 

Por su parte en el caucus de mujeres, Marli González de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, comentó al pleno que fue enriquecedora la diversidad de mujeres presentes en la reunión, entre sus conclusiones estuvieron la necesidad de centralizar y facilitar la información relevante para la defensa de los derechos de las mujeres en la región, esto en otros cuantos puntos igual de importantes que promueva el respeto integro para esta población. 

En el caso de las personas intersex, mencionaron haber determinado en su reunión que necesitan mayor presencia y representatividad en este tipo de conferencias, demás que ILGALAC debe comprometerse a apoyar más estos activismos, compartió en pleno Ceci López Bemsch de Argentina Intersex. 

Jesusa Ramírez de Colectivo León Zuleta en Colombia, estuvo al frente de la reunión de juventudes, quienes propusieron que las actividades de la conferencia comenzaran cuando ya estén presentes todas las organizaciones y sobre todo las juventudes. Pero su principal postura fue que se garantizará la representatividad de la juventud en el Consejo Directivo de ILGALAC.

En la reunión de personas bisexuales, Sandra López Cañedo de LEDESER, México, comenta que concluyeron que, a pesar de que ILGALAC apoya a las bisexualidades, aún falta lograr más visibilidad por las otras personas que están dentro de la sombrilla de la diversidad sexual. Los hombres gays, propusieron visibilizar las problemáticas de los hombres gays adultos mayores y trabajar sobre todo la interseccionalidad de las poblaciones y reparar los casos de discriminación que aún se dan aún dentro de la población LGBTQ e intersex, comentó Francisco Rodríguez Cruz de Humanidad por la Diversidad de Cuba.

Gobernanza de ILGALAC

El Consejo Regional saliente, presentó su informe por los últimos tres años de gestión, entre ellos la decisión de remover al antiguo director ejecutivo por no presentar informes transparentes sobre el uso de fondos, además de trato inadecuado hacia las organizaciones miembros de ILGALAC. A esto sucedido, las organizaciones presentes mostraron su agradecimiento y felicitación al Consejo, por la labor desempeñada en ese período, peso a las amenazas recibidas. Dicho informe fue aprobado por las organizaciones de manera unánime. 

También, dicho Consejo propuso una constitución estatutos para apoyar el funcionamiento de ILGALAC, pues desde su conformación no cuentan con documentos de gobernanza que sean propios de la región, hasta la fecha habían estado rigiéndose con los estatutos y reglamentos de ILGA Mundo. 

En los talleres de gobernanza realizados con las organizaciones miembros, se presentaron los estatutos/constitución propuesta, a la cual se plantearon ciertos cambios que tenían que ver con el tema de fiscalización de la organización. 

Entre otros puntos dentro de los estatutos, no se aprobó la creación de un comité no binarie, pues esta se contra pone con la normativa y procedimientos de ILGA Mundo. Por lo que la representante electa en el comité de personas trans, Spinetti, propuso crear una agenda de trabajo que incluya a las personas no binaries y así generar incidencias para la próxima Asamblea General.

A su vez propusieron realizar cambios en temas sobre los deberes y atribuciones de dichos estatutos, para que todo fuera acorde a la comprensión de las organizaciones que forman parte de ILGALAC y que nada se prestara a malentendidos, dejando claro que la máxima autoridad de dicha organización es la Asamblea General y no el Consejo, ni los estatutos luego de ser aprobados. 

Luego de sugerir dichos cambios se propuso aprobar los estatutos creados por el consejo y también el dar un voto de confianza al reglamento presentado que sería adaptado de acuerdos a los cambios propuestos en los estatutos. Al final dichos documentos quedaron aprobados de manera unánime por las 59 organizaciones presentes en la Asamblea General de la Conferencia Regional.

Luz Elena Arana, Cosecretaria General de ILGA Mundo, menciona al Washington Blade, que esta conferencia de ILGALAC iba a marcar historia, porque por primera vez se asentarían las reglas con las que se debe trabajar, dado que a pesar de que ILGALAC tiene muchos años de haberse formado y haber tenido diferentes liderazgos al frente de la misma, nunca se habían asentado las base para dejar claro la participación de las personas. 

“La única manera de sentar las bases para asegurar participación colectiva, es poner reglas claras que permitan que eso suceda”, mencionó al Blade, Arana. 

La oficina ejecutiva liderada por Bianca Rodríguez también presentó su informe de los últimos seis meses, tiempo que tienen en funcionamiento desde su elección, este fue presentado de manera transparente de acuerdo a los comentarios de las organizaciones, mostrando todos los datos sobre los fondos recibidos y la utilización de los mismos, entre ello el lograr tener a 140 personas becadas de toda Latinoamérica y el Caribe, para poder participar de esta IX Conferencia Regional, por lo que dicho informe fue aprobado también por la Asamblea General. 

Consejos Regional y comités con ánimos de trabajar

El 27 de abril las organizaciones miembros de ILGALAC, realizaron la elección para consejería regional y representantes de la mayoría de los comités; de estos comicios formaron parte 59 organizaciones que forman parte de la membresía y cada organización contó con dos votos. 

En el caso de la persona representante para el comité trans solo existió una candidatura, por Spinetti, del Colectivo Trans del Uruguay, al igual que para el comité de mujeres, solo se contó con la candidatura de Cristina González de Corporación Femm de Colombia, por lo que ambas candidaturas fueron electas directamente. 

Para el resto de consejerías y suplentes de consejería, se presentaron dos planchan conformada por 12 personas, entre la cual se tendría al Consejere Regional Titular Subregión México, Consejere Regional Titular Subregión Centroamérica, Consejere Regional Titular Subregión Caribe, Consejere Regional Titular Subregión Andina, Consejere Regional Titular Subregión Brasil, Consejere Regional Titular Subregión Cono Sur, cada uno con su suplente respectivo, haciendo un total 12 personas por lista. 

De dicha elección salieron ganadores Ari Vera Morales, Consejere Regional Titular Subregión México; Marlín González, Consejere Regional Titular Subregión Centroamérica;

Francisco Rodríguez, Consejere Regional Titular Subregión Caribe; David Aruquipa-Danna Galán, Consejere Regional Titular Subregión Andina; Víctor de Wolf Rodrigues Martins, Consejere Regional Titular Subregión Brasil; Darío Arias, Consejere Regional Titular Subregión Cono Sur; Alehlí Ordóñez, Consejere Regional Suplente Subregión México; Malú Cano, Consejere Regional Suplente Subregión Caribe; Jorge Armando Virviescas, Consejere Regional Suplente Subregión Andina; Aline Luana Oliveira Chaves, Consejere Regional Suplente Subregión Brasil; Shane Cienfuegos, Consejere Regional Suplente Subregión Cono Sur.

Ari Vera Cosecretaria de ILGALAC y presidenta Almas Cautivas A.C. México, Federación de Empresarios LGBT y de la RED CORPORA en Libertad, manifestó estás muy agradecida con toda la membresía de ILGALAC por confiar en el trabajo del Consejo saliente y ahora Consejo entrante, “esto habla de la forma de darle fortaleza a la continuidad del proyecto de ILGALAC y sobre todo a estos ejercicios de transparencia al convocar y participar de este proceso democrático con todas las organizaciones miembros”. 

Externó sentirse un poco nerviosa, pues el reto es sostener el proyecto del cual la membresía ha creído, pues considera que ahora se viene un trabajo aún mucho más fuerte, “la membresía hizo suya ILGALAC y es la primera vez que vi a todas las personas participando en los talleres de gobernanza, apoderándose de la organización y construyendo colectivamente”, agrega Ari Vera al Blade.  

Para el día siguientes quedaron las elecciones de la persona representante para comité de jóvenes, en donde obtuvo el gane Gabriel Barahona de COMCAVIS TRANS El Salvador; la otra elección fue la próxima ciudad cede de la Conferencia Regional de ILGALAC, de los 106 votos obtenidos en esta jornada, San Salvador, El Salvador, obtuvo 57 votos y Buenos Aires, Argentina, un total de 31 votos. Concluyendo que la próxima conferencia tendrá como cede Centro América.  

