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Capturan a sospechoso de asesinar a Thalía Rodríguez en Honduras

Un supuesto integrante MS-13 ha sido detenido

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Thalía Rodríguez en su hogar. (Foto de Amilcar Cárcamo de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 30 de enero. El Blade ha publicado una versión de esta nota en inglés.

TEGUCIGALPA, Honduras — La DPI capturó a un supuesto integrante MS-13 por la comisión de varios ilícitos y el asesinato de Thalía Rodríguez, informó la Policía a través de un boletín de prensa.

El asesinato de la defensora trans Thalía Rodríguez conmovió a la opinión pública nacional e internacional. El sospechoso tiene una orden judicial pendiente por portación ilegal de arma de fuego.

El portavoz policial, subcomisario Christian Nolasco, informó que el trabajo fue realizado para dar respuesta a crímenes contra grupos vulnerables.

“Las labores policiales fueron realizadas en las faldas del cerro Juana Laínez por funcionarios asignados al Departamento de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El detenido de 28 años, de oficio ayudante de albañilería, conocido delictivamente como ‘Karma’ o ‘Fantasma’, es originario y residente en el lugar donde se efectuó el arresto. El delito contra la vida se reportó el pasado 10 de enero del presente año, cuando la defensora de derechos humanos se encontraba en su casa de habitación junto a su pareja, y de pronto llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, que sin mediar palabra les dispararon en varias ocasiones.

Cuando se verificaron los antecedentes del detenido, se encontró que tiene una orden de captura emitida el 14 de junio del 2021 por el Juzgado de Letras Sección Penal de Francisco Morazán por el delito de portación ilegal de arma de fuego”, informó la Policía.

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Indocumentadas: la realidad de las personas trans en Honduras (parte I)

La CIDH dijo el Estado es responsible por la muerte de Vicky Hernández

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Angie en las calles de su aldea natal (Foto cortesia de Dunia Orellana)

Esta es la primera parte de un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — En la aldea de Tacamiche, que se desligó de la transnacional bananera Tela Railroad Company a finales de los años 90, vive Angie Orellana, mujer trans, activista y lideresa comunitaria que pese a las múltiples limitantes en el área rural se mantiene firme en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras.

De actitud afable, mirada expresiva y suave sonrisa, Angie nos recibe en su casa en esta aldea situada en San Manuel, a 22 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, para ilustrar la realidad que viven muchas personas trans en el país. 

En una hamaca, debajo de un barracón rodeado del verde de las plantas, la originaria de  la ciudad de La Lima narra que su espíritu aguerrido nació cuando apenas tenía 13 años en la lucha campesina de la que sus padres fueron parte para desligarse de la transnacional. 

“De ahí nace la lucha a la que me dedico ahora para el cumplimiento de nuestros derechos. De ahí parte lo que soy como mujer trans, como luchadora, porque soy una persona que me mantengo luchando por nuestros derechos”, expresa.

En su juventud, Angie incursionó en las luchas estudiantiles y, con el paso de los años, gracias a su hermana, quien también es mujer trans, llegó a las puertas de la Asociación Feminista Trans (AFET), donde aprendió más acerca de la diversidad de género y poco a poco se fue involucrando en las actividades para defender los derechos de la población trans en Honduras.

Incertidumbre

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que hizo responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe del 28 de junio de 2009 marcó un precedente histórico para la población trans y comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Hubo un velo de esperanza para una comunidad que durante años ha sido víctima de odio, discriminación y violaciones de derechos humanos que les han despojado de su plenitud como personas.

Vicky Hernández (Foto cortesia de Cattrachas)

Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre continúa para las personas trans, aunque se han dado avances en algunos procesos. El Estado de Honduras realizó el 9 de mayo de 2022 el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó al Estado luego de la sentencia.

Al respecto, Angie expresa que luego del acto de reconocimiento de responsabilidad, la poca visibilidad que la presidenta Xiomara Castro da a las personas trans en los espacios públicos es preocupante. “Nosotras le apostábamos a que en todo momento, en todo espacio, la presidenta iba a estar representándonos y no ha sido así”, comenta.

Las personas trans todavía continúan en espera de una respuesta que les deje saber cuál será el siguiente paso que les permita acercarse al goce integral de sus derechos. “Hemos tocado varias puertas, así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso”, puntualiza la activista. 

Con 40 años de edad, Angie dice ser “una persona indocumentada en su propio país”. De igual manera, remarca la carencia de una ley de identidad de género que beneficie a las personas trans, no para solucionarles la vida por completo, sino para erradicar las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente.

Falsas esperanzas

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se realizó el censo nacional de la población con la intención de actualizar la tarjeta de identidad, anteriormente llamada cédula, a un nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Para el DNI, las personas trans pudieron tomarse la fotografía vistiendo acorde a su expresión de género. El nuevo documento incluye los apartados de nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de expiración y firma del ciudadano, dejando el apartado de sexo/género.

Sin embargo, en la parte posterior del documento se observan los diferentes códigos de barra, QR, domicilio y un código alfanumérico que contiene un identificador de F o M (femenino o masculino), el  cual, de acuerdo con dirigentes de las asociaciones LGBTIQ+, evidencia la forma en que el pasado gabinete manipulaba la información para hacer parecer que se avanzaba en la materia cuando no era así.

Fotografia de la DNI mostrando códigos f y M

Esta relevante pieza de información que muestra cómo los procesos se camuflan para impedir el goce de derechos humanos integrales no aparece en las fotografías de la campaña informativa que publicaron entes del Gobierno al momento del censo.

Fotos de la campaña del DNI-2 promovida.

La lideresa trans y defensora de AFET, Allyson Hernández, comenta que esta ha sido “una estrategia muy sucia”. “Hay muchas compañeras que se alegran porque está el cambio de la imagen, pero nosotras que estamos dentro y al frente de la lucha y el movimiento entendemos que ha sido algo maquillado, donde siempre se nos marca que somos sexo masculino”, señala.

Según Hernández, esto conlleva a que otras personas se confundan, dado que la imagen de expresión de género no es la misma que indican los documentos de investigación, propagando aún más el odio y el estigma.

¿Hay avances?

Dentro de la sentencia de la Corte IDH, la octava medida reparatoria que el Estado debe cumplir es “adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida”.

En septiembre del presente año debía haberse dado una reunión para iniciar el proceso de cambio de nombre, pero el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución que se encargará del proceso de cambio de nombre en el DNI, no ha definido hasta el momento la metodología ni fechas para iniciar con el cumplimiento de dicha medida.

Al ser consultados, el RNP aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que lidera el cumplimiento de la sentencia, apoyándose en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras organizaciones de sociedad civil defensoras de las personas de la diversidad. Asimismo, argumentó que “solo están a la espera de la suscripción del memorándum de entendimiento para el cumplimiento de la sentencia, con el acompañamiento de todas las instituciones involucradas a nivel nacional que garanticen su cumplimiento”.

Angie reconoce que las personas trans tienen que vivir situaciones de discriminación en cada espacio. Las actividades cotidianas más simples como ir al banco o recibir atención médica se vuelven engorrosas al no contar con los documentos que reflejen su expresión de género. 

Cabe resaltar que en Honduras actualmente existen solamente tres motivos por los cuales una persona puede cambiar su nombre, basados en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: 1) por error del registro al momento de su inscripción, 2) cuando el nombre sea demasiado difícil de pronunciar o de escribir y 3) cuando el nombre denigre a la persona o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Dentro del último punto se hace énfasis en que, si los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, se realizará el cambio de nombre solamente si hay un dictamen forense solicitado por el RNP que evidencie que esto está causando daño psicológico en la niña o niño.

Mientras tanto, las personas trans continúan sumidas en procesos de discriminación, en los que son objeto de burlas, humillaciones y negación de servicios por no tener un documento de identidad que refleje su expresión de género real.

Esperanza con liderazgo

En su diario vivir, Angie trata de dejar huella ejerciendo su liderazgo. Dedica su tiempo a hacer voluntariado dentro de AFET y también coordina el grupo Frida Trans, integrado por 40 personas voluntarias con diferentes expresiones de género. Angie creó Frida Trans con el propósito de brindarles apoyo, ser más visibles en la comunidad y educar a las personas de su entorno para derribar estigmas sociales. Por ello, Angie resalta que le gusta “la inclusividad porque la lucha es LGBTI+, no es solo de las personas trans”.

El municipio de San Manuel es una zona del interior del país bastante conservadora, que se vuelve agravante para la seguridad de las personas trans. Sin embargo, la lideresa se muestra firme en destacar la importancia de la educación comunitaria en temas de diversidad. El semblante de Angie se va endureciendo a medida que habla de sus puntos de vista para poder alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

“Considero que nosotras debemos educar a la sociedad. No te miento, siempre hay un grado de estigma y discriminación en los lugares que puedo llegar o llego, pero lo que me gusta dar a conocer es el trabajo que nosotras realizamos, lo positivo de trabajar en los colectivos LGBTI+ para el cumplimiento de los derechos, específicamente”.

Frida Trans ha permitido que haya mayor visibilidad en el sector, las personas LGBTI+ se están manifestando para abrir espacios donde puedan abordar temas referentes a su expresión de género, ya que actualmente esta localidad no cuenta con un punto de reunión para la población diversa, como en la mayoría del territorio hondureño, donde se segrega a muchas personas trans por considerar que alteran las buenas costumbres y el orden público. 

Relación del fundamentalismo religioso con el Estado

El fundamentalismo religioso ha levantado ataques de odio en la comunidad de San Manuel, propagando la desinformación y haciendo que más personas apoyen la posición de los grupos antiderechos.

Angie reflexiona que “eso es algo que siempre va a existir” porque lo vienen acarreando desde hace muchos años, pero “nunca se había visto de manera tan violenta ni directa como en este momento”, indica.

En lo que va del 2022 ya se superó el número de muertes violentas de personas diversas del año pasado. En 2021 se cerró con 29 muertes, mientras que en julio del presente año esta cifra ascendía a 36 muertes violentas dentro de la comunidad, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los que registran mayor número de fatalidades.

Aunque se muestra optimista al afirmar que “esto va a disminuir a medida se eduque a las personas”, la cotidianeidad de Angie y el resto de sus compañeras no es fácil. “Algunas de nosotras o todas nosotras nos preparamos diariamente para conllevar lo que pasa a nuestro alrededor; discriminación, rechazo, odio, todo ese tipo de cosas”.

Un ejemplo de esto se dio en el marco del Día contra la HomoLesboBiTransFobia luego de que varias organizaciones LGBTIQ+ realizarán eventos de manifestación exigiendo sus derechos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se negó a izar la bandera del orgullo, argumentando que “no quería enemigos como la iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno”, comparte el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara. 

