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Lo que trae el Código de las Familias de Cuba

Tendría matrimonio igualitario y ‘multiparentalidad’

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Activistas LGBTIQ+ en una acción callejera realizada en Playa, La Habana, en 2021 (Foto de María Lucía Expósito por Tremenda Nota)

Tremenda Nota es el socio mediático del Los Angeles Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 15 de septiembre.

El anteproyecto del Código de las Familias fue publicado este miércoles por el Ministerio de Justicia (Minjus). Como estaba previsto, la propuesta incluye el matrimonio LGBTIQ+ entre otros conceptos nuevos para la legislación cubana.

“El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor”, dice el artículo 61 del anteproyecto.

Esta es la versión número 22 del Código de las Familias, declaró el gobierno hace una semana cuando la comisión redactora se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios.

Según el ministro de Justicia Oscar Silvera Martínez, el gobierno decidió publicar la última versión para «captar opiniones» de la ciudadanía. La publicación se hizo efectiva este miércoles.

El Minjus, en su presentación del anteproyecto de ley, compartió el correo electrónico [email protected] para recibir sugerencias y comunicó que «del resultado de estos análisis se elaborará una nueva versión del anteproyecto que será sometida a aprobación de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de este año».

Posteriormente, ya convertido en proyecto de ley, el Código será sometido a consulta popular en 2022.

¿Qué dice el anteproyecto?

El matrimonio entre personas LGBTIQ+ provocó grandes discusiones en 2018, durante el debate del proyecto de Constitución que finalmente se aprobó en 2019. El gobierno tuvo que desistir del artículo 68, que definía matrimonio como «la unión de dos personas», y adoptar una fórmula más amplia.

El camino quedaba abierto, a pesar de los reclamos del activismo LGBTIQ+, que alcanzaron su tono máximo en la marcha del 11 de mayo de 2019, un mes después de promulgada la Constitución.

Un plazo de dos años quedó abierto en Cuba, por una de las disposiciones transitorias de la Constitución, para discutir sobre los alcances del matrimonio. La epidemia de covid-19 complicó el cumplimiento de los plazos. Finalmente, el anteproyecto de ley se hizo público este 15 de septiembre.

A pesar de la falta de transparencia para constituir la comisión redactora, criticada también por la ausencia de personas abiertamente LGBTIQ+, el anteproyecto trajo algunas sorpresas.

En Cuba, si se aprueba este anteproyecto, será posible tener más de dos filiaciones. Aunque se aclara que será “excepcionalmente”, la ley reconocerá la maternidad/paternidad de más de 2 personas.

El artículo dedicado a la “multiparentalidad” dice que “una persona puede tener más de dos vínculos filiatorios” y cita como ejemplos “los casos de filiación asistida donde no existe anonimato de la persona dadora o gestante” y “las adopciones por integración”. Este último caso es el de quienes adoptan a la hija o al hijo de su pareja.

Según el anteproyecto, este vínculo será válido sin que importe “el lazo biológico o el componente genético de las personas implicadas”. “La determinación de los apellidos y el orden de estos, si la hija o hijo es menor de edad, se toma en cuenta lo que resulte más beneficioso, conforme con su interés superior y el respeto a su identidad”, establece el anteproyecto.  

La “gestación solidaria” también será posible en Cuba siempre que no tenga fines de lucro.

“La gestación solidaria se autoriza judicialmente cuando en la misma intervengan personas unidas por vínculos familiares, en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación o de personas que presenten esterilidad o de hombres solos o parejas de hombres”, dice uno de los artículos del anteproyecto.

Con respecto a la adopción, buena parte de los procedimientos se hacen más sencillos. En la ley vigente, para adoptar hay que contar con autorización judicial. Con el nuevo Código aparece la opción de ceder un bebé voluntariamente “sin que de este acto sea exigible responsabilidad penal alguna”. Ofrece la posibilidad de hacerlo incluso con una simple escritura notarial.

El anteproyecto introduce el concepto de “comaternidad” para referirse a las parejas de lesbianas con descendencia y establece tácitamente la “filiación asistida” como un derecho, en vez de una opción para tratar la infertilidad según había sido considerada hasta ahora.

La noción tradicional de “patria potestad”, de origen romano y raíz machista, fue sustituida por la de “responsabilidad parental”. En esa línea, el anteproyecto prohíbe el castigo físico de los hijos, que está permitido “moderadamente” en la ley vigente.

