Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 1 de marzo.

TEGUCIGALPA, Honduras — “La discriminación y exclusión generalizada impiden una inclusión significativa en los esfuerzos de desarrollo más amplios en Honduras”. Esa fue una de las respuestas de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ante la ola de comentarios de odio y discriminación contra mujeres y personas LGBTIQ+, originarias y afrodescendientes en Honduras. Reportar sin Miedo habló con la embajadora Dogu para conocer su punto de vista sobre estos temas que repercuten directamente en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Dunia Orellana: ¿Por qué es tan importante disminuir los discursos de odio en contra de poblaciones altamente excluidas como las mujeres, las poblaciones LGBTIQ+ y poblaciones originarias y afrodescendientes en Honduras? 

Laura Dogu: Los derechos humanos son derechos universales. La capacidad de una persona para ejercer sus derechos humanos nunca debe verse limitada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales. 

La lucha para poner fin a la violencia, la discriminación, la criminalización y el estigma contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, homosexuales e intersexuales (LGBTIQ+) y otras comunidades vulnerables es un reto mundial que sigue siendo esencial para nuestro compromiso de promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 

Estados Unidos liderará con el poder de nuestro ejemplo y la administración del presidente Biden está aplicando políticas dentro de Estados Unidos como en el extranjero para acabar con la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales. 

Dunia Orellana: Sabemos que el gobierno de Estados Unidos invierte en programas de apoyo para disminuir la discriminación y la desinformación en Honduras. ¿Por qué es tan importante seguir invirtiendo en estos temas en una democracia como la de Honduras? 

Laura Dogu: Como lo declaró el presidente Biden en su Memorándum de febrero de 2021, “todos los seres humanos deben ser tratados con respeto y dignidad y deben poder vivir sin miedo, independientemente de quiénes sean o a quién amen”. 

El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo y también incluirlas de manera significativa en los programas de desarrollo. 

Invertir en la democracia ―promover los derechos humanos y el acceso a servicios esenciales como la educación, el empleo y la atención en salud para todos― es importante para el avance de cualquier país. La discriminación y exclusión generalizada impiden una inclusión significativa en los esfuerzos de desarrollo más amplios en Honduras.  

Nos comprometemos a apoyar a los grupos discriminados y marginados y buscamos formas de hacerlo mediante el crecimiento económico, la educación y el desarrollo de la mano de obra. También trabajamos para prevenir y responder a la violencia basada en género, que incluye la violencia contra las personas LGBTIQ+.

Dunia Orellana: Ante la desinformación utilizada por diferentes sectores que emplean discursos de odio y mensajes de discriminación, ¿cuál es el mensaje que usted envía? 

Laura Dogu: Dunia, gracias por la oportunidad de hablar de estos temas; son fundamentales para la democracia hondureña, y queremos ver a todos los sectores del país ―gobierno, sector privado, sociedad civil y población en general― siendo parte de una solución que beneficie a todos. Los gobiernos, en particular, deben trabajar para asegurar que todos los individuos puedan disfrutar libremente de los derechos humanos y libertades fundamentales a los que tienen derecho. 

Animamos al gobierno de Honduras a que respete la libertad de expresión, a que permita a los periodistas independientes realizar su trabajo sin temor a represalias y a que investigue y procese a quienes amenacen o dañen a miembros de la prensa a causa de su trabajo. Medios como Reportar Sin Miedo son fundamentales para alcanzar ese objetivo de una mejor Honduras.  

Más allá de los medios de comunicación, también creemos que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos humanos y sirven como un valioso control del poder gubernamental al fomentar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno.  

Buscamos constantemente ampliar y fortalecer el espacio para las organizaciones de la sociedad civil en Honduras, alentando al gobierno a reunirse regularmente con los líderes de la sociedad civil y a consultar proactivamente con ellos sobre temas apremiantes.

Tres momentos claves del apoyo estadounidense a la inclusión

¡Qué gran experiencia musical! ¡Gracias @ginachavez y su banda por el concierto de esta noche en el Parque Cerro Juana Laínez! Fue espléndido ver a tanta gente experimentar su música, historia y mensaje de inclusión y diversidad. pic.twitter.com/7ihQiKYrhS

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) February 18, 2023

¡Nunca renunciemos a la lucha contra la violencia basada en género! Hoy destacamos los resultados que han alcanzado @USAIDHonduras, @Uni2justiciaHn, los socios de la sociedad civil y el gobierno, uniendo fuerzas por la justicia. #USAIDContraLaViolencia #16Días #16Days pic.twitter.com/SZMvcfk68v

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) December 2, 2022

Con Isabela Albaladejo de @OACNUDHHN @KerryKennedyRFK y Indyra Mendoza de @CATTRACHAS en evento conmemorativo para Vicky Hernandez. Continuaremos defendiendo los derechos #LGTTBI. Satisfechas de ver el gobierno trabajando para cumplir con el fallo de la @CorteIDH en el caso. pic.twitter.com/SiWdxg9u0f

— Embajadora Laura F. Dogu (@USAmbHonduras) May 8, 2022

SAN SALVADOR, El Salvador — El 23 de febrero del 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña dio a conocer una resolución en la que ordenó a la Asamblea Legislativa se reformara la Ley del Nombre de la Persona Natural, de esta manera se garantizaría las condiciones necesarias a las personas que deseen cambiar su nombre para que coincida con su identidad de género.

A un año de esta resolución la Asamblea Legislativa de El Salvador no tomó en cuenta el plazo que le dio la Corte Suprema, diversas organizaciones de personas trans, activistas independientes y entidades internacionales han mostrados su descontento con la inactividad. 

“La resolución de la sala responde a la demanda que dos personas trans hicieron, evidenciando las afectaciones y la discriminación que vivías debido al no tener un cambio de nombre, por lo que la sala falló a favor y explicó la inconstitucionalidad del artículo 23 de la LNPN”, menciona Amalia Leiva, parte del equipo de inclusión social de la Fundación Cristosal.

El artículo 23 inciso segundo de la LNPN, fue el que precisamente declaró como inconstitucional la Sala de la Corte Suprema de Justicia, ya que se encontró una falta de “regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género”, por lo que esto constituyó un “trato discriminatorio no justificado”. 

Leiva menciona que la Sala es impuesta por el partido oficialista del gobierno en turno, “Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele”; además aclara que tiene acaparados los poderes del Estado. “Actualmente no hay una separación en los poderes del Estado y por ello no hay un ente que pueda hacer acción de la constitucionalidad en los temas de políticas públicas”, asegura. 

La Asamblea Legislativa en su mayoría, tanto como el presidente de la república, “han dado declaraciones en reiteradas ocasiones sobre no querer legislar ninguna política pública que venga de sociedad civil, sino únicamente las que vengan presentadas por el partido Nuevas Ideas”, asegura Leiva. 

“Ellos siempre han utilizado el argumento que fueron electos por mayoría, por ende los temas que no apoyen vuelven más vulnerables a poblaciones históricamente excluidas, como la población LGBTIQ+, en especial las personas trans”, aclara con preocupación Leiva. 

Por su parte Cristian González Cabrera, investigador en el programa de derechos LGBT de Human Rights Watch, opina que es muy grabe que la Asamblea Legislativa de El Salvador esté ignorando una sentencia de la Corte Suprema; para las personas trans esto es devastador porque llevan años luchando por una ley de identidad de género que respete su dignidad y autonomía.

Como reportaron en un informe del año pasado sobre el acceso a los derechos, “la población trans sufre todos los días por no contar con un documento que concuerde con su identidad, no se sienten cómodas yendo al médico, no pueden acceder a un empleo digno, entre otras cosas”, asegura. Por el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica con la población trans y la sentencia mostraba una esperanza de que esa deuda se pagaría, esperanza que fue disuelta por la misma Asamblea Legislativa, según palabras de González. 

De Acuerdo a González, que no se cumpla la sentencia forma parte de un patrón más grabe, del debilitamiento del Estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador, punto fundamentales y claves que se necesitan para defender los derechos de todos los salvadoreños. 

Desde que el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa en el año 2021, menciona González que las instituciones democráticas han estado bajo ataque del Bukele y sus aliados. 

Por esto “no se cumple lo que sucede en una democracia funcional, donde una legislatura debería cumplir con las sentencias del poder judicial, cosa que no sucede en El Salvador”, agrega. 

Leiva también mencionó que debe exigirse que se restaure la separación de poderes de los tres órganos del Estado, que cesen los mensajes desde los puestos de poder en la Asamblea y hasta del mismo presidente, sobre los temas de no a la ideología de género, que a pesar de ser un término creado por la derecha misma, “atenta contra la integridad, identidad y vida de las personas trans particularmente”. 

Lo principal es que debe legislarse con las leyes y la constitución, “dejando de lado los fundamentos religiosos”. Hay tres artículos de la Constitución de la Repúblicas que nos facultan como un Estado laico y por lo tanto debe prevalecer un derecho público, comenta Leiva.

La postura de Human Rights Watch ante lo sucedido, es que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para proteger el Estado de derecho en El Salvador, “la comunidad internacional podría repudiar tanto de manera pública como privada, que no se ha cumplido esta sentencia”, agrega González. Además de ejercer presión multilateral sobre las autoridades en El Salvador, para que aseguren el respeto de los derechos humanos. 

“Sabemos que Bukele y su partido iban a aportar ‘Nuevas Ideas’ en El Salvador, pero la transfobia no es una nueva idea, es una idea antigua arraigada en el prejuicio”, finaliza González. 

Para Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría, ya se veía venir esta situación, ya que la esta Asamblea Legislativa que está a punto de cumplir dos años de gestión, al comienzo de su trabajo, mandaron a archivo varios anteproyectos de ley, entre ellos la Ley de Identidad de Género, esto solo demostró la carencia de interés en tocar la temática.

“Ya nos imaginábamos que no iban a legislar por una Ley de Identidad de Género”, mencionó Guevara, agregando que “si bien se venció el plazo que le dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, para legislar a favor de las personas trans, esa sentencia no aborda de lleno el problema de la identidad de género de las personas trans y no solamente el nombre”. 

Menciona esto debido a que la Sala manda a realizar las reformas respectivas a la LNPN, no manda a la Asamblea Legislativa a legislar por la Ley de Identidad de Género; por ello para Guevara existe un incumplimiento tanto de la Sala como de la Asamblea, pues no se pretende legislar nada a la luz de la normativa internacional como la Opinión Consultiva 2417.

Por ello, lo sucedido no fue una novedad para las asociaciones de sociedad civil que forman parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, además, están conscientes que a nivel nacional ya agotaron todas las instancias necesarias, por esto ya solo les queda recurrir a instancias internacionales. 

De acuerdo con la activista Leiva, las acciones a seguir son claras, pues piensan seguir haciendo incidencia, tocando puertas, buscando aliados en el ámbito internacional y en el cuerpo diplomático, para que acompañen y respalden las demandas de la población trans.

El Washington Blade intentó contactarse con algunos diputados para conocer sus impresiones, pero al finalizar esta nota no se tuvo respuesta de ninguno. 

Las organizaciones de personas trans están probando mover el tema con demás en juzgados de familia, para lograr que las personas trans puedan ser reconocidas por su nombre en el documento único de identidad y que la partida de nacimiento pueda ser margina con estos detalles. Hasta el momento hay dos casos que ya están judicializados a favor de las personas trans, pero la alcaldía de San Salvador “ha entrampado estos casos y no cumple con las sentencias dadas”, finaliza Guevara.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 27 de febrero.

TEGUCIGALPA, Honduras — La foto se volvió viral en cuestión de minutos. En la imagen, una bandera inclusiva cuelga de la pared junto a la maestra que está dando clases en la Escuela Internacional Sampedrana (EIS). Un estudiante compartió la fotografía en sus grupos de mensajería el martes 22. Un día después, madres escandalizadas crearon varias salas privadas de WhatsApp para pedir a la escuela que dejaran de “adoctrinar a sus hijos” con la “ideología de género”.

Al menos 700 personas ya eran parte del grupo “a favor de la familia de la EIS” el viernes 25. El grupo se describe en su perfil como “papás de EIS que luchan por nuestros valores morales con el fin de trabajar con las autoridades de la escuela para evitar que la ideología de género se filtre en nuestra comunidad educativa”.

La foto no solo se hizo viral en San Pedro Sula, sino que pasó por Tegucigalpa y llegó a la propia Washington DC. Al mismo tiempo, en la “Inter” se formaron pequeños grupos de madres de familia que comenzaron a cuestionar la identidad y orientación de género de la maestra estadounidense.

Entretanto, otras personas exigieron a la EIS que quitaran la bandera inclusiva de la pared del aula. “Qué tristeza ver esto en la escuela”, escribió en el chat de WhatsApp una madre indignada que es pariente de un exalcalde de San Pedro Sula por el Partido Nacional.

No sólo se armaron grupos discriminatorios en la escuela más cara de San Pedro Sula que además se halla entre las diez más “exclusivas” de Honduras. También se alzaron voces a favor de la docente, considerada una de las mejores del centro educativo por su profesionalidad.

Los demás maestros estadounidenses de la EIS, junto con varios colegas hondureños, se aliaron en favor de su compañera discriminada. Si la tocan, nos vamos a pronunciar, aseguraron los defensores de la docente, quienes al mismo tiempo se preguntaban qué delito es tener una bandera LGBTIQ+. 

Reportar sin Miedo obtuvo capturas de los comentarios contra la maestra estadounidense gracias a la denuncia y la documentación presentada ante nuestro medio por un familiar que tiene parientes en la EIS. Reportar sin Miedo verificó de forma independiente la autenticidad de la información y contrastó el contenido cruzándolo con otras bases de datos.

Nuestras fuentes mostraron la preocupación dentro y fuera de la escuela por este acto de “persecución, discriminación y de verdadera ignorancia lo que han hecho contra la docente”. 

Reportar sin Miedo contactó por llamada y mensaje a Pamela Blanco de Vaquero, representante legal de la EIS, pero no quiso contestar nuestras preguntas sobre el caso. Vaquero, del bufete Vaquero Blanco y esposa del ministro de Gobernación Tomás Vaquero, solo dejó en visto nuestros mensajes de WhatsApp. 

También buscamos la reacción de la rectora de la escuela, Gina Larach, quien dijo que no podía contestar en ese momento y que la llamáramos el lunes. La llamamos ese día, pero tampoco contestó.

Otra fuente independiente dijo a Reportar sin Miedo que la EIS apoyó a la maestra al haber tomado una posición basada en derechos humanos de acuerdo con sus principios y valores.

Apegado a su código de ética, Reportar sin Miedo decidió no reproducir la imagen ni el nombre de la maestra discriminada para no continuar alimentando el morbo y el sensacionalismo.

La reacción contra la docente es parte de los ataques dirigidos contra el gobierno de Xiomara Castro en cuanto se supo que planea añadir la educación sexual al currículo de las escuelas de Honduras. 

Los grupos conservadores en la EIS se lanzaron de inmediato en defensa de lo que consideran “moralidad cristiana” y “buenas costumbres”.

“Es sumamente preocupante dejar avanzar este tipo de campañas y que se instalen en el imaginario de los padres de familia. Si esto pasa en las escuelas privadas, donde ha habido más vinculación con derechos humanos, ¿qué pasará cuando se empiece a implementar la educación sexual integral en las escuelas públicas donde los padres de familia tienen menos herramientas y son más fáciles de influenciar por grupos conservadores?”, dijo la especialista en género Vanessa Siliezar.

Pero ¿de qué hablaron los padres y madres en WhatsApp? 

Qué dijeron en el chat 

En sus salas de chat y otras redes de apoyo y comunicación, los padres de familia de la EIS pertenecientes a las élites de la ciudad del norte de Honduras afianzaron su posición contra la supuesta “ideología de género”. 

“De qué sirve que quiten banderas o similares si hay personas que educan a nuestros hijos con esas ideologías”, escribió una persona en el chat privado.

“Los padres de la EIS han hecho un grupo para estar en contra de la diversidad de género. Al parecer los maestros hacen uso de banderas alusivas a la inclusión y ellos están en contra. Sembrando odio y despecho en los alumnos”, comentó alguien más.

Luego de contactarse con varias escuelas que sostienen la misma postura conservadora, aseguraron tener un documento que presentarán ante el Gobierno en contra de la nueva currícula académica. 

“Pero la escuela no contrató a este personal por imposición del gobierno, ¿verdad? El gobierno hasta ahorita no puede obligar a nada”, argumentó un participante del grupo.

“Nadie está obligado a tomar iniciativas o políticas que estimulen o desarrollen la aceptación, integración de esas preferencias sexuales”, mencionó otro.

“Creo que hay que respetar la opinión y gustos de la maestra, no siento que hay que tener algo en contra de ella o su imagen. Pero sí que deje esas ideologías fuera de los portones de la escuela”, publicó alguien más.

En el chat se discutió la existencia de un documento llamado “Caballo de Troya”, redactado por otra escuela sampedrana de renombre y firmado supuestamente por 120 centros de enseñanza que rechazan el nuevo plan educativo.

No obstante, este grupo de padres de familia de la EIS mostraron malestar debido a que dicha institución no tomaba partido del escrito que han estado redactando desde hace más de cuatro semanas.

“Se debe respetar a la persona y su manera de pensar, pero hacerle ver la postura de la EIS en referencia al tema y la preocupación de nosotros como padres de familia, no es correcto señalar de manera personal”, exigió un participante en el grupo.

“Está bien respetar los “gustos” de los demás, pero, cuando es una maestra, todo cambia porque estas personas sirven de ejemplo a nuestros hijos y aunque se les prohíba promover el tema su forma de hablar y comportarse, sí puede influir en nuestros niños”, dijo otra persona.

“Este tema es universal, del cual no podemos hacernos ciegos, pero la escuela es la segunda casa de nuestros hijos y se está haciendo de ojos cerrados por sus intereses sobre este tema tan importante. Así como no permiten algunas cosas, esto también deberían no permitirlo”, señaló un indignado.

“La junta está haciendo esfuerzos para lidiar con esto. Es un ataque directo a la familia como la conocemos. los maestros no pueden influenciar sobre nuestros hijos sus propias creencias”, afirmó otro familiar.

“No es tan fácil desde un punto de vista legal, de los derechos humanos. La escuela legalmente no puede ampararse en la religión. Por eso lo mejor es pedir que nos den una charla o explicación para disipar dudas. En mi casa puedo decir acá no se hace esto y punto, pero en un centro educativo no es así de fácil. Es de usar las palabras correctas que no perjudiquen legalmente a la escuela ni asusten a futuros maestros o que se dé pie a que nos quiten el derecho al diploma de high school”, opinó otro miembro del chat.

“Ayer solucionó la escuela de forma inmediata lo de las banderas. Lo que se hizo después fue trabajar en un escrito para que todos los preocupados con el tema pusiéramos firmas. Así se enviaba a la directiva y pudiera formar parte del apoyo a nivel nacional para presentarse al Ministerio educativo y luchar por el futuro de nuestros hijos”, escribió un participante del grupo.

Cabe destacar que la EIS es una institución laica que durante décadas ha contratado a docentes y profesionales de educación en varias interseccionalidades y de varias nacionalidades.

Si los ataques contra la maestra estadounidense han levantado tanