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Solicitante de refugio trans de El Salvador asesinada en Guatemala

‘Jazmín’ fue encontrada el 1 de agosto con rostro desfigurado

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Un monumento a los migrantes en Salcajá, Guatemala, el 9 de marzo de 2019. “Jazmín”, una mujer trans de El Salvador que solicitó refugio en Guatemala, fue asesinada el 1 de agosto de 2020. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

El 1 de agosto, fue asesinada en Guatemala una mujer trans salvadoreña de 29 años que llamaremos “Jazmín” por seguridad de su familia.

Ella había solicitado refugio por violencia de género y persecución de pandillas, al momento de su muerte aún no había recibido respuesta por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. Fue encontrada con muchos golpes en el cuerpo y el rostro desfigurado.

En un vídeo comunicado en las redes sociales de COMCAVIS TRANS, su directora Bianca Rodríguez, resalta la importancia y la necesidad urgente de la protección de las personas LGBTQ en el norte de Centro América,

“En la región a menudo las personas LGBTI son blanco de hostigamiento y de violencia por parte de las pandillas”, expresa Rodríguez. “Muchas de ellas eventualmente, se ven obligadas a cruzar una frontera internacional en búsqueda de la protección”.

“Hago un llamado a los Estados a que procuren a protección de las personas LGBTI, en especial a las personas que se ven obligadas a huir de sus países por la salvaguarda de su derecho a la vida”, concluye Rodríguez en su comunicado.

Diversas organizaciones de derechos humanos guatemaltecas mostraron su consternación ante lo ocurrido, así es el caso de la Organización Trans Reinas de la Noche, que en un comunicado dijo, “Este asesinato, pone en relieve como los mecanismos de justicia nacionales en Centro América, no están respondiendo a la necesidad de preservar la vida de las personas trans de la región”.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó a través de un comunicado que condenaban y lamentaban el asesinato de la mujer trans salvadoreña, además confirmaron que se trataba de una solicitante de refugio y se ponían a la disposición de las autoridades que investigaran el caso, si esto así lo ameritaba.

“Lamentamos que la muerte de ‘Jazmín’ se halla dado en una situación en la que el Estado de Guatemala aún no había reconocido el estatuto de su solicitud pasado ya dos años”, comenta al Los Angeles Blade Carlos Valdés, integrante de Lambda Guatemala, un grupo que promueve los derechos de miembros de la comunidad LGBTQ en Guatemala. “Esperamos y exigimos que las autoridades correspondientes hagan su investigación y no queden impunes como las muertes similares de la comunidad LGBTI que han sido con lujo de violencia”.

“El Estado de Guatemala tiene como mandato constitucional actuar para proteger la vida de las personas y desafortunadamente es al contrario”, menciona a Valdés, esto debido que a través del legislativo han pretendido desde hace varios años impulsar la iniciativa 5272, la cual es Protección de la Vida y la Familia, promovida por los grupos conservadores, con la cual pretenden limitar el goce de los derechos de las personas LGBTQ, según Valdés.

Para el año 2019 fueron contabilizados 20 crímenes contra la población LGBTQ en Guatemala, este año 2020 han ocurrido 11 casos, estos datos son obtenidos gracias al observatorio de Lambda Guatemala.

Por su parte la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), habló con el Blade sobre lo sucedido.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de ‘Jazmín’ que intentaba reconstruir su vida en Guatemala tras verse obligada a huir de El Salvador debido a la violencia y la persecución.” dijo Giovanni Bassu, representante regional del ACNUR para América Central y Cuba. “Reiteramos la necesidad de investigar el caso a fondo y tomar medidas para prevenir futuro crímenes contra las personas LGBTI. Además, hacemos un llamado a los gobiernos a garantizar que las personas LGBTI forzadas a huir tengan acceso sin obstáculos a los procedimientos de asilo”.

ACNUR busca tener un acercamiento integral hacia la población LGBTQ que se ha visto obliga a tener un desplazamiento forzado desde países de origen y destino.

“En todos los países del norte de Centroamérica trabajamos con socios para desarrollar intervenciones directamente en las comunidades y fortalecer liderazgos entre las personas LGBTI, e identificar rutas que permitan coordinar acciones de protección”; menciona al Blade Bassu, “El fortalecimiento de liderazgos incluye componentes de capacitaciones sobre temáticas de desplazamiento forzado y el ejercicio de derechos humanos, con el fin de generar mecanismos de protección comunitarios que permitan la identificación de necesidades y la coordinación de la atención a casos en riesgo”.