Mantener el proyecto, sentar las bases y mantenerlas sólidas, es parte de los restos que se viene para este Consejo Regional más reforzado al ser nuevamente electo, “ahora vendré el poner en marcha todo lo que nos ha mandatado esta Asamblea General, hacer acciones y programas con la que se beneficie la membresía de ILGALAC”, menciona Vera. Incluyendo que también el reto es, llegar a El Salvador en el 2025 con mejores resultados por los mandatos de la Asamblea. 

Para ILGA Mundo va a ser un retomar el vínculo y la relación que ya existen con los Cosecretaries Regionales, pues ya han trabajado con el Consejo Mundial desde el 2019, “entendemos que con los procesos democráticos que existen, es importante el cambio de liderazgos, pero también aplaudimos y celebramos que se pueda dar continuidad al trabajo que se está haciendo en el Consejo Mundial y de manera regional”, finaliza Arana. 

Al final de estos cinco días de la Conferencia Regional del 2023, queda la experiencia de ver a las organizaciones asistentes que forman parte de la membresía de ILGALAC, apropiarse de esta al mostrar el interés en formar estatutos que ayuden al trabajo para ellas mismas y fortalecer de esta manera las bases y la interseccionalidad que existe en la esta. 

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 17 de abril

SAN PEDRO SULA, Honduras — En medio de cordones policiales, unas 50 personas de los colectivos LGBTIQ+ y afro llevaron a cabo el viernes 14 de abril un plantón frente a la alcaldía de San Pedro Sula. Su objetivo era denunciar la actitud racista y discriminatoria del alcalde Roberto Contreras, ya que el 12 de abril, en el parque central sampedrano, dio un discurso de odio contra la diversidad sexual y la población afrodescendiente.

“Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual. Me siento bien entre mis negros bellos de Power Chicken”, dijo ese día Contreras. Sus palabras despertaron el asco y el repudio de las poblaciones más vulnerabilizadas de Honduras. 

En consecuencia, el equipo de Reportar sin Miedo llegó el 14 de abril a las 9:00 a.m. a la alcaldía de San Pedro Sula para conocer de primera mano las reacciones durante la protesta. Bajo el calor ardiente típico de esta época, el grupo de manifestantes hizo ondear banderas LGBTIQ+ y del orgullo garífuna en la parte baja de las astas, ya que no pudieron colocarlas en la parte superior. 

A continuación, los colectivos se instalaron hombro con hombro frente al edificio de la municipalidad, portando la bandera del arcoíris, la trans, la bisexual, la lésbica y la incluyente. Habían acudido al lugar con el objetivo de reclamar por lo que consideran un atentado cometido por el alcalde contra las poblaciones más violentadas del país.     

Aunque constatamos que el plantón fue en todo momento pacífico, la policía desplegó un cordón digno de una película de acción de Netflix. Al menos 20 agentes policiales se dispersaron por la zona y se apostaron frente a las puertas del edificio para tapar la entrada. Su actitud fue considerada intimidante por el Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula.

“Estas son órdenes de Roberto Contreras donde no permite una manifestación pacífica y jamás permitirá izar una bandera LGBTI+ lo hemos pedido con permiso y nos lo ha negado”, expresó Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, quien enfatizó que en otras manifestaciones no habían tantos agentes resguardando el lugar. 

Esta veloz acción policial motivó las críticas del Comité. Sus integrantes la calificaron como una medida intimidatoria con el propósito de impedirles llevar a cabo el plantón pacífico.   

Javier Carrington, de la Asociación Iguales, narró cómo fueron agredidos por el alcalde el pasado 12 de abril. También Sofía Carbajal, del Colectivo Color Rosa Mujer Trans, se dirigió al público para relatar otros casos de discriminación cometidos por autoridades sampedranas.