Sobre la responsabilidad doméstica atribuida culturalmente a las mujeres, el nuevo Código expresa que “la división tradicional de roles de género y funciones durante la convivencia de los cónyuges no puede dar lugar a consecuencias económicas perjudiciales para ninguno de ellos” y establece por último que “el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas”.

El anteproyecto se ocupa ampliamente de la violencia familiar con un adecuado enfoque de género. Los adultos mayores son otro foco de interés que no tiene tanta atención en la ley vigente. El nuevo Código también reconoció los derechos sexuales de las personas “en situación de discapacidad”.

A pesar de estos avances, en algunos casos extraordinarios, el anteproyecto no se refiere nunca a las personas trans y no binarias. El respeto a la identidad de género de menores trans por parte de sus familias, y en particular de quienes tienen la “responsabilidad parental”, es una significativa ausencia.

De ser aprobada la versión publicada hoy, el Código de las Familias sustituirá una ley de 1975 considerada un hito jurídico de la Revolución Cubana, pero sobre todo trascenderá por inaugurar el matrimonio LGBTIQ+ y por consagrar el derecho de esas familias a tener descendencia. 

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‘Mercenarismo’: El delito que la Seguridad del Estado de Cuba usa para presionar al activista LGBTQ Raúl Soublett

Se realizó la interrogación el 9 de octubre

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Raúl Soublett López ((Foto cortesía de Twitter de María Matienzo)

Tremenda Nota es el socio mediático del Los Angeles Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 9 de octubre.

LA HABANA — El activista LGBTIQ+ Raúl Soublett López fue amenazado este sábado durante una entrevista con la Seguridad del Estado con un proceso penal por “mercenarismo”.

“Cualquier tipo de lucha en #Cuba puede ser criminalizada. A Raúl Soublett López ahora lo quieren procesar por mercenarismo y la notificación se la hace un tipo que tiene tanto miedo que no da ni su nombre real”, denunció la periodista María Matienzo en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Según Matienzo, el argumento de la Seguridad del Estado para probar el «mercenarismo» de Raúl Soublett es una serie de videos contra el racismo y la homofobia que produjo el activista.

Al menos uno de esos videos fue publicado por Tremenda Nota.

Camino al Código de las Familias, uno de los videos de Raúl Soublett señalados por la Seguridad del Estado como “mercenarismo”

La Alianza Afro-Cubana, una organización independiente que coordina el propio Soublett, informó este viernes que el activista había sido citado en la mañana del sábado para una entrevista con “agentes de la Seguridad del Estado” en una unidad de policía ubicada en Playa, La Habana.

En coincidencia con la citación, este sábado Raúl Soublett debió asistir a la universidad, donde cursa el último año de una licenciatura en Pedagogía.

María Matienzo advirtió en Facebook que “las citaciones con menos de 72 horas de antelación son ilegales también”.

El mismo día que citaron a Soublett, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con activistas LGBTIQ+ y funcionarios del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Malú Cano, la coordinadora de la red TransCuba, que fue una de las invitadas, calificó el encuentro como una evidencia de la “voluntad política de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Matienzo, que también es lesbiana, observó la coincidencia entre ambos incidentes.

“Ante una comunidad #LGTBIQ que se reúne con el poder en #Cuba, quieren procesar al activista @RaulSoublett”, observó en Twitter.

El propio Soublett posteó en Facebook: “Mientras hay activistas LGBTIQ+ que no se les escuchan, que los acosan, los citan para interrogatorios ilegales, en fin. Esa es la Cuba de ponle corazón. Hipócritas”.

El pasado 25 de febrero, Raúl se reunió con la Seguridad del Estado y acabó autoagrediéndose como resultado de la presión.

“Fue interrogado por más de cuatro horas, según me describe las cuatro horas más horribles de su vida, en la cual usaron los más bajos recursos de intimidación, chantaje, coacción y sobre todo mucha violencia tanto psicológica como verbal”, relató en esa ocasión el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.

Según el Código Penal vigente en Cuba, el delito de “mercenarismo” consiste en incorporare “a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar” a cambio de “un sueldo u otro tipo de retribución material”. 

Las sanciones previstas para estos casos son hasta 20 años de cárcel o muerte. 