La falta de accesos a los derechos y la violencia hacia la población LGBTQ y en específico a mujeres trans, han incrementado durante la pandemia por el COVID-19.

“Toda esta situación demuestra que los riesgos y las necesidades de protección son constantes y van en aumento para la comunidad LGBTI. Es urgente que los Estados generen mecanismos que permitan la protección y el acceso a la justicia”, finaliza Bassu.

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Corte Suprema de Justicia de Honduras impide que personas LGBTQ puedan casarse y tengan derechos civiles 

Organizaciones presentan nuevos recursos de inconstitucionalidad

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Manifestaciones del 20 de enero en la Corte Suprema de Justicia por la decisión de la Corte (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 20 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — Líderes LGBTIQ+ enfrentaron un hecho de discriminación hoy al presentarse en la Corte Suprema de Justicia, donde los guardias de seguridad los reprimieron y cerraron los portones de acceso vehícular y peatonal, impidiéndoles ingresar al edificio para presentar los recursos de inconstitucionalidad sobre el matrimonio igualitario. 

En una marcha pacífica, más de 50 personas de la diversidad sexual organizadas en mesas de acceso a la justicia de Honduras salieron del bulevar las Fuerzas Armadas hacia las instalaciones del Poder Judicial para pedirles a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que acepten un nuevo recurso tras el fallo anunciado esta semana y presentado en 2018 por las organizaciones Cattrachas y Somos CDC. 

Durante los 10 minutos en que se interrumpió el acceso al palacio judicial, lxs activistas denunciaron agresiones verbales del personal de seguridad de la Corte. Al final ingresaron por el portón vehícular. Se instalaron en las gradas de la entrada principal e hicieron un plantón pacífico, durante el cual exclamaron: “Sí se pudo”, después de lo cual se permitió que líderes LGBTIQ+ ingresaran a la sala a presentar el nuevo recurso. 

Las mesas de acceso a la justicia para población LGBTIQ+ están integradas por Arcoiris, Somos CDC, Asociación Kukulcán, colectivo feminista Ixchel, Somos Trans, Colectivo Violeta, Muñecas de Arcoiris, Grupo Lésbico y Bisexual LITOS de Honduras entre otras.

La directora de Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova, y sus compañeras trans marcharon y exigieron a la corte respeto a los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en Honduras. 

“No esperamos nada de una clase política opresora”, dijo el activista de la Asociación Arcoíris, Donnis Reyes, quien recalcó que el fallo de la CSJ no es nada nuevo, ya que por más de 12 años el Partido Nacional de Honduras ha influenciado las decisiones del Poder Legislativo y Judicial. 

“Estamos pidiendo que se deroguen ciertos artículos anticonstitucionales y no están basados en derechos”, dijo la directora ejecutiva de la organización feminista Ixchel, Lucía Barrientos, quien se refiere a la opinión consultiva sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo presentada por la Corte IDH. 

La Corte IDH ha indicado que existe un vínculo indisoluble entre igualdad y no discriminación y se ha establecido la dificultad de separarlos por cuanto el incumplimiento de uno (igualdad) acarrea necesariamente la verificación de la prohibición del segundo (no discriminación). 

En ese sentido, la Corte IDH ha indicado que, en función del reconocimiento de igualdad ante la ley, se prohíbe todo tratamiento discriminatorio. Este principio rector y derecho fundamental fue acertadamente introducido en nuestra Constitución en su artículo 60.

“La falta de reconocimiento jurídico de la realidad conformada por las parejas homosexuales es un atentado contra la dignidad de sus integrantes porque lesiona su autonomía y capacidad de autodeterminación al impedir que su decisión de conformar un proyecto de vida en común produzca efectos jurídico-patrimoniales, lo cual significa que, dado un régimen imperativo del derecho civil, quedan en una situación de desprotección que no están en capacidad de afrontar”, resolvió la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

La CSJ declaró no ha lugar los recursos de Inconstitucionalidad vía acción y por razón de contenido, ambos contra el Decreto No. 176-2024, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha 28 de octubre del año 2004, mediante el cual reformó el artículo 112 de la Constitución de la República y el artículo 45 del Código de Familia.

