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Global Equality Caucus trabaja por igualdad LGBTQ+ en Latinoamérica

Erick Iván Ortiz, ex candidato a diputado salvadoreño, se une al grupo

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Erick Ortiz (Foto cortesía de Erick Ortiz)

SAN SALVADOR, El Salvador Las pasadas elecciones para diputado en el año 2021 fue un termómetro social de la percepción que tiene El Salvador y el peso político electoral que pueda tener la población LGBTQ, frente a una campaña desigual y que puso por primera vez a la población salvadoreña una candidatura abiertamente LGBTQ. Este fue el caso de Erick Iván Ortiz, quien, en las pasadas elecciones para diputados y consejos municipales, obtuvo 10,615 marcas en las papeletas por la diputación en el departamento de San Salvador, bajo la bandera del partido Nuestro Tiempo.

“Lo importante fue construir el camino y desdibujar el paradigma que las personas LGBTI no pueden competir y no tiene capacidad electoral de competir”, comenta Ortiz al Washington Blade sobre su experiencia en los pasados comicios.

Desde su punto de vista quedó de manifiesto que hay una parte de la ciudadanía que piensa que, si es importante que haya una representación de personas LGBTQ en el congreso, “a partir de eso si hemos visto un cierre del espacio cívico en El Salvador”, expresó.

Ortiz platica que se está viendo como la región latinoamericana y el mundo, ha tenido un resurgir de nacionalismo, fascismo y una consolidación de la ultraderecha, “esto en clave de poblaciones históricamente excluidas, se le puede identificar como grupos anti-derechos”, agrega.

Además, comenta que ese mismo fue el escenario en la pasada elección chilena, que también será igual con la elección en Brasil, seguramente en Colombia y México también, que este último ha tenido un aumento significativo de violencia hacia personas LGBTQ.

Frente a ese escenario a Ortiz se le presenta la oportunidad de empezar a trabajar con el Global Equality Caucus, una red internacional de parlamentarios y representantes electos, dedicada a abordar la discriminación contra las personas LGBTQ. La membresía está abierta a legisladores de todo el mundo, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales.

Son la única red internacional de representantes electos, enfocada exclusivamente en lograr la igualdad LGBTQ. Trabajan junto con ONG, empresas y gobiernos para promover e impulsar medidas contra la discriminación y la igualdad jurídica.

El 21 de junio de 2019 en New York se lanzó esta iniciativa, donde una delegación de representantes electos de todos los rincones del mundo habló sobre sus experiencias en la defensa de la igualdad y firmaron un compromiso para abordar la discriminación LGBTQ en todas sus formas, de la cual existe una declaración en el sitio web de la red.

Para septiembre del 2019, se lanzó el capítulo de Asia-Pacífico, por motivos de la pandemia no se pudo seguir el crecimiento de esta red, pero ya en 2022 tienen en marcha el fortalecimiento de su red en América Latina. Ortiz estará a cargo de la coordinación de membresías y proyectos.

El lanzamiento del capítulo latinoamericano será en dos eventos: Uno en la Ciudad de México el 1 y 2 de abril que incluirá a Centro América y el Caribe y el otro en mayo en Buenos Aires en donde se espera haya representación de toda Sur América. Hay que comprender que estas ciudades electas, son polos de gravedad política y social de la región latinoamericana, además son países donde el avance en términos de políticas y representación de personas LGBTQ ya tienen experiencia en la implementación de buenas prácticas.

“La idea al final hacerles frente a las amenazas que se puede identificar de grupos anti-derechos, que están acuerpados incluso con nuestras sociedades conservadoras”, expresa Ortiz; esto también amenaza los sistemas democráticos de los países.

Esta realidad no es algo nuevo para las poblaciones LGBTQ que viene de tener luchas históricas por el reconocimiento de sus derechos, la diferencia es que ahora hay funcionariado LGBTQ electo en muchos países de Latinoamérica.

“La mayor parte de las candidaturas LGBTI que han ganado y hoy ostentan cargos de elección popular, han sido una apuesta por la esperanza, por la inclusión y por la diversidad”, asegura Ortiz al Blade.

Explica que por ello desde el Global Equality Caucus, piensan que ese escenario puede permitirles articular una respuesta colectiva desde diferentes países, para impulsar una agenda colectiva. Por ello ya están trabajando en la región latinoamericana, con grupos de parlamentarios de diferentes países; se comenzará una priorización en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.

Estos fueron electos porque se identificó liderazgos que tienen una capacidad de incidencia fuerte en las diferentes sociedades de sus países, por lo que se cree que es una fortaleza tenerles a bordo del Global Equality Caucus.

Entre los objetivos que tienen está la eliminación de la discriminación en todas sus formas a las personas LGBTQ, las luchas contra las mal llamadas terapias de conversión y la garantía de los accesos a los servicios médicos sin discriminación para personas con VIH y los servicios médicos que requieren las personas trans en toda su vida.

Referente a la lucha contra las terapias de conversión, lanzaron en noviembre del 2021 una campaña global contra ellas, esto también ha contribuido a generar el debate nacional en diferentes países de Latinoamérica, para que exista legislación contra las terapias de conversión.

“En los países de Latinoamérica existe una idiosincrasia muy relacionada a la religiosidad, por lo cual hay países en los que han identificado casos incluso de torturas”, comenta Ortiz.

Por otra parte, a nivel regional, con el lanzamiento del capitulo latinoamericano, el Global Equality Caucus, tiene la expectativa de tener vocerías importantes en los diferentes países, por lo que creen tendrán una red consolidada de funcionariado electo tanto LGBTQ como heterosexuales aliados; para así en un futuro esto permita impulsar legislaciones y también transformaciones más sostenibles en el tiempo.

De acuerdo con lo que analiza Ortiz, los grupos anti-derechos por un lado están amenazando los avances que ya existen en los países, pero por otro buscan impulsar legislaciones que sean restrictivas y que dividan a las personas en su acceso a los derechos, creando así las categorías de ciudadano de primera y de segunda categoría.

Agrega que estos grupos anti-derechos, tendrán un papel muy preponderante en el próximo ciclo electoral de la región, por lo cual es necesaria esta articulación y hacerles frente.