“Esta es una de las mayores limitantes dado que ni nosotras gozamos de un Estado laico, tú bien sabes todo lo que hemos venido acarreando desde años, donde siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo. Entonces creo que no debe ser así”.

Según un estudio publicado por CID Gallup, la población hondureña es 36 por ciento católica y 44 por ciento evangélica. La religión en Honduras es con frecuencia utilizada como mecanismo de manipulación, lo cual conlleva a que se divulguen más discursos de odio en contra de las personas trans.

Grupos religiosos de Tegucigalpa en manifestación para defender la moralidad y buenas costumbre de país. (Foto de Luis Vallecillo)

No obstante, la Constitución de la República en el artículo 77 expone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.

La realidad es completamente opuesta a la teoría. Desde hace mucho tiempo se ve abiertamente cómo la relación entre Iglesia y Estado ha interferido en decisiones para el bienestar social como derechos sexuales y reproductivos, ley de identidad de género y matrimonio igualitario.

Angie inclina el cuerpo, se impulsa hacia adelante en la hamaca donde está sentada y abre las manos para gesticular, canalizando toda la energía que siente en ese momento para expresar su relato. 

“Parte del Estado debe de ir trabajando en esto para que se vaya erradicando … Son personas aliadas prácticamente todas las que están en contra de nuestros derechos en beneficio de la población LGBTI+ … hay intereses políticos detrás de todo esto también porque todo nace de esta manera”, enuncia.

Radio Nacional de Honduras es censurada

Sumándose a esto, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se convierten en fuentes de desinformación y perpetúan el odio. Por otra parte, los medios independientes hacen uso de las herramientas de capacitación de entes internacionales para empezar a exponer la realidad de las poblaciones rezagadas.

En junio de 2022, Radio Nacional de Honduras difundió dos audios que fomentaban el respeto a los derechos LGBTIQ+. En uno de ellos, una joven le comenta a su madre que es lesbiana y, en el otro, una mujer mayor expresa que existirá normalidad hasta que se respeten los derechos de todas las personas.

Se trata de un hecho histórico en el país, puesto que ningún medio estatal había emitido alguna opinión al respecto hasta ese momento. Como consecuencia, la radioemisora sufrió una serie de reacciones negativas y ataques dado que los oyentes argumentaban que se estaba atentando contra la institución de la familia y que la campaña era inmoral e incorrecta para los niños del país.

Venciendo el desconocimiento con la verdad

De vuelta a su semblante risueño, relajada y acercándose más a cámara, Angie deja apreciar su personalidad más rockera con sus característicos tatuajes y su nítida manicura. Procede a abrirse para relatar cómo fue su transición. Cuenta que, por desconocimiento en temas de género y diversidad, durante algún tiempo se definió como un chico gay, aunque siempre se sintió más femenina.

“Recuerdo que me gustaba mucho el rock, así que lo utilizaba de escudo para que no me discriminaran cuando yo saliera con ropa bien ajustada y con un poquito de maquillaje en mi cara”, relata.

Reconoce que aún en ese momento no se definía como mujer trans por la desinformación es estos temas que son de suma importancia. Aquí entran las organizaciones LGBTIQ+, dedicadas a la incansable labor de la educación y visibilización de lxs miembrxs de la comunidad.

Hace siete años, luego de capacitarse, por fin reconoció su género. “Hasta que yo llego a AFET y comenzamos a hablar de género y orientación sexual es cuando yo ya me identifico como una persona trans”, comparte.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Angie comparte lo que significa esta transición para su vida, lo cual ella cataloga como “un logro porque me siento libre, libre al expresarme y al identificarme con el género con el que yo me siento conforme”.

A pesar de que ha sido un reto luchar diariamente contra las imposiciones de un Estado y sociedad rotos por los intereses políticos, no oculta la felicidad que siente al poder ser ella misma y que su activismo llegue a más personas que como ella no entienden cómo identificarse.

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Pedro Pablo, un gay sordo que brilla como drag queen

Presentó a María Antonieta al público por primera vez en 2021

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Pedro Pablo (Foto cortesía de Quorum)

Quorum es el socio mediático del Washington Blade en Guatemala. Esta nota salió en su sitio web el 22 de noviembre.

CIUDAD DE GUATEMALA — “Hola”. Pedro Pablo sonríe mientras se acerca y aleja su mano en un sólo movimiento. Es la seña para saludar. En el próximo instante dirige sus dedos gordo e índice a su cuello, a la altura del cartílago que es conocido como la manzana de Adán. El gesto significa “mucho gusto”.

Con cada gesto, el hombre de 33 años, mantiene el contacto visual. A su lado está Pablo Vásquez de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua). Es intérprete y facilita la entrevista para superar una barrera que Pedro Pablo encuentra a menudo: que la mayoría de personas oyentes no están familiarizadas con la lengua de señas.

En muchos casos siente que prefieren evadirlo por no saber cómo comunicarse con él por ser una persona sorda. Ser gay y sordo, dice, es como el paquete completo para el rechazo y la discriminación.

“A veces muchas personas no comprenden qué es ser parte de la diversidad sexual y por otro lado ser una persona sorda es difícil porque la sociedad desconoce de esta discapacidad”, explica.

En Guatemala viven 240 mil personas sordas, según datos del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi). Esos datos son de 2018 y Asorgua señala que actualmente son muchas más.

Pedro Pablo vive con sordera profunda desde los nueve meses de edad, cuando una enfermedad hizo que perdiera la audición por completo. Pero eso no impidió que encontrara los espacios para desarrollarse plenamente y vivir su sexualidad e identidad con libertad. 

Quien le ha ayudado en este camino es María Antonieta, la mujer que personifica en drag.

La fuerza de María Antonieta

La primera vez que Pedro Pablo presentó a María Antonieta al público fue en 2021, en la discoteca Genetic, en la ciudad capital. Fue su estreno como drag queen.

No le caben los adjetivos para explicar lo que siente cada vez que se pone la peluca y se maquilla. Para él es como un sueño hecho realidad.

“Me siento más libre, más coqueta, más hermosa. Como una flor en un campo. Es más que orgullo, es un sentimiento de mucha alegría”, comparte.

Cuando se ve al espejo, se recuerda de aquel niño que veía con emoción a su mamá y hermana maquillarse.

Tenía alrededor de nueve años cuando a escondidas comenzó a ponerse los vestidos y zapatos de su mamá cuando jugaba solo en su casa.

Su bisabuela lo descubrió en varias ocasiones. Nunca lo regañó. Dejaba que jugara y luego le ayudaba a limpiarse la cara.

Pedro Pablo recuerda con mucha ternura que ella le decía que sería un secreto de los dos, como una forma de protegerlo ante los posibles regaños. Una complicidad de cariño que se estrechaba cada noche cuando compartían la hora de la novela.

“Una vez me dijo que no me preocupara por nada, lo único que debe preocuparme es ser feliz y encontrar al amor de mi vida”, dice con una sonrisa.

Pedro Pablo cree que ella fue la primera persona en darse cuenta de quién era en realidad. Piensa que su mamá también intuía su orientación sexual, pero ella nunca le comentó nada.

Liberarse a pesar de todo

Su crianza siempre fue bastante estricta. Su mamá y su papá eran pastores y fundaron una iglesia en Quetzaltenango. Casi solo le hablaban de la Biblia y solo le permitían que se relacionara con otras personas sordas.

Aún sabiendo que sería difícil hablar de su orientación sexual, Pedro Pablo siempre sintió la necesidad de contarle a su familia. 

“No me alcanzó el tiempo para contarle. Yo iba a decirle a mi familia pero mi papá enfermó de cáncer. Estuve en ese proceso de estudiar y regresar a casa para cuidarlo hasta que él murió”, agrega.

Pedro Pablo tenía 15 años. Entre la tristeza y el duelo familiar, tuvo que esperar ocho años más para hablarlo con su mamá. El enamoramiento que vivía en ese entonces le dio el valor para decirle que era feliz con el amor de un hombre.

Generó muchas discusiones en torno a la religión, a la Biblia y a su sexualidad. Su mamá lo aceptó, dice, pero le puso la condición de no volver a hablarlo en casa.

“En casa soy una persona y afuera soy quien tengo que ser. Lo decidí así por amor a mi familia y a mi mamá porque comprendo que se sacrificaron para tenerme donde estoy”, agrega.

Las restricciones en su hogar, no le quitaron la emoción que sintió Pedro Pablo por salir del clóset y poder interactuar y sentirse parte de una comunidad diversa. “Es una experiencia muy bonita, pero también difícil porque dentro de la comunidad de sordos hay muchos tabús”, menciona.

Hacer del mundo un lugar mejor

La educación integral en sexualidad y la diversidad sexual son temas que no se abordan dentro de la comunidad de sordos, dice, y el hablar de ello con libertad y presentarse como una persona abiertamente gay lo ha expuesto a insultos. Sin embargo, también hay personas que lo apoyan y le celebran su valentía de subirse a los escenarios.

Mientras los vestidos de María Antonieta están guardados, Pedro Pablo pasa sus horas laborales en el Hospital de Ojos y Oídos “Rodolfo Robles”. En las mañanas trabaja en el archivo médico y por las tardes ayuda a los niños y niñas sordas que acuden ahí con sus padres. Les enseña lengua de señas, como lo hicieron con él cuando era niño.

También estudia psicología y diseño gráfico. Desde su vida y trabajo aporta a que no exista discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva y hacer un puente entre ellas y la comunidad de la diversidad sexual.

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Proyecto de ley penalizará las terapias de conversión en Colombia radica en el Congreso

La congresista Carolina Giraldo Botero radicó el próposito el 3 de noviembre

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La congresista Carolina Giraldo Botero centro, ha radicado un proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia (Foto cortesía de OrgulloLGBT.co)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web el 3 de noviembre.

BOGOTÁ, Colombia — La Representante a la Cámara de la Alianza Verde por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, radicó hoy el proyecto de ley ‘Inconvertibles’, con el cual se busca prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIEG en Colombia.

En Secretaría de Cámara de Representantes y en compañía de diversas organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+, la representante Giraldo radicó la iniciativa, como parte de las primeras acciones adelantadas por la Comisión de la Diversidad, coordinada por ella. 

“No vamos a parar de luchar contra las prácticas que buscan cambiar la identidad de género y la orientación sexual. Eso es tortura y discriminación”, dijo la representante Giraldo.

Según la parlamentaria, “hay personas LGBTIQ+ que son sometidas a maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada, bajo la excusa de que deben ser “curadas”, por lo que urge que este proyecto se haga realidad”.

Esta es la segunda vez que se intenta dar trámite a este proyecto de ley en el Congreso. La primera se dio en la legislatura pasada, bajo el liderazgo del ex representante Mauricio Toro, quien en su momento argumentó que una de cada cinco personas LGBTIQ+ y una de cada tres perteneciente a la comunidad Trans, podría llegar a ser sometida a una de estas llamadas terapias de curación. (ver anterior proyecto).