El fallo fue notificado en la tercera semana de enero, a pocos días de la culminación del gobierno nacionalista de Juan Hernández, pero la sentencia fue emitida en abril de 2021, dos meses después (28 de junio) de la sentencia histórica del caso “Vicky Hernández y otros versus Honduras” por la Corte IDH, donde condena al Estado de Honduras por el asesinato de la líder trans de San Pedro Sula y ordena una serie de reparaciones que incluye otorgar, a través de la vía administrativa, el cambio de nombre de las personas trans, así como otra serie de derechos. 

Reportar sin Miedo habló con activistas, quienes dijeron: “Hubo un retraso injustificado en la notificación de la sentencia”. 

En América Latina, 10 países reconocen algún tipo de uniones del mismo sexo. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y en los territorios dependientes de Guayana Francesa e islas Malvinas. Bajo una perspectiva del derecho comparado, el reconocimiento de las uniones homosexuales se ha dado a través de dos vías: la judicial (a través de sentencias de tribunales judiciales) y la legislativa.

Sin embargo, en Honduras el artículo 112 Constitucional, en su párrafo primero, literalmente dice: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario”.

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Una ‘besada’ inesperada en La Habana: El activismo LGBTQ+ independiente sale en defensa del Código de las Familias

Proyecto de ley debe garantizar igualdad matrimonial en Cuba

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Activistas LGBTIQ+ frente al Ministerio de Justicia (Foto de Nelson Álvarez Mairata)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 15 de enero.

LA HABANA — Activistas independientes de la comunidad LGBTIQ+ salieron a las calles del Vedado, en el centro moderno de La Habana, para realizar en una besada pública en respaldo al Código de las Familias, el proyecto de ley que debe legalizar las uniones entre personas del mismo sexo en Cuba, además de otros derechos.

El recorrido de los activistas comenzó en 23 y Malecón y tuvo escalas en el Hotel Nacional, el cine Yara y el Ministerio de Justicia.

La abogada Lidia Romero Moreno, el influencer Jancel Moreno y el pastor Adiel González Maimó estuvieron entre los participantes.

Romero Moreno, activista de la plataforma 11M, comentó a Tremenda Nota que se sumaba a la iniciativa porque “es una acción para comenzar a mover los activismos, y decir que estamos aquí y queremos todos los derechos para todas las personas”.

Por su parte, Adiel González Maimó explicó que “es importante todo lo que en materia de activismo se logre hacer con vistas al debate popular del Código de las Familias, para visibilizar las realidades y derechos de la comunidad LGBTIQ+”.

El proyecto de ley del Código de las Familias fue publicado en la Gaceta Oficial este 12 de enero y se someterá a consulta popular en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril del año 2022.

De ser aprobada finalmente en un referendo, la nueva ley resolverá muchas de las demandas de la sociedad civil cubana, entre ellas el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción sin que importe el género de los progenitores y la prohibición del matrimonio infantil.  

Las besadas públicas han sido una opción del activismo LGBTIQ+ para visibilizarse. Cuba no es la excepción.

En 2012 tuvo lugar la “Primera besada por la diversidad e igualdad” convocada por el Proyecto Arcoíris, una organización que se definía como “anticapitalista”, en un sitio cercano a la Plaza de la Revolución, en La Habana.

Dos años después, se repitió esta iniciativa en La Habana Vieja. Ambas ocurrieron el 28 de junio, Día del Orgullo LGBTIQ+ en recuerdo de los disturbios del bar Stonewall, en Nueva York, incidente que ha sido considerado un hito del activismo estadounidense y mundial.  

Otra besada LGBTIQ+ fue convocada el 29 de septiembre de 2015 por el Proyecto Arcoíris y la Red Observatorio Crítico.

En 2020, durante la epidemia de covid-19, el activismo realizó también un evento denominado #BesadaOnLineCuba2020 en la víspera el Día del Orgullo LGBTIQ+. La iniciativa abogaba por un Código de las Familias inclusivo y logró sumar colectivos y activistas de todo el país.

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‘Me recordarán por mi legado’: así fue el último adiós a Thalía Rodríguez en Honduras 

Líder trans fue asesinada el lunes en Tegucigalpa

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(Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 12 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — Bajo el cielo nublado de Tegucigalpa, la tumba de la líder trans Thalía Rodríguez en el cementerio Santa Cruz Memorial está a unos pocos metros de la de su madre, Reina. Las dos murieron con una semana de diferencia. Pero, mientras la muerte de su progenitora fue natural, la de Thalía se debió a un horrendo asesinato cometido a sangre fría el 10 de enero por hombres que no han sido capturados.

Thalía tenía una semana de haber visto a su madre morir en la colonia Smith, en Tegucigalpa, cuando, el 10 de enero de 2022, dos asesinos entraron a su casa en las faldas del cerro Juana Laínez y la mataron de un tiro en la cabeza.

“La pérdida de Thalía no solo es la primera LGBTI del 2022. Thalía estaba sufriendo por la muerte de la mamá”, dijo a Reportar sin Miedo la integrante de la Red Lésbica Cattrachas, Seidy Irías. 

Irónicamente, solo unas semanas antes, Thalía había dicho en una de sus últimas entrevistas para Reportar sin Miedo: “Soy una de las pocas que han sobrevivido. He perdido a la mayoría de mis amigos en el camino, y he tenido que enterrarlos”.

“El día que tú faltes van a hablar de ti porque dejaste un legado. Y esa es una de las cosas más lindas que todos buscamos en esta vida”, había dicho Thalía en un reportaje financiado por la Fundación Internacional de las Mujeres en los Medios (IWMF por sus siglas en inglés) y publicado en Reportar Sin MiedoEn Altavoz y Reporteros de Investigación. 

Como Seidy, al Santa Cruz Memorial, en la salida de Tegucigalpa, llegaron desde las tres de la tarde docenas de miembrxs de la comunidad diversa hondureña en diversos medios de transporte para acompañar en su dolor a lxs familiares y amigxs de Thalía.

“Pasó año nuevo en la casa de mamá y la vio fallecer. Se nos fue una persona muy querida, una gran persona”, agregó Seidy ante el ataúd con los restos de Thalía Rodríguez. 

Alrededor de Seidy se reunieron miembrxs de reconocidas asociaciones LGBTIQ+ (Muñecas de Arcoíris, Arcoiris, Kulkulcán, Colectivo Violeta, Cozumel Trans y Movimiento Diversidad en Resistencia, entre otras) para despedirse de Thalía, originaria de Olancho, en el oriente del país, y residente desde los dos años de edad en Tegucigalpa. 

La amiga de Thalía desde hace 23 años, Safiro, viajó desde el sur de Honduras para asistir al sepelio. “Me fastidia”, dijo. “Jamás pensé que moriría así porque Thalía era motivación pura. Luchó por casi 20 años con el VIH y nunca se derrumbó y quitarle la vida de esta forma es injusto”. 

Mientras hermanas, hermanos y sobrinas de Thalía llegaron al Santa Cruz a despedirse de ella por última vez, las y los integrantes de los colectivos diversos de Honduras manifestaron su dolor por la pérdida de Thalía, a quien recordaron como una “persona querida”, “una gran persona” y una mujer “llena de alegría”. 

Aunque a su familia les costaba entender la identidad de género, la querían como era y sus familiares alzaron la voz durante el sepelio para exigir justicia por el asesinato de la reconocida activista trans hondureña. “No queremos impunidad”, afirmaron. 

Una mujer elevaba oraciones en voz alta bajo el calor de la tarde mientras los y las familiares de Thalía no se despegaban del ataúd. Sin dejar de llorar, corearon la canción No llores por mí, del grupo musical Tercer Cielo. 

Tras entonar los versos de la canción que hablan del deseo de estar en un mejor lugar para descansar, lxs silenciosxs asistentes al sepelio, con los rostros tristes, cubrieron el ataúd de Thalía con la bandera de la comunidad trans.

En sus intervenciones, lxs intregrantes de los colectivos diversos presentes en el entierro destacaron la lucha y trayectoria en derechos humanos de Thalía Rodríguez y alabaron su lucha en favor de la igualdad de derechos de la comunidad LGBTIQ+.