Un salvadoreño ayudando la articulación regional

Ortiz se suma a esta iniciativa luego de su participación política en las elecciones del 2021 en El Salvador, también con el convencimiento de haber dado lucha por 10 años en el movimiento social LGBTQ del país, por lo cual no dudo en liderar este espacio para llevar la lucha a nivel regional, coincidiendo además con los movimientos que ya realizan activistas LGBTQ de la región.

El trabajo en El Salvador en este tema comenzará con la inclusión en el evento de lanzamiento del capitulo latinoamericano en México para luego desarrollar eventos locales. Se involucrará a las organizaciones de sociedad civil, como también a algunos diputados que se puede trabajar estos temas; entre los congresistas identificados están Anabel Belloso, Dina Argueta y Johnny Wright.

Esperan que en la medida que se pueda articular un esfuerzo regional, el impacto que se puede tener en las esferas nacionales será mayor, pues se contará con un liderazgo como el de Temístocles Villanueva en la Ciudad de México, Aldo Dávila en Guatemala, Jorge Cálix en Honduras, Enrique Sánchez en Costa Rica, Mauricio Toro y Angélica Lozano en Colombia, Susel Paredes en Perú, Emilia Schneider en Chile, Mara Brewer y Maximiliano Ferraro en Argentina, Toni Reis en Brasil y Tamara Adrián Hernández en Venezuela. 

En voz de Ortiz, menciona que el Global Equality Caucus se siente honrado en poder empezar a trabajar con ellas y ellos, el impulso de la agenda regional que permita una articulación que ayude a cambiar los entornos, pues también se espera que haya más funcionariado LGBTQ electo y aliados. Por ello se necesita trabajar los entornos en los que las candidaturas compitan.

“Si bien existe bastante trabajo articulado en el movimiento LGBT de la región, hace falta articular el funcionariado electo”, agrega.

Capítulo Latinoamérica comienza en México

El evento en la Ciudad de México contará con una nutrida participación de delegación mexicana de todos los niveles de gobierno, de diferentes Estados y de niveles de funcionariado; para la realización de este se cuenta con el asocio del Global Equality Caucus con el Victory Institute, All Out y Yaaj de México, que trabaja en específico contra los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).

El resultado que se espera haya una mayor convicción de la necesidad de avanzar en materia de inclusión de las personas LGBTQ en los diferentes niveles de gobierno, “no es un caso aislado de una persona en contienda electoral, sino más bien un esfuerzo de país, desde diferentes Estados y localidades”, comenta Ortiz.

Este evento se llevará a cabo tanto en la Cancillería como en el Senado de México; se pretende con ello dejar un precedente importante, por todo el acompañamiento que se espera tener de las instituciones del gobierno mexicano, como también dejar clara la vocación del mismo a la hora de impulsar estas medidas.

También se espera contribuir con el debate en México sobre la necesidad de la legislación contra los ECOSIG, la cual está entrampada en el cenado de México, por lo que con este evento desean lograr una reflexión de los cenadores y cenadoras.

La oficina del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, ha hecho un informe con respecto a los ECOSIG en la región, en los cual se ven puntos importantes donde la influencia religiosa es más fuerte y “los impactos son grandes”, expresó Ortiz; tal es el caso de países como en Perú, Brasil y México.

Pero en el caso Centro Americano, el problema que se tiene es la ausencia de información que ayude a dimensionar el problema que se tiene, “estamos seguras que los ECOSIG existen en el país”, agrega Ortiz; pero asegura que hay un pacto de silencio de la sociedad en la que estos eventos nunca alcanzan la opinión pública.

Por ello también otro objetivo del Global Equality Caucus en la región, es la producción de información, para que los gobiernos se hagan responsables sobre las realidades de las personas LGBTQ en sus territorios.

En términos legislativos en diferentes países latinoamericanos, sigue siendo difícil para las personas LGBTQ vivir en las realidades de sus países, por lo tanto, sigue siendo indispensable continuar avanzando en la eliminación de las barreras y de la discriminación que existe en cualquiera de sus formas.

‘El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho’

En El Salvador será más difícil el trabajo de incorporar estos esfuerzos, de acuerdo con Ortiz, por el cierre cívico que se ha dado por el gobierno actual, por lo cual reitera que lo más importante es recuperar el sistema democrático del país y el estado de derecho. Dado que las luchas históricas de las personas LGBTQ en el país, se circunscriben en el avance de políticas públicas, pero fundamentalmente en el avance de legislaciones.

En palabras de Ortiz, menciona que “El Salvador vive una realidad en la que no existe un estado de derecho”, por lo que considera que pese a existir una necesidad de legislar en beneficio de la población LGBTQ salvadoreña, es más importante actualmente que los diversos movimientos existentes, es decir, personas LGBTQ, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, afro descendencia, personas trabajadoras, entre otras; entiendan que es necesario formar una alianza para recuperar el estado de derechos y la democracia.

Entonces, indica Ortiz, que cuando se haya recuperado el estado de derecho y democracia, así tendría sentido la lucha por una legislación que es una deuda histórica. De lo contrario se caería en darle una herramienta a un régimen antidemocrático que le sirva para lavar y ocultar sus violaciones de derechos humanos. “Actualmente hay una nula protección a la garantía de los derechos humanos en El Salvador”, agrega.

Para Ortiz, el régimen antidemocrático y anti-derechos que se vive en el país ha hecho retroceder al menos 10 años en lo que respecta a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ, tanto le ha costado al movimiento social. Por ello ve muy difícil el que el trabajo de las organizaciones LGBTQ avance, sino se entiende que seguir el trabajo solo tendrá sentido en un marco que respete la democracia y haga valer los derechos.

Es necesario entender las luchas de forma interseccional para poder enfrentar un régimen que busca homogenizar y eliminar las diferencias y las disidencias, “sobre todo cuando ven una amenaza latente en los movimientos feministas y LGBTI en El Salvador”, asegura Ortiz.

Dicho esto, Ortiz explica que todo eso se debe al cuestionamiento que dichos movimientos, realizan por el discurso de odio político que polariza y divide los unos contra los otros en El Salvador; también asegura que estos discursos han sido aplicados históricamente a la población LGBTQ salvadoreña y por ello están decididas a seguir la lucha contra el régimen anti-derechos.