El proyecto radicado en la mañana de este jueves contó con el visto bueno de las diferentes organizaciones de la comunidad, el apoyo de 58 congresistas y entrará para su trámite por la Comisión Séptima de Cámara. 

Actualmente, países como Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta, han prohibido las mal llamadas ‘terapias de conversión’. (Ver más aquí).

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Encuentro regional de protección a refugiados LGBTQ+ se realizó en Bogotá

24 organizaciones de siete países participaron

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El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó esta semana en Bogotá, Colombia (Foto de José Arnaldo Mujica por el Washington Blade)

BOGOTÁ, Colombia — El tercer encuentro regional de protección a refugiados y migrantes LGBTQ+ e intersex en las Américas se realizó en la ciudad de Bogotá esta semana con la participación de 24 organizaciones fundadas en siete países de la región, las cuales expusieron como ha sido el recibimiento e inserción a la vida productiva de los migrantes de la comunidad en las naciones donde operan sus organizaciones.

El III Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas fue de suma importancia puesto que se realizó luego de la pandemia de la COVID-19, que dejó como consecuencia que la mayoría de los procesos que se venían efectuando se paralizaran y muchas organizaciones dedicadas a atender esta población desaparecieran.

“Estamos felices de estar aquí porque estamos reactivando los planes de acción, estamos reconectando con las otras organizaciones y estamos reactivando los procesos que teníamos antes de la pandemia” así lo aseguró María Paula Botero, líder de una organización de mujeres lesbianas en Brasil.

La agenda de este encuentro estuvo integrada por distintas actividades orientadas a construir una red de apoyo a todas las personas de la comunidad que tienen la condición de migrantes.

Durante el primer día se expuso un contexto general de la situación, además se efectuó el primer mapeo del estado actual de los procesos de movilidad humana de personas LGBTQ+ e intersex en la región, mostrando estrategias y buenas prácticas.

Entretanto, el segundo día los participantes trabajaron en crear estrategias conjuntas para dar respuestas oportunas a los migrantes y el tercer día, se firmaron acuerdos para llevar mensajes de la Red a todas las instancias gubernamentales en las Américas.

Todos aprendemos

Lola Vásquez, es represen a la organización Trans Reinas de la Noche fundada hace 18 años en Guatemala, aunque la organización es relativamente nueva, solo queda con vida una de las 16 mujeres trans que la fundaron, pues en ese país hasta el 2006 era ilegal desplazarse con una identidad diferente a la asignada al nacer y por ello se practicaba lo que se conoció como “limpieza social“ en donde la autoridades gubernamentales asesinaron y desaparecieron a las trabajadoras sexuales.

Vásquez asistió al encuentro en la capital colombiana con la intención de conocer la experiencia de otras organizaciones de la región sobre el trato de personas trans, debido a las vulneraciones que vivió en su país natal.

“Para nosotras es importante estos eventos porque podemos seguir tejiendo redes para dar un acompañamiento seguro a las mujeres trans migrantes, para que su migración sea más segura y sin tantos estigmas,” dijo Vásquez. “En Guatemala, hay mucha población migrante debido a que las autoridades gubernamentales no piden visa para ingresar, las personas transitan por el país ya que es la puerta de entrada a México y EE.UU.”

Metas en común

Una de las organizaciones que trabajó arduamente para que este multicultural encuentro fuera una realidad fue la organización colombiana Caribe Afirmativo. Su director, Wilson Castañeda afirmó que “estamos respondiendo a la cuarta oleada del movimiento de la comunidad LGBTI+, que tiene como enfoque principal la movilidad humana, producto de las dificultades que se generan en algunos países de la región, si bien es cierto, la migración no es algo nuevo para nuestra comunidad, estamos viendo que durante los últimos años se registró un incremento considerable, es por esto que debemos actuar y actuar en conjunto para que la respuesta sea contundente”.

Sumado a esto, el miembro de la organización Caribe Afirmativo, Giovanny Molinari consideró que uno de los retos que tiene esta red es lograr que cada organización pueda alzar la voz en los distintos escenarios de cambio social para se creen políticas públicas apropiadas, para apoyar a los migrantes miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex. 

“Hay tres retos, el primero, fortalecer la red luego de la crisis del COVID-19, el segundo, encontrar oportunidades para que cada una de las instituciones que integramos esta coalición crezca y el tercero, poder incidir políticamente a nivel internacional en las instituciones que trabajan en la movilidad humana, pero con enfoque a la comunidad”, señaló.

La crisis continúa en Venezuela 

A este encuentro también asistió Johan León, director general de la fundación Azul Positivo, fundada en Venezuela hace 18 años, él nos comentó que realmente su país, las condiciones para los miembros de la comunidad LGBTQ+ e intersex no han mejorado.

“Venezuela junto con Paraguay, son los países que tienen menos avances en materia de atención a la comunidad, en mi país no existe una protección a nivel legal y esto se refleja en el difícil acceso a los derechos en materia de salud, educación y hasta en la vida laboral”, dijo León.

Además, León puntualizó las cifras que demuestran que en Venezuela no hay una mejoría económica, sino que se está generando una nueva etapa de la prolongada crisis de ese país latinoamericano. 

“Todo el sistema de salud está prácticamente destruido, más del 50 por ciento de los centros de atención a los pacientes con VIH cerraron luego de la pandemia, básicamente, los que funcionan ahora, están en las principales ciudades, esto lo que ha generado es que las personas con el virus no continúen el tratamiento por lo difícil que es trasladarse”, aseguró. “El Estado Venezolano desde el 2017 no compra los medicamentos antirretrovirales, la única forma de tener ese tratamiento en el país es por medio del Fondo Global. El oficialismo lo único que hace es disponer el tratamiento en las farmacias para que distribuyan los medicamentos que compra el fondo”.

Finalizó León que la organización Azul Positivo mostró su preocupación por la situación que hay en esa nación y que a su juicio, seguirá generando mayor movilidad humana durante los próximos años.

Este encuentro finalizó con la elección de la nueva mesa técnica, la cual fue integrada por un diverso grupo: una mujer trans, una mujer lesbiana y un hombre gay, ellos tendrán la responsabilidad de agilizar los procesos para que los migrantes de la comunidad LGBTQ+ e intersex sean parte de una red de apoyo en los países receptores de las Américas.

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Crímenes de odio en Ecuador: sin sentencias, protocolos y la eterna incógnita de cómo juzgarlos

La ley y el Código Penal incluyen las personas LGBTQ

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(Ilustración de Diana Romero por Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de octubre.

Por Óscar Molina V.

GUAYAQUIL, Ecuador — Domingo, noche, mediados de enero de 2022.

Ronny (nombre protegido) estaba en una parada de bus entre las calles 38 y Portete, en el sur de Guayaquil. Llevaba 25 minutos esperando y, como no pasaba ningún bus, decidió caminar a la casa de su amigo en el barrio Los Ceibos. Era un camino conocido. Nunca le había pasado nada.

Ronny –drag queen, cantante, 23 años– iba distraído, contestando un mensaje. Levantó la vista un rato, vio la rampa del puente Portete que iba a cruzar y empezó a subirlas concentrado en el teléfono. De pronto, de la oscuridad, salieron dos hombres. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron a un zaguán. 

–Había ropa rasgada, colchones rotos, preservativos. Pensé que iba a ser un robo diminuto, pero cuando me arrastraron allá me imaginé que me iban a violar.

Mientras uno lo retenía, el otro le quitaba el celular, el short, el boxer, los zapatos. Ronny se quedó solo en camiseta. Tres hombres más aparecieron. Ronny quiso gritar, pero le taparon la boca. Lo ahorcaron.

–Y me empezaron a decir: ¿Te gustan los hombres, maricón? ¿Te gustan? Aquí tienes cinco. 

Ronny no podía respirar. Con sus últimas fuerzas, le arañó la cara a quien lo retenía. Los agresores se fueron: se asustaron. 

–Eran jovencitos, de esos manes que recién comienzan. Al verme, asimilaron que era gay, débil, y que me iba a dejar nomás. Me atacaron con más saña por mi condición.

Desnudo y descalzo, Ronny fue hasta una gasolinera para pedir ayuda. No le hicieron caso. Una señora lo vio, le dio una pantaloneta y le prestó el teléfono para que llamara a la Policía. Cuando llegaron, los policías le dijeron que no podían hacer nada porque no había una denuncia.

Al día siguiente, Ronny fue a una de las delegaciones de la Fiscalía en Guayaquil. Se puso al final de la fila: había unas 30 personas delante suyo. Esperó 40 minutos y, cansado, se fue. 

–Igual no creo que hubiera servido de nada quedarme y denunciar, porque ni investigan. 

Ronny dice que tampoco sabía que podía haber denunciado lo que le pasó como un delito de discriminación o de odio. No sabía, ni siquiera, que esos delitos existen en Ecuador. 

***

Los delitos de odio se incluyeron en la legislación ecuatoriana en 2009, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que mencionaba “cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas” a causa de su “orientación sexual o identidad sexual” (sic). 

Actualmente, el Código Órganico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, tipifica el delito de odio. El artículo 177 define los “actos de odio” como cualquier acto “de violencia física o psicológica  de odio” por razones de etnia, edad, “sexo, identidad de género y orientación sexual”, entre otros. La sanción para este delito es de uno a tres años de prisión. 

Si la violencia mata a la persona, la pena es de 22 a 26 años. 

En el COIP de 2014 también se incluyó el delito de discriminación en el artículo 176. En este caso, la persona que propague, practique o incite distinción, restricción, exclusión o preferencia por, entre otros motivos, identidad de género u orientación sexual, “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía General de Estado, ejemplifica cada delito:

– Un delito de discriminación, por ejemplo, es si llego a un establecimiento de salud, soy una mujer lesbiana, pido atención gineco-obstétrica e indico que tengo relaciones sexuales con mi pareja, y el médico se asusta y me dice que no atiende a mujeres lesbianas. Está ejerciendo un acto de exclusión de mi derecho a la salud por mi orientación sexual, mi identidad y mi proyecto de vida. Si fuese un delito de odio, puede ser que, en esa revisión, el médico me empuja y me lastima con el aparato que usa para revisar mis órganos genitales. 

El caso de Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante de 22 años, configuraría un delito de discriminación. En abril de 2022, en una consulta en el hospital público Eugenio Espejo, en Quito, le fue negado su derecho a la salud. Aconcha denunció que el médico que la atendió le dijo que la transexualidad “es un trastorno” y amenazó con borrar sus datos del sistema. 

Las implicaciones y consecuencias de los delitos de discriminación y de odio son claras. Pero la aplicación específica del delito de odio aún es un terreno movedizo.

