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Asesinato de mujer trans indigna comunidad LGBTQ en El Salvador

Zashy Zuley del Cid recibió un disparo en San Miguel el 24 de abril

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Zashy Zuley del Cid (Foto via Facebook)

SAN MIGUEL, El Salvador — Zashy Zuley del Cid el 24 de abril recibió un disparo en la espalda que le costó la vida.

Esto sucedió mientras se encontraba en su zona de trabajo sexual en ciudad de San Miguel; así fueron notificadas COMCAVIS TRANS según relatan al Blade. Este hecho consternó a la organización capitalina, al igual que el resto de las lideresas con las cuales estaba articulando del Cid en el Colectivo Perlas de Oriente.

Por su parte COMCAVIS TRANS, lanzó un pronunciamiento en el cual hacían énfasis en que se debe dar el reconocimiento derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal que deberían gozar las personas LGBTQ en El Salvador.

Nnosotros sufrimos agresiones por el simple hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género diferente, la cual cada una lo exterioriza con diferentes patrones y roles de género”, explica al Blade Bianca Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS.

“Zashy es una victima más de ese prejuicio y odio del cual somos víctimas”, comenta al Blade Rodríguez mientras recuerda el trabajo de Zashy como lideresa de la base comunitaria de San Miguel, en la cual han trabajo desde el año 2017.

“No queremos que se siga ejerciendo violencia hacia las personas LGBT, por lo cual hemos hecho el llamo correspondiente a las autoridades correspondientes a que sean diligentes con las investigaciones y que se nos reconozca como ciudadanas y ciudadanos con igualdad de derechos y garantías”, agrega Rodríguez.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), también condenó el asesinato de Zashy y en una nota publicada por su agencian, explicar que en el año 2020 junto a COMCAVIS TRANS apoyaron a del Cid con asistencia humanitaria y alojamiento luego de haber sido forzada a desplazamiento de su hogar por problemas con estructuras delincuenciales. Actualmente del Cid se encontraba en un proceso de formación para emprendedores y estaba recibiendo apoyo de ambas organizaciones, en el marco de un proyecto de protección y medios de vida para personas desplazadas internamente en el país, el cual tendría como fruto una sala de belleza que serviría para su sustento.

Durante los dos días de velación, las lideresas en San Miguel se unieron más y no pudieron evitar el descontento al observar que la familia de  Zashy la sepultó con expresión masculina, esto según externó al Blade Rodríguez.

“Fue difícil ese proceso porque la familia no quería ningún tipo de acompañamiento de personas LGBT, pero al final una familiar permitió que el Colectivo Perlas de Oriente asistieran”, agrega Rodríguez al Blade.

“Es un hecho repudiable, sobre todo porque la policía no ha tomado una investigación fidedigna del caso y es preocupante porque ni fiscalía sabía el nombre de la víctima”, finaliza Rodríguez.

De acuerdo con cifras de COMCAVIS TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTQ han sido registrados desde 1993 en El Salvador. Además, indican que —entre 2018 y septiembre de 2019— se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGBTQ. Las principales víctimas son las mujeres trans con 67,5 por ciento de los casos y le siguen los hombres gais con 17,2 por ciento.

Una mujer comprometida a prepararse y crecer con un emprendimiento en el cual ayudaría a otras compañeras trans a tener un trabajo, así será como sus compañeras le recordaran, sin olvidar el temor que el caso de del Cid sea otro más en El Salvador al cual dejan en el olvido, por ello las organizaciones LGBTQ no dejan de hacer el llamado a las autoridades salvadoreñas competentes para realizar las investigaciones y hacer cumplir la justicia para las personas LGBTQ víctimas de la violencia.

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Cómo las empresas impulsan la inclusión e inserción laboral LGBTQ

Uno de cada 20 jóvenes de la comunidad tiene su negocio propio

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(Photo courtesy of Flickr)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 15 de octubre.

CIUDAD DE GUATEMALA — Apenas el 5 por ciento de los jóvenes LGBTIQ+, es decir uno de cada 20, tiene negocio propio. Esa es una de las cifras reveladas en el webinar “Empresas y derechos humanos: perspectiva LGBT”, que se desarrolló durante la IV Semana de Empresas y Derechos Humanos.