“No tengo palabras, me siento quebrada”, dijo Seidy Irías. “Thalía era alegría. Era conocida por la colonia. Como mi amiga, me duele verla”. Por su parte, JLo Córdova de Muñecas de Arcoíris, manifestó que Thalía será recordada por su calidad humana y hacer la diferencia en los colectivos LGBTIQ+.

Una de las pocas sobrevivientes de la generación de Thalía habló de la activista trans asesinada y de otras de sus amigas que corren constante peligro y a pesar de todo mantienen arriba la bandera de lucha. “Perdimos una generación”, dijo Safiro. 

Junto con Carola, Thalía, Celia y Biby, Safiro formaba lo que ella llama “el clan de las cinco entre los 45 y 55 años”. Pero, tras la muerte de Thalía, “solo quedan cuatro”, agregó Safiro, quien es profesora de inglés en el sur de Honduras.

Para Safiro, Thalía “lo supera todo, ella era un personaje”. Era una mujer que regalaba motivación y alegría, “era una explosión de autoestima elevada”. 

No quieren otro crimen impune

Safiro y sus amigas son una excepción en Honduras, donde la mayoría de las mujeres trans mueren a los 35 años de edad. Thalía había vivido diez años más que el promedio, pero la lucha de los colectivos LGBTIQ+ es que ese promedio sea parte del pasado.

Pero para que eso suceda es necesario que la impunidad no siga siendo de más del 90% en los asesinatos contra la población diversa de Honduras. Los colectivos piden a gritos la captura de los asesinos de las 402 personas diversas muertas violentamente desde 2009, año del asesinato de la activista trans Vicky Hernández.

“Esperamos la investigación de la DPI [Dirección Policial de Investigación]”, dijo la integrante de Cattrachas, Seidy Irías, respecto al caso de Thalía Rodríguez. “Estamos esperando que protejan a las personas que fueron testigas y testigos del crimen”, agregó.

Cattrachas ha identificado un preocupante patrón en los asesinatos de mujeres trans cometidos en Honduras desde 2017. Esas muertes violentas, dijo, suceden desde ese año en la casa de las víctimas. 

Una de las causas de ese patrón es el empeoramiento de la violencia desde el 2009, año del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, para imponer un gobierno de facto.

“Después del 2009, cualquiera podía matarnos”, afirmó Cattrachas. “El mensaje que dejó el golpe de Estado es que los cuerpos de las personas LGBTIQ+ no valían nada, que nadie los investigaba”.

De ese modo, después de 2009, la población diversa en Honduras quedó desprotegida, asegura Seidy. “Las mujeres trans también sufren violencia en sus hogares”, como le sucedió a Thalía.

Aunque la condena contra el Estado de Honduras por la activista trans Vicky Hernández exige reparos y creación de leyes que protejan a la población diversa, hasta ahora el gobierno de Juan Orlando Hernández no se ha preocupado por cumplir la sentencia. 

Por el contrario, el propio presidente Hernández calificó como “enemigos de la independencia” a los colectivos LGBTIQ+ del país. La elección de Xiomara Castro como presidenta en las elecciones de noviembre de 2021 dejó un sabor de esperanza en los grupos de la diversidad sexual hondureña. Con ella se acaban 12 años de gobierno nacionalista opacado por escándalos y discriminación. 

Por eso, las organizaciones esperan que Castro ayude a que el crimen contra Thalía  no quede impune como casi todos los 402 cometidos desde 2009. 

“Thalía salió de la calle, venció la pobreza y sobrevivía a diario con VIH”, dijo Seidy. “Aún así, el Estado no la protegió. Lo que pedimos es justicia”.

A este llamado se unieron organizaciones nacionales e internacionales, así como los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, Unión Europea, Oacnudh, Robert F. Kennedy Human Rights, Human Rights Watch y USAID, entre muchos más.

“Me horrorizan los asesinatos de destacados defensores de #DDHH en Honduras: Thalía Rodríguez, defensora del colectivo LGBTQI+ y Pablo Hernández, líder indígena lenca. Pedimos justicia pronta e imparcial. Por el bien de los hondureños, estos ataques contra activistas deben parar», dijo la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power. 

Por su parte, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), expresó en un comunicado: “El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por este crimen y adoptar las medidas necesarias para propiciar entornos seguros para la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad”.

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