Tesis y artículos que lo analizan coinciden en que la “subjetividad” de este delito es problemática. Abogados y jueces –indican estos análisis– tendrían dificultades para probarlo y juzgarlo como tal, pues se basa “en un elemento meramente subjetivo” como los sentimientos, “específicamente el odio”.  

En un artículo de 2013 al respecto, Vicente Robalino Villafuerte (+), entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, concluye que, incluso, “resulta peligroso cuando las emociones son objeto de norma y no los bienes jurídicos aportados por la carta constitucional, dejando así a la administración de justicia en un debate de emociones y no de conceptos jurídicos”.

***

–No es difícil investigar un delito de odio si se tienen los elementos probatorios y las experticias periciales para hacerlo.

Lo dice Christian Paula, abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador y miembro de Fundación Pakta. Paula reconoce la subjetividad de este delito y explica que ésta se refiere al móvil o al motivo que lo provoca.

–Lo que hay que entender es que hay un prejuicio subjetivo instalado en la persona agresora. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular, entonces, deben tener la argucia para recaudar material probatorio coyuntural y psicológico del móvil del agresor. 

Para eso, agrega, se debería hacer una pericia psicológica, otra de contexto –para saber cómo fue criada esa persona, su historia– y una de contexto de género, para identificar los prejuicios del agresor. 

–Pero el problema –opina Paula– es que hay una deficiencia muy fuerte en servicios periciales en Ecuador. 

Paula dice, además, que el artículo 81 de la Constitución establece la creación de “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción” de  delitos de violencia intrafamiliar, sexual, y crímenes de odio. Para los últimos, menciona los delitos contras niñas, niños, adolescentes y, entre otros, a “personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”. 

Incluso, según el mismo artículo, “se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la Ley”.

En 2014, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Constitucional debido a que la Asamblea no había creado dichos procedimientos. La Corte falló a favor. 

–Pero la reforma para crear los procedimientos especiales y expeditos –dice Paula– recién se hizo en 2019. Y se colocó solo para los delitos de violencia psicológica contra las mujeres, y no desarrollaron los procedimientos especiales y expeditos penales para los delitos de odio (contra personas LGBTIQ+). Entonces la Asamblea sigue incumpliendo esta sentencia de la Corte Constitucional y el mandato de la Constitución.

Pedro Gutiérrez Guevara, abogade investigadore de Kuska Estudio Jurídico, considera por su parte que es complicado “regular” el odio. 

–Sobre todo porque eso, hoy en día, nos pone en una tensión con lo que significaría patologizar a las personas agresoras o perpetradoras (…) Porque a veces con el odio, y con la patología, lo que sucede es que hay una institución que debe encargarse de eso, hay un profesional o una ciencia que tiene que encargarse de eso, porque es básicamente como una enfermedad que alguien tiene. 

De ahí que Gutiérrez propone dejar de hablar de odio para hablar de violencia por prejuicios, pues éstos son generados por distintos sectores de la sociedad.  

“Resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos”, escribe Guitiérrez en un artículo titulado (Re)pensar el delito de odio en Ecuador a partir de la muerte violenta de Javier Slater Viteri Alburqueque, incluido en un boletín dedicado al análisis jurídico, social y mediático de este caso de una muerte violenta de un joven homosexual en Arenillas, provincia de El Oro.

–En la violencia por prejuicio –añade– también podemos disputarle cosas al Estado. Porque aunque los prejuicios los generan distintos sectores de la sociedad, quien debería combatirlos, principalmente, es el Estado. 

Para Gutiérrez, además, es necesaria una autocrítica frente al “discurso punitivista” que ve en el encarcelamiento “sin privilegios” una forma de castigo justa. Ese “reformismo penal que legitiman ciertos activismos LGBTIQ+”, escribe Gutiérrez en su artículo, “lo que permite es que ‘las malas personas’ terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido”. 

***

Stella Zonin Massi, abogada especialista en derechos humanos y género, dice que los prejuicios y la falta de perspectiva de género de los operadores de justicia también inciden directamente en esta problemática. 

Zonin Massi investigó la dificultad de sancionar penalmente los delitos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. En 2020 –dice– encuestó por su cuenta a 72 empleados judiciales a escala nacional –entre jueces penales, fiscales, secretarixs, asistentes– y entrevistó a tres autoridades.

–Y la conclusión –dice Zonin Massi– fue que no tienen claro cuál es el protocolo para investigar un delito de odio porque es muy “subjetivo”. Algunxs incluso decían que no saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Lo común, entonces, es que, por facilidad, apliquen un delito más utilizado, como el asesinato. 

Paula concuerda con lo de dicha “facilidad” y agrega que otro problema es que, al momento de poner la denuncia, la víctima no puede indicar en los formularios cuál es su orientación sexual o su identidad de género. 

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, reconoce la falta de esas categorías en los formularios.

–Hemos implementado una reingeniería en el SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) que contempla diferentes categorías de género y sus subcategorías, para mejorar esa data estadística de los casos y de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una víctima. Por ejemplo, si es mujer, afrodesciente, lesbiana, etc. La idea es tenerlo listo a finales de año o a inicios del año que viene. 

–¿Hace falta, sin embargo, más sensibilización para los operadores de justicia sobre este tema?

–Por supuesto, siempre digo que, para la mejora contínua, hay que partir desde el reconocimiento legítimo de que nos falta mucho por hacer. No invisibilizar ese reto y ese desafío (…). Tenemos también la dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional. Ellos están trabajando en programas de sensibilización frente al manejo y abordaje de casos con grupos históricamente vulnerados.  

Guido Quezada, director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía, indicó a través de correo electrónico que 78 servidores de la Fiscalía “aprobaron” el curso virtual Transversalización del Enfoque de Género en el sector público y privado, organizado por el Ministerio de Trabajo en junio de 2021.

En junio de 2022, la misma dirección, según Quezada, “coordinó” la participación de 40 servidores públicos en el curso virtual Desde adentro: Juntxs contra las violencias y discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o canon corporal, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Quezada añadió que la dirección tiene planificado ejecutar otro “módulo” titulado Violencia de Género – Eje temático sobre la comunidad LGBTIQ, dirigido a fiscales, secretarios, asistente de fiscal personal de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) y servidores de Direcciones de las provincias de Azuay, Guayas, Galápagos, Pichincha y Manabí” (sic).

***

Desde 2014 hasta mediados de junio de 2022 (mes en que se pidió la  información), la Fiscalía registraba 2.708 actos de odio en fase pre procesal y procesal penal (es decir, la etapa de investigación con víctimas, testigos, etc., y la etapa acusatoria, de defensa y de emisión de una sentencia). Al preguntar cuántos de esos actos de odio correspondían a casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, la Fiscalía respondió por correo electrónico: “la variable de LGBTIQ+ no se refleja en nuestro sistema” (sic).

Y aclaró que, en la información enviada, el tipo penal actos de odio está “desagregado en forma general como “Genero”, que es lo que refleja nuestro sistema” (sic). 

Entre 2014 y mediados de junio de 2022, la Fiscalía registró 142 “Actos de odio (violencia de género)” en fase pre procesal y procesal penal.

***

Christian Paula, de Fundación Pakta, menciona al “caso Arce” como una sentencia ejemplar en la que, hasta ahora, se ha aplicado “de manera eficiente” el delito de odio. Este, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país.

Michael Arce entró a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), en Quito, en 2011. Durante el reclutamiento, según la Fiscalía, fue “afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano” por el teniente Fernando Encalada, su instructor.

Arce se retiró de la ESMIL por los maltratos y Encalada fue sentenciado a una pena de “cinco meses y veinticuatro días de prisión correccional”, como indica la sentencia, que incluyó también disculpas públicas.  

Stella Zonin Massi, en cambio, nombra el caso de Javier Viteri como el primero hacia una persona de la comunidad LGBTIQ+ que podría y debería haber sido sentenciado como un delito de odio.

– Ese caso es claro. Ahí hubo saña. No le das 89 puñaladas a una persona solo porque sí. El delito principal era el odio. El militar que mató a Javier estaba motivado por el odio.

***

Javier Viteri era un chico homosexual de 22 años que vivía en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. Trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico: quería ser médico. El 27 de mayo de 2020, Viteri chateó por el servicio Messenger de Facebook con Hilmar Corozo, de 19 años, conscripto de las Fuerzas Armadas. Lo hizo 10 horas antes del encuentro por la noche. 

Corozo fue a la casa de Javier y, 25 minutos después, salió corriendo de ahí, según recoge diario Extra. Cuando los amigos de Viteri entraron a su departamento –donde habían estado unos minutos antes–, lo encontraron muerto. Corozo lo había apuñalado en el cuello, la espalda, el abdomen y el tórax.

–Dentro la instrucción fiscal aparecían elementos que de, alguna u otra manera, hacían entender que estamos hablando de un delito de odio– dice Michael García Jaramillo, abogado de la familia Viteri.

– ¿Qué elementos? 

– El chat que mantuvieron antes de lo ocurrido. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino que tienen una conversación un poco más profunda, en el sentido de lo que podría llamarse algún tipo de relación. Otro elemento de convicción es que suben al departamento solo dos personas. Y la modalidad, el modus operandi: matar a una persona con cerca de 99 puñaladas. Pero, bueno, esas son potestades única y exclusivamente de Fiscalía.

El 9 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó, sobre todo a la Fiscalía, a que se investigara el caso de Javier Viteri como un delito de odio. 

La Defensoría del Pueblo, en el pronunciamiento, “deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien, según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.

Tres días después, el 12 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por cerca de 30 organizaciones, emitió una alerta en la que señaló que la muerte de Viteri “configura un delito de odio y debe ser investigado de forma exhaustiva”.

Luego de un año, un mes y 10 días de la muerte de Viteri, como indicó le abogade Pedro Gutiérrez en Twitter, Corozo recibió una condena de 34 años y 8 meses por el delito de asesinato. La compensación para la familia, además, se fijó en 50 mil dólares.

–¿Habría sido importante que se lo formulara como un delito de odio?

–Lo que mis clientes buscaban, los papás del hoy occiso, era justicia. Y si me preguntas a mí como abogado, pues, la justicia llegó, llegó. Más allá de que se haya imputado por A o B motivo– dice Michael García Jarramillo, abogado de la familia Viteri.

Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, acota:

–La valoración de la prueba no le corresponde a la Fiscalía, sino le corresponde al juez. Y quien efectivamente sanciona es el juez (…). Desde la dirección de Derechos Humanos emitimos un informe pormenorizado de estándares internacionales de derechos humanos a favor de que se tipifique por delito de odio. Sin perjuicio de ello, a pesar de reunir todos los elementos, el juez, al valorar la prueba, consideró que se debía sancionar por asesinato. 

***

–Es lamentable (lo ocurrido con el caso Javier Viteri), porque si bien estamos luchando por leyes, reconocimientos, tipificaciones, condenas, etc., lamentablemente estas se enmarcan alejadas del marco que tiene que ver con respecto a las poblaciones LGBTI.

Es la opinión de Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, y directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Silueta X ha recogido información sobre asesinatos desde 2013 y elabora el infome Runa Sipiy sobre “asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas” de personas de la diversidad sexo genérica. 

En 2021, según este informe, hubo 15 asesinatos a personas LGBTIQ+: 10 corresponden a mujeres trans y 5 a hombres homosexuales. 

Hasta junio de 2022, dice Rodríguez, ya se registraban 16, y es probable que, hasta fin de año, se dupliquen.

– ¿Puede haber, entonces, un subregistro de delitos de odio hacia la población LGBTIQ+?

Rodríguez responde:

– O sea, no vamos a negar que, si matan a una persona de la diversidad, de repente no tiene que ver con que quien mata odia a personas gays, lesbianas, bisexuales o trans (…). El problema es que no se investigan los casos. El ecuatoriano común, en este momento, está viviendo lo que hemos vivido las personas LGBT desde hace años: te matan y nadie va preso. Esto nosotros lo hemos experimentado siempre. 

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Radican proyecto de ley en Colombia para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad

El presidente Petro y la vicepresidenta Márquez proponen la propuesta

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(Foto cortesía de la Vicepresidencia de la República)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia.

BOGOTÁ, Colombia — El Presidente de la República, Gustavo Petro, y la Vicepresidenta Francia Márquez radicaron este martes en el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

El Mandatario, la Vicepresidenta y el Ministro del Interior, Alfonso Prada, presentaron el texto de la iniciativa en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, ante los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero.

“Hoy es un día muy especial, para muchos un día histórico; un día en que el Estado abre sus puertas para hacer parte de este a quienes históricamente han estado excluidos y marginados”, expresó la Vicepresidenta Márquez.

Señaló que, si bien la Constitución de 1991 reconoció en el artículo 13 el derecho a la igualdad, “tristemente somos de las naciones más desiguales e inequitativas que habitan este planeta”.

La Vicepresidenta recalcó que el Gobierno del Cambio “busca garantizar derechos a quienes nunca lo han tenido, a quienes han estado en territorio olvidados y excluidos”, y agregó que “la igualdad, como un valor esencial, es lo que nos va a permitir avanzar en ese camino hacia la Paz Total”.

El Ministerio

El Ministerio de Igualdad y Equidad se plantea como un organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector de Igualdad y Equidad y de los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente.

Tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.

El Ministerio desarrollará este objeto directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades y organismos del Estado competentes, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores públicos y privados.

¿Qué funciones desempeñará el Ministerio de Igualdad y Equidad?

El Ministerio de Igualdad y Equidad se encargará de focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional; impartir directrices a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal para la intervención de las poblaciones focalizadas; promover herramientas de participación y organización ciudadana para fortalecer la incidencia de los grupos poblacionales y sujetos de especial protección constitucional; identificar e implementar desde iniciativas privadas y locales de su competencia; dirigir y orientar la planeación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad; gestionar y generar alianzas, incluso internacionales; establecer esquemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de las políticas, planes, proyectos y oferta social de competencia; coordinar, hacer seguimiento y evaluar los sistemas e instancias de asesoría, y articulación relacionados con sus competencias, así como la elaboración de análisis y diagnósticos de los patrones de discriminación y exclusión.

¿Quiénes serán los principales beneficiarios del nuevo Ministerio?

La nueva cartera tendrá la importante tarea de proteger, desde la perspectiva de los enfoques diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle y migrantes.

¿Cuál será su patrimonio, sede y dirección?

El patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por: las sumas que se apropien en el Presupuesto Nacional; los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título; las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

La dirección del Ministerio estará a cargo de la Ministra o del Ministro de Igualdad y Equidad, con sede principal en la ciudad de Bogotá.

La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad es el primer paso para que la igualdad en Colombia no exista solo en el papel. Como Gobierno del Cambio se está ratificando la promesa de campaña, que representa la voluntad y el compromiso de consolidar un camino hacia las transformaciones urgentes que necesita nuestro país para convertirse en una Potencia Mundial de la Vida. 

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Víctor Abel y su encuentro con la sagrada diversidad

Hombre guatemalteco gay estudió para ser sacerdote

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Víctor Abel (Foto cortesía de Quorum)

Quorum es el socio mediático del Washington Blade en Guatemala. Esta nota salió en su sitio web el 30 de septiembre.

CIUDAD DE GUATEMALA — Era junio de 2017 y la marcha por el Orgullo atravesaba el Centro Histórico de Guatemala. Víctor estaba sentado en el asiento del acompañante esperando a cruzar la Sexta Avenida, cuando el conductor exclamó: “Ahí va la marcha de los huequitos”. 

Hacía afuera, Víctor no tenía por qué sentirse aludido porque frente al mundo era un hombre heterosexual más. Pero sí le afectó. Escuchar el comentario despectivo le hizo cuestionar el silencio que lo había acompañado toda la vida. Tanto, que al día siguiente decidió enfrentar a sus padres y compartirles que era homosexual. 

“Sentí que me quité una carga de encima, por fin sentí que no tenía que fingir ser heterosexual”, recuerda sonriendo.

Víctor es de estatura media. Pareciera ser tímido pero su sonrisa delata una persona abierta. En 2019 fue la primera vez que participó en la marcha por el Orgullo, no como alguien externo que guardaba silencio, sino como alguien que también celebraba su identidad. 

Esa fue la primera vez que posó frente a la cámara con el cartel que decía: “Sagrada Diversidad”. Aquel día el cielo le dio un arcoiris como fondo.

Un camino difícil

Hay dos momentos fuertes que son un parte aguas en la vida de Victor Abel Rojas. El primero fue el asesinato de su abuela cuando él tenía 14 años. Los detalles de su muerte son muy crudos y lo dejaron pensando en qué podía hacer de su vida para cambiar a una sociedad tan violenta como la guatemalteca.

Creció en una familia muy católica y por eso no dudó en tomar el camino del sacerdocio. Pensó que esto no solo lo ayudaría a procesar el dolor por la muerte de su abuela, sino también a evitar la atracción que sentía hacia los hombres. A los 19 años se integró a la Orden de Predicadores, más conocida como los dominicos. 

Vivió su adolescencia convencido de que era un pecado que le gustaran las personas de su mismo sexo. Forzosamente se unía a las conversaciones de sus amigos cuando hablaban de mujeres y luchaba para inhibir y disimular su orientación sexual. Quería evitar que los demás se dieran cuenta y que lo juzgaran como un pecador.

Con los domínicos, viajó a Costa Rica, Perú y El Salvador donde empezó a estudiar filosofía y teología. Aquí se topó con el segundo momento que le marcó la vida. Un sacerdote se aprovechó de la confianza de Víctor y la relación desigual de poder, para acosar al seminarista.

“Me di cuenta que sí era homosexual, que sí era gay, pero lamentablemente lo descubrí bajo el acompañamiento de un sacerdote que se aprovechó de esa intimidad”.

Estaba cerca de terminar sus estudios para ser sacerdote cuando se enteró que un seminarista en El Salvador puso una denuncia por acoso en contra del hombre que también se aprovechó de él. 

Este padre, cuyo nombre prefiere no decir, logró aislarlo de sus amigos y manipularlo emocional y psicológicamente. 

Los directivos de la Orden de Predicadores lo llamaron para declarar. Su testimonio sirvió para que el sacerdote fuera expulsado de la Iglesia, aunque años después fue contratado como maestro en un colegio católico de Costa Rica. 

La divina revelación

Hoy Víctor tiene 31 años. Su mirada inspira la confianza que lo logra acercar a los niños y jóvenes con los que trabaja para prevenir la violencia sexual.

Lee y mucho. Entre las páginas explora temas relacionados a la teología queer y la ciencia ficción. Su autor preferido es Stephen King, y sus directoras de cine favoritas son las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix y de la serie Sense8.

Víctor también es escritor. En 2021 publicó el libro “Relatos cortos para una Biblia diferente.”

 “En este libro la diosa es la Sagrada Diversidad, es la creadora que hizo todo a su imagen y semejanza. Por eso todo es diverso, es divino y diferente”, explica.

Para Victor la espiritualidad, como la sexualidad, son ejes transversales del ser humano que llegan al corazón y a la raíz de la persona. Decidir en qué creer es un derecho humano, así como decidir quién ser.

Esto todavía no lo tenía tan claro en el 2017, meses antes de cruzarse con la marcha del Orgullo. Llegar a aquel momento de quiebre y revelación no fue fácil. Algunas veces, cuando recuerda lo que ha vivido, aún se queda en silencio. 

“Fue uno de los momentos más duros de mi vida, colapsé emocionalmente y todavía hasta hoy tengo recaídas, tuve mucho miedo porque ese era mi proyecto de vida. Al mismo tiempo sentí dentro de mí una fuerza, sigo siendo una persona creyente y espiritual. Ahí fue cuando decidí retirarme de esta orden religiosa e iniciar una vida más auténtica y libre”, comenta.

Las palabras le vuelven a brotar con emoción a Víctor y aunque la construcción de la identidad es un proceso constante, en uno de sus relatos señala ese instante divino de reconocerse quién es. 

“Las estrellas se fusionaron conmigo y mi cadáver empezó a bailar al ritmo del latir del cosmos. Casi estaba por resucitar cuando Sagrada Diversidad, a las que algunos llaman dios o diosa, me preguntó ‘¿quieres vivir?’ y heme aquí como mariposa con corazón multicolor, superando el peso de la gravedad”.

Volar, Víctor Abel Rojas.

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México apruebe terapias de conversión en el país

Los senadores se aprobaron la nueva ley federal el martes

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La bandera mexicana (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Por Stephanie Mondragón

CIUDAD DE MÉXICO — El Senado de México el martes con 59 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones se aprobó agregar los “Delitos contra la orientación o la identidad de género de las personas” al Código Penal Federal mexicano y también reformar la Ley General de la Salud.

Dentro de las sanciones se encuentran las condenas penales con las cuales se sancionarán con dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

La pena se doblará a doce años si las personas violentadas son menores de 18 años de edad, adultos con discapacidad o adultos mayores. En casos de encontrar incidencia de delito se podrá proceder con la suspensión del ejercicio penal total, cancelando su cédula profesional.

La organización Yaaj México, quien ha luchado por la protección de los Derechos Humanos de las personas LGBTQ+ e intersex expresó por medio de sus redes sociales el cómo se ha “dado un paso importantísimo para que en todo México se prohíban las mal llamadas terapias de conversión. Las cuales son tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La senadora Xóchitl Gálvez, expresó estar a favor de agregar el capítulo al Código Penal Federal, no obstante, incitó el realizar una revisión de la redacción dado a que percibe que hay un problema con la misma. 

“En el fondo todos estamos de acuerdo, estamos en contra de las terapias de reconversión de la manera en que se aplican” expresó la parlamentaria del PAN.

Las terapias de conversión conocidas como “Esfuerzos Para Corregir La Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG),  siguen vigentes en muchos países alrededor del mundo y México no era la excepción. El 4 octubre de 2018 se presentó la primera iniciativa de reformas que buscaban legislar este aspecto y, de paso, proteger a la comunidad LGBTQ+ e intersex del daño que representa someterse a este tipo de torturas. Dicha moción fue impulsada por las senadoras Alejandra Lagunes, Citlali Hernández y Patricia Mercado, en ese momento.

Esfuerzo que también se vio apoyado por por la articulación del activista y politólogo Genaro Lozano, Yaaj México y diversas asociaciones de la sociedad civil.

Aun cuando desde 1973 la American Psychiatric Association dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad y de que en 1990 esta situación se reforzó cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, los ECOSIG siguían vigentes en en medio de la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+ e intersex.

Ahora México se une a países del continente americano como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay que prohíben las terapias de conversión en cualquiera de sus formas a nivel nacional.

Entre los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género se encuentran la coerción y falta de consentimiento, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales correctivas, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, terapias de aversión, electroshocks, exorcismos.

En el estudio What Harm Is It?: Conversion therapy Survivors realizado a 400 mujeres y hombres sobrevivientes que vivieron experiencias de ECOSIG en 2013, arrojó que 74 por ciento  manifiesta que después de esa experiencia se siente “dañado”, “muy dañado” o “devastado en la vida”; 50 por ciento y el 80 por ciento de las personas encuestadas afirmó que los sentimientos de daño que les generó el ECOSIG son vergüenza, daño emocional, depresión, reafirmación del desprecio propio, decepción, y falta de autoestima; el 84 por ciento reportó que sigue afectado después del ECOSIG.

En 2018 el Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) en la Ciudad de México, compartió que la mayor parte de las personas LGBTQ+ e intersex que buscan algún tipo de apoyo psicológico o profesional no lo hace para cambiar su orientación sexual o reprimir su identidad de género, sino más bien porque desean contar con los recursos y herramientas para poder aceptarse a sí mismas.

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América Latina debe recuperar el liderazgo en la erradicación de las ‘terapias de conversión’

El lunes es el Día Mundial de Salud Mental

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La diputada chilena Emilia Schneider ha presentado un proyecto de ley que prohibiría las 'terapias de conversión' en el país. (Foto cortesía de Emilia Schneider)

En el Día Mundial de Salud Mental es relevante recordar una de las luchas actuales de las comunidades LGBT+ para vivir plenamente su identidad sin que su salud sea puesta en riesgo: la erradicación total de las mal llamadas “terapias de conversión”. Se trata de una tarea global que requiere, en lo local, de liderazgos políticos y sociales que impulsen normas y políticas públicas que enfrenten esta problemática de manera directa.

Las mal llamadas “terapias de conversión” son todas aquellas prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona LGBTIQ. Pueden desarrollarse a través de actividades de contenido religioso, tratamientos psicológicos o psiquiátricos, etc. El sustento para estas prácticas está científicamente desacreditado hace mucho tiempo: que el ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero es una enfermad, un defecto o algo que debe de ser cambiado. 

Decimos que está mal referirnos a ellas como “terapias”, pues ese nombre debería ser dado solo a aquellas prácticas que buscan solucionar una enfermedad o un problema. Aquí lo que se quiere cambiar son orientaciones sexuales e identidades de género perfectamente saludables y válidas, por prejuicios y discriminación. Como ha señalado OutRight International en su informe pionero sobre el tema, estas prácticas de conversión se encuentran presente en todos los continentes y son una expresión de la homofobia y transfobia que todavía se encuentran presentes en las sociedades.

El consenso científico es claro: las “terapias de conversión” no funcionan, no se puede cambiar algo que la persona no eligió y que es parte de su naturaleza. Pero ello no las hace inofensivas, por el contrario, pueden generar daños graves a las personas que son sometidas a ellas. Depresión, ansiedad, problemas de autoestima, estrés, entre otras posibles consecuencias negativas para la salud mental de las personas. También puede darse consecuencias para la salud física, cuando estas prácticas de conversión tienen un contenido violento.

Desde las Naciones Unidas, el experto Independiente, Víctor Madrigal-Borloz, ha señalado que por su propia naturaleza las “terapias de conversión” son prácticas crueles, inhumanas y degradantes, y que en algunos casos pueden llegar incluso a ser consideradas formas de tortura. Ha hecho un llamado claro a los Estados para que, como parte de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, realicen todos los esfuerzos para lograr la erradicación de estas prácticas.

En la actualidad son solamente ocho países que cuentan con prohibiciones legales expresas contra las prácticas de conversión y cuatro países con legislación en jurisdicciones subnacionales. A ellos se suma más de una decena que prohíben de manera indirecta algunos aspectos de esta problemática, pero que no cuentan con leyes específicas.

Si bien se debería poder erradicar este tipo de prácticas con las herramientas legales con las que ya cuentan los estados para enfrentar la vulneración de derechos humanos, es importante que los países cuenten con legislación expresa para abordar esta problemática. Una ley expresa permite visibilizar la problemática, ayudando a generar conciencia en la sociedad respecto de los daños a la salud mental y física que este tipo de prácticas pueden generar en quienes son sometidas a ellas.

Incluso en países con congresos de mayoría adversa a la agenda de derechos LGBTIQ, la presentación de este tipo de proyectos de ley es una oportunidad importante para visibilizar el problema y promueve una conversación pública entre actores claves (asociaciones de psicólogos y psiquiatras, colegio médico, líderes religiosos, universidades, sobrevivientes). Así, el proceso legislativo, independientemente de su resultado, termina siendo una herramienta para evitar que más personas acudan a estas “terapias” en base a desinformación o desconocimiento.

Además, una norma expresa norma expresa permite establecer claramente las obligaciones específicas del Estado y sus funcionarios para actuar en cuatro aspectos fundamentales: mecanismos y estrategias de prevención, canales de denuncia, castigo eficaz a los responsables, y atención a los sobrevivientes. La sociedad civil puede estar más vigilante respecto a la actuación de sus instituciones públicas cuando están claramente establecidas cuáles son las tareas que debe de realizar en asuntos críticos como este. 

Entre los países que cuentan con medidas legales claras contra las “terapias de conversión” están Brasil y Ecuador, quienes en su momento se encontraron entre los estados pioneros en abordar esta amenaza. América Latina requiere recuperar ese liderazgo y lograr que sus países cuenten con leyes que aborden de forma integral este asunto y logren la erradicación de estas prácticas.

En Chile, la diputada Emilia Schneider ha presentado un proyecto de ley en esa línea. Mauricio Toro lo hizo previamente en Colombia al final de su mandato, y el nuevo caucus LGBT en el parlamento colombiano ha asumido la tarea. En Guatemala y Perú diputados LGBT vienen trabajando iniciativas legislativas, y el asunto se está conversando con parlamentarios de Uruguay, México y Argentina. En Venezuela, la Federación de Psicólogos se ha pronunciado en contra de estas prácticas y ha pedido a la sociedad actuar contra ellas.

Una pregunta recurrente cuando se habla con legisladores es si este es un problema real en sus países. Muchos de ellos han avanzado notablemente en el reconocimiento de derechos LGBTIQ en los últimos años, y este suena a un asunto anacrónico, sacado de tiempos peores. Lo que sucede es que debido al estigma y otros factores, no existe mucha visibilidad. Sin embargo, una rápida revisión en Internet y redes sociales permite encontrar por lo menos un par de denuncias o testimonios en cada país de la región. No existe sociedad donde todavía haya homofobia y transfobia donde no se manifieste alguna forma de “terapia de conversión”. 

Enfrentar las “terapias de conversión” es un asunto de derechos humanos que no debe ser ignorado. La salud mental de las personas LGBTIQ en la región seguirá en peligro mientras no se logre su erradicación.

Alberto de Belaunde es excongresista peruano y el program advisor de Global Advocacy por OutRight International.

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Borrados al nacer, la realidad de las personas intersex en Ecuador

Edición Cientonce documenta angustias, logros de esa comunidad

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La comunidad intersex ecuatoriana (Ilustración cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 31 de agosto.

QUITO, Ecuador — ¡A Axa le encontraron un útero!

—¡¿Cómo?!

—¡Axa tiene útero! ¿Qué vamos a hacer?

En el baño de un hospital, Gabriela habla con su esposo por teléfono. Llora. La angustia la carcome. En una resonancia magnética de su hijo Axa, en ese momento de 13 años, alcanzó a leer “cuerpo uterino”. No necesitó leer más. 

Las visitas de Axa a los hospitales eran igual de habituales que jugar PlayStation, su pasatiempo favorito. Hasta antes de los 10 años, había sido intervenido en cuatro ocasiones para adecuar su genitalidad y hacer que tenga pene y testículos, además tenía citas médicas regulares y exámenes de control.

Axa nació con genitales que visiblemente son difíciles de distinguir entre los sexos masculino o femenino. En letras rojas, la palabra indeterminado estaba escrita en la pulsera identificativa que se coloca a cada recién nacidx con sus datos, entre estos, el del sexo.

Gabriela solo tenía 16 años cuando Axa nació el 14 de julio de 2001. Era su primer hijo.

“En el hospital hacen varios estudios y juntas médicas y me dicen que es ‘indeterminado’, pero como había que inscribir rápido a los bebés, me dijeron que provisionalmente le iban a poner sexo masculino hasta que saliera el examen de cariotipo”, relata Gabriela 21 años después, desde Quito.

Ese examen describe las características de los cromosomas, que son los que recogen la información genética de una persona y determinan su sexo. Ella desconocía cuál era su objetivo. 

“Yo lo único que quería saber era por qué él nació así”, asegura.

Los resultados tardaron dos meses en llegar. En ese lapso, junto a un Axa de apenas semanas de nacido, visitaban más consultorios. Uno de los médicxs que lo atendió, le diagnosticó hipospadias severas y una criptorquidia bilateral (en la primera, la uretra no está en la punta del pene; y en la segunda, los testículos no han descendido).

Cuando los resultados del cariotipo estuvieron finalmente listos, Gabriela se los entregó al médico de cabecera de Axa. “Aquí está todo normal, es varón”, le dijo.

