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Indocumentadas en Honduras: la realidad de las personas trans en el país (parte II)

Activistas hacen la diferencia en un entorno plagado de riesgos

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Angie Martínez en Honduras (Foto de Dunia Orellana)

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — “Nosotras no contamos con muchos servicios que son esenciales como mujeres trans”, recalca Angie Orellana. Uno de ellos es la salud, la cual es un derecho vital para cualquier ser humano. Desafortunadamente, los entes gubernamentales han segregado a la población trans, dejándola sin atención o discriminándola al brindarle este servicio.

Hasta este momento solo hay un protocolo desarrollado para brindar asistencia a las personas LGBTIQ+, la llamada Guía 06:2016, que socializa cómo “proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH”.

Más allá de esta, las personas trans no tienen nada que las ampare y constantemente se ven enfrentadas a escenas de discriminación, humillación o negación de servicios por su género dentro de instituciones estatales. Cabe resaltar que en Honduras alrededor del 70 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y en 2021 la pobreza extrema aumentó en un 44 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sumado a esto, la casi imposible obtención de empleos bien remunerados debido a la discriminación por parte de una sociedad que las rechaza. Según el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, las clasificaciones de empleo son las siguientes: trabajadoras sexuales, el 42 por ciento del total, el 34 por ciento son trabajadoras formales, el 5 por ciento son activistas y el 7 por ciento trabajadoras informales.

Al respecto, Angie señala que este escenario obliga a muchas personas trans a migrar de forma irregular a países como Estados Unidos, donde su expresión de género no es un impedimento para obtener un empleo digno, acceder a educación y un servicio de salud integral.

Forzadas a cambiar de vida

En Estados Unidos, se encuentra Aneiry Zapata, hondureña de 26 años de edad, refugiada desde hace siete, huyendo de la violencia y discriminación a la que estaba expuesta solo por su expresión de género.

La hija de padres indocumentados, actualmente se desempeña como activista de derechos humanos en BLMP en la coordinación del Comité Garífuna, brindando servicios a migrantes recién llegados al país anglosajón para que obtengan servicios de salud, refugio y alimentación luego de su travesía.

“Honduras me trató muy mal”, dice al continuar su relato con un semblante serio, un tono de voz seguro y con ojos totalmente expresivos. Comparte que aunque sabe que en algún momento tiene que volver a Honduras, no quiere.

Aneiry y Angie comparten la pasión por la educación. Antes de migrar, la activista se dedicaba a la docencia, sin embargo, aún los niños de los cuales era maestra la insultaban llamándola con pronombres masculinos y usando términos homofóbicos argumentando que sus padres la nombraban de esa manera.

Al consultarle acerca del cambio de nombre, Aneiry comenta que es una situación bastante frustrante dado a que fue capaz de cambiar su nombre en Estados Unidos, no obstante sabe que si regresa a Honduras esto no tendrá validez porque el cambio de nombre todavía no inicia por lo que la llamarán por su nombre muerto.

Mientras la activista relataba su travesía menciona que este año una asesora de la Secretaría de Desarrollo Social la contactó para decirle que deseaban que ella se convirtiera en la primera persona en el extranjero quien hiciera el proceso del cambio de nombre.

Agregando que si accedía debía de realizar una campaña en redes sociales mencionando el apoyo del Gobierno, por lo cuál se negó a participar, para no traicionar a las otras personas trans que han luchado y que continúan en el país.

El 27 de octubre del 2022 el subdirector nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales, Olbin Mejía Cambar, informó que “el Registro Nacional de las Personas solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asistencia técnica para la adecuación de la normativa nacional” y que así se proceda con el cambio de nombre.

Según este “El Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos”, pero no se tiene un tiempo estimado para la finalización de dicho proceso.

Con una historia similar, encontramos a Kendra Jordany, originaria de San Pedro Sula, activista de derechos humanos quién trabajó en pro de los derechos LGBTIQ+ con diferentes organizaciones no gubernamentales incluída Médico Sin Fronteras, donde manejaba temáticas de VIH y La clínica “Puertas Abiertas” para la atención de la población diversa.

Kendra Jordany, activista trans actualmente residiendo en el extranjero por falta de oportunidades laborales. (Foto de Dunia Orellana)

Sin embargo, luego de finalizar su relación laboral con dicha organización, decidió emigrar para tener una mejor calidad de vida de la que lamentablemente no gozaría en Honduras. Por falta de oportunidades.

En junio de 2022, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la OEA, presentó un diagnóstico para identificar los principales retos para el cumplimiento de dicho punto. A partir de esto, el RNP con el apoyo de diferentes instituciones como CONADEH, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la PGR, están construyendo una propuesta de reformas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Honduras.

Un sistema de salud obsoleto

Doctor Dylan Duarte durante su entrevista en Tegucigalpa.(Foto de Fátima Romero).

En Tegucigalpa, capital del país, reside el doctor y activista Dylan Duarte. A sus 32 años de edad, labora con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se ha convertido en la primera persona trans en ser reconocida por el gobierno con su identidad y expresión de género en las identificaciones oficiales.

“Esos avances, por minúsculos que parezcan en un país con el contexto de Honduras, son algo”, dice. Con los rayos del sol reflejándose en su camisa blanca, procede a darnos su testimonio con semblante tranquilo y el tono de voz apacible que lo caracteriza.

En la Secretaría de Salud no existe un protocolo de atención integral en salud para personas LGBTIQ+, tampoco hay médicos especialistas en endocrinología que puedan trabajar la etapa de reemplazo hormonal. 

“Hemos visitado a algunos, pero nos han cerrado las puertas. Influye muchísimo la religión y hacen uso de la ‘objeción de conciencia’ para no tratar a una persona. Al final, viene siendo una negligencia. Negar la salud a una persona, por su identidad de género, es violencia”, dice Duarte.

Según Dylan, la presidenta Xiomara Castro tiene una postura positiva en pro de las personas de la comunidad LGBTIQ+, “no significa que esto pase en todas las instituciones. Entonces debe existir un protocolo que nos obligue a sensibilizarlos y educarnos en diversidad sexual y que sea obligatorio para todas las personas que formamos parte del Estado, que somos funcionarios públicos como tal”.

Dylan en las calles de Tegucigalpa en Octubre de 2022. (Foto de Fátima Romero)

”Yo soy una persona trans que buscó asistencia médica con cirujanos para poder realizarme una operación dentro del país. Recibí muchos rechazos con respecto a eso”, comenta Duarte.

Como el caso de Dylan, existen cientos de historias que evidencian la decadencia de un sistema saqueado y obsoleto. Muchas han sufrido malas experiencias durante sus citas médicas, desde el personal dirigiéndose a ellas con su nombre muerto o pronombre equivocado hasta la falta de explicaciones claras sobre sus diagnósticos.

Otro aspecto de violencia se vive con los procesos de donación de sangre. Al consultar con la Secretaría de Salud cuáles son los requisitos, se enumeran doce puntos para asegurar la sanidad del paciente. Sin embargo, aunque una persona LGBTIQ+ esté sana, con mucha frecuencia se le impide donar sangre.

Angie resalta que las luchas en el presente son muy importantes para que las personas que vengan en el futuro tengan las armas necesarias para seguir luchando en pro de sus derechos.

Mientras cae la tarde, Angie derrocha más energía, se balancea en su hamaca, continúa  relatando sus pasiones de lucha y se abre paso para contar más de su familia. Actualmente tiene pareja y un sobrino de nueve años al que considera su hijo, pues se ha encargado de criarlo desde que este tenía dos años de edad.

Angie Martínez junto a su sobrino y padre en su casa de Tacamiche. (Foto de Dunia Orellana)

Su semblante se entristece al revelar que al principio quiso desistir de la crianza de su sobrino debido a las críticas y los malos comentarios que se podían dar, pero su amor por el pequeño fue más grande y decidió que les demostraría que podía cuidarlo y educarlo siendo una mujer trans.

La cruda realidad

Mónica Martínez, abogada de ejercicio independiente en su oficina en La Ceiba. (Foto de Dunia Orellana)

En La Ceiba, en la costa norte de Honduras, Mónica Martínez, abogada penalista quien ejerce de manera independiente y ha luchado en contra del sistema para lograr el respeto o reconocimiento en su trayectoría profesional. Recientemente tuvo una victoria a nivel personal cuando, al realizar el papeleo de caso, el juez le preguntó “¿cómo le gusta que la llamen?” para así poder incluirlo en los documentos.

Mónica reconoce que estos son pequeños avances que marcan una diferencia. Según la ceibeña, tanto el proceso de cambio de nombre como la ley de identidad de género tomarán algunos años más para concretarse completamente, pero alienta a sus compañeras a unirse para mantenerse informadas y poder esparcir la información correcta.

En cuanto a los retos que enfrentan las personas trans en Honduras, indica que se mantienen invisibilizadas debido a la discriminación, el estigma y la falta de voluntad política para crear una ley de identidad de género o al menos permitirles cambiar su nombre en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Desde hace ocho años, los grupos defensores LGBTIQ+ desarrollan un borrador de una ley de identidad de género integral que garantice el goce de derechos de las personas trans. “Hay que reconocer que se han dado avances, pero que falta muchísimo más”, comparte Allyson Hernández.

Allyson Hernández, activista LGBTIQ+ impartiendo clases de transfeminismo. (Foto de Dunia Orellana)

“Esto es algo que me ha venido afectando durante toda mi vida. Aquí donde me ves, sé de enfermería, conozco de mecánica industrial, conozco de computación y nunca pude ejercer ninguno de mis oficios ni mi carrera por esa limitante, por la discriminación”, expresa Angie.

Esta situación evita que puedan acceder a educación, servicios de salud y justicia, orillándolas en muchos casos a ejercer el trabajo sexual, “expuestas a la violencia y abusos que hay en las calles” e impidiéndoles disfrutar plenamente de su identidad de género en su propio país.

“Ni siquiera tenemos protocolos de atención especializada, somos discriminadas en los espacios educativos, no contamos con oportunidad de trabajo y siempre hemos tenido falta de respuesta por parte de los servidores públicos al momento que interponemos una denuncia”, dice la originaria de San Manuel.

En gran parte de casos, cuando una persona trans es asesinada, el tratamiento e investigación no llegan a resultado alguno. Los casos quedan engavetados y no se identifica a los culpables. 

Dentro de las medidas de reparación en el caso Vicky versus Honduras se pueden destacar tres para refuerzo de los sistemas judicial, policial y penal: “1) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, 2) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y 3) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI”.

Diferentes organizaciones LGBTIQ+ han confirmado que ya ha habido un acercamiento de parte de entidades policiales y de investigación para realizar consultas y establecer parámetros que sirvan para cumplir lo solicitado por la Corte IDH. Es un paso necesario dado que los cuerpos estatales ni siquiera cuentan con cifras que contabilicen a la comunidad dividida en sus diferentes interseccionalidades.

Por otro lado, el encargado del censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Mario Roberto Padilla, declaró que están en la fase de planificación para el nuevo censo y que, aunque no saben qué clasificaciones incluirá la boleta del censo, se sentarán con la población LGBTIQ+ para saber cuáles son las necesidades que deben incluirse.

Si se incluye el censo LGBTIQ+, será un gran avance y también se estaría dando cumplimiento a la sentencia de Vicky Hernández donde se solicita establecer un mecanismo de recolección de cifras con las diferentes interseccionalidades del espectro diverso, facilitando el acceso a la información.

Al momento de hacer solicitudes de información pública a los entes encargados se encuentran dos escenarios. Se cuenta con información dividida en las interseccionalidades más conocidas como homosexual, lesbiana y transexual, pero las cifras actualizadas no están actualizadas y no reflejan la realidad de las personas diversas.

La segunda es que las instituciones ni siquiera tienen los diferentes apartados que muestran las interseccionalidades del amplio espectro de la población LGBTIQ+, lo cual causa una crisis que invisibiliza a una población vulnerable que necesita antecedentes para poder sustentar sus luchas.

Un sistema que no provee seguridad ni justicia

Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en lo que va de 2022, uno de los años más violentos para la comunidad diversa, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas contabiliza que unas 432 personas diversas han muerto de forma violenta en Honduras desde 2009 y que, de estas, 128 son personas transexuales.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad solamente posee cifras desde 2018 y hasta el 20 de septiembre de 2022 solo tenían registradas 39 muertes LGBTI+. De estas, 34 han sido por homicidio, una natural, dos por suicidio y dos indeterminadas. Cifras que difieren mucho de las del observatorio de Cattrachas.

Una de estas muertes violentas es la de Soad, una mujer trans en situación de calle que vivía en un microbús al lado de una estación policial y fue asesinada a mediados de este año, pese a haber interpuesto tres denuncias por amenazas.

Al respecto, el presidente del Comité LGTBI+ del Valle de Sula, Osman Lara, reveló que, tras la muerte de Soad, miembros del comité se presentaron ante el Ministerio Público para preguntar por qué no se le brindó protección a su compañera, a pesar de las tres denuncias.

Osman Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula. (Foto de Telma Quiróz)

Lara indicó que desde el MP argumentaron no haber recibido denuncias, pero al llevar las pruebas documentales “no supieron cómo responder”.

Agregó que lamenta que, a un año y ocho meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras, falte voluntad de las autoridades para cumplir con las medidas de reparación, tales como permitir a las personas trans cambiar su nombre en el RNP.

Lo mismo opina Angie. Manifiesta que las personas diversas confiaron en las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien, a su criterio, “ha tenido poca participación pública” y no ha hecho esfuerzos por cumplir con las demás medidas compensatorias.

En el discurso de la toma de posesión, la presidenta Castro hizo reconocimiento público de las personas LGBTIQ+, acto histórico, pues ningún otro presidente lo había hecho. No obstante, los grupos de oposición avivaron el odio en contra de la diversidad durante la época de las fiestas de independencia. 

El 29 de agosto de 2022, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa publicó un comunicado por “ataques a los principios y valores cívicos”, declarando que estaban en desacuerdo con que la comunidad LGBTIQ+ desfilara junto con la niñez y juventud en los actos de independencia. Un acto de desinformación para desacreditar a la población diversa dado que no había hecho ninguna solicitud para participar.

Carta de pastores (Captura de pantalla)

Esto llevó a una serie de ataques de odio dirigidos a las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y redes sociales. Una multitud de ciudadanos enardecidos por aquellas declaraciones comenzó a reafirmar la idea de que las personas de las interseccionalidades diversas atacaban la moral y las buenas costumbres del país.

Dicha situación desató una reacción de parte de la asociación LGBTIQ+ Kukulkán, que para transgredir el sistema decidió enviar, el 8 de septiembre, una solicitud a la Secretaría de Educación para participar de los desfiles principales. Adicionalmente presentaron una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público.

Solicitud de Kulkulkán (Captura de pantalla)

Educación negó la solicitud y la denuncia nunca escaló a otras instancias. Lo anterior es todo un esquema de desinformación de parte de tal grupo religioso dado a que las personas LGBTIQ+ han participado desde 2010 en los desfiles patrios alternos de la resistencia contra el golpe de Estado. 

Esta es la realidad que las personas trans deben afrontar en la sociedad hondureña. Constantemente se crean prejuicios en su contra en actividades que son cotidianas para las personas cisgénero. Algo que Angie viene viviendo desde hace siete años y que no parece terminar nunca.

Población trans y del resto de la diversidad presentándose ante autoridades en el desfile. (Foto de Amelian Zerón)

Angie agrega que el cambio de nombre o la implementación de una ley de identidad de género no solucionaría los problemas de las mujeres trans en el país, pero sería una luz en la lucha por sus derechos.

“Que un país como el nuestro apruebe una ley de identidad de género sería maravilloso. Vendría a disminuir los problemas que tenemos como mujeres trans, a disminuir un poquito el estigma y la discriminación que existe”, dice.

En cuanto a sus planes para el futuro, Angie quiere terminar su licenciatura en Psicología, que no pudo seguir debido a la falta de recursos y la discriminación en los establecimientos educativos.

Angie con su mascota. (Foto de Dunia Orellana)

Además continúa trabajando con el grupo de jóvenes de su comunidad. “Estoy con ganas de trabajar con este grupo, hay historias nuevas que contar y hay un trabajo nuevo que realizar. Eso es lo que me mantiene entusiasmada”, concluye.