El taller se llevó a cabo con apoyo de la organización diversa Visibles, la embajada del Reino Unido en Guatemala, Walmart México y Caricam. En la actividad se abordaron los retos que las empresas afrontan de cara a la inclusión.

El tema se remonta a 10 o 20 años, en los que han surgido empresas con un enfoque de recursos humanos y políticas de no discriminación que incluyen orientación sexual e identidad de género.

Estas organizaciones ofrecen prestaciones y licencia de paternidad, además igualan el tiempo que se da a padres del mismo sexo, ofrecen seguros médicos que incluyen necesidades de personas transgénero y redes LGBTIQ+.

Por otra parte, empiezan a llevar a cabo eventos por el mes del orgullo LGBTIQ+.

Una campaña multinacional

La Human Rights Campaign se ha lanzado en Brasil, Argentina, México, Chile y Estados Unidos, país donde nació. En el caso de las iniciativas multiactor, algunas de estas empresas están empezando a abrirse a otras empresas y tratan de ofrecer algún tipo de apoyo.

Muchas compañías ven el acrónimo LGBT como si se tratase de un grupo homogéneo.
Es decir, ven a las poblaciones diversas sin distinguir entre personas gays, lesbianas, transexuales, transgénero e intersexuales, no separan la orientación sexual de la identidad de género.

Estas empresas tampoco distinguen las experiencias de las personas dentro del acrónimo y hacen una sola campaña, como si se tratara de todas las personas por igual.

Esto es muy importante porque estamos en una semana de empresa y derechos humanos. Se trata del punto de entrada en la discusión, no el punto de entrada de riesgo.

“Esta investigación aborda la violencia para la población joven, de 18 a 23 años”, explicó el Investigador de la Asociación Visibles de Guatemala, Gabriel Duarte. “Fue un proyecto regional que se llevó a cabo en Guatemala, El Salvador y Honduras. En Guatemala, el proyecto se realizó de 2019 a 2020 con enfoque, investigación y acción participativa. Entrevistamos a 30 jóvenes de la diversidad sexual y de género”.

Solo uno de cada 20 jóvenes es empresario

En 2020, más del 40 por ciento de los jóvenes LGBTIQ+ de 15 a 29 años tuvieron su primera experiencia en el mundo laboral como asalariados y menos del 5 por ciento (uno de cada 20) tuvieron negocio propio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Estado hondureño tiene debilidades que afectan a la población joven LGBTIQ+. Una de ellas es que el artículo 14 del Código de Trabajo prohíbe la discriminación por diversos motivos, pero nunca aborda la orientación sexual o género.

En cuanto a las discriminaciones contra la comunidad LGBTIQ que pueden llevar procesos legales, no hay ninguna tipificación de delito.

“Uno de los obstáculos del diseño de políticas públicas es no contar con estadísticas oficiales que muestren qué porcentaje de la población se autoidentifica como LGBTIQ+”, enfatizó Duarte.

Menos acceso a educación igual a menos oportunidades

Según Gabriel Duarte, la falta de acceso a educación de calidad impacta directamente en el tipo de empleo y la remuneración económica.

“Muchas personas LGBTIQ+ que entrevistamos en esta investigación describían de que al salir del clóset tuvieron que abandonar su hogar porque su familia no los había aceptado”, dijo Duarte.

Esta primera ponencia resalta la necesidad de cerrar brechas de acceso a oportunidades de educación.

También propone tener políticas de inclusión y de prevención de la discriminación dentro de los lugares de trabajo, ya que muchas personas mencionaron que no sufrían necesariamente violencia física, sino psicológica dentro de estos espacios laborales.

Duarte resaltó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó asegurarse de que no haya discriminación en el acceso a los servicios básicos, incluso en el contexto del empleo y de la atención de la salud, y ofrecer educación y capacitación para prevenir la discriminación y estigmatización de las personas LGBTIQ+.

El caso de Walmart

“Cambiar la mentalidad no solo de nuestros asociados, sino también del contexto guatemalteco», dijo la representante de Walmart, Ana Valeria.