Luchando desde diferentes trincheras

Erick Ortiz continua su labor como coordinador general del Colectivo Normal, próximos a lanzar la nueva plataforma de contenidos para el 2022; por ende, este trabajo va de la mano con la Federación Salvadoreña LGBTI, en donde aún funge como secretario de comunicaciones.

“Para mi es importante mantener las luchas en mi país, porque estamos en un momento muy crítico”, expresó al Blade Ortiz.

Además, su trabajo partidario dentro de Nuestro Tiempo continuará y analiza la posibilidad de entrar a participar de lleno a la estructura del partido. Pero sin duda tiene claro que debe comenzar a trabajar por las elecciones del 2024. “Mi intención a la hora de entrar en Nuestro Tiempo, es también llevar más candidaturas abiertamente LGBTI, tanto en Asamblea Legislativa, como en consejos municipales”, aclara Ortiz.

Ahora también trabajando con el Global Equality Caucus, está enfocado a desarrollar con mucho éxito este capítulo Latinoamericano, espera trabajar de la mano con Dávila en Guatemala, de igual manera con Cálix en Honduras, con Sánchez en Costa Rica y en El Salvador con Belloso y Wright.

“En Latinoamérica la lucha LGBTI tiene muchas oportunidades y también muchos desafíos, por lo que los esfuerzos de forma coordinada tendrán un impacto significativo en millones de personas”, concluye Ortiz.

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Proyecto de ley penalizará las terapias de conversión en Colombia radica en el Congreso

La congresista Carolina Giraldo Botero radicó el próposito el 3 de noviembre

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La congresista Carolina Giraldo Botero centro, ha radicado un proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia (Foto cortesía de OrgulloLGBT.co)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web el 3 de noviembre.

BOGOTÁ, Colombia — La Representante a la Cámara de la Alianza Verde por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, radicó hoy el proyecto de ley ‘Inconvertibles’, con el cual se busca prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIEG en Colombia.

En Secretaría de Cámara de Representantes y en compañía de diversas organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+, la representante Giraldo radicó la iniciativa, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad, coordinada por ella. 

“No vamos a parar de luchar contra las prácticas que buscan cambiar la identidad de género y la orientación sexual. Eso es tortura y discriminación”, dijo la representante Giraldo.

Según la parlamentaria, “hay personas LGBTIQ+ que son sometidas a maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada, bajo la excusa de que deben ser “curadas”, por lo que urge que este proyecto se haga realidad”.

Esta es la segunda vez que se intenta dar trámite a este proyecto de ley en el Congreso. La primera se dio en la legislatura pasada, bajo el liderazgo del ex representante Mauricio Toro, quien en su momento argumentó que una de cada cinco personas LGBTIQ+ y una de cada tres perteneciente a la comunidad Trans, podría llegar a ser sometida a una de estas llamadas terapias de curación. (ver anterior proyecto).

El proyecto radicado en la mañana de este jueves contó con el visto bueno de las diferentes organizaciones de la comunidad, el apoyo de 58 congresistas y entrará para su trámite por la Comisión Séptima de Cámara. 

Actualmente, países como Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta, han prohibido las mal llamadas ‘terapias de conversión’. (Ver más aquí).

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Encuentro regional de protección a refugiados LGBTQ+ se realizó en Bogotá

24 organizaciones de siete países participaron

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El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó esta semana en Bogotá, Colombia (Foto de José Arnaldo Mujica por el Washington Blade)

BOGOTÁ, Colombia — El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó en la ciudad de Bogotá esta semana con la participación de 24 organizaciones fundadas en siete países de la región, las cuales expusieron como ha sido el recibimiento e inserción a la vida productiva de los migrantes de la comunidad en las naciones donde operan sus organizaciones.

El III Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas fue de suma importancia puesto que se realizó luego de la pandemia de la COVID-19, que dejó como consecuencia que la mayoría de los procesos que se venían efectuando se paralizaran y muchas organizaciones dedicadas a atender esta población desaparecieran.

“Estamos felices de estar aquí porque estamos reactivando los planes de acción, estamos reconectando con las otras organizaciones y estamos reactivando los procesos que teníamos antes de la pandemia” así lo aseguró María Paula Botero, líder de una organización de mujeres lesbianas en Brasil.

La agenda de este encuentro estuvo integrada por distintas actividades orientadas a construir una red de apoyo a todas las personas de la comunidad que tienen la condición de migrantes.

Durante el primer día se expuso un contexto general de la situación, además se efectuó el primer mapeo del estado actual de los procesos de movilidad humana de personas LGBTQ+ e intersex en la región, mostrando estrategias y buenas prácticas.

Entretanto, el segundo día los participantes trabajaron en crear estrategias conjuntas para dar respuestas oportunas a los migrantes y el tercer día, se firmaron acuerdos para llevar mensajes de la Red a todas las instancias gubernamentales en las Américas.

Todos aprendemos

Lola Vásquez, es represen a la organización Trans Reinas de la Noche fundada hace 18 años en Guatemala, aunque la organización es relativamente nueva, solo queda con vida una de las 16 mujeres trans que la fundaron, pues en ese país hasta el 2006 era ilegal desplazarse con una identidad diferente a la asignada al nacer y por ello se practicaba lo que se conoció como “limpieza social“ en donde la autoridades gubernamentales asesinaron y desaparecieron a las trabajadoras sexuales.

Vásquez asistió al encuentro en la capital colombiana con la intención de conocer la experiencia de otras organizaciones de la región sobre el trato de personas trans, debido a las vulneraciones que vivió en su país natal.

“Para nosotras es importante estos eventos porque podemos seguir tejiendo redes para dar un acompañamiento seguro a las mujeres trans migrantes, para que su migración sea más segura y sin tantos estigmas,” dijo Vásquez. “En Guatemala, hay mucha población migrante debido a que las autoridades gubernamentales no piden visa para ingresar, las personas transitan por el país ya que es la puerta de entrada a México y EE.UU.”

Metas en común

Una de las organizaciones que trabajó arduamente para que este multicultural encuentro fuera una realidad fue la organización colombiana Caribe Afirmativo. Su director, Wilson Castañeda afirmó que “estamos respondiendo a la cuarta oleada del movimiento de la comunidad LGBTI+, que tiene como enfoque principal la movilidad humana, producto de las dificultades que se generan en algunos países de la región, si bien es cierto, la migración no es algo nuevo para nuestra comunidad, estamos viendo que durante los últimos años se registró un incremento considerable, es por esto que debemos actuar y actuar en conjunto para que la respuesta sea contundente”.