“Para mí fue un alivio que me dijera que era solo una malformación congénita, no genética, que solo era de acomodarle por fuera, que iba a tener hijos y una vida sexual normal”, recuerda.

Pero el resultado de ese examen fue XX; es decir, sexo cromosómico femenino. Gabriela entendería esas XX 13 años después …

X y Y, esas dos letras, esos dos cromosomas, son los que determinan el sexo cromosómico, que sumado a otros factores define la biología de una persona.

Con dos cromosomas XX se es mujer; con un cromosoma X y otro Y, hombre. Esa es la “regla” biológica. Pero, ¿qué pasa cuando simultáneamente alguien presenta características de ambos polos del espectro sexual?

Quienes nacen con características sexuales, sean los genitales, las gónadas (glándulas genitales) o los patrones cromosómicos (cariotipo), que no corresponden a las “típicas” nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos, son las personas intersexuales o intersex, representadxs en la I de las siglas LGBTIQ+.

La intersexualidad representa una variación natural del cuerpo en donde las categorías hombre-mujer son insuficientes para nombrar el amplio espectro de corporalidades. El cuerpo de Axa representa esta diversidad.

El término intersex abarca entre 60 y 80 variaciones de cuerpos sexuados reconocidos por la genética y la biología molecular, como expone Cristian Robalino Cáceres, en su libro “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador.

En tanto, desde la campaña mundial Libres e Iguales de Naciones Unidas se explica que, en algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Incluso, algunas variaciones cromosómicas de las personas intersexuales pueden no ser físicamente visibles en absoluto.

Sin embargoen el imaginario social las personas intersexuales son los comúnmente llamados hermafroditas, un término en el que el activismo intersex encuentra una carga peyorativa y que, como indica Robalino Cáceres“hace alusión a aquella figura de la mitología griega que encarna a los dos sexos en un solo cuerpo”. 

Fuera de la ‘regla’ biológica y social

Si bien desde siempre han existido y existen otras corporalidades y variaciones naturales de los cuerpos biológicos, la filósofa feminista estadounidense Judith Butler sostiene que el régimen normativo que ha construido “verdades” en lo concerniente al género y a la sexualidad es la heteronormatividad, según la cual solo se contemplan dos formas de entender la humanidad: los conceptos hombre y mujer. 

En ese sentido, Robalino Cáceres detalla en su libro que dentro de este régimen heteronormativo los conceptos hombre y mujer son entendidos a través de la siguiente operación: hombre: pene y testículos, cromosomas XY, masculino heterosexual; mujer: vagina, ovarios y útero, cromosomas XX, femenina y heterosexual. 

De ahí que, según Butler, todo lo que no se atañe a esa “regla” biológica, se castiga mediante una “severa violencia excluyente”. Así ha sido históricamente con las personas intersex. 

Desde su nacimiento, están expuestas a situaciones de violencia que se inician con intervenciones quirúrgicas para asignarles aribitrariamente un sexo y, a lo largo de toda su vida, a la falta de acceso integral al sistema de salud, así como a atenciones médicas que consideran estas identidades como patológicas.

En el prólogo del libro de Robalino Cáceres, la filósofa argentina Diana Maffía expone que desde la medicina la condición intersexual se interpretaba como una monstruosidad y se estudiaba desde la teratología, la disciplina que dentro de la zoología estudia a las criaturas anormales. 

Esa mirada médica sobre los cuerpos intersexuales sigue siendo actualmente patologizante. En la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades), la guía que la Organización Mundial de Salud emplea para los diagnósticos médicos, la condición intersexual está categorizada como “Trastornos del Desarrollo Sexual”. Este documento los describe como “cualquier afección causada por la falla de los genitales para desarrollarse correctamente durante el período prenatal”.

Mientras la mirada médica tiene esta perspectiva de “trastornos” o “afecciones”, los organismos internacionales de derechos humanos exhortan a proteger la integridad de las personas intersex desde su nacimiento.

En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes calificó a las cirugías reconstructivas practicadas a personas intersex como actos detortura y exhortó a derogar leyes que permitan la realización de tratamientos irreversibles sin su consentimiento.

El mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha la campaña Libres e Iguales en la que resalta la importancia de prohibir estos procedimientos quirúrgicos porque pueden producir esterilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de la sensibilidad sexual y sufrimiento mental de por vida, incluida la depresión. 

Dos años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América“, recomendó a los Estados hacer modificaciones en materia legislativa y de política pública para prohibir procedimientos médicos innecesarios a personas intersexuales. 

Sin embargo, en Ecuador, no se ha avanzado en leyes o políticas públicas para proteger a la población intersex. Cuando la Asamblea Nacional incorporó la prohibición de procedimientos de asignación de sexo a niñxs intersexuales en el Código Orgánico de Salud que aprobó en 2020, el expresidente Lenín Moreno lo vetó en su totalidad y, en consecuencia, no entró en vigencia. Mientras, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó un protocolo para el abordaje médico de la intersexualidad, pero es prácticamente desconocido en los hospitales del país.

¿Qué pasa con mi cuerpo?, la pregunta sin respuesta

“No me han sabido decir a ciencia cierta qué pasa con mi cuerpo. Lo he tenido que descubrir yo porque los médicos no han sabido cómo abordarme”, cuenta Wilmer González Brito una tarde un tanto gris de abril en Cuenca. 

Él no solo es una persona intersex, sino el activista intersexual más visible de Ecuador. Desde ambos lugares afirma que la intersexualidad “es un tema completamente desconocido” entre los profesionales sanitarios del país. 

“Los médicos que hemos capacitado dicen: estos temas no nos dan en la academia (…) Para nosotros el único tipo de intersexualidad es cuando vemos una vagina y un pene, pero de las realidades que vienen con las gónadas, con los temas hormonales, no sabemos”, refiere. 

Él ha estado en esas capacitaciones porque es el coordinador y vocero de Intertulias, el único colectivo intersex del país. Ese espacio se creó en 2014 para luchar por los derechos de las personas intersexuales y para que sus voces sean escuchadas.

Con González Brito concuerda Edgar Zúñiga Salazar, médico y coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, al señalar que “el principal problema en la parte médica es que no se enseña sobre intersexualidad”.

“Lo que te enseñan es sobre síndromes o trastornos del desarrollo sexual, entonces te formas con una mirada patologizante y problematizadora de la diversidad sexual corporal. Es incluso un tema estructural cultural. Como tienes una ausencia de información sobre intersexualidad en la sociedad, esto se replica en la parte académica”, considera. 

La publicación del Ministerio de Salud Pública, en 2018, del denominado “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual“-nombre que el activismo intersex considera patologizante- no ha servido para llenar ese vacío. 

Este es el único manual que establece las directrices que deben seguir los profesionales de salud que se encuentren involucrados en la atención de personas intersex. 

Pero hoy, a cuatro años de su presentación, éste nunca se ha aplicado. “El Protocolo no se ha implementado”, confirma el Ministerio de Salud Pública a Edición Cientonce.

En sus respuestas, el Ministerio añade que esto responde a que “son necesarios otros insumos normativos” para incluir en su cartera de servicios temas específicos de atención para esta población. 

La única normativa vigente es el Manual Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)“, que desde 2016 es de cumplimiento obligatorio y provee a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud las herramientas y recomendaciones para la atención de personas de la diversidad sexo genérica. 

Sin embargo, la población intersex experimenta atenciones violentas. “Me acuerdo de una doctora que me atendió y me dijo ‘tienes un cuerpo anormal’ (…) y por último ‘no podemos hacer nada porque esto tampoco es algo que podamos curarte’”, rememora Gónzalez Brito sobre una consulta médica. 

Él era un adolescente cuando reparó que tenía una corporalidad que consideraba distinta a la de su hermano y primos: menos cintura y más cadera. Ya de adulto, empezó a manifestar intensos dolores en el estómago y retortijones todos los meses. Estas dolencias lo impulsaron a acudir a especialistas, quienes le revelaron que tiene un ovario y un testículo, una de las variaciones de la intersexualidad. 

Aunque en una de esas citas médicas, un médico lo increpó: “¡¿Por qué ibas a tener cólicos tú, si eres un hombre?!”.

***

En su adolescencia, Axa usaba dos chompas: una gris y una verde, con cualquier pantalón. Las usaba a diario. No optaba por más prendas de vestir. Con esas chompas, ocultaba sus pechos, que empezaron a crecerle a los 12 años. 

Cuando el cuerpo de Axa presentó estos cambios, su médico de cabecera le indicó que tenía ginecomastia, un “trastorno” -según lo califica la CIE-11- que produce en los hombres un volumen excesivo de los pechos.

La recomendación fue que bajara de peso. Axa inició una dieta y se ejercitaba, pero los pechos se hicieron más notorios e incluso se formaron las areolas. A la misma edad, empezó a orinar sangre cada mes. Generalmente, cinco días seguidos. Y sentía dolores abdominales que hasta llegaron a despertarlo en las madrugadas. 

Axa se mostraba irritable en su adolescencia. Se encerraba en su dormitorio. Lloraba. Los videojuegos eran un escape de las citas médicas y tratamientos que debía seguir.

El día que cumplió 13 años, tras perder una jugada de PlaySation, cruzó sus brazos y sintió que una secreción salía de sus pechos. “Pensé que era sudor, pero no estaba sudando; me comencé a presionar a propósito y salió bastante”. 

Dos días después, decidió contárselo a su madre. Gabriela recurrió nuevamente al médico de cabecera de su hijo. Él ordenó una resonancia magnética, pero con un pedido adicional: buscar gónadas femeninas.

Es en esa hoja de resultados, donde ella leyó: “se observa una zona que correspondería a cuerpo uterino”. “Próstata no visible”.

Fue entonces cuando comprendió lo que 13 años antes no había entendido: el cuerpo de Axa es intersexual y no masculino, el sexo que arbitrariamente le fue asignado al nacer. También entendió que los dolores abdominales de su hijo eran en realidad cólicos menstruales y la sangre en la orina, menstruación.

Desde la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, están acompañando a personas intersex, “a quienes toda la niñez prácticamente les ha sido robada”, señala su titular, Edgar Zúñiga.

Al igual que Axa, expone, “han tenido que vivir una infancia impuesta”. “Los casos que acompañamos son de personas que han sido sometidas a violencia médica, incluso quirúrgica, hormonal, etcétera”, revela.  

Y esta imposición de corporalidad e identidad, explica Zúñiga, acarrea “un impacto muy fuerte” en la “construcción identitaria porque se parte de una negación del yo”. 

El “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual” no establece una prohibición expresa de las intervenciones quirúrgicas, pero sí menciona que no todas las personas intersex requieren operaciones.

El documento estipula que un comité multidisciplinario (conformado, entre otros especialistas, por pediatras, genetistas, endocrinólogos, neonatólogos y personal de salud mental especializados en género y diversidades sexuales) debe discutir, asesorar y deliberar la condición con cada paciente y sus familiares. Y que estas decisiones deben autorizarse mediante consentimiento informado.

Además, que el objetivo de las intervenciones quirúrgicas es evitar problemas de salud física y que la estética corporal y función sexual “es un tema que le concierne únicamente a la persona”.

«Se dice que son los padres, le niñe, le adolescente, quienes pueden tomar las decisiones sobre la soberanía de sus cuerpos, pero siempre se va a requerir una asesoría médica y ese consentimiento informado puede ser muy manipulado. Si yo, en una asesoría perinatal, le digo a los padres que ese niñe va a sufrir discriminación y va a ser violentado por no tener un sexo asignado, ahí se está manipulando la información para que los familiares autoricen un procedimiento que el protocolo claramente enuncia que es innecesario”, manifiesta Edgar Zúñiga.

Desde Quito, Carolina cuenta que, sin el cumplimiento de exámenes previos, un urólogo recomendó la intervención de su hijo, Álvaro, quien hace 8 años nació con hipospadias. 

“No se hicieron exámenes endocrinológicos ni de cariotipo, nada de eso. Ya nos estaba dando una fecha de cirugía”, recuerda.

Coincidentemente, ella estaba realizando una investigación sobre intersexualidad para su tesis de universidad y es así como descubrió que el hipospadias es un tipo de variación intersex. 

Aunque según el documento “El ABC de la I”, que elaboró Intertulias, “el hipospadias no suele diagnosticarse como condición intersex sino como malformación en el pene de un varón, a ser tratada con cirugía correctiva”.

Pese a la recomendación e insistencia del médico para asignar un sexo, Carolina decidió no operar a su hijo y que sea él quien tome la decisión en su futuro. Sin embargo, sí pasó por el quirófano el año pasado cuando presentó infecciones urinarias porque el canal de la uretra se estaba cerrando como consecuencia del hipospadias.

Ella pidió expresamente estar presente en el quirófano para cerciorarse que solo amplíen el canal de la uretra y no realicen ningún procedimiento adicional por motivos estéticos. 

Los padres de Maykel, en cambio, sí optaron por la operación. Al igual que Álvaro, nació con hipospadias.

El niño, de 10 años, fue intervenido en dos ocasiones: a los 3 y 8 años. La primera intervención fue para abrir el canal de la uretra, ya que su escasa micción podía afectar sus riñones, y la segunda para formar el pene.

“El doctor me dijo que iba a ser un problema si no se le hacía la cirugía, porque no iba a ser un niño normal”, señala Karina, su mamá, una mañana de mayo en su casa en Santo Domingo de los Colorados.

Según relata, la segunda intervención fue meramente estética. “El doctor me explicó que Maykel ya no corría ningún riesgo del riñón, porque con el catéter él podía orinar normalmente y que la cirugía que estaba pendiente era como estética para para formar su penecito y que orine normal”.

Con orinar “normal”, Karina se refiere a que su hijo orine parado y no sentado como lo venía haciendo desde que dejó de usar pañales. 

Al no tratarse de una situación que ponía en riesgo su salud, esa segunda intervención tardó cinco años en practicarse.

Karina y su esposo René estuvieron de acuerdo con las dos intervenciones sugeridas por el médico. Incluso descartaron la recomendación de una especialista de que sea Maykel quien decida cuando tenga 18 años.

Entre los exámenes médicos que los padres de Maykel conservan en una carpeta, constan pruebas de sangre y ecografías, pero no de cariotipo.

Un casillero sin la I

No se sabe cuántas intervenciones de asignación de sexo a niñxs intersex se han hecho en Ecuador. Tampoco cuántas personas son intersexuales ni cuántas nacen por año en el país. 

El Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sigue manejando dos únicas categorías de sexo: hombre o mujer. 

Y así consta en la información que el Ministerio de Salud hizo llegar a Edición Cientonce. Los nacimientos intersex no se contabilizan. 

La legislación ecuatoriana maneja los nacimientos con una concepción binaria y no considera la intersexualidad como una condición biológica. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 30, establece que “el sexo será registrado considerando la condición biológica del recién nacido, como hombre o mujer, de conformidad a lo determinado por el profesional de la salud o la persona que hubiere atendido el parto”. 

La misma ley señala que la inscripción de niñxs debe obligatoriamente hacerse durante los tres días posteriores al nacimiento. De lo contrario, los médicos pueden ser sancionados.

La decisión, entonces, del sexo que se asigna a niñxs intersex prácticamente queda a potestad de los médicos y en un plazo contrareloj.

El único dato oficial que existe es el del Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACCA), que incluye la variable intersex. 

A partir de esos registros se sabe que, por ejemplo, en 2021, en los establecimientos de salud a nivel nacional se registraron 707 atenciones a personas intersexuales.

Para Wilmer González Brito esos registros «no reflejan una realidad». “Tú les tienes que decir a los médicos que te registren en la i (de intersex). A mí me quieren poner directamente en la h (de hombre). Se basan en lo que ven y como me ven hombre, inmediatamente te vinculan en el binarismo”, sostiene. 

Desde Santo Domingo de los Colorados, Bárbara Jiménez también cuenta que siempre debe corregir a los doctores. 

En las citas médicas, en cualquier especialidad, asumen que es una mujer trans. No preguntan, solo asumen. En ocasiones, prefiere evitar explicaciones: “A veces ya me aburre. Ya digo, ay, que piensen lo que quieran. Los médicos me preguntan si me identifico como hombre o mujer, y yo digo como mujer, pero soy intersexual, y me responden ‘¿y eso qué es?’”.

Hasta los 18 años, Bárbara usó prendas de vestir comúnmente asociadas a las que usaría un hombre, pero por su tipo de intersexualidad (insensibilidad a los andrógenos), su cuerpo no lee la testosterona (hormona masculina) y tiene mayores niveles de estrógenos (hormonas femeninas); por ello, a los 12 años, le crecieron senos y caderas.

En las clases de natación del colegio, como debía usar un short corto y ajustado, sus pechos quedaban expuestos. “Yo tenía que cubrirme los pechos con los brazos. Esto me producía cierto malestar, cierta vergüenza”, recuerda.

Bárbara conoció la palabra intersexual en 2012 investigando en internet lo que le pasaba a su cuerpo. Entre los doctores a los que acudía, no hallaba respuestas. Al contrario, recibía violencia.

Un endocrinólogo le sugirió que asista a las clases que dictaba en una universidad para que sus estudiantes analizaran su caso. “Iba a estar como rata en laboratorio, para que me estudien. Yo no me sentí cómoda con eso y no regresé (a una nueva cita) con ese médico”, cuenta.

En la vida de una persona intersex, la falta de preparación y conocimiento de los profesionales de la salud no solo se traduce en atenciones violentas. Es el inicio de un viacrucis, de la búsqueda de un médico que, en el mejor de los casos, les ofrezca respuestas o una certeza a medias. 

La psicóloga clínica Vanessa Quito atiende en su consulta a dos personas intersex. “Las familias no han pasado solo por uno, vienen pasando por cuatro, cinco, seis médicos. Es la desesperación de que quizás alguien pueda hablar un ‘idioma diferente'”, relata Quito, quien también es máster en intervención psicosocial familiar.

Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, se asegura que en todos sus establecimientos se brinda atención «sin discriminación alguna» y que capacitan “en temas de derechos humanos” a todo el personal. 

***

Gabriela rompió contacto con el médico que operó a Axa en cuatro ocasiones cuando era niño y decidió denunciar el caso ante el Ministerio de Salud. Esta denuncia, presentada en septiembre de 2014, fue la que dio paso a que por primera vez la máxima autoridad sanitaria del país comenzara a discutir sobre las intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo/género a lxs recién nacidos intersexuales, como detalla Robalino Cáceres en “¿Es niño? ¿Es niña? ¿Ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador”.

En el proceso administrativo, el médico defendió las intervenciones realizadas a Axa. “Los trastornos del desarrollo sexual tienen etapas específicas que denotan que no nos hemos saltado procesos. Hay niños que durante el primer año de vida son diagnosticados, pero a los 14 años, con el despliegue sexual y hormonal, pueden cambiar su tendencia (…). Y sigo manteniendo que él es un varón”.

Pero eso no era lo que indicaba el cariotipo ni fue la decisión de Axa. Recién a los 14 años él pudo decidir, por primera vez, sobre su cuerpo. Y decidió mantener su identidad masculina y someterse voluntariamente a nuevas intervenciones quirúrgicas, entre estas, una doble mastectomía.

Hoy, con 21 años, finalmente está a gusto consigo mismo. “Me siento bien con lo que soy, me siento bien siendo intersexual. Antes me veía como algo raro, literalmente algo que no estaba dentro de lo binario, que no estaba dentro del canon, y ahora me siento completamente bien”.

“De niño yo hubiese preferido que se me informe y se me explique para qué me estaban haciendo las operaciones. Es frustrante entrar y salir de quirófanos sin tener la menor idea de por qué lo estás haciendo. Yo solo sabía que había que hacerle unas ‘correcciones’ a mi cuerpo, nada más”.

Por esas “correcciones”, el Ministerio de Salud Pública sancionó en diciembre de 2014 al médico que operó a Axa. La Cartera de Estado le impuso una multa de 3.400 dólares, pero no revocó su licencia; siguió y sigue atendiendo. 

Gabriela también recurrió a la justicia, que en 2018 falló a su favor y al de Axa por daño moral, y obligó a pagar una indemnización de 100.000 dólares.

“Si alguien le notó niña, ¿por qué no me dijeron?”, llegó a decir el médico.

Fue a partir del caso de Axa, que la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión del MSP elaboró el “Protocolo de atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual”, el primero para abordar las realidades intersex en el sistema de salud. 

Pero como nunca se ha implementado, historias como la de Axa pueden volver a repetirse, historias de infancias impuestas y sometidas a intervenciones quirúrgicas para asignar un sexo bajo una mirada médica patologizante, historias de atenciones médicas discriminatorias y violentas, historias de personas que por nacer fuera de la “norma corporal” son borradas al nacer.

EQUIPO INVESTIGATIVO:

Reportería, investigación, coordinación general, redacción y edición:

Daniela Mejía Alarcón y Víctor Hugo Carreño

Asesoría en investigación:

Cristian Robalino Cáceres

Fotografías y videos:

Óscar Molina V. y Fabio Abad Baus

Edición audiovisual:

Fabio Abad Baus

Ilustraciones para web y redes sociales:

Víctor García Mejía

Corrección:

Fausto Lara

En este reportaje, ciertos testimonios aparecen con nombres protegidos a pedido expreso de lxs entrevistadxs.

Este reportaje ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina. Su contenido es responsabilidad de Edición Cientonce.

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