Un experto en Derecho consultado por Tremenda Nota, que pidió reservar su identidad, considera que “esta amenaza no pasa de ser un recurso de tortura psicológica”.  “Ese delito es improcedente en este caso y eso sería obvio para cualquiera”, añadió. 

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ORMUSA presentó investigación sobre la realidad LGBTQ en El Salvador

73.2 por ciento de miembros de la comunidad han sido discriminados

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Miembros de COMCAVIS TRANS participan en una marcha por el Día Internacional de la Mujer en San Salvador, El Salvador, el 8 de marzo de 2021. (Foto cortesía de COMCAVIS TRANS)

SAN SALVADOR, El Salvador Recientemente la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en colaboración con la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) y con el apoyo de la Colaboración Alemana y la Iniciativa Cristiana Romero (CIR), realizó tres diferentes presentaciones de una investigación sobre la realidad de personas LGBTQ en el país.

Desde hace ocho años y después de varias reflexiones, ORMUSA encontró diferentes aristas en los ámbitos en los que se desenvuelven las mujeres y por ello vio la necesidad de tocar el tema de diversidad sexual, al igual que de otras expresiones que encontraban en los territorios, expresó al Los Angeles Blade, Marcos Urquilla, coordinador de planificación monitoreo y evaluación de la organización.

“Así ORMUSA comenzó a gestionar diferentes iniciativas, que pudieran dar una respuesta desde el tema de la investigación, con datos reales”, agrega Urquilla, quien además asegura que es importante dar reconocimiento a la diversidad misma que labora en la misma organización como tal.

Con el propósito de poder investigar en conjunto a COMCAVIS TRANS, las realidades de las poblaciones diversas, comenzaron hace unos años el observatorio www.nuestramirada.lgbt, debido al desconocimiento de la existencia de un observatorio que se dedique específicamente a temas de la población LGBTQ, expresa con énfasis Urquilla.

“La mayor parte de la información de la población LGBT que se encuentra es de testimonios, crónicas u otra modalidad; se necesitaba información cuantitativa”, explica Urquilla el porqué de la actual investigación.

La aproximación más cercana fue la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador, realizada por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social en el año 2012; esto bajo la secretaría de Vanda Pignato en dicha institución.

“Esta iniciativa fue muy modesta en cuanto al alcance de la muestra”, expresó Urquilla con respecto a dicha consulta nacional, explicando así que con ORMUSA se pretende quitar el paradigma que solo se investiga sobre temas de salud sexual, sino también como el capital natural, el económico y social, entre otros.

De la investigación lanzada por ORMUSA, se obtuvo 447 respuestas de una muestra inicial de 625 personas LGBTQ en los 14 departamentos de El Salvador; también brindaron un poco de información instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) y Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales solo el MIGOBDT no respondió a su solicitud de información.

De todas estas instituciones únicamente el MINSAL tiene programas específicos en beneficio de la población LGBTQ, el 95 por ciento de las personas encuestadas conocen los diferentes programas y políticas de gobierno a su favor.

Otro hallazgo importante es que 58 por ciento profesan una religión, en su mayoría mujeres trans y hombres gays; de este porcentaje un 40.3 por ciento tiene un estigma y realizan discriminación a las personas LGBTQ, pese a eso no les parecía un obstáculo para vivir una fe.

Un 73.2 por ciento de las personas expresó haber sido discriminados, sobre todo personas bisexuales y gays, el 47.7 por ciento de estas personas son hombres. Un 41.4 por ciento han enfrentado violencia por su orientación sexual y/o identidad de género, sobre todo personas intersexuales y lesbianas. Esto les genera afectaciones emocionales, físicas y sociales, como también las pérdidas de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Como en el tema del apoyo entregado por el gobierno para generar ingresos en temas de emprendimientos, únicamente el 12.8 por ciento manifestó haber recibido ayuda de ese tipo.

Ante toda la realidad de esta parte de la población salvadoreña afronta, un 79.5 por ciento se reconocen como resilientes, se adapta a su realidad de una manera positiva, pese a todo.

De esta manera lo reflejó Romina, mujer trans asistente a la presentación de la investigación, “al acercarme a este tipo de presentación y diferentes procesos, me motivo a conocer más y seguir creciendo”, expresó.

Astor Elías, un hombre trans que recién comienza su proceso de hormonización, entre lagrimas expresó sentirse identificado con los resultados presentados, “al escuchar los datos de la investigación, puedo confirmar que son reales”, alegó entre sollozos.