Sin embargo, a pesar de los testimonios sobre la violencia que ha cometido en varias ocasiones contra las poblaciones en situación de vulnerabilidad, Contreras insistió en que no ha insultado a nadie.

“Dije claramente que prefería usar la bandera de los garífunas a la de la diversidad sexual. ¿Dónde está el insulto?”, dijo Contreras ante periodistas al mediodía, poco después del plantón en la alcaldía. 

El alcalde dio estas declaraciones en el estadio Francisco Morazán, adonde llegó para revisar las reparaciones de la grama que se llevan a cabo en ese centro deportivo.  

“Dije diversidad sexual de los animales, en lo que son los humanos. Yo no tomé el nombre de una persona para ofender a nadie. Creo que se está queriendo hacer un terremoto de algo que ni siquiera merece la atención. ¿Qué es diversidad sexual? ¿Si alguien me explica a mí qué es diversidad sexual?”.  

A continuación, Contreras se disculpó con la diversidad sexual ante los periodistas presentes en el estadio Morazán. “Me disculpo con la diversidad sexual en público en este momento”, dijo.

Osman Lara aseguró que la actitud del alcalde es fóbica y racista y causa profundo odio. No es la primera vez que Contreras da un discurso de odio, agregó Lara, pues hizo algo parecido el 17 de mayo de 2022, cuando no permitió izar la bandera LGBTIQ+ en el parque central de San Pedro Sula.

Esa mala experiencia se repitió el viernes 14, cuando policías no dejaron otra vez que los colectivos izaran la bandera del orgullo diverso.

Alexa Solórzano, gobernadora del departamento de Cortés, asistió al plantón y expresó que no puede ser posible que estos comentarios irresponsables estén generando mensajes de odio. 

“No fuimos electos para generar odio. Los pueblos originarios y la comunidad garífuna es diversa también y por eso se deben respetar sus derechos. Aunque él (Roberto Contreras) no comparta, tiene que respetar. Sus mensajes no pueden motivar el odio y también la diversidad lo tiene en el puesto de poder. El pensamiento del señor alcalde no es el mismo de la presidenta Xiomara Castro”. 

De nuevo impiden izar la bandera

Después del plantón frente al edificio de la municipalidad, los colectivos se dirigieron  a la zona donde se encuentran las astas para las banderas en el parque central de San Pedro Sula.

Su objetivo era izar las banderas del arcoíris, trans, bisexual y de la inclusiva. Sin embargo, de nuevo los policías municipales reaccionaron con una velocidad inaudita e impidieron que los colectivos elevaran sus símbolos para hacerlos flamear en el cielo de la ciudad.

Es la segunda vez que las autoridades impiden con violencia que las poblaciones diversas utilicen los lugares públicos para mostrar sus símbolos. La acción policial del viernes 14 de abril repite lo sucedido hace cerca de un año, cuando el alcalde Roberto Contreras también impidió que los grupos diversos hicieran ondear sus banderas.

A continuación, el diputado LGTBIQ+ Víctor Grajeda les pidió a los policías que dejaran a los colectivos izar las banderas. 

Tras la petición del diputado estalló un enfrentamiento de un minuto entre policías y miembros de los colectivos. Los agentes seguían empecinados en impedir que la población usara el espacio público. 

Al final, tras una nueva discusión, la policía permitió que los colectivos elevaran las banderas hasta la parte más baja de las astas situadas en el corazón del parque central.  

Después de elevar las banderas hasta la cuarta parte de las astas, las personas LGTBIQ+ pronunciaron discursos contra la actitud del alcalde Contreras. Además denunciaron que varias personas de la diversidad sexual han recibido amenazas y sufrido violencia tras las palabras del funcionario municipal.

Las amenazas y los bots

Víctor Grajeda, el primer diputado abiertamente gay del Congreso Nacional de Honduras, escribió en Twitter que había recibido una amenaza de parte de una cuenta de la misma red social donde aparecía un hombre con una Ak-47 diciéndole: “Estamos listos para exterminar a todos estos culeros”. 

Grajeda denunció a Roberto Contreras de que, si algo le pasa, es su responsabilidad. “Sí realizamos un plantón pacífico. Lo que no tiene nada de pacífico es el discurso y reacciones que el alcalde genera con su boca”. 

“Cualquier muerte, crimen o violencia contra las personas LGBTIQ+, hacemos público que responsabilizaremos a Roberto Contreras por emitir esos discursos de odio”. Además, Vienna Ávila, directora de la Asociación Feminista Trans (AFET), señaló que varias mujeres trans habían sufrido amenazas por estos discursos. 

Reportar sin Miedo ha logrado documentar al menos 100 cuentas en Twitter, Instagram y Facebook creadas por bots o manejadas por perfiles falsos, queriendo incidir en la opinión a favor del alcalde Roberto Contreras. Muchas de estas cuentas apenas tienen seguidores, tienen fotos falsas o hechas con inteligencia artificial y son de reciente creación.

Javier Carrington solicitó a Josué Cover, director de comunicaciones del alcalde Roberto Contreras, que deje de ser “partícipe de estas humillaciones y violaciones de derechos humanos porque él siempre que estamos en un lugar público asesora al alcalde para que nos invisibilice”.  

En entrevista para Reportar sin Miedo, Josué Cover lamentó las declaraciones de Carrington. Enfatizó que Roberto Contreras es el único relacionista público de la Municipalidad de San Pedro Sula. 

Cuando se le preguntó si el presupuesto de la alcaldía es usado para pagar campañas digitales en contra de sus adversarios, lo negó rotundamente. “Tenemos un presupuesto de nueve millones al año y está distribuido en pago de planillas, campañas sociales y publicaciones como licitaciones y plan de arbitrios”. 

Por otro lado, Reportar sin Miedo documentó al menos cuatro casos de personas que tras participar en en el plantón sufrieron persecución física, acoso, intimidación y amenazas directas contra sus vidas por grupos que se hacen llamar “organizaciones más grandes de Honduras”.

Al mismo tiempo, Reportar sin Miedo ha sufrido una campaña digital contra integrantes de su equipo de trabajo. También, varios hackers han intentado ingresar a nuestras cuentas en redes sociales por medio de links engañosos y otras tácticas que atentan contra la libertad de expresión y prensa. 

Los seguidores de Roberto Contreras justifican el discurso de odio y racismo de su alcalde basándose en la libertad de expresión. 

En el 2021 entrevistamos al abogado Dumas Rodríguez, el abogado especialista en Libertad de Expresión en Honduras. Esto nos dijo sobre los límites de la libertad de expresión: “El artículo 13, inciso 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos expresa que está prohibida por la ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 

Voces diversas

Para Jensy Ávila, militante del Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR), el discurso de Roberto Contreras es una herramienta para vulnerabilizar a las otras minorías por estas formas las mujeres seguimos siendo instrumentalizadas “seguiremos peleando nuestros derechos”. 

Gabriela Rendondo, directora del Colectivo Unidad Color Rosa, aprovechó la oportunidad para recordarle al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia de Vicky Hernández. “No vamos a permitir discursos de odio contra nuestras poblaciones, seguiremos luchando por una ley de identidad de género”.

También los colectivos de LGBTIQ+ de Ofraneh condenaron el discurso de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. 

“Solicitamos a todas las entidades de derechos humanos nacionales e internacionales y a la presidenta Xiomara Castro que le exijan (a Roberto Contreras) una disculpa pública y que se le aplique el marco normativo vigente de protección para las personas LGBTI contenido en el actual código penal, Articulo 321, en el cual se tipifica el delito de discriminación”.

German Aguirre, joven afrodescendiente  LGBTIQ+, expresó a Reportar sin Miedo que el discurso de Contreras lo ofendió y vulnerabilizó. “La cultura garífuna no sólo se necesita para la política ni para difundir discursos de odio. Actualmente, la comunidad LGBTIQ+ garífuna es invisibilizada por las autoridades políticas del país”. 

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 1 de abril.

TEGUCIGALPA, Honduras — Porque la población LGBTIQ+ afronta barreras que limitan el goce pleno de sus derechos, la asociación defensora de derechos humanos Honduras Diversa presentó el 29 de marzo una agenda legislativa ante la sociedad hondureña.

Con el fin de impulsar el libre desarrollo de los derechos humanos en el país, la agenda funcionará como instrumento de recomendación de la planificación nacional. Además se alinea al plan de gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras. 

Asimismo busca construir un sistema nacional de igualdad que contenga atribuciones entre las diversas entidades que lo conforman. 

En el país, “la población LGBTIQ+ históricamente ha enfrentado importantes barreras que limitan el goce pleno de sus derechos, particularmente el derecho a la vida, salud, la educación, a un trabajo, una justicia integral, seguridad y ciudadanía plena”, recordó la asociación. 

Por otro lado, la voluntad política sigue siendo un reto para el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Esto es así porque, al participar en estos espacios, los congresistas invitados se esconden en el hemiciclo legislativo.

Ante esto, el diputado suplente Víctor Grajeda hizo una observación sobre la falta de voluntad política en los temas LGBTIQ+, ya que es una de las problemáticas principales del país.

“Es vergonzoso formar parte de un Congreso Nacional donde ni siquiera responden a una invitación”, declaró Grajeda. 

Del congresista relató que invitaron a tres diputados de tres comisiones que tendrían que ser aliados; “sin embargo, no están aquí y no sé si (el director de Honduras Diversa, Néstor Hernández) recibió al menos una respuesta de no poder llegar o mandar algún representante, pero el deber de ellos es estar aquí y escuchar”. 

Sigue la espera de las personas trans

El asesinato de la líder trans Vicky Hernández cometido por entes de seguridad nacional durante el golpe de Estado en 2009 hizo que Honduras recibiera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021.

Aunque la sentencia dio resoluciones que el Estado debe cumplir, las personas trans hondureñas siguen esperando adecuar sus datos personales en el documento de identificación nacional. 

Al respecto, defensorxs de derechos humanos aseguran haber visto una esperanza en la sentencia, “pero hay falta de voluntad política porque en Guatemala sí hay cambio de nombre. Y no hubo sentencia de una corte interamericana para dar este derecho”.

Van casi 400 asesinatos

Los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ “son alarmantes”, ya que la Red Lésbica Cattrachas ha registrado más de 388 muertes violentas de personas LGTBIQ+ de 2009 a 2020. 

“Reivindicar el derecho a la participación de los jóvenes en espacios políticos genera una oportunidad futura y presente de crear algo nuevo partiendo de lo que ya tenemos”, puntualizó Monica Cajes, de Honduras Diversa.

“Por lo tanto, como juventudes estamos llamados, llamadas y llamades a participar en esos espacios y hacer valer todas las herramientas que tenemos”. 

Las juventudes diversas unen sus esfuerzos día con día para cumplir los derechos humanos en el país. A pesar de la falta de voluntad política frente a los derechos LGBTIQ+, las organizaciones no dejan de defender el derecho de vivir una vida libre de estigma y discriminación. 

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 1 de marzo.

TEGUCIGALPA, Honduras — “La discriminación y exclusión generalizada impiden una inclusión significativa en los esfuerzos de desarrollo más amplios en Honduras”. Esa fue una de las respuestas de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ante la ola de comentarios de odio y discriminación contra mujeres y personas LGBTIQ+, originarias y afrodescendientes en Honduras. Reportar sin Miedo habló con la embajadora Dogu para conocer su punto de vista sobre estos temas que repercuten directamente en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Dunia Orellana: ¿Por qué es tan importante disminuir los discursos de odio en contra de poblaciones altamente excluidas como las mujeres, las poblaciones LGBTIQ+ y poblaciones originarias y afrodescendientes en Honduras? 

Laura Dogu: Los derechos humanos son derechos universales. La capacidad de una persona para ejercer sus derechos humanos nunca debe verse limitada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales. 

