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Población LGBTQ de El Salvador denuncia impunidad ante crímenes por odio

Anahy Rivas, una mujer trans, fue asesinada en San Salvador el 27 de octubre

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Activistas LGBTQ salvadoreñas se manifiestan en contra de crímenes de odio en San Salvador, El Salvador, el 31 de octubre de 2019. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — La Federación Salvadoreña de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), que aglutina a 12 organizaciones LGBTQ del país, realizó el día jueves 31 de octubre del presente año, una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante la impunidad por los crímenes por odio que han acontecido en los últimos meses.

Entre los casos que se mencionaron están el de Jorge Castillo, el 11 de enero de 2019 que fue asesinado con once disparos en el rostro en el departamento de San Miguel; Camila Díaz, mujer trans privada de libertad por agentes de la policía, recibió múltiples golpes y luego falleció el 31 de enero de 2019; además el caso de “Lolita” asesinada a machetazos en Sonsonate el 8 de febrero de 2019; sin olvidar el caso de “Tity” mujer trans que fue asesinada a golpes en avenida Cuscatlán el 10 de marzo de 2019 y por supuesto el reciente caso de Anahy Rivas que sujetos en una camioneta le sujetaron y le arrastraron sobre el bulevar Los Héroes y luego lesionaron con arma blanca el pasado 27 de octubre del presente.

Desde que se reformó el código penal en el año 2015 en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes por odio si se basan en la orientación sexual, identidad y expresión de género; no se han condenado a culpables por los asesinatos de personas LGBTQ, aunque los hechos sean suficiente evidencia que dichos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacía las víctimas.

“El sistema de justicia no tiene contabilizados los crímenes de la población LGBTI, porque solo contabilizan por sexo biológicamente asignado, ya sea hombre o mujer”, comenta en conferencia Mónica Linares, directora ejecutiva de Aspidh Arcoíris Trans. Agregaron que en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han documentado al menos 20 asesinatos a mujeres trans entre los 16 y 32 años de edad, y estos son los casos de los que se dan cuentan las organizaciones y esto solo afirma el hecho que el promedio de vida de una mujer trans en El Salvador no sobre pasa los 33 años.

“En la fiscalía dicen que hay apertura para realizar protocolos para el trato a casos de personas LGBTI. Dicen tener interés de tocas el tema, pero al momento de ejecutar su trabajo, esto no ocurre, por lo cual hay un doble discurso”, asegura Linares.

Debido a estas situaciones y a la gravedad de los hechos que expusieron en la conferencia de prensa, la FESLGBTI exige a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC), además de las demás entidades que conforman al sector justicia del país, que investiguen los asesinatos a personas LGBTQ, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y buscar así la condena a los culpables.

En especial exigieron a la FGR la pronta aprobación y divulgación con el personal de la fiscalía de una “política de persecución penal y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGBTI”; pues consideran que es algo impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de la población LGBTQ.

“Estamos a cuatro días de la evaluación de El Salvador en el examen periódico universal. La CIDH hizo recomendaciones al Estado salvadoreño y ofreció ayuda a través de la Dirección de Diversidad Sexual, la cual está extinta por la nueva administración”, comentaba Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de la organización COMCAVIS TRANS.

“Hacemos el llamado a los tres órganos del Estado, responder a estos crímenes por odio, ya no queremos más impunidad, queremos justicias”, agrega Rodríguez.

La FESLGBTI reitera que no permitirán que los crímenes contra la población LGBTQ queden en el anonimato y en silencio por más tiempo; además que no permitirán más vulneración al derecho a la salud, educación, seguridad, trabajo y a la vida digna libre de estigmas y discriminación.

Plantón frente a Fiscalía General de la República.

Un día antes de la conferencia de prensa, diferentes organizaciones como Fundación Somos Familia y Aspidh Arcoíris Trans, se reunieron frente a la FGR para pedir justicia en los crímenes contra la población LGBTQ.

Portando carteles con diferentes consignas, las diferentes personas asistentes mostraron su descontento por la falta de acción de dicha entidad, en el esclarecimiento de los diferentes casos que existen. Linares dio lectura a un comunicado en el que las organizaciones presentes, exigían a la FGR el esclarecimiento de los casos de crímenes por odio.

“Hay una terrible impunidad ante los crímenes LGBTI. Está el caso de Camila Díaz, que al parecer la madre está recibiendo llamadas de familiares de los tres policía detenidos, tratando de intimidarla, tratando de negociar con ella para que los hombres salgan”, comentó al Washington Blade Linares; “había un testigo criteriado que es una mujer policía quien en la primera audiencia reconoció a los tres policías capturados y ahora en la siguiente audiencia solo reconoció a uno que era quien conducía la patrulla y no a los dos que le iban golpeando atrás”.

Linares externó que al parecer ya existe alteración en el único caso que un juez ha dictaminado como crimen por odio, lo cual le hace dudar el resultado del mismo. Al finalizar la protesta fuera las instalaciones de la FGR en avenida la Sultana, Antiguo Cuscatlán, un grupo encabezado por Linares, entregaron en recepción el comunicado al que se le dio lectura, saliendo de las instalaciones con la decisión de seguir la lucha por que se haga justicia por las compañeras y compañeros que han fallecido hasta la fecha.

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Diputada peruana y su esposa demandarán a Perú por negarse a reconocer su matrimonio

Susel Paredes se casó con Gracia Aljovín en Miami

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Susel Paredes y Gracia Aljovín durante una entrevista en televisión peruana (Foto de Latina.pe/cortesía de Susel Paredes)

LIMA, Perú — La diputada peruana del Partido Morado, Susel Paredes, y su esposa, Gracia Aljovín, anunciaron al Washington Blade que presentarán una demanda internacional contra el Estado de Perú por no reconocer su matrimonio celebrado en 2016 en Miami. 

La decisión la tomaron luego de un fallo del Tribunal Constitucional de ese país sudaméricano donde se les negó inscribir su vínculo legal en el extranjero. La pareja había presentado con anterioridad una solicitud para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que fue negado en una reciente y homofóbica sentencia. 

En el máximo tribunal judicial peruano rechazó reconocer el matrimonio de ambas mujeres con cuatro votos, mientras que otros dos jueces aprobaron. El fallo señaló que los “elementos esenciales” del matrimonio en el Perú son: “ser una unión voluntaria” y “ser celebrado entre varón y mujer”. Y que en consecuencia, “no puede reconocerse en el Perú un derecho adquirido en el extranjero que colisione con esta noción”. Además de argumentar que no pueden reproducirse. 

Algunas organizaciones calificaron el fallo como anti-LGBTQ+ porque además establece que “las uniones homosexuales no son matrimonios, por lo que no es discriminatorio no reconocerlas como tales” y que el TC no puede “introducir el matrimonio igualitario por la ventana porque esta es labor del legislador”. Al mismo tiempo, aclaró que si el Congreso quiere introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en Perú, debe hacerlo mediante una reforma constitucional.

Paredes junto con lamentar la decisión del TC reconoció al Blade “fue una mala noticia que  yo ya esperaba. Sabíamos que esto iba a pasar porque no sólo soy activista y diputada, soy abogada, entonces sigo los criterios. Uno puede predecir lo que va a pasar con una sentencia cuando hay jueces predecibles. Estos jueces son predecibles”. 

“La verdad es que es indignante. Porque yo pago mis impuestos, vivo con mi compañera hace años, tenemos una familia. ¿Entonces, cómo es posible que nuestra familia sea negada en su existencia? porque nosotras existimos”, agregó Paredes desde su oficina parlamentaria.

La congresista dijo al Blade a través de una videollamada que “en primera instancia vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión debe evaluar si califica y si califica a favor nuestro va la corte y en la corte se vota y estoy seguro que vamos a ganar”. 

Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene ninguna legislación y derecho  a favor de las personas LGBTQ+. Actualmente hay un proyecto de matrimonio igualitario durmiendo hace años en la Comisión de Justicia del Congreso nacional, presentado por el ex diputado gay, Alberto de Belaunde.

Paredes consultada por el Blade sobre si la sentencia del TC podría retrasar la aprobación del matrimonio igualitario en Perú, Paredes respondió que “sin duda alguna la derecha va a utilizar —el fallo—, y sus fundamentos, pero sus fundamentos son muy frágiles”. 

Similar opinión tiene De Belaunde. “El Congreso usará de excusa esta sentencia para no legislar sobre este tema. Si sienten mucha presión mediática, buscarán una suerte de unión civil patrimonial, donde no se reconozca la existencia de una familia sino solo de un patrimonio compartido. Figura absolutamente insuficiente, y que no será aceptada por las comunidades LGBT+ pues es casi un insulto a nuestros reclamos de ser reconocidos como ciudadanos plenos”, sinceró el ex congresista. 

Para él “la sentencia no solo busca negar el reconocimiento de derechos, busca hacer daño. Contra lo que ha dicho anteriormente el Tribunal Constitucional, se busca desprestigiar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que no debe cumplirse con sus opiniones consultivas”.

“Es una sentencia mediocre —desconoce conceptos básicos de derecho internacional privado— pero no por ello menos dañina”, sentenció De Belaunde al Blade. 

Ambos activistas coincidieron en que el Congreso peruano tiene poca voluntad política para tramitar el proyecto de ley. 

“Se han aprobado leyes que se han presentado muy posteriormente a la fecha en que fue presentada la ley del matrimonio, que ha sido en octubre del año pasado. Hay una voluntad política de impedir si quiere que se discuta”, enfatizó Paredes al Blade.

La directora ejecutiva de Presentes, Pía Bravo, una agrupación de defensa de derechos LGBTQ+ en Perú dijo al Blade que tenían expectativas con que el fallo pudiera consagrar el primer reconocimiento legal para LGBTQ+. 

“El Tribunal Constitucional era una oportunidad que perdimos”, lamentó Bravo.

“Creo que es un retroceso bastante grande y es un retroceso que lamentablemente vamos a tener que seguir, que seguir enfrentando y viendo que otros caminos, que otras vías podemos encontrar para que finalmente se apruebe este derecho tan necesario”, sentenció la activista.

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Las personas no binarias hondureñas existimos y resistimos

Diego De León vive en Honduras

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Las personas no binarias hondureñas existen y resisten (Gráfica cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta opinión escrita por Diego De León salió en su sitio web el 14 de julio.

TEGUCIGALPA, Honduras — Soy Diego De León, tengo 18 años y soy una persona trans, no binaria y hondureña.

Ser una persona no binaria en Honduras es vivir en una constante guerra contra esta sociedad patriarcal. 

El reconocerme y aceptarme como no binarie me ha traído burlas, acoso, rechazo, invalidación, agresiones verbales y físicas.

Todo esto me ha hecho resistir aún más y luchar en contra de esta sociedad patriarcal.

En Honduras, las personas no binarias (y LGBTIQA+) contamos con muy pocos espacios seguros, vivimos en la vulnerabilidad. 

La religión ha afectado grandemente en mi vida y en la vida de mis hermanes no binaries y LGBTIQA+, nos violenta y niega nuestros derechos humanos.

Una de mis mayores luchas es que el Estado reconozca mi existencia como persona no binaria, libre de estigma y discriminación. 

Al no contar con una ley de identidad de género, se me invalida constantemente y, por lo tanto, se niega mi propia existencia. 

Así como muches hermanes no binaries, queremos iniciar un tratamiento de reemplazo hormonal y este procedimiento se nos complica.

Las personas no binarias existimos y resistimos.

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Defensores LGBTQ+ de Cartagena se reunieron con primera jueza trans de EEUU

Victoria Kolakowski es originaria de California

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Victoria Kolakowki, la primera jueza trans estadounidense, izquierda. (Foto de OrgulloLGBT.co)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió originalmente en su sitio web.

CARTAGENA, Colombia — Victoria Kolakowki es originaria de California en los Estados Unidos y es actualmemte la primera mujer transgénero es ser designada como jueza de los Estados Unidos, un importante avance para la inclusión de las personas transgéneros. 

Bajo el liderazgo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, la jueza visitó la ciudad de Cartagena, y tuvo la oportunidad de reunirse con activistas LGBTI de diversas organizaciones de la ciudad que plantearon su preocupación frente a los altos índices de violencia contra la población sexo diversa.

Según datos de la organización Caribe Afirmativo en lo que va corrido del año 12 mujeres trans han sido asesinadas y se registran altos niveles de violencia contra este colectivo. 

“El deber del Estado es proteger a las personas, no importa la orientación, la identidad de género o la nacionalidad, todos tenemos derechos a vivir en paz, y el Estado colombiano debe garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ”, aseguró la jueza Kolakowski. 

Esta programación que permitió debatir temas como las políticas públicas y los retos para combatir la discriminación, hace parte de la conmemoración del mes del orgullo LGBT que organiza cada año la Embajada de los Estados Unidos.

Desde Juventud Diversa Radio primer y único espacio LGBTIQ del caribe colombiano, estamos comprometidos con promover el respeto y crear conciencia para que la sociedad cartagenera respete la diversidad.

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