Las personas asistentes externaban que estos resultados pueden servir de apoyo al ante proyecto de ley de identidad, Kaori Sánchez, “nunca había visto un estudio así, a profundidad, esto puede apoyar la ley de identidad”.

Ivonne Argueta, una investigadora de ORMUSA, aseguró que cuando las personas se identifican con lo que se presenta, esto valida el análisis y además muestra que se va por el camino correcto ante la realidad que se vive.

“Sin duda es una aproximación a la realidad”, aseguró Urquilla, agregando también que aún tienen grandes desafíos en cuanto a la participación de muchos departamentos del país ya que comenta que en Cabañas, Morazán, La Unión, Usulután y Chalatenango no hubo mucha respuesta.

“Pese a eso consideramos que es uno de los mayores aportes que hay a nivel nacional y esperamos seguirlo promoviendo, y que estos datos se utilicen como evidencia”, finaliza.

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Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ

Activistas son críticos con el gobierno actual

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(Foto de Michael Mazzoleni)

MONTEVIDEO, Uruguay — El 24 de septiembre se realizó en Uruguay la “Marcha por la Diversidad” en medio de un momento de inflexión para los derechos de la población LGBTQ.

Bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” miles salieron a protestar en las principales avenidas de la capital nacional acusando abandono por parte del gobierno.

A nivel internacional Uruguay ha destacado por ser pionero en avanzar en legislaciones y políticas públicas a favor de las personas que aman o están fuera de la heteronorma, siendo considerado incluso como uno de los mejores destinos turísticos para LGBTQ en América Latina. 

Importantes avances logrados a través de lo que activistas denominan la “agenda de derechos” y que en estos momentos se encuentra en amenaza.

Diego Sempol, doctor en ciencias sociales y académico experto en temas de diversidad sexual y de género advirtió al Los Angeles Blade que “en términos normativos el país avanzó mucho, pero esto no necesariamente produce transformaciones automáticas a nivel de la vida social. Entonces hay diferentes temporalidades. Todavía en nuestro país coexisten diferentes regímenes sobre lo que tiene que ver con las corporalidades y las sexualidades”.

Diego Sempol lleva años trabajando temas relacionados con la teoría queer en Uruguay y en América Latina (Foto de Héctor Piastri)

Según Sempol aún en Uruguay “hay lugares donde las personas tienen que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar porque casarse implica visibilizarse en esa localidad y eso va a generar una fuerte discriminación que puede terminar repercutiendo en su inserción laboral”.

“Hay zonas o barrios, en los cuales está totalmente normalizado hoy la disidencia sexual y hay otros barrios, donde se siguen generando bromas y violencia física, insultos, exclusiones o sea que es un proceso; las normas sirven para generar nuevos espacios de enunciación. Sirven para saldar ciertos debates, pero tienen que estar necesariamente acompañadas con políticas públicas”, señaló al respecto el académico.

El actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mientras ejercía como congresista fue un férreo opositor a las iniciativas legislativas que buscaban extender derechos a LGBTQ. Votando incluso contra la mayoría de ellas.

El Blade días antes de que Lacalle Pou asumiera como Jefe de Estado conversó con activistas y políticos LGBTQ, quienes en ese entonces manifestaron su preocupación, ya que si bien, mientras era candidato presidencial prometió no derogar ningún derecho conquistado, se instalaría en la Torre Ejecutiva con un gabinete mayoritariamente anti-LGBTQ.

Hoy a más de un año y medio de su mandato las preocupaciones que tenían los líderes LGBTQ se estarían cumpliendo y en la marcha de la semana pasada fueron expuestas mediante consignas y pancartas. Aquella manifestación fue convocada por una veintena de organizaciones queer de ese país latinoamericano.

“La verdad que no hemos visto ningún avance desde la nueva presidencia. No hemos logrado nada. No hemos logrado avanzar más que retroceder en políticas públicas, retroceder en derechos” indicó la vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Paula Moreno, al Blade.

La activista trans explicó que “las principales demandas que nosotres salimos este año a reivindicar son para que las leyes se implementen, para que las personas LGBTQ+ sean reconocidas en derechos”.