Agregó que es necesario dejar de creer que es posible llamar “pobrecita” a una persona con discapacidad.

Según Valeria, Walmart les ha dado valor a estas personas de aportar su talento y habilidades al desarrollo de las unidades de trabajo.

“Walmart en Guatemala cuenta con 367 asociados y asociadas con discapacidad que día a día muestran la pasión y el compromiso de seguir trabajando y aportando en cada una de nuestras metas”, dijo la representante de la multinacional.

Un carnet para identificar el género

Walmart enfrenta los retos sociales y culturales de las regiones de Guatemala, agregó Valeria, “garantizamos entornos laborales seguros y diversos. Comunicamos de forma abierta y clara nuestra postura como compañía hacia la inclusión y el apoyo a la Comunidad LGTB. Tuvimos resultados que se transformaron en un gran reto y opiniones diversas de los sectores de Guatemala”.

Walmart ha avanzado en la integración del talento diverso, según Valeria. “Quienes forman parte de la comunidad LGTB pueden ahora identificarse con un gafete de Walmart. Creemos que estos asociados tienen la libertad de ser ellos mismos y elegir al momento de utilizar esta identificación. Pueden portar el nombre que les permita ser ellos mismos y expresarse con sus características únicas dentro de cada una de nuestras tiendas”.

La compañía con sede en Arkansas, Estados Unidos, da también paquetes de beneficios en igualdad de condiciones para sus asociados, dijo Valeria.

Walmart “no limita las oportunidades de carrera, ascensos, información e igualdad de condiciones para sus asociados”.

La compañía, considerada “el empleador más privado más grande del mundo” tiene, según su representante, “la responsabilidad de impactar positivamente en las sociedades y comunidades donde operamos”.

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‘Mercenarismo’: El delito que la Seguridad del Estado de Cuba usa para presionar al activista LGBTQ Raúl Soublett

Se realizó la interrogación el 9 de octubre

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Raúl Soublett López ((Foto cortesía de Twitter de María Matienzo)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 9 de octubre.

LA HABANA — El activista LGBTIQ+ Raúl Soublett López fue amenazado este sábado durante una entrevista con la Seguridad del Estado con un proceso penal por “mercenarismo”.

“Cualquier tipo de lucha en #Cuba puede ser criminalizada. A Raúl Soublett López ahora lo quieren procesar por mercenarismo y la notificación se la hace un tipo que tiene tanto miedo que no da ni su nombre real”, denunció la periodista María Matienzo en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Según Matienzo, el argumento de la Seguridad del Estado para probar el «mercenarismo» de Raúl Soublett es una serie de videos contra el racismo y la homofobia que produjo el activista.

Al menos uno de esos videos fue publicado por Tremenda Nota.

Camino al Código de las Familias, uno de los videos de Raúl Soublett señalados por la Seguridad del Estado como “mercenarismo”

La Alianza Afro-Cubana, una organización independiente que coordina el propio Soublett, informó este viernes que el activista había sido citado en la mañana del sábado para una entrevista con “agentes de la Seguridad del Estado” en una unidad de policía ubicada en Playa, La Habana.

En coincidencia con la citación, este sábado Raúl Soublett debió asistir a la universidad, donde cursa el último año de una licenciatura en Pedagogía.

María Matienzo advirtió en Facebook que “las citaciones con menos de 72 horas de antelación son ilegales también”.

El mismo día que citaron a Soublett, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con activistas LGBTIQ+ y funcionarios del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Malú Cano, la coordinadora de la red TransCuba, que fue una de las invitadas, calificó el encuentro como una evidencia de la “voluntad política de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Matienzo, que también es lesbiana, observó la coincidencia entre ambos incidentes.

“Ante una comunidad #LGTBIQ que se reúne con el poder en #Cuba, quieren procesar al activista @RaulSoublett”, observó en Twitter.

El propio Soublett posteó en Facebook: “Mientras hay activistas LGBTIQ+ que no se les escuchan, que los acosan, los citan para interrogatorios ilegales, en fin. Esa es la Cuba de ponle corazón. Hipócritas”.

El pasado 25 de febrero, Raúl se reunió con la Seguridad del Estado y acabó autoagrediéndose como resultado de la presión.