Sumado a esto, el miembro de la organización Caribe Afirmativo, Giovanny Molinari consideró que uno de los retos que tiene esta red es lograr que cada organización pueda alzar la voz en los distintos escenarios de cambio social para se creen políticas públicas apropiadas, para apoyar a los migrantes miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex. 

“Hay tres retos, el primero, fortalecer la red luego de la crisis del COVID-19, el segundo, encontrar oportunidades para que cada una de las instituciones que integramos esta coalición crezca y el tercero, poder incidir políticamente a nivel internacional en las instituciones que trabajan en la movilidad humana, pero con enfoque a la comunidad”, señaló.

La crisis continúa en Venezuela 

A este encuentro también asistió Johan León, director general de la fundación Azul Positivo, fundada en Venezuela hace 18 años, él nos comentó que realmente su país, las condiciones para los miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex no han mejorado.

“Venezuela junto con Paraguay, son los países que tienen menos avances en materia de atención a la comunidad, en mi país no existe una protección a nivel legal y esto se refleja en el difícil acceso a los derechos en materia de salud, educación y hasta en la vida laboral”, dijo León.

Además, León puntualizó las cifras que demuestran que en Venezuela no hay una mejoría económica, sino que se está generando una nueva etapa de la prolongada crisis de ese país latinoamericano. 

“Todo el sistema de salud está prácticamente destruido, más del 50 por ciento de los centros de atención a los pacientes con VIH cerraron luego de la pandemia, básicamente, los que funcionan ahora, están en las principales ciudades, esto lo que ha generado es que las personas con el virus no continúen el tratamiento por lo difícil que es trasladarse”, aseguró. “El Estado Venezolano desde el 2017 no compra los medicamentos antirretrovirales, la única forma de tener ese tratamiento en el país es por medio del Fondo Global. El oficialismo lo único que hace es disponer el tratamiento en las farmacias para que distribuyan los medicamentos que compra el fondo”.

Finalizó León que la organización Azul Positivo mostró su preocupación por la situación que hay en esa nación y que a su juicio, seguirá generando mayor movilidad humana durante los próximos años.

Este encuentro finalizó con la elección de la nueva mesa técnica, la cual fue integrada por un diverso grupo: una mujer trans, una mujer lesbiana y un hombre gay, ellos tendrán la responsabilidad de agilizar los procesos para que los migrantes de la comunidad LGBTQ+ e intersex sean parte de una red de apoyo en los países receptores de las Américas.

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Crímenes de odio en Ecuador: sin sentencias, protocolos y la eterna incógnita de cómo juzgarlos

La ley y el Código Penal incluyen las personas LGBTQ

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(Ilustración de Diana Romero por Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de octubre.

Por Óscar Molina V.

GUAYAQUIL, Ecuador — Domingo, noche, mediados de enero de 2022.

Ronny (nombre protegido) estaba en una parada de bus entre las calles 38 y Portete, en el sur de Guayaquil. Llevaba 25 minutos esperando y, como no pasaba ningún bus, decidió caminar a la casa de su amigo en el barrio Los Ceibos. Era un camino conocido. Nunca le había pasado nada.

Ronny –drag queen, cantante, 23 años– iba distraído, contestando un mensaje. Levantó la vista un rato, vio la rampa del puente Portete que iba a cruzar y empezó a subirlas concentrado en el teléfono. De pronto, de la oscuridad, salieron dos hombres. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron a un zaguán. 

–Había ropa rasgada, colchones rotos, preservativos. Pensé que iba a ser un robo diminuto, pero cuando me arrastraron allá me imaginé que me iban a violar.

Mientras uno lo retenía, el otro le quitaba el celular, el short, el boxer, los zapatos. Ronny se quedó solo en camiseta. Tres hombres más aparecieron. Ronny quiso gritar, pero le taparon la boca. Lo ahorcaron.

–Y me empezaron a decir: ¿Te gustan los hombres, maricón? ¿Te gustan? Aquí tienes cinco. 

Ronny no podía respirar. Con sus últimas fuerzas, le arañó la cara a quien lo retenía. Los agresores se fueron: se asustaron. 

–Eran jovencitos, de esos manes que recién comienzan. Al verme, asimilaron que era gay, débil, y que me iba a dejar nomás. Me atacaron con más saña por mi condición.

Desnudo y descalzo, Ronny fue hasta una gasolinera para pedir ayuda. No le hicieron caso. Una señora lo vio, le dio una pantaloneta y le prestó el teléfono para que llamara a la Policía. Cuando llegaron, los policías le dijeron que no podían hacer nada porque no había una denuncia.

Al día siguiente, Ronny fue a una de las delegaciones de la Fiscalía en Guayaquil. Se puso al final de la fila: había unas 30 personas delante suyo. Esperó 40 minutos y, cansado, se fue. 

–Igual no creo que hubiera servido de nada quedarme y denunciar, porque ni investigan. 

Ronny dice que tampoco sabía que podía haber denunciado lo que le pasó como un delito de discriminación o de odio. No sabía, ni siquiera, que esos delitos existen en Ecuador. 

***

Los delitos de odio se incluyeron en la legislación ecuatoriana en 2009, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que mencionaba “cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas” a causa de su “orientación sexual o identidad sexual” (sic). 

Actualmente, el Código Órganico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, tipifica el delito de odio. El artículo 177 define los “actos de odio” como cualquier acto “de violencia física o psicológica  de odio” por razones de etnia, edad, “sexo, identidad de género y orientación sexual”, entre otros. La sanción para este delito es de uno a tres años de prisión. 

Si la violencia mata a la persona, la pena es de 22 a 26 años. 