Paula Moreno, integra el Colectivo Diversas de las Piedras, una organización al interior del país y es la primera DJ abiertamente trans de Uruguay. (Foto de cortesía)

“Luchamos por una vida libre de discriminación, por una vida de inclusión. Luchamos por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la educación y por tener un buen acceso a la salud. Básicamente por los derechos básicos que históricamente a esta población se les ha vulnerado”, señaló al respecto Moreno.

Mientras que José María Speranza, quién compartió la vocería de la marcha con Moreno explicó al Blade que “la consigna de este año de la coordinadora es “Estado ausente, nuestra lucha presente” y con esto lo que queremos es evidenciar el repliegue de una gran cantidad de políticas sociales que se habían llevado a cabo”.

Incumplimiento de la ley integral trans

Uno de los retrocesos más notorios que acusan en Uruguay, es la no implementación de la ley integral trans que fue aprobada en 2018 y que establece que el Estado uruguayo debe otorgar una cuota de trabajo a las personas trans correspondiente al uno por ciento de las contrataciones de empleos públicos.

“Marchamos exigiendo también el cumplimiento de las cuotas de vacantes de los empleos públicos para la población trans, que bueno no se están cumpliendo” denunció Speranza al Blade mediante una conversación telefónica.

Para José María Speranza los retrocesos LGBTQ en Uruguay deben combatirse a través de la sociedad civil organizada (Foto de cortesía)

Mientras que Sempol expusó que “la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay reconoció que en estos dos años no se cumplió esta cuota, lo cual es un problemón, porque en realidad esté acuerdo de la ley solo se va a ejecutar durante 15 años. Ya perdimos tres años y no se ha cumplido hasta el momento”.

Por otro lado, Moreno enfatizó que “la ley integral para personas trans si bien se aprobó hace tres años, aún seguimos insistiendo y promoviendo que se implemente en su totalidad, porque justamente es una ley integral que lo que busca es mejorar la expectativa y la calidad de vida de las personas trans y en ese sentido, todavía seguimos como en un debé a nivel político”.

Speranza complementó que “a su vez también exigimos este año que las instituciones de salud públicas y privadas cumplan con la ley general para personas trans que cubre todas las necesidades sanitarias de la población trans, como son la hormonización, operaciones confirmación de género, etc.”.

“Se está negando hoy en día cubrir lo que la ley les obliga, negando a realizar operaciones y procedimientos. También la asistencia pública, quienes son las administradoras de servicios de salud del Estado violan derechos consagrados y tienen consecuencias sumamente negativas en la salud de las personas trans, afectando a su salud mental y poniendo en riesgo a someterse a estos procedimientos por fuera del sistema de salud establecido”, concluyó Speranza.

En respuesta, Federico Bianchi, un activista LGBTQ que pertenece a la coalición de gobierno, sinceró al Blade que “es verdad que no se está cumpliendo en su totalidad lo de los cupos para personas trans, pero no se cumplía tampoco en el gobierno anterior. En Uruguay, lamentablemente instalamos las leyes pero al momento del presupuesto tenemos problemas”.

Felipe Bianchi, actualmente es el secretario general de la Secretaría de la Diversidad del Partido Nacional, la tienda política del presidente de Uruguay. (Foto de cortesía)

“Me han llegado comentarios de que no se están haciendo las operaciones de cambio de sexo, cosa que tampoco estaba ocurriendo en el gobierno anterior, pero la diferencia es que nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo de 2020, y el 13 de marzo se declaró la alerta sanitaria y a partir de ese día no se hicieron más operaciones programadas. Solamente se operaban cosas de emergencia, entonces, obviamente ha dificultado la implementación de la ley trans en ese sentido”, aclaró Bianchi a través de una videollamada.

“El colectivo trans merece más, mucho más de lo que ha obtenido hasta ahora. En Uruguay la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, pero no es de 35 desde que llegamos al gobierno, es algo que venía desde antes. Se ha ido mejorando la situación de estas personas, pero falta muchísimo por hacer”, concluyó Bianchi.

COVID-19 es otro golpe para las personas LGBTQ

La pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación por la que atraviesan las personas queer en Uruguay. Siendo la población trans una de las más afectadas.

“En plena pandemia la población LGBTQ+ ha tenido que estar sola, si no fuese por los movimientos sociales que han estado ayudando con canastas con alimentos todo estaría peor”, reportó Moreno al Blade.