La lucha para poner fin a la violencia, la discriminación, la criminalización y el estigma contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, homosexuales e intersexuales (LGBTIQ+) y otras comunidades vulnerables es un reto mundial que sigue siendo esencial para nuestro compromiso de promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

Estados Unidos liderará con el poder de nuestro ejemplo y la administración del presidente Biden está aplicando políticas dentro de Estados Unidos como en el extranjero para acabar con la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales. 

Dunia Orellana: Sabemos que el gobierno de Estados Unidos invierte en programas de apoyo para disminuir la discriminación y la desinformación en Honduras. ¿Por qué es tan importante seguir invirtiendo en estos temas en una democracia como la de Honduras? 

Laura Dogu: Como lo declaró el presidente Biden en su Memorándum de febrero de 2021, “todos los seres humanos deben ser tratados con respeto y dignidad y deben poder vivir sin miedo, independientemente de quiénes sean o a quién amen”. 

El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo y también incluirlas de manera significativa en los programas de desarrollo. 

Invertir en la democracia ―promover los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales como la educación, el empleo y la atención en salud para todos― es importante para el avance de cualquier país. La discriminación y exclusión generalizada impiden una inclusión significativa en los esfuerzos de desarrollo más amplios en Honduras.  

Nos comprometemos a apoyar a los grupos discriminados y marginados y buscamos formas de hacerlo mediante el crecimiento económico, la educación y el desarrollo de la mano de obra. También trabajamos para prevenir y responder a la violencia basada en género, que incluye la violencia contra las personas LGBTIQ+.

Dunia Orellana: Ante la desinformación utilizada por diferentes sectores que emplean discursos de odio y mensajes de discriminación, ¿cuál es el mensaje que usted envía? 

Laura Dogu: Dunia, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas; son fundamentales para la democracia hondureña, y queremos ver a todos los sectores del país ―gobierno, sector privado, sociedad civil y población en general― siendo parte de una solución que beneficie a todos. Los gobiernos, en particular, deben trabajar para asegurar que todos los individuos puedan disfrutar libremente de los derechos humanos y libertades fundamentales a los que tienen derecho. 

Animamos al gobierno de Honduras a que respete la libertad de expresión, a que permita a los periodistas independientes realizar su trabajo sin temor a represalias y a que investigue y procese a quienes amenacen o dañen a miembros de la prensa a causa de su trabajo. Medios como Reportar Sin Miedo son fundamentales para alcanzar ese objetivo de una mejor Honduras.  

Más allá de los medios de comunicación, también creemos que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos humanos y sirven como un valioso control del poder gubernamental al fomentar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno.  

Buscamos constantemente ampliar y fortalecer el espacio para las organizaciones de la sociedad civil en Honduras, alentando al gobierno a reunirse regularmente con los líderes de la sociedad civil y a consultar proactivamente con ellos sobre temas apremiantes.

Tres momentos claves del apoyo estadounidense a la inclusión

¡Qué gran experiencia musical! ¡Gracias @ginachavez y su banda por el concierto de esta noche en el Parque Cerro Juana Laínez! Fue espléndido ver a tanta gente experimentar su música, historia y mensaje de inclusión y diversidad. pic.twitter.com/7ihQiKYrhS

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) February 18, 2023

¡Nunca renunciemos a la lucha contra la violencia basada en género! Hoy destacamos los resultados que han alcanzado @USAIDHonduras, @Uni2justiciaHn, los socios de la sociedad civil y el gobierno, uniendo fuerzas por la justicia. #USAIDContraLaViolencia #16Días #16Days pic.twitter.com/SZMvcfk68v

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) December 2, 2022

Con Isabela Albaladejo de @OACNUDHHN @KerryKennedyRFK y Indyra Mendoza de @CATTRACHAS en evento conmemorativo para Vicky Hernandez. Continuaremos defendiendo los derechos #LGTTBI. Satisfechas de ver el gobierno trabajando para cumplir con el fallo de la @CorteIDH en el caso. pic.twitter.com/SiWdxg9u0f

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) May 8, 2022