En el COIP de 2014 también se incluyó el delito de discriminación en el artículo 176. En este caso, la persona que propague, practique o incite distinción, restricción, exclusión o preferencia por, entre otros motivos, identidad de género u orientación sexual, “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía General de Estado, ejemplifica cada delito:

– Un delito de discriminación, por ejemplo, es si llego a un establecimiento de salud, soy una mujer lesbiana, pido atención gineco-obstétrica e indico que tengo relaciones sexuales con mi pareja, y el médico se asusta y me dice que no atiende a mujeres lesbianas. Está ejerciendo un acto de exclusión de mi derecho a la salud por mi orientación sexual, mi identidad y mi proyecto de vida. Si fuese un delito de odio, puede ser que, en esa revisión, el médico me empuja y me lastima con el aparato que usa para revisar mis órganos genitales. 

El caso de Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante de 22 años, configuraría un delito de discriminación. En abril de 2022, en una consulta en el hospital público Eugenio Espejo, en Quito, le fue negado su derecho a la salud. Aconcha denunció que el médico que la atendió le dijo que la transexualidad “es un trastorno” y amenazó con borrar sus datos del sistema. 

Las implicaciones y consecuencias de los delitos de discriminación y de odio son claras. Pero la aplicación específica del delito de odio aún es un terreno movedizo.

Tesis y artículos que lo analizan coinciden en que la “subjetividad” de este delito es problemática. Abogados y jueces –indican estos análisis– tendrían dificultades para probarlo y juzgarlo como tal, pues se basa “en un elemento meramente subjetivo” como los sentimientos, “específicamente el odio”.  

En un artículo de 2013 al respecto, Vicente Robalino Villafuerte (+), entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, concluye que, incluso, “resulta peligroso cuando las emociones son objeto de norma y no los bienes jurídicos aportados por la carta constitucional, dejando así a la administración de justicia en un debate de emociones y no de conceptos jurídicos”.

***

–No es difícil investigar un delito de odio si se tienen los elementos probatorios y las experticias periciales para hacerlo.

Lo dice Christian Paula, abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador y miembro de Fundación Pakta. Paula reconoce la subjetividad de este delito y explica que ésta se refiere al móvil o al motivo que lo provoca.

–Lo que hay que entender es que hay un prejuicio subjetivo instalado en la persona agresora. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular, entonces, deben tener la argucia para recaudar material probatorio coyuntural y psicológico del móvil del agresor. 

Para eso, agrega, se debería hacer una pericia psicológica, otra de contexto –para saber cómo fue criada esa persona, su historia– y una de contexto de género, para identificar los prejuicios del agresor. 

–Pero el problema –opina Paula– es que hay una deficiencia muy fuerte en servicios periciales en Ecuador. 

Paula dice, además, que el artículo 81 de la Constitución establece la creación de “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción” de  delitos de violencia intrafamiliar, sexual, y crímenes de odio. Para los últimos, menciona los delitos contras niñas, niños, adolescentes y, entre otros, a “personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”. 

Incluso, según el mismo artículo, “se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la Ley”.

En 2014, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Constitucional debido a que la Asamblea no había creado dichos procedimientos. La Corte falló a favor. 

–Pero la reforma para crear los procedimientos especiales y expeditos –dice Paula– recién se hizo en 2019. Y se colocó solo para los delitos de violencia psicológica contra las mujeres, y no desarrollaron los procedimientos especiales y expeditos penales para los delitos de odio (contra personas LGBTIQ+). Entonces la Asamblea sigue incumpliendo esta sentencia de la Corte Constitucional y el mandato de la Constitución.

Pedro Gutiérrez Guevara, abogade investigadore de Kuska Estudio Jurídico, considera por su parte que es complicado “regular” el odio. 

–Sobre todo porque eso, hoy en día, nos pone en una tensión con lo que significaría patologizar a las personas agresoras o perpetradoras (…) Porque a veces con el odio, y con la patología, lo que sucede es que hay una institución que debe encargarse de eso, hay un profesional o una ciencia que tiene que encargarse de eso, porque es básicamente como una enfermedad que alguien tiene. 

De ahí que Gutiérrez propone dejar de hablar de odio para hablar de violencia por prejuicios, pues éstos son generados por distintos sectores de la sociedad.  

“Resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos”, escribe Guitiérrez en un artículo titulado (Re)pensar el delito de odio en Ecuador a partir de la muerte violenta de Javier Slater Viteri Alburqueque, incluido en un boletín dedicado al análisis jurídico, social y mediático de este caso de una muerte violenta de un joven homosexual en Arenillas, provincia de El Oro.

–En la violencia por prejuicio –añade– también podemos disputarle cosas al Estado. Porque aunque los prejuicios los generan distintos sectores de la sociedad, quien debería combatirlos, principalmente, es el Estado. 

Para Gutiérrez, además, es necesaria una autocrítica frente al “discurso punitivista” que ve en el encarcelamiento “sin privilegios” una forma de castigo justa. Ese “reformismo penal que legitiman ciertos activismos LGBTIQ+”, escribe Gutiérrez en su artículo, “lo que permite es que ‘las malas personas’ terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido”. 

***

Stella Zonin Massi, abogada especialista en derechos humanos y género, dice que los prejuicios y la falta de perspectiva de género de los operadores de justicia también inciden directamente en esta problemática. 

Zonin Massi investigó la dificultad de sancionar penalmente los delitos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. En 2020 –dice– encuestó por su cuenta a 72 empleados judiciales a escala nacional –entre jueces penales, fiscales, secretarixs, asistentes– y entrevistó a tres autoridades.

–Y la conclusión –dice Zonin Massi– fue que no tienen claro cuál es el protocolo para investigar un delito de odio porque es muy “subjetivo”. Algunxs incluso decían que no saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Lo común, entonces, es que, por facilidad, apliquen un delito más utilizado, como el asesinato. 

Paula concuerda con lo de dicha “facilidad” y agrega que otro problema es que, al momento de poner la denuncia, la víctima no puede indicar en los formularios cuál es su orientación sexual o su identidad de género. 

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, reconoce la falta de esas categorías en los formularios.

–Hemos implementado una reingeniería en el SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) que contempla diferentes categorías de género y sus subcategorías, para mejorar esa data estadística de los casos y de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una víctima. Por ejemplo, si es mujer, afrodesciente, lesbiana, etc. La idea es tenerlo listo a finales de año o a inicios del año que viene. 

–¿Hace falta, sin embargo, más sensibilización para los operadores de justicia sobre este tema?