“Durante el proceso en la pandemia de la comunidad LGBTQ+ sufrió realmente problemas muy directo, muy concretos y que no hubo respuestas estatales rápida sostenidas integrales a estas dificultades. Entonces una primera cosa que fue notoria fue en la población trans”, argumentó Sempol.

“Nosotros cuando hicimos un censo en el año 2016 con el Ministerio de Desarrollo Social y facultades sociales, encontramos que dos de cada tres personas trans tuvieron que estar vinculadas al comercio sexual. Por lo tanto, con el contexto de pandemia, esa estrategia de sobrevivencia se cayó por completo y el Estado prácticamente no monto ninguna respuesta”, lamentó desde su hogar en Montevideo.

Finalmente destacó que “ahí lo que funcionó fue las redes solidarias de las organizaciones sociales. Se creó una olla popular en el cerrito de la victoria que fue muy importante y también se hizo llegar recursos financieros en colectas que hicieron diferentes organizaciones a muchas compañeras trans del interior del país”.

Frente a esta situación Moreno respondió al Blade que “nos pusimos ahí la camiseta para apoyar y estar en todo lo más que se puede y denunciar y reclamar a un Estado ausente”.

Discursos de odio

A todo lo anterior se suma el silencio absoluto del gobierno frente a los ataques y discursos anti-LGBTQ. Días antes de la marcha, Inés Monzillo, una congresista de Cabildo Abierto, un partido político que integra la coalición de gobierno, realizó fuertes declaraciones contra la Marcha por la Diversidad.

Precisamente la diputada suplente criticó la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, la tienda política del presidente.

Monzillo compartió en sus redes sociales un video de un grupo de jóvenes de su conglomerado en el que invitaban a participar del “Mes de la Diversidad”.

“Empieza setiembre y setiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad”, expresaban en el video.

“Bue… septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”, escribió Monzillo en su cuenta de Twitter.

El gobierno no condenó las declaraciones homofóbicas de su congresista. Aunque en privado fuentes de la coalición reconocieron al Blade que le solicitaron “no emitir comentarios de ese tipo”.

Frente a esto, Speranza recalcó que “también marchamos para combatir los fundamentalismos de sectores políticos y religiosos que patologízan a la homosexualidad y a las personas trans”.

“Senadores de Cabildo Abierto han negado la existencia de las familias diversas. También hay personas que han hecho campaña con mentiras en contra la ley para personas trans y que hoy en día integran directorio de empresas públicas, por ejemplo”, agregó el dirigente.

“Lo que ha pasado con el gobierno de esta coalición de derechas es que se agravan los discursos de odio y fundamentalismos irracionales y retrógrados. Hay sectores políticos y religiosos y religiosas, que patologizan la homosexualidad y a las personas trans mientras defienden a notorios torturadores y violadores de Derechos Humanos”, recalcó Speranza al Blade.

Similar opinión tiene Sempol “en la coalición multicolor, que está actualmente gestionando el Estado, Cabildo Abierto es un partido que tiene un discurso virulento contra la diversidad sexual, habla de ideología de género, habla del circo de la diversidad, invisibiliza y niega que exista discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Habla de que las prestaciones que se dan a las personas trans son formas de privilegio, o sea un discurso virulento, de odio, que está operando desde la propia estructura del Estado”.

“Hay un congelamiento claro y esto genera precisamente una forma de retroceso, porque en estos temas si no se avanza, rápidamente vuelven los sentidos comunes de instalarse y además en el gobierno anterior, no teníamos discursos de odio desde actores que estaban en el Estado. Ahora esto sí es una realidad”, subrayó Sempol al Blade.

“Han sido dedicadas de socialización, donde se ha generado discursos de odio y además, este el escenario actual convive con la reaparición de organizaciones este de corte, este religioso y de extrema derecha que están este fuertemente abonando discursos de odio y exclusión. Pensemos en el caso, incluso que hay actores que están vinculados en la propia estructura de gobierno”, advirtió el académico.

Según Sempol para evitar retrocesos en derechos LGBTQ “hay que hacer mucha presión para lograr mínimamente que no se desmantele. Yo creo que en realidad no se ha desmantelado nada sustantivo hasta ahora porque hay tanta movilización social que no se animan”.

Finalmente opinó que “estamos casi la mitad de la gestión, pero también fueron dos años muy especiales por el contexto de la pandemia, la cual ha generado como una distorsión enorme de todos los debates más convencionales son más tradicionales que estaba sucediendo en Uruguay”.

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