Al cierre de esta investigación hemos conocido las historias de tres mujeres trans migrantes, una de ellas de 17 años que no pudo seguir esperando sus derechos mientras el Estado hondureño sigue obstaculizandolos. Este reportaje va para las, los y les que se fueron, que están migrando y para aquellas quienes ven la migración como su única salida para vivir y ser su verdadera yo. 

Para aquellos, aquellas y aquelles que se quedan para unirse a la lucha por la ley de identidad de género integral, el cambio de nombre, el respeto a los derechos humanos y la creación de protocolos que velen por sus vidas. Por Vicky, Angie, Allyson, Mónica, Aneiry, Kendra, Thalía, Claudia, Sofía y Dylan. Por lxs aliadxs, las organizaciones LGBTIQ+ y para todas aquellas personas que se deconstruyen a diario por una mejor Honduras que permita que las personas trans dejen de ser indocumentadas en su propio país.

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Comunidad LGBTQ+ salvadoreña reflexiona sobre las elecciones

El presidente Nayib Bukele se ganó segundo mandato

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(Foto cortesía de Colectivo Alejandría)

SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.

Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ+ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así. 

“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh. 

Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales. 

No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios. 

Mucha ausencia de personas LGBTQ+ en las votaciones 

Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ+ salvadoreña.

En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable. 

Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado. 

Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ+ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores. 

“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.

Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ+, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional. 

“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”

“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS. 

Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ+ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo. 

Resultados en elecciones presidenciales

El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.

“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.

Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.

“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final. 

Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ+.

Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. 

Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos. 

“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa. 

Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.

“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.” 

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La CIDH señala la preocupante violencia que sufren las personas trans en las Américas

El organismo destaca las cifras brutales

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Se publicó esta nota en su sitio web el 4 de febrero.

Publicado originalmente en Escándala.

CIUDAD DE MÉXICO — La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.

El caso México

En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.

Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ+, en especial hacia las mujeres trans.

En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas. 

En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. 

En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans. 

En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. 

En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago. 

En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ+ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.

El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. 

Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia. 

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Activistas LGBTQ+ se preparan para elecciones en El Salvador

Se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas el 4 de febrero

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador   En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ+ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.

En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.

Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.

La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ+

En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ+ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ+ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.

“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente. 

El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ+, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.

La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ+ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.

Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ+ y que esto se refleje en sus plataformas. 

“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”. 

La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.

“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara. 

El presidente de El Salvador Nayib Bukele (Foto cortesía del gobierno de El Salvador)

Observación y participación

Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.

A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios. 

“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.

Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara. 

En medio de la incertidumbre

A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas. 

“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara. 

En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ+ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento 

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Violencia transfeminicida en México: Al menos cinco mujeres trans asesinadas en las primeras dos semanas de este año

Activistas denunciaron los discursos transfobícos de funcionarios públicos

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(Foto de Haarón Álvarez por el New Gay Times)

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el 15 de enero.

CIUDAD DE MÉXICO — Gaby Ortiz, reconocida estilista trans en Hidalgo, una mujer trans no identificada en Tlaquepaque, Jalisco, Vanesa, mujer trans en Coatzacoalcos, Miriam Ríos activista y comisionada trans del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán y Samantha Fonseca, activista trans y defensora de derechos humanos en CDMX, han sido asesinadas en los primeros 15 días del año.

Personas pertenecientes a colectivos LGBTTTIQ+ protestaron afuera del Palacio Nacional en contra del repunte de violencia contra las personas trans y los crímenes de odio.

(Foto de Haarón Álvarez por el New Gay Times)

Victoria Sámano, activista trans denunció los discursos trans odiantes de dirigentes, funcionarios y representantes públicos e hizo un llamado al presidente.

“Exigirle en su calidad de representante de este país, que se posicione contra la violencia que actualmente vivimos las personas trans”.

– Victoria Sámano, activista trans y fundadora de LLECA – Escuchando la calle

(Foto de Haarón Álvarez por el New Gay Times)

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no.

(Foto de Haarón Álvarez por el New Gay Times)

“No solamente estamos manifestándonos por estas muertes, también exigimos que se apruebe con calidad de urgencia la Ley Integral Trans la cual busca incidir en la educación, vivienda, salud y trabajo para las personas trans. Exigimos que se destraben todas estas iniciativas de ley que favorecen a las personas de la diversidad sexual. Y que Morena a pesar de que esa mayoría en Cámara de Diputados y en el Senado hasta ahora se han callado, no han hecho nada, no tienen un posicionamiento claro contra las violencias hacia las personas LGBTTTIQ+… a pesar de que todo el sexenio se han jactado de ser un partido de izquierda y progresista y que está con las poblaciones vulnerables”.

– Victoria Sámano, activista trans y fundadora de LLECA – Escuchando la calle

(Foto de Haarón Álvarez por el New Gay Times)

Esta ola de transfeminicidios suceden en un contexto de escalada de violencia y agresiones contra personas LGBTTTIQ+, incluso hacia figuras públicas y activistas como Nicté ChávezPaola Suárez y la proliferación de discursos de odio contra las mujeres trans y personas LGBTTTIQ+ de parte de funcionarios públicos. Según datos de Letra Ese, en 2023 hubieron 58 asesinatos de personas LGBTTTIQ+, 35 fueron de mujeres trans.

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Grupo lanza primera investigación sobre hombres trans en El Salvador

Generación HT El Salvador se celebró su 10º aniversario este mes

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Generación HT El Salvador se celebró su La organización se celebró su 10º aniversario este mes. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — En una histórica presentación y celebrando sus 10 años de fundación, Generación HT El Salvador, una organización de hombres trans salvadoreños, comprometidos con la defensa de los derechos humanos de la población LGBTQ+ en El Salvador, presentó el 13 de enero los resultados de su investigación “Estudio de condiciones de vida de los hombres trans en El Salvador”. 

Esta organización se ha caracterizado desde su fundación en generar espacio de sana competencia entre la población LGBTQ+ con torneos deportivos en el mes de junio desde 2014. Además de formar parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y la Federación Salvadoreña LGBTIQ, también han acercado jornadas médicas a su población, empoderando a sus pares y sensibilizando a familiares y diversas instituciones, hace dos años abrieron el primer gimnasio inclusivo en sus instalaciones y ahora en su décimo aniversario presentan los resultados de la primera investigación enfocada en hombres trans de El Salvador. 

Su obetivo principal con dicha investigación, era conocer las condiciones de vida de los hombres trans salvadoreños a través de diferentes áreas, como la zona geográfica, situación familiar, formación académica, condiciones laborales, atención sanitaria, autocuido, discriminación, necesidades, entre otras.

Esta misma tuvo una muestra de 55 hombres trans, mismos que forman parte de una base de datos de 200, pero fueron los únicos que respondieron al instrumento de la investigación que se realizó a finales del año 2023. De esta muestra el 85 por ciento pertenece al área metropolitana y el resto en otros departamentos del área occidental y oriental del país. Cabe mencionar que la edad promedio de la muestra fue de 18 a 35 años, únicamente el dos por ciento eran mayores de ese rango. 

Los datos revelan una realidad de la que poco se habla de este sector de la población LGBTQ+, destacando los desafíos enfrentados tanto en la recolección de datos, como los arrojados por la muestra en sus realidades. 

Es importante destacar que un 55 por ciento expresó ser solteros, pero de estos un 73 por ciento tienen a una persona o más que depende económicamente de ellos, dejando en claro que la responsabilidad económica y de cuido de una u otra manera siempre tiende a recaer en la persona de la población LGBTQ+ de una familia. 

Por esto mismo también seis de cada 10 aún viven con su familia, por el tema de la dificultad de obtener recursos para poder independizarse y las responsabilidades económicas que recaen en ellos. 

“De los hombres trans entrevistados, cinco de cada 10 tiene un empleo formal, en su mayoría expresaron que al buscar empleo se les dificultaba por su identidad de género”, expresó Boris Iraheta, consultor para la investigación. 

Otro de los aspectos importantes revelados en la investigación es el desconocimiento de los protocolos en atención a población LGBTQ+ que existen gracias al Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador y la falta de implementación de estos, pero en su mayoría los entrevistados han sentido más discriminación por parte de otros pacientes que se encuentran en los centros de salud. 