–Por supuesto, siempre digo que, para la mejora contínua, hay que partir desde el reconocimiento legítimo de que nos falta mucho por hacer. No invisibilizar ese reto y ese desafío (…). Tenemos también la dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional. Ellos están trabajando en programas de sensibilización frente al manejo y abordaje de casos con grupos históricamente vulnerados.  

Guido Quezada, director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía, indicó a través de correo electrónico que 78 servidores de la Fiscalía “aprobaron” el curso virtual Transversalización del Enfoque de Género en el sector público y privado, organizado por el Ministerio de Trabajo en junio de 2021.

En junio de 2022, la misma dirección, según Quezada, “coordinó” la participación de 40 servidores públicos en el curso virtual Desde adentro: Juntxs contra las violencias y discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o canon corporal, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Quezada añadió que la dirección tiene planificado ejecutar otro “módulo” titulado Violencia de Género – Eje temático sobre la comunidad LGBTIQ, dirigido a fiscales, secretarios, asistente de fiscal personal de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) y servidores de Direcciones de las provincias de Azuay, Guayas, Galápagos, Pichincha y Manabí” (sic).

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Desde 2014 hasta mediados de junio de 2022 (mes en que se pidió la  información), la Fiscalía registraba 2.708 actos de odio en fase pre procesal y procesal penal (es decir, la etapa de investigación con víctimas, testigos, etc., y la etapa acusatoria, de defensa y de emisión de una sentencia). Al preguntar cuántos de esos actos de odio correspondían a casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, la Fiscalía respondió por correo electrónico: “la variable de LGBTIQ+ no se refleja en nuestro sistema” (sic).

Y aclaró que, en la información enviada, el tipo penal actos de odio está “desagregado en forma general como “Genero”, que es lo que refleja nuestro sistema” (sic). 

Entre 2014 y mediados de junio de 2022, la Fiscalía registró 142 “Actos de odio (violencia de género)” en fase pre procesal y procesal penal.

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Christian Paula, de Fundación Pakta, menciona al “caso Arce” como una sentencia ejemplar en la que, hasta ahora, se ha aplicado “de manera eficiente” el delito de odio. Este, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país.

Michael Arce entró a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), en Quito, en 2011. Durante el reclutamiento, según la Fiscalía, fue “afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano” por el teniente Fernando Encalada, su instructor.

Arce se retiró de la ESMIL por los maltratos y Encalada fue sentenciado a una pena de “cinco meses y veinticuatro días de prisión correccional”, como indica la sentencia, que incluyó también disculpas públicas.  

Stella Zonin Massi, en cambio, nombra el caso de Javier Viteri como el primero hacia una persona de la comunidad LGBTIQ+ que podría y debería haber sido sentenciado como un delito de odio.

– Ese caso es claro. Ahí hubo saña. No le das 89 puñaladas a una persona solo porque sí. El delito principal era el odio. El militar que mató a Javier estaba motivado por el odio.

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Javier Viteri era un chico homosexual de 22 años que vivía en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. Trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico: quería ser médico. El 27 de mayo de 2020, Viteri chateó por el servicio Messenger de Facebook con Hilmar Corozo, de 19 años, conscripto de las Fuerzas Armadas. Lo hizo 10 horas antes del encuentro por la noche. 

Corozo fue a la casa de Javier y, 25 minutos después, salió corriendo de ahí, según recoge diario Extra. Cuando los amigos de Viteri entraron a su departamento –donde habían estado unos minutos antes–, lo encontraron muerto. Corozo lo había apuñalado en el cuello, la espalda, el abdomen y el tórax.

–Dentro la instrucción fiscal aparecían elementos que de, alguna u otra manera, hacían entender que estamos hablando de un delito de odio– dice Michael García Jaramillo, abogado de la familia Viteri.

– ¿Qué elementos? 

– El chat que mantuvieron antes de lo ocurrido. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino que tienen una conversación un poco más profunda, en el sentido de lo que podría llamarse algún tipo de relación. Otro elemento de convicción es que suben al departamento solo dos personas. Y la modalidad, el modus operandi: matar a una persona con cerca de 99 puñaladas. Pero, bueno, esas son potestades única y exclusivamente de Fiscalía.

El 9 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó, sobre todo a la Fiscalía, a que se investigara el caso de Javier Viteri como un delito de odio. 

La Defensoría del Pueblo, en el pronunciamiento, “deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien, según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.

Tres días después, el 12 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por cerca de 30 organizaciones, emitió una alerta en la que señaló que la muerte de Viteri “configura un delito de odio y debe ser investigado de forma exhaustiva”.

Luego de un año, un mes y 10 días de la muerte de Viteri, como indicó le abogade Pedro Gutiérrez en Twitter, Corozo recibió una condena de 34 años y 8 meses por el delito de asesinato. La compensación para la familia, además, se fijó en 50 mil dólares.

–¿Habría sido importante que se lo formulara como un delito de odio?

–Lo que mis clientes buscaban, los papás del hoy occiso, era justicia. Y si me preguntas a mí como abogado, pues, la justicia llegó, llegó. Más allá de que se haya imputado por A o B motivo– dice Michael García Jarramillo, abogado de la familia Viteri.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, acota:

–La valoración de la prueba no le corresponde a la Fiscalía, sino le corresponde al juez. Y quien efectivamente sanciona es el juez (…). Desde la dirección de Derechos Humanos emitimos un informe pormenorizado de estándares internacionales de derechos humanos a favor de que se tipifique por delito de odio. Sin perjuicio de ello, a pesar de reunir todos los elementos, el juez, al valorar la prueba, consideró que se debía sancionar por asesinato. 

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–Es lamentable (lo ocurrido con el caso Javier Viteri), porque si bien estamos luchando por leyes, reconocimientos, tipificaciones, condenas, etc., lamentablemente estas se enmarcan alejadas del marco que tiene que ver con respecto a las poblaciones LGBTI.

Es la opinión de Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, y directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Silueta X ha recogido información sobre asesinatos desde 2013 y elabora el infome Runa Sipiy sobre “asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas” de personas de la diversidad sexo genérica. 

En 2021, según este informe, hubo 15 asesinatos a personas LGBTIQ+: 10 corresponden a mujeres trans y 5 a hombres homosexuales. 

Hasta junio de 2022, dice Rodríguez, ya se registraban 16, y es probable que, hasta fin de año, se dupliquen.