“Fue interrogado por más de cuatro horas, según me describe las cuatro horas más horribles de su vida, en la cual usaron los más bajos recursos de intimidación, chantaje, coacción y sobre todo mucha violencia tanto psicológica como verbal”, relató en esa ocasión el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.

Según el Código Penal vigente en Cuba, el delito de “mercenarismo” consiste en incorporare “a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar” a cambio de “un sueldo u otro tipo de retribución material”. 

Las sanciones previstas para estos casos son hasta 20 años de cárcel o muerte. 

Un experto en Derecho consultado por Tremenda Nota, que pidió reservar su identidad, considera que “esta amenaza no pasa de ser un recurso de tortura psicológica”.  “Ese delito es improcedente en este caso y eso sería obvio para cualquiera”, añadió. 

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‘Mercenarismo’: El delito que la Seguridad del Estado de Cuba usa para presionar al activista LGBTQ Raúl Soublett

Se realizó la interrogación el 9 de octubre

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Raúl Soublett López ((Foto cortesía de Twitter de María Matienzo)

Tremenda Nota es el socio mediático del Los Angeles Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 9 de octubre.

LA HABANA — El activista LGBTIQ+ Raúl Soublett López fue amenazado este sábado durante una entrevista con la Seguridad del Estado con un proceso penal por “mercenarismo”.

“Cualquier tipo de lucha en #Cuba puede ser criminalizada. A Raúl Soublett López ahora lo quieren procesar por mercenarismo y la notificación se la hace un tipo que tiene tanto miedo que no da ni su nombre real”, denunció la periodista María Matienzo en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Según Matienzo, el argumento de la Seguridad del Estado para probar el «mercenarismo» de Raúl Soublett es una serie de videos contra el racismo y la homofobia que produjo el activista.

Al menos uno de esos videos fue publicado por Tremenda Nota.

Camino al Código de las Familias, uno de los videos de Raúl Soublett señalados por la Seguridad del Estado como “mercenarismo”

La Alianza Afro-Cubana, una organización independiente que coordina el propio Soublett, informó este viernes que el activista había sido citado en la mañana del sábado para una entrevista con “agentes de la Seguridad del Estado” en una unidad de policía ubicada en Playa, La Habana.

En coincidencia con la citación, este sábado Raúl Soublett debió asistir a la universidad, donde cursa el último año de una licenciatura en Pedagogía.

María Matienzo advirtió en Facebook que “las citaciones con menos de 72 horas de antelación son ilegales también”.

El mismo día que citaron a Soublett, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con activistas LGBTIQ+ y funcionarios del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Malú Cano, la coordinadora de la red TransCuba, que fue una de las invitadas, calificó el encuentro como una evidencia de la “voluntad política de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Matienzo, que también es lesbiana, observó la coincidencia entre ambos incidentes.

“Ante una comunidad #LGTBIQ que se reúne con el poder en #Cuba, quieren procesar al activista @RaulSoublett”, observó en Twitter.

El propio Soublett posteó en Facebook: “Mientras hay activistas LGBTIQ+ que no se les escuchan, que los acosan, los citan para interrogatorios ilegales, en fin. Esa es la Cuba de ponle corazón. Hipócritas”.

El pasado 25 de febrero, Raúl se reunió con la Seguridad del Estado y acabó autoagrediéndose como resultado de la presión.

“Fue interrogado por más de cuatro horas, según me describe las cuatro horas más horribles de su vida, en la cual usaron los más bajos recursos de intimidación, chantaje, coacción y sobre todo mucha violencia tanto psicológica como verbal”, relató en esa ocasión el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.

Según el Código Penal vigente en Cuba, el delito de “mercenarismo” consiste en incorporare “a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar” a cambio de “un sueldo u otro tipo de retribución material”. 

Las sanciones previstas para estos casos son hasta 20 años de cárcel o muerte. 

Un experto en Derecho consultado por Tremenda Nota, que pidió reservar su identidad, considera que “esta amenaza no pasa de ser un recurso de tortura psicológica”.  “Ese delito es improcedente en este caso y eso sería obvio para cualquiera”, añadió. 

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