La discriminación sigue siendo un factor latente y de preocupación, pues cuatro de cada 10 hombres trans entrevistados, son respetados con su identidad de género en su entorno. 

Aunque expresen cómo se deben referir a ellos, son pocas las personas que lo cumplen. Lo que lleva al dato que cinco de cada 10 hombres trans han sido violentados en las calles, ya sea en auto buses o al caminar en vía pública, entre esto también se suma el maltrato emocional tanto en redes sociales como en círculos de “confianza”, llegando a que 85 por ciento de los entrevistados han recibido violencia y discriminación, pero no han denunciado. 

Descubriendo así un importante punto en el que HT debe enfocarse para trabajar con sus bases. 

En cuanto al tema académico nueve de cada 10 han realizado estudios, pero no los han terminado, tanto por la falta de recursos económicos, la discriminación en los centros educativos, por ello la mayoría solo han terminado su bachillerato. 

Esto mismo les ha llevado a tener cuadros de depresión, por lo que es importante fortalecer los programas de acompañamiento psicológico dentre de la organización y seguir el trabajo en creación de políticas que hagan respetar los derechos de este sector de la población. 

“El compromiso también es llenar estos vacíos que hemos logrado identificar”, Joshua Navas, director de HT El Salvador. 

Generación HT no solo pone de manifiesto los problemas, sino que también destacan las fortaleza y la resiliencia de la comunidad trans masculina en El Salvador. La investigación sirve como un llamado de atención para la sociedad y las autoridades, instándolos a adoptar medidas que fomenten la inclusión y el respeto hacia esta comunidad. 

De igual manera, para la organización hay un llamado claro, “nos queda trabajar la descentralización del trabajo de HT en El Salvador, ese el reto para este año y lograr el empoderamiento e interés sobre sus derechos, de nuestra población”, mencionó Villy Rivera, fundador y dirigente de HT El Salvador. 

La presentación de estos resultados marca un hito crucial en la lucha por los derechos de la población LGBTQ+ en El Salvador, alzando la voz de los hombres trans y abriendo un diálogo esencial sobre la necesidad de un cambio positivo y duradero para este sector de la población. 

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Propuesta constitucional en Chile genera preocupación entre activistas LGBTQ+

Llaman a votar en contra en el plebiscito

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María José Cumplido, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales. (Foto de Esteban Ríoseco por el Washington Blade)

POR ESTEBAN RIOSECO | SANTIAGO, Chile — La propuesta de una nueva constitución en Chile ha generado inquietud y descontento entre los activistas LGBTQ+ del país, quienes la califican como insuficiente y preocupante para los derechos de la diversidad sexual y de género.

La Fundación Iguales, una de las organizaciones más prominentes en la defensa de los derechos LGBTQ+, ha llamado a votar en contra de la propuesta constitucional en el próximo plebiscito programado para el 17 de diciembre.

Chile se encuentra en su segundo intento en menos de tres años para cambiar su constitución, una de las demandas más exigida en el estallido social de octubre de 2019. El 4 de septiembre de 2022 los chilenos rechazaron la propuesta de la Convención Constitucional, dando inició en 2023 a un proceso en el que la ultraderecha consiguió la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional, órgano que redacto el texto que deberá ser votado obligatoriamente en diciembre. 

Maria José Cumplido, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, explicó las razones detrás de la postura de su organización.

“Nuestra posición como fundación es votar en contra de esta propuesta por la objeción de conciencia sin límites, la falta de un principio robusto de no discriminación, una errada concepción del interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), y la debilidad en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes”, afirmó.

La omisión del principio de no discriminación en el proyecto constitucional es una de las principales preocupaciones de la Fundación Iguales. Cumplido advierte que esto podría ser un riesgo, además se consolidaría un Estado que no se centre en implementar políticas públicas para prevenir la discriminación. Esto podría traducirse en una falta de capacitación a funcionarios, educación sexual insuficiente y obstáculos para acceder a la justicia, entre otras consecuencias.

Paloma Zúñiga, un ex consejera constitucional de Revolución Democrática (RD) que participó en el proceso de redacción constitucional y aliada LGBTQ+, explicó al Washington Blade que en temas queer hay tres problemas graves en el texto constitucional. 

“Primero, una objeción de conciencia demasiado amplia podría permitir la discriminación por motivos religiosos en educación, centros de salud, comercio, entre otras. Por ejemplo, un restaurante podría expulsar a una pareja de lesbianas por besarse, un hospital negarse a atender a una persona trans o no permitir el ingreso de estudiantes LGBTQ en las aulas de clases”, dijo. 

Zuñiga agregó que “en segundo lugar, la ausencia de un principio de no discriminación lo suficientemente robusto como para obligar al Estado a prevenir la discriminación considerando que la violencia contra las personas queer ha aumentado. Y por último, la preocupación por la debilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en cuanto a su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, que podría afectar directamente a las niñeces trans”. 

En la misma línea, Cumplido coincide con Zúñiga respecto a los problemas que podría traer la constitucionalización de la objeción de conciencia. La activista destacó ejemplos internacionales, como el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores en Estados Unidos, donde la objeción de conciencia se utilizó para reabrir debates sobre derechos ya resueltos democráticamente. En el contexto chileno, esto podría replicarse en diversas situaciones, especialmente dada la amplitud la enmienda.

Zúñiga, que pertenece a un partido político que respalda al presidente Gabriel Boric, dijo “debemos votar en contra porque es un gran riesgo y retroceso para las personas LGBTQ y los derechos conquistados en los últimos años”.

“Como sector de izquierda hicimos todo lo posible por eliminar las enmiendas que perjudicaban a LGBTQ+, e incluso mejorar su calidad de vida a través de una nueva Constitución, pero el Partido Republicano con su mayoría bloqueo todos nuestros intentos”, explicó. 

Acciones de la Fundación Iguales y próximas etapas

Ante estos desafíos, la Fundación Iguales ha emprendido acciones para concientizar a la sociedad chilena. Han compartido un documento detallado con argumentos técnicos y jurídicos y están difundiendo material a través de redes sociales para explicar las posibles consecuencias de aprobar la constitución.

Independientemente del resultado del plebiscito, la Fundación Iguales tiene planes para continuar su defensa de los derechos de la diversidad sexual en Chile. Enfocarán esfuerzos en la reforma a la ley antidiscriminación y la ley José Matías para proteger a los niños y niñas trans del bullying escolar. Además, seguirán con su trabajo de capacitaciones y acciones territoriales a lo largo del país, con el objetivo de transformar a Chile en un lugar seguro para las personas LGBTQ+.

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A 47 suben personas LGBTQ+ asesinadas en Honduras en 2023

Mataron a dos mujeres trans en menos de tres días

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 14 de noviembre.

SAN PEDRO SULA, Honduras — El 2023 terminará como uno de los peores años para las personas LGBTIQ+ y las mujeres en el país. En menos de tres días, dos mujeres trans han sido asesinadas. 

Las víctimas son Mónica Santos en La Ceiba, Atlántida, y Abigaíl Zelaya en Guaimaca, Francisco Morazán.

Las organizaciones de derechos humanos LGBTIQ+ de Honduras exigen que ambos crímenes no queden impunes. Además, condenan la falta de acciones concretas del gobierno de Xiomara Castro para disminuir estas violencias.

Durante la presidencia de Castro, por segundo año se disparó la cantidad de víctimas LGBTI+, denunció la Red Lésbica Cattrachas. 

En el 2022, la cifra de asesinatos fue 46. Este año se superó ese número cuando aún no ha finalizado la primera quincena de noviembre. 

Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas, expresó a Reportar Sin Miedo que el gobierno no ha hecho nada para que disminuyan, se investiguen o criminalicen la violencia y los asesinatos contra las disidencias sexuales.

Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas.

Asimismo, Mendoza denunció que funcionarios del gobierno regalan biblias en los centros educativos. 

En el departamento de Atlántida, la departamental de Educación prometió 32 mil ejemplares de este libro para la población estudiantil. 

“Hay una hiperviolación del Estado laico. Los feminicidios se incrementan, la impunidad se mantiene y como siempre a nadie le importa”, reflexiona Mendoza con enojo por la falta de voluntad política de funcionarios y operadores de justicia del actual gobierno. 

En el 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, 47 personas LGBT+ han sido  asesinadas; 18 de ellas son personas trans, 17 gays y 12 lesbianas.

Estadísticas hasta el viernes 10 de noviembre del 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas. 

Mónica migró a La Ceiba para encontrarse con la muerte

Dos balazos en el tórax acabaron con la vida de Mónica Santos, de 32 años. Su muerte violenta se produjo en la zona conocida como La Atenea en La Ceiba, donde mujeres trans ejercen el comercio sexual. 

Mónica, a la izquierda con el turbante en la cabeza.

Cuando murió, Mónica no tenía documento de identidad. Su caso es como el de todas las personas trans en Honduras, a quienes el Estado no les reconoce su identidad asumida, a pesar de que hay una condena internacional impulsada por la sentencia de la Corte IDH en el caso de la activista trans Vicky Hernández. 

Mónica hablaba misquito, inglés y garífuna. Desde hace más de ocho años vivía en La Ceiba, dice la líder trans Sasha Rodríguez de la organización Oprouce, quien la recuerda con mucho cariño, ya que pertenecía a su agrupación. 

La líder de Oprouce, Sasha Rodríguez.

“Mónica a veces se sentía excluida, ella tuvo una vida muy marcada, su situación de pobreza era extrema y muchas veces no tenía ni alimentos”, recuerda Rodríguez. 

En 2020, Mónica fue privada de su libertad en la penitenciaría masculina de Támara, pero después de dos años la liberaron por falta de pruebas.  

“La conocí y sufrió una serie de vejámenes”, relata Rihanna Ferrera, directora de Cozumel Trans. 

Rihanna Ferrera, directora de Cozumel Trans.

Ferrera lamentó que integrantes de la Policía Nacional especularan en las redes sociales sobre las razones del asesinato de Mónica sin haber realizado las investigaciones. 

“Es alarmante la situación, escalofriante porque sabemos que la semana anterior asesinaron en diferentes lugares a tres personas trans. El gobierno se ha llamado al silencio. Esta situación es un llamado para que los colectivos estemos más unidos”, expresó Ferrera a Reportar Sin Miedo.

Dolor en Guaimaca por Abigaíl

La noche del sábado 11 de noviembre, el cuerpo sin vida de Abigaíl Zelaya Vásquez, de 27 años de edad, fue encontrado en un solar de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

La información preliminar mostrada en las imágenes es que el cadáver presentaba heridas de arma blanca, sobre todo en el cuello. 

Abigaíl Zelaya Vásquez.

Abigaíl llevaba puesto vestido azul. En la escena se encontraron sus tacones. 

Al lugar donde estaba tendido el cuerpo llegó su madre, quien imploró que la levantaran para trasladarla a un centro médico, pero Abigaíl ya había expirado.

A la escena acudieron algunos vecinos y familiares de la joven que lloraban por su deceso. Indicaron que era una persona alegre y muy conocida en la zona.

Los antiderechos de Libre y el BOC

Mientras aumentan los asesinatos de disidencias sexuales en Honduras, el Congreso Nacional está dividido por la elección del fiscal general y la derogación de las ZEDE.

Además, la ciudadanía hondureña afronta la polarización entre las personas que apoyan al gobierno de Castro y quienes participan en el Bloque de la Oposición (BOC).

El BOC es un grupo formado por fuerzas del Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Nacional para denunciar la concentración en la familia Castro Zelaya de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A estos se suma ahora el Ministerio Público.

“Nos siguen matando y la gente no reacciona. No reacciona la Policía, no reacciona nadie. Todo tiene que ver con política exterior. No tiene nada que ver con lo nacional, con lo que realmente está pasando aquí con las mujeres y personas LGBTI+”, expresó la directora de Cattrachas, Indyra Mendoza. 

No sólo los funcionarios del gobierno de Xiomara Castro actúan contra las disidencias sexuales. 

El esposo y asesor presidencial de Castro, Manuel Zelaya Rosales, se mofó en abril de este año de los diputados gays del Congreso Nacional. 

La burla de Zelaya se produjo durante una aparición pública divulgada por el canal de televisión del Estado en el parqueo de la Casa Presidencial. 

Zelaya se burló de las poblaciones LGBTIQ+ junto con el diputado suplente Manuel Rodríguez. Ambos pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder.

“Manuel es famoso en el Congreso porque él dice, a mí no me consta, él dice que tiene una lista de género en el Congreso y que en el Congreso no hay dos géneros, hay más. Él puede dar testimonio de cuáles son los géneros que hay en el Congreso, nunca me la ha querido dar”, dijo Zelaya con tono burlón.

Con esas frases incitó al diputado Manuel Rodríguez a hablar de una supuesta lista de Libre en la que aparecen todos los congresistas pertenecientes a más de “dos géneros”. 

A continuación, Manuel Rodríguez se unió a la “broma” iniciada por Zelaya. “Hay tres géneros, los homosexuales, los bisexuales y las lesbianas”, dijo mientras él y Mel Zelaya se reían.

“Ahí le di la lista original a usted, lo que pasa es que no quiere decirla, la tiene escondida”, agregó, dirigiéndose de nuevo al asesor presidencial. 

Parte del público presente en la reunión de bases se rio a carcajadas de las palabras de los funcionarios.

Tampoco podemos olvidar los ataques de Roberto Contreras, quien el 12 de abril del 2023 dijo: “Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual”. 

Contreras, alcalde de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, dio esas declaraciones cuando se celebraban 226 años de presencia garífuna en el país.

Más discursos de odio

Por otro lado, el secretario de Salud, José Matheu, expresó que, si se aprueban las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), habría “desenfreno sexual” en las mujeres. 

Asimismo, el ministro de Educación, Daniel Sponda, rompió las guías de educación Ciudadano mi salud y mi vida creadas en el gobierno de Juan Orlando Hernández. 

Los antiderechos no sólo están dentro del gobierno de Xiomara Castro. También el llamado “archienemigo de la presidenta”, Salvador Nasralla, marchó con los grupos fundamentalistas. 

“Yo me crié en un hogar cristiano, así que yo no apoyo el matrimonio gay”, dijo Nasralla cuando habló con Reportar Sin Miedo en junio de 2023. 

Este tipo de manifestaciones tenían un claro objetivo: evitar que el Ejecutivo aprobara la ley de prevención de embarazo en adolescentes que permitiría por primera vez incluir educación sexual en las escuelas de forma laica e integral. 

Xiomara Castro cedió ante las presiones el 29 de julio, día que en Tegucigalpa se conmemoraba la marcha del orgullo. Castro vetó la ley que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional. 

Mientras tanto, madres y padres de familia, en su mayoría de alumnos de escuelas privadas, están redactando, con apoyo de líderes de las iglesias Católica y Evangélica, una nueva ley para evitar que se enseñe la “ideología de género” a sus descendientes. 

Por otra parte, grupos de mujeres y disidencias denuncian las incongruencias del veto presidencial debido a la fecha en que se produjo y se anunció públicamente. Asimismo critican la injerencia de grupos fundamentalistas en las principales secretarías del Estado. 

Sin embargo, no sólo los oficialistas pronuncian discursos de odio. 

También integrantes del Partido Nacional como Tomás ZambranoMario Pérez y David Chávez han hecho campaña con mensajes contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. 

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Piden justicia para magistrade no binarie Jesús Ocien Baena

Miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México el lunes

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(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en su sitio web el 13 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO — Activistas y organizaciones por los derechos LGBTQI+ han pedido una investigación diferenciada y especializada en el caso de asesinato de Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

En la mañana de hoy 13 de noviembre, medios locales reportaban con información de la Fiscalía del Estado la noticia de que le magistrade Jesús Ociel Baena se encontró sin vida en su domicilio junto conotra persona. Horas más tarde, se confirmó que quien le acompañaba era su pareja sentimental, al mismo tiempo que periodistas y medios compartían en redes sociales imágenes sangrientas de la escena del crimen filtradas por un periodista de Aguascalientes. El asesinato se calificaría como un “crimen pasional” a consecuencia de esas imágenes, en una cascada de comentarios denigrantes relacionados con su sexualidad, orientación e identidad por cuentas de periodistas, comunicadores, medios de comunicación, trolls y usuarios de las redes sociales. 

En medio de memes y capturas de pantallas sobre la cobertura sesgada de los hechos y de noticias de crímenes pasados, horas más tarde, medios nacionales publicarían los avances de la fiscalía en la investigación con información de su conferencia de prensa y entrevistas que se han dado a medios, con detalles precisos sobre las líneas de investigación, contextos de la escena de crimen, el contenido de las cámaras de seguridad y hasta posibles motivos “emocionales”. 

(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

A Baena le asesinaron en su propia casa como fue Mireya Rodríguez Lemus activista trans en Chihuahua en 2020, y como a casi 4 de cada 10 personas LGBTQI+ según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQI+, en su informe de 2020. Su asesinato se suma a más de 453 muertes violentas de personas LGBTQI+ en los últimos cinco años (Letra S, 2022), razón por la que en redes sociales se convocó a las 7 pm en Estela de Luz, en Ciudad de México a un acto de memoria de le magistrade y la exigencia de una investigación clara. La impunidad de las muertes violentas de personas LGBTQI+ envía un fuerte mensaje a la sociedad de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia. 

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes a través de un comunicado exigió a las autoridades del Estado el acceso a la verdad y la justicia y una investigación conforme a protocolos vigentes que incorporen la perspectiva de orientación sexual y de identidad de género.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a una investigación meticulosa y a analizar la violencia por prejuicio que sistemáticamente sufren las personas LGBTQI+. 

(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

Le magistrade Jesús Ociel Baena era una de las figuras LGBTQI+ más visibles en el país y quien recibía amenazas de muertes y mensajes de odio diariamente. El pasado 15 de junio, Ulises Salvador Nava Juárez, activista LGBTQI+ y funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero fue asesinado a plena luz del día en las afueras del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes al salir de un congreso donde se reunieron activistas LGBTQI+ de todo el país, incluyendo a Baena. 

“Posiblemente iban por alguien más, de todas las personas que estábamos ahí pudimos haber sido esa víctima, pudo haber sido Salma (Luévano), pudo haber sido alguna otra persona de otro estado, de Baja California, pude haber sido yo, eso es muy lamentable (…) exigimos justicia ayer nos reunimos con el fiscal, estamos esperando que den con los responsables, pero no vamos a dejar de callar hasta que la vida de Ulises que no haya sido en vano su muerte y que se haga justicia por el trágico acontecimiento en la tierra de la gente buena”. – Comentó para un medio local, el Metropolitano.  

(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

Un crimen de odio es un crimen social

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no. Baena tenía inscripción en el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con adscripción a la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, por lo que activistas y defensorxs de derechos LGBTQI+ han pedido que se investigue como crimen de odio. 

(Foto de Haarón Álvarez por The New Gay Times)

Una de las más grandes problemática para poder prevenir los crímenes de odio son la impunidad, la cual se erige como obstáculo para el acceso a la justicia, el entorpecimiento en las investigaciones por prejuicios, y el no contar con datos armonizados y comparables para poder medir, analizar y prevenir la violencia (como lo hay en otros países de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). 

En 2022 Letra S analizó 354 incidentes violentos o agresiones contra personas LGBTQI+ reportadas en la plataforma Visibles de Amicus, el 40.6 por ciento correspondían a agresiones verbales; 20.3 por ciento a agresiones físicas; 19.8 por ciento a agresiones psicológicas; 6.5 por ciento a agresiones sexuales; y por último, 2.8 por ciento a detenciones injustificadas.

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Protestas olvidadas de LA en la lucha por derechos LGBTQ+ de EEUU

Se realizaron los disturbios de ‘Cooper’s Do-nuts’ una década antes de Stonewall

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Cooper's Do-nuts (Foto de 'The Exiles' (1961)

Por Rodrigo Herrera | LOS ÁNGELES — En el lado opuesto del país, dos protestas que preceden los disturbios de Stonewall enmarcan el legado de la historia en la lucha por los derechos civiles de personas LGBTQ+. La más antigua –y casi olvidada–, fue la primera vez en que las personas trans negras y latinas, sus compañeros y la comunidad que llevaba tiempo formándose se defendieron de la brutalidad policiaca. 

Sucede muy seguido que quienes se encargan de escribir la historia muchas veces pasan por alto las aportaciones de las personas más marginadas, así como el contexto que da origen a los movimientos sociales que despiertan. Esto me ha llevado a la búsqueda de historias, personajes y sitios históricamente relevantes para la memoria trans de la historia LGBTQ+ desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, y ahora Los Ángeles. 

Aunque la primera demostración por los derechos civiles de las personas LGBTQ+ documentada en Estados Unidos sucedió en 1967 en respuesta a la redada del Black Cat Tavern (1966), la conmemoración del Pride hoy considera a los disturbios de Stonewall de 1969 como el evento que catapultó el movimiento moderno por los derechos civiles LGBTQ+. Una década antes de esos disturbios, en 1959, un local de la cadena de cafeterías Cooper’s Do-nuts, ubicado en Main Street Downtown, fue testigo de un choque entre la policía y personas trans y queer que se resistieron a ser arrestadas una madrugada de mayo. La clientela de la cafetería, un grupo diverso conformado por personas trans, drag queens y trabajadores sexuales se unió a su defensa arrojando café y donas, frustrando así el arresto y obligando a los oficiales a retroceder y buscar refuerzos. El incidente que causó el cierre de la avenida principal hasta el día siguiente ha sido descrito por un testigo, John Rechy, escritor mexicanoamericano, en su novela “City of Night”, publicada unos años más tarde en 1963, y que presentaría por primera vez la escena queer de Los Ángeles. La transgresiva novela inspiraría también la letra de la canción “L.A. Women” de The Doors, que describe el ambiente de glamour, fiesta y violencia que se vivía en la ciudad. 

El episodio de la cafetería se describe detalladamente en el libro documental “Gay L.A.: A History of Sexual Outlaws, Power Politics and Lipstick Lesbians” de Lilian Faderman y Stuart Timmons publicado en 2006 desde el testimonio de Rechy.

It happened in the spring of 1959 at Cooper’s Donuts, a downtown coffee shop on a seedy stretch of Main Street between two of L.A.’s older gay bars, the Waldorf and Harold’s. Since their glamour days as early as the 1930s, both bars had grown shabby, but they offered refugee to the outcasts of that depressed enclave, who also made Cooper’s Doughnuts their hangout. Cooper’s was an all-night haunt, a place to get cheap coffee and doughnuts, a good place to camp or cruise or converse. Most patrons were queens, butch hustlers, their friends, and their customers. Many were Latino or black. The queens wore the half-drag of Capri pants and men’s shirts, which, they hoped, would enable them to escape arrest for “masquerading” as women (though they knotted their shirts at the midriff in the feminine style of the day). Because the patrons were obvious or suspected homosexuals, Cooper’s became a frequent target for the Los Angeles Police Department, which prided itself on being one of the most determined enemies of homosexuality in the nation. 

Para poder comprender las causas que provocaron tales movilizaciones, hay que recordar que la experiencia queer de hoy –aunque vulnerada en derechos todavía­– dista mucho de cómo era hace más de siete décadas. Las prácticas discriminatorias de los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles incluían detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y arrestos de personas cuya expresión de género no coincidiera con sus identificaciones. El simple hecho de estar reunido con otras personas LGBTQ+ o asistir a un bar donde sucediera una redada era motivo suficiente para ser detenido y acusado. Incluso dar servicio a personas queer era considerado un riesgo para los negocios por el hostigamiento y vigilancia que provocaba de la policía. Tanto la homosexualidad como el travestismo (llamado “masquerading”) eran ilegales y penados por considerarse perversiones y desviaciones sociales. 

That night in May, a patrol car circle the block a few times, parked, and two police officers entered Cooper’s, demanding to see identification from those seated at the long rectangular counter. As usual, the police stated no reasons for their harassment. “You, you and you — come with us,” and ordered the men into their squad car. But just as would happen a decade later and a continent away at the Stonewall Inn, that night in Los Angeles, the crowd rebelled. The arbitrary arm of the law had come down “one time too many.” Rechy says: “First people started throwing the doughnuts they were eating at the cops. Then, paper cups started flying … Then coffee-stirring sticks and other things started flying at them.”

Este podría ser el primer levantamiento en la historia LGBTQ+ pero el evento ha sido poco reportado o documentado. 

Cooper’s Do-Nuts fue el primer lugar que agregué a mi lista. Anoté un puñado de direcciones adicionales extraídas del Mapa Queer (proyecto sobre las historias de espacios y organizaciones LGBTQI+ en L.A. desde 1871 a la fecha) y me dirigí al centro de la ciudad para visitar los sitios que marcaron la historia queer de Los Ángeles. Mi primera decepción del día.

El número 547 de Main Street, esquina con la 6ª, donde solía estar la cafetería Cooper’s Do-nuts es ahora a un lote de estacionamiento. Otra dirección atribuida al espacio en otras fuentes, el 316 E. 5th St. lleva al parque San Julian y el resto, extraídas del sitio oficial de la cadena de cafeterías ­–que se conserva en línea como una parte de la memoria de la revuelta– llevan a una pequeña oficina de inmigración junto a otro lote de estacionamiento frente a la Catedral de San Vibiana, ahora convertida en un espacio para eventos privados. 

La demolición de sitios como la cafetería Cooper’s Do-nuts ha contribuido a la amputación de la historia trans dentro del mismo movimiento LGBTQ+ en la ciudad, comenzando con quellos centros nocturnos que más que bares, eran consideradas instituciones. Sin embargo, algunos pocos lugares perduran y aunque han sobrevivido recesiones económicas, la brutalidad policiaca y la pandemia del SIDA, a tres años desde que se declaró la pandemia por COVID-19, hoy corren el riesgo de desaparecer junto con la mayoría de los bares que servían a la clientela latina y afrodescendiente en la ciudad. 

Tal es el caso de del bar New Jalisco, mi segunda parada, uno de los pocos bares enfocados en una clientela mayoritariamente queer y latinx que durante la pandemia estuvo a punto de cerrar sus puertas permanentemente. El colorido mural en rosa que resalta junto a otro lote más de estacionamiento fue realizado por Gabriela Ruiz, artista de performance queer del New Jalisco y el artista Rafa Esparza, inspirados en “El baile de los 41”, el episodio homofóbico más famoso en la historia de México donde una fiesta gay de la élite, donde la mitad vestía ropa de mujer desató el escándalo hace más de un siglo en épocas de Porfirio Díaz.

Mi tercera parada sería lo que se consideraba como el “ghetto gay”. Curioso por descubrir lo que quedara de “the run”, un corredor de lugares de encuentro para homosexuales sobre la 5ª avenida y bares cercanos que operaban desde la era de la prohibición en los años 20 hasta los 60s. Llegué a Pershing Square sólo para comprobar en lo que se convirtió la primera y única plaza pública que tenía la comunidad queer de Los Ángeles quienes vivían en el anonimato y la clandestinidad: un estacionamiento de tres plantas coronado por una fina capa de pasto, estatuas, referencias y figuras con poco contexto entre sí, enmarcadas por el paisaje del distrito financiero. 

La “operación a corazón abierto” que significó las multiples remodelaciones de Pershing Square desde 1951 y la demolición de edificios con una fuerte carga histórica para la comunidad LGBTQ+ en el Downtown, forma parte de la maquinaria de suburbanización –y de expulsión– construida para el de automóviles particulares por encima de los peatones, que terminó mudando a los “ciudadanos de bien” a los suburbios y a la escena queer al oeste, en los límites de la ciudad y al margen de la represión policiaca. 

La presencia mayoritaria de personas sin hogar intoxicadas y las marcas de excremento humano en el concreto de Pershing Square contrastan con la figura de un padre que acompaña a su hija en los juegos infantiles. Este bloque ha dejado de ser un parque, ha dejado atrás también el bullicio y la efervescencia de la vida nocturna que alguna vez tuvo. Ni siquiera la fuerte presencia de la policía me harían volver de noche. En realidad, me quedaban pocas horas antes de que se pusiera el sol y aún tenía de emprender el camino hacia East Hollywood.

La siguiente parada es The Black Cat. Localizado en Sunset Boulevard, el edificio donde se encuentra es ahora más Shake Shack que taberna. Incluso existe una batalla sonora entre ambos espacios que intentan marcar un límite con música pop vs lo-fi dentro el modesto edificio Art Deco. Construido en 1939, solía albergar un mercado de abarrotes de Safeway. Para los años 60s se convirtió en un bar gay y una lavandería que servía a una clientela mayoritariamente de clase trabajadora. Los negocios vecinos eran una serie de establecimientos amistosos para mujeres lesbianas y hombres homosexuales. 

La redada del Black Cat, sucedió en el momento en que los asistentes intercambiaban besos y abrazos de fin de año. Ocho policías en cubierto (según el libro Gay L.A. les llamaban “Hollywood Rejects” por su atractivo para engañar a hombres homosexuales) realizaron la redada a medianoche, catorce personas fueron arrestadas afuera del bar y acusadas de agresión y “exposición indecente” (“public lewdness”). Estos arrestos representarían la primera vez que hombres homosexuales fueron defendidos en un caso judicial ante tribunales que no estaban de acuerdo con su estilo de vida. En respuesta, en febrero de 1967, más de 200 clientes queer de la taberna se manifestaron pacíficamente contra la brutalidad policial tras redada. Algunas fotografías de la protesta se pueden observar en las paredes junto a cuadros y arte que hace referencia a gatos. Afuera, una placa reconoce el sitio como un monumento histórico cultural. Tal vez sean las decepciones de la mañana, pero esperaba encontrar más sustancia, más fotos y más historia de lo que aquí sucedió. 

Muchos de los sitios importantes para la cultura LGBTQ+ han sido destruidos antes de que sus historias pudieran ser contadas o comprendidas como parte del movimiento LGBTQ+.

La celebración del Orgullo LGBTQ+ (Pride) de Los Ángeles conmemora los disturbios de Stonewall en 1969, y aunque su significado se ha transformado para honrar cada vez más a las personas afrodescendientes y latinxs que participaron en este proceso (como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera), aun queda mucho para hacerles justicia en la memoria histórica.

Todo movimiento social tiene sus orígenes en la resistencia que brota sobre la dominación, de la búsqueda de identidad y de hacerse un espacio en el mundo. Detrás de la vibrante escena LGBTQ+ que vemos en Los Ángeles hoy, se encuentra la historia trans que es parte indisociable de la historia LGBTQ+, y que seguido se olvida y estigmatiza incluso dentro de la misma comunidad, pero que se niega a ser olvidada. 

Esta investigación fue muy frustrante principalmente por la falta de registros y documentación sobre los hitos en la historia de los derechos LGBTQ+, pero decidí darle una última oportunidad y visitar la Biblioteca Central al día siguiente para consultar más fuentes y bases de datos. Varias personas han asistido a la biblioteca preguntando sobre registros de lo sucedido en Cooper’s. Incluso se le ha dotado de mito al incidente, una categoría que se ubica entre lo no comprobar y no refutable. 

“If you solve it, you’d make a lot of people happy. Or unhappy”– me dijo el segundo bibliotecario que me asistió. 

Fue hasta que regresé al libro de Gay L.A. que comprobé la verdadera importancia de Cooper’s Do-nuts. El evento en la cafetería, junto con un centenar de razones más, inspiró el trabajo de documentación que se hizo para el libro. La falta de registros impulsó aún más la búsqueda de Faderman y Timmos, y en el proceso de descubrir esas historias entrevistaron alrededor de 300 personas de distintos orígenes, identidades y edades que iban desde los 16 hasta los 80 y tantos años. Fue gracias a las fotografías y documentos que las personas y organizaciones atesoraron, que se pudo conocer otros hitos históricos que van aún más atrás en el tiempo y que nos demuestran el tejido del que está constituida nuestra comunidad y nuestra lucha en común. Por ejemplo esta fotografía que muestra a una docena de personas, afrodescendientes y blancos y que documenta una “gala interracial” que sucedió en el Club Alabama en la avenida Central, el “Harlem” de L.A. en 1945.