– ¿Puede haber, entonces, un subregistro de delitos de odio hacia la población LGBTIQ+?

Rodríguez responde:

– O sea, no vamos a negar que, si matan a una persona de la diversidad, de repente no tiene que ver con que quien mata odia a personas gays, lesbianas, bisexuales o trans (…). El problema es que no se investigan los casos. El ecuatoriano común, en este momento, está viviendo lo que hemos vivido las personas LGBT desde hace años: te matan y nadie va preso. Esto nosotros lo hemos experimentado siempre. 

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Noticias en Español

Radican proyecto de ley en Colombia para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad

El presidente Petro y la vicepresidenta Márquez proponen la propuesta

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(Foto cortesía de la Vicepresidencia de la República)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia.

BOGOTÁ, Colombia — El Presidente de la República, Gustavo Petro, y la Vicepresidenta Francia Márquez radicaron este martes en el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

El Mandatario, la Vicepresidenta y el Ministro del Interior, Alfonso Prada, presentaron el texto de la iniciativa en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, ante los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero.

“Hoy es un día muy especial, para muchos un día histórico; un día en que el Estado abre sus puertas para hacer parte de este a quienes históricamente han estado excluidos y marginados”, expresó la Vicepresidenta Márquez.

Señaló que, si bien la Constitución de 1991 reconoció en el artículo 13 el derecho a la igualdad, “tristemente somos de las naciones más desiguales e inequitativas que habitan este planeta”.

La Vicepresidenta recalcó que el Gobierno del Cambio “busca garantizar derechos a quienes nunca lo han tenido, a quienes han estado en territorio olvidados y excluidos”, y agregó que “la igualdad, como un valor esencial, es lo que nos va a permitir avanzar en ese camino hacia la Paz Total”.

El Ministerio

El Ministerio de Igualdad y Equidad se plantea como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector de Igualdad y Equidad y de los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente.

Tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.

El Ministerio desarrollará este objeto directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades y organismos del Estado competentes, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores públicos y privados.

¿Qué funciones desempeñará el Ministerio de Igualdad y Equidad?

El Ministerio de Igualdad y Equidad se encargará de focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional; impartir directrices a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal para la intervención de las poblaciones focalizadas; promover herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia de los grupos poblacionales y sujetos de especial protección constitucional; identificar e implementar desde iniciativas privadas y locales de su competencia; dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad; gestionar y generar alianzas, incluso internacionales; establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes, proyectos y oferta social de competencia; coordinar, hacer seguimiento y evaluar los sistemas e instancias de asesoría, y articulación relacionados con sus competencias, así como la elaboración de análisis y diagnósticos de los patrones de discriminación y exclusión.

¿Quiénes serán los principales beneficiarios del nuevo Ministerio?

La nueva cartera tendrá la importante tarea de proteger, desde la perspectiva de los enfoques diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle y migrantes.

¿Cuál será su patrimonio, sede y dirección?

El patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por: las sumas que se apropien en el Presupuesto Nacional; los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título; las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

La dirección del Ministerio estará a cargo de la Ministra o del Ministro de Igualdad y Equidad, con sede principal en la ciudad de Bogotá.

La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad es el primer paso para que la igualdad en Colombia no exista solo en el papel. Como Gobierno del Cambio se está ratificando la promesa de campaña, que representa la voluntad y el compromiso de consolidar un camino hacia las transformaciones urgentes que necesita nuestro país para convertirse en una Potencia Mundial de la Vida. 

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Víctor Abel y su encuentro con la sagrada diversidad

Hombre guatemalteco gay estudió para ser sacerdote

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Víctor Abel (Foto cortesía de Quorum)

Quorum es el socio mediático del Washington Blade en Guatemala. Esta nota salió en su sitio web el 30 de septiembre.

CIUDAD DE GUATEMALA — Era junio de 2017 y la marcha por el Orgullo atravesaba el Centro Histórico de Guatemala. Víctor estaba sentado en el asiento del acompañante esperando a cruzar la Sexta Avenida, cuando el conductor exclamó: “Ahí va la marcha de los huequitos”. 

Hacía afuera, Víctor no tenía por qué sentirse aludido porque frente al mundo era un hombre heterosexual más. Pero sí le afectó. Escuchar el comentario despectivo le hizo cuestionar el silencio que lo había acompañado toda la vida. Tanto, que al día siguiente decidió enfrentar a sus padres y compartirles que era homosexual. 

“Sentí que me quité una carga de encima, por fin sentí que no tenía que fingir ser heterosexual”, recuerda sonriendo.

Víctor es de estatura media. Pareciera ser tímido pero su sonrisa delata una persona abierta. En 2019 fue la primera vez que participó en la marcha por el Orgullo, no como alguien externo que guardaba silencio, sino como alguien que también celebraba su identidad. 

Esa fue la primera vez que posó frente a la cámara con el cartel que decía: “Sagrada Diversidad”. Aquel día el cielo le dio un arcoiris como fondo.

Un camino difícil

Hay dos momentos fuertes que son un parte aguas en la vida de Victor Abel Rojas. El primero fue el asesinato de su abuela cuando él tenía 14 años. Los detalles de su muerte son muy crudos y lo dejaron pensando en qué podía hacer de su vida para cambiar a una sociedad tan violenta como la guatemalteca.

Creció en una familia muy católica y por eso no dudó en tomar el camino del sacerdocio. Pensó que esto no solo lo ayudaría a procesar el dolor por la muerte de su abuela, sino también a evitar la atracción que sentía hacia los hombres. A los 19 años se integró a la Orden de Predicadores, más conocida como los dominicos. 

Vivió su adolescencia convencido de que era un pecado que le gustaran las personas de su mismo sexo. Forzosamente se unía a las conversaciones de sus amigos cuando hablaban de mujeres y luchaba para inhibir y disimular su orientación sexual. Quería evitar que los demás se dieran cuenta y que lo juzgaran como un pecador.

Con los domínicos, viajó a Costa Rica, Perú y El Salvador donde empezó a estudiar filosofía y teología. Aquí se topó con el segundo momento que le marcó la vida. Un sacerdote se aprovechó de la confianza de Víctor y la relación desigual de poder, para acosar al seminarista.

“Me di cuenta que sí era homosexual, que sí era gay, pero lamentablemente lo descubrí bajo el acompañamiento de un sacerdote que se aprovechó de esa intimidad”.

Estaba cerca de terminar sus estudios para ser sacerdote cuando se enteró que un seminarista en El Salvador puso una denuncia por acoso en contra del hombre que también se aprovechó de él. 

Este padre, cuyo nombre prefiere no decir, logró aislarlo de sus amigos y manipularlo emocional y psicológicamente. 

Los directivos de la Orden de Predicadores lo llamaron para declarar. Su testimonio sirvió para que el sacerdote fuera expulsado de la Iglesia, aunque años después fue contratado como maestro en un colegio católico de Costa Rica. 

La divina revelación

Hoy Víctor tiene 31 años. Su mirada inspira la confianza que lo logra acercar a los niños y jóvenes con los que trabaja para prevenir la violencia sexual.

Lee y mucho. Entre las páginas explora temas relacionados a la teología queer y la ciencia ficción. Su autor preferido es Stephen King, y sus directoras de cine favoritas son las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix y de la serie Sense8.

Víctor también es escritor. En 2021 publicó el libro “Relatos cortos para una Biblia diferente.”

 “En este libro la diosa es la Sagrada Diversidad, es la creadora que hizo todo a su imagen y semejanza. Por eso todo es diverso, es divino y diferente”, explica.

Para Victor la espiritualidad, como la sexualidad, son ejes transversales del ser humano que llegan al corazón y a la raíz de la persona. Decidir en qué creer es un derecho humano, así como decidir quién ser.

Esto todavía no lo tenía tan claro en el 2017, meses antes de cruzarse con la marcha del Orgullo. Llegar a aquel momento de quiebre y revelación no fue fácil. Algunas veces, cuando recuerda lo que ha vivido, aún se queda en silencio. 

“Fue uno de los momentos más duros de mi vida, colapsé emocionalmente y todavía hasta hoy tengo recaídas, tuve mucho miedo porque ese era mi proyecto de vida. Al mismo tiempo sentí dentro de mí una fuerza, sigo siendo una persona creyente y espiritual. Ahí fue cuando decidí retirarme de esta orden religiosa e iniciar una vida más auténtica y libre”, comenta.

Las palabras le vuelven a brotar con emoción a Víctor y aunque la construcción de la identidad es un proceso constante, en uno de sus relatos señala ese instante divino de reconocerse quién es. 

“Las estrellas se fusionaron conmigo y mi cadáver empezó a bailar al ritmo del latir del cosmos. Casi estaba por resucitar cuando Sagrada Diversidad, a las que algunos llaman dios o diosa, me preguntó ‘¿quieres vivir?’ y heme aquí como mariposa con corazón multicolor, superando el peso de la gravedad”.

Volar, Víctor Abel Rojas.

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Noticias en Español

México apruebe terapias de conversión en el país

Los senadores se aprobaron la nueva ley federal el martes

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La bandera mexicana (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Por Stephanie Mondragón

CIUDAD DE MÉXICO — El Senado de México el martes con 59 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones se aprobó agregar los “Delitos contra la orientación o la identidad de género de las personas” al Código Penal Federal mexicano y también reformar la Ley General de la Salud.

Dentro de las sanciones se encuentran las condenas penales con las cuales se sancionarán con dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

La pena se doblará a doce años si las personas violentadas son menores de 18 años de edad, adultos con discapacidad o adultos mayores. En casos de encontrar incidencia de delito se podrá proceder con la suspensión del ejercicio penal total, cancelando su cédula profesional.

La organización Yaaj México, quien ha luchado por la protección de los Derechos Humanos de las personas LGBTQ+ e intersex expresó por medio de sus redes sociales el cómo se ha “dado un paso importantísimo para que en todo México se prohíban las mal llamadas terapias de conversión. Las cuales son tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La senadora Xóchitl Gálvez, expresó estar a favor de agregar el capítulo al Código Penal Federal, no obstante, incitó el realizar una revisión de la redacción dado a que percibe que hay un problema con la misma. 

“En el fondo todos estamos de acuerdo, estamos en contra de las terapias de reconversión de la manera en que se aplican” expresó la parlamentaria del PAN.

Las terapias de conversión conocidas como “Esfuerzos Para Corregir La Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG),  siguen vigentes en muchos países alrededor del mundo y México no era la excepción. El 4 octubre de 2018 se presentó la primera iniciativa de reformas que buscaban legislar este aspecto y, de paso, proteger a la comunidad LGBTQ+ e intersex del daño que representa someterse a este tipo de torturas. Dicha moción fue impulsada por las senadoras Alejandra Lagunes, Citlali Hernández y Patricia Mercado, en ese momento.

Esfuerzo que también se vio apoyado por por la articulación del activista y politólogo Genaro Lozano, Yaaj México y diversas asociaciones de la sociedad civil.

Aun cuando desde 1973 la American Psychiatric Association dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad y de que en 1990 esta situación se reforzó cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, los ECOSIG siguían vigentes en en medio de la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+ e intersex.

Ahora México se une a países del continente americano como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay que prohíben las terapias de conversión en cualquiera de sus formas a nivel nacional.

Entre los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género se encuentran la coerción y falta de consentimiento, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales correctivas, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, terapias de aversión, electroshocks, exorcismos.

En el estudio What Harm Is It?: Conversion therapy Survivors realizado a 400 mujeres y hombres sobrevivientes que vivieron experiencias de ECOSIG en 2013, arrojó que 74 por ciento  manifiesta que después de esa experiencia se siente “dañado”, “muy dañado” o “devastado en la vida”; 50 por ciento y el 80 por ciento de las personas encuestadas afirmó que los sentimientos de daño que les generó el ECOSIG son vergüenza, daño emocional, depresión, reafirmación del desprecio propio, decepción, y falta de autoestima; el 84 por ciento reportó que sigue afectado después del ECOSIG.

En 2018 el Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) en la Ciudad de México, compartió que la mayor parte de las personas LGBTQ+ e intersex que buscan algún tipo de apoyo psicológico o profesional no lo hace para cambiar su orientación sexual o reprimir su identidad de género, sino más bien porque desean contar con los recursos y herramientas para poder aceptarse a sí mismas.

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