¿Qué hace a un edificio o a un evento relevante históricamente? ¿Quién lo decide? ¿Cómo contamos las historias de las personas y sitios de los que no nos quedan ni las ruinas? Le exigimos demasiado a la historia trans. Pedimos que haya documentación, archivos y registros, pero durante mucho tiempo, no existía ni rastro sobre sus vidas en la historia, apenas y aparecían en los medios, y cuando lo hacían, sus vidas eran deshumanizadas y denigradas. 

La revolución comenzó casi una década antes de Stonewall, en el corazón de la ciudad capital mundial del entretenimiento (o incluso antes), y la historia LGBTQ+ debe de honrar la memoria y dignidad de las personas trans y queer quienes se atrevieron a arrojar la primera piedra (o dona) en defensa de la dignidad de todas las personas. 

Estamos en búsqueda de memorias y recuerdos sobre sitios de interés, lugares históricos y personalidades queridas que forman parte de nuestra memoria trans y queer de Los Ángeles. Utiliza el siguiente formulario para agregarla. 

Queer Maps: https://queermaps.org/

Rodrigo Herrera es editor de The New Gay Times y un colaborador del Washington Blade y el Los Angeles Blade. Una versión de esta nota en inglés salió en el sitio web del Los Angeles Blade el 2 de noviembre.

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‘Personas LGBT son iguales ante los ojos de Dios y ante la ley’

Josué Godoy se postula por la Asamblea Legislativa de El Salvador

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Josué Godoy (Foto cortesía de Josué Godoy)

SANTA ANA, El Salvador – El Salvador está próximo a sus elecciones presidenciales, Parlamento Centroamericano, consejos municipales y diputados, la campaña para estos último dará inicio el 3 de diciembre y finalizará el 31 de enero, sin embargo, ya se escuchan nombres conocidos para optar por un curul en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Este es el caso del ex diputado y ahora candidato a la diputación Josué Godoy quien fungió como congreso en el período de 2015 a 2018 como diputado suplente y en el período de 2019 a 2021 como diputado propietario y presidente del grupo Parlamentario de Jóvenes, en ambas ocasiones por el partido Alianza Republicana Nacionalista.

Godoy siempre se caracterizó por seguir una línea de apoyo a temáticas con las cuales el instituto político en el que estaba no apoyaba, tal es el caso de las declaraciones dadas en el 2019, en donde rompió el silencio al hablar sobre el incumplimiento de derechos humanos que se da en el país hacia la población LGBTQ+, entre otros temas.

“Siempre tuve una postura bien independiente y cercana a la opinión de la gente, además de que me mantuve resistencia para que el partido se transformara y escuchara a las nuevas generaciones, también para que se acoplara a la agenda y necesidades de los salvadoreños. Esto nunca se hizo”, cuenta al Washington Blade, Godoy. 

Su postura de trabajo y manera de llevar su cargo siempre se mantuvo firme, muy similar a la manera de actuar de la recordaba Gloria Salguero Gross, quien en vida fue la segunda mujer presidenta de la Asamblea Legislativa, en el período de 1994 a 1997. Misma que Godoy reconoce como un gran referente en la política nacional, a quien admiró mucho. 

“A pesar de no contar siempre con el apoyo de su partido, ella siempre puso al centro los intereses de los ciudadanos”, expresó. 

Godoy renuncio de ARENA con el que comenzó en la política en el año 2022 y aseguró que “no participaba más en política, porque no veía ninguna transformación en ningún instituto político”, esto debido a que las bases de su ex partido no ceden en seguir la misma línea de trabajo que han llevado hasta el momento. 

José Hernández y Reynaldo Carballo del Partido de la Nueva Democracia Cristiana, le expresaron que el mismo tuvo una transformación, desde la expulsión del ex presidente del partido Rodolfo Parker en noviembre del 2021, la cual, dicho sea de paso, dieron a conocer en los medios de comunicación que se debió por haber “violado los estatutos del partido”. Debido a todos los cambios estructurales, le ofrecieron la Secretaría Departamental de Santa Ana del PDC. 

“Generalmente los partidos políticos cobijan a los funcionarios y no los confrontan o los expulsan, como fue en este caso. Y eso me habló muy bien de la nueva dirigencia del PDC”, expresó muy motivado Godoy, alegando también que la Asamblea Legislativa necesita verdadera representatividad de las poblaciones y las temáticas que no se mencionan dentro del Congreso salvadoreño. 

Entre las líneas de trabajo que propondría está la “descentralizar la economía hacia el interior del país, con un enfoque medio ambiental”. Menciona que esto será tomando en cuenta el turismo y la diversificación de la agricultura, esto debido a que según sus palabras, “no hay salvadoreño que no esté viviendo la crisis económica actual”.

La siguiente línea que propondría será “el transporte público y la crisis de tráfico”, sobre todo mencionó que el subsidio no debe ser para los transportistas, “sino para los usuarios”.

Y como tercera línea, pero no menos importante, “la educación sexual y reproductiva, para contra restar el embarazo en niñas y adolescentes que sigue siendo alto”. También incluirá acá la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, “entre ellos la población LGBTQ+”.

Godoy se siente motiva a participar en estas nuevas elecciones porque menciona que las personas ya le conocen “como funcionario público, como ciudadano y sobre todo como político”, con esto último agrega que siempre ha priorizado la agenda de los salvadoreños a la de un partido político, por lo que su línea de trabajo se espera no será afectada. 

Este tiempo fuera de la política, Godoy expresa que lo ha utilizado para conocer más de las necesidades de las personas y al asumir la Secretaría Departamental del PDC no fue la excepción. 

El PDC, según Godoy, ha comprendido que debe ponerse del lado de los salvadoreños, pues tendrán una agenda de trabajo para todos los salvadoreños sin excepciones, “una de las condiciones al aceptar la secretaría, es que me permitieran poner candidaturas, completamente renovadas e inclusivas en Santa Ana, hay participación de mujeres emprendedoras, personas de pueblos originarios, ambientalistas, jóvenes y personas de la población LGBT”, agrega. 

Esto se debe a que el candidato a diputado se dio a la labor de ir a territorio a buscar liderazgos a los que nunca se les había dado la oportunidad, “tal es el caso de Candelaria la Frontera, en donde llevamos un regidor en el Consejo de Santa Ana Oeste, que es muy activo en su trabajo”, comenta Godoy, sobre Edgar Orellana. 

En el pasado el partido por el cual lanza su candidatura Godoy se dio a conocer por no apoyar temas que tuvieran que ver con el respeto de los derechos humanos o cualquier otra temática que de verdad beneficiara a la población salvadoreña, de acuerdo con sus palabras esto se daba porque “Rodolfo Parker tenía secuestrado al partido y lo ocupaba para ser detractor de temas que no se acoplaran a su agenda personal.”

Agrega que el PDC sabe que “todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos somos iguales ante la ley, entonces no podes ocupar un partido para una agenda personal.”

A todas luces Godoy demuestra que el trabajo que la Nueva Democracia Cristiana en Santa Ana trae un nuevo proyecto político, que demuestra ser más inclusivo con todas aquellas personas que quieran trabajar en la política por un mejor Santa Ana y un mejor El Salvador. 

Sin embargo, no deja de lado que estás próximas elecciones representan un reto, al ser una nueva configuración de 60 diputados para la Asamblea Legislativa, “ahora un diputado va a representar muchísima más población de la que ahora representaba.” Por esto menciona que la gente necesita personas que ya sepan como llevar este trabajo y velen en verdad por un desarrollo económico y el respeto de los derechos.  

“Mientras fui diputado, las puertas de mi oficina siempre estuvieron abiertas y di apretura a muchas iniciativas de ley; cuando fui parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, fui de las personas que dio su voto para que se estudiara la Ley de Identidad, aunque no se lograran los votos, pero el mío si estuvo”, menciona Godoy. 

Anteproyecto de ley que fue presentado en marzo de 2018 por la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, que une a varias de las organizaciones de personas trans que han trabajado por años dicho proyecto. Dicha iniciativa, fue rechazada junto a otros 30 expedientes pendientes de estudio, “tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad”, según anunció el órgano legislativo desde su Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.

Estas próximas elecciones es el pueblo salvadoreño quien decide siempre si la historia seguirá repitiéndose o no, porque de acuerdo con Godoy, los partidos políticos son banderas y las banderas no hacen acciones, “son las personas las que realizan los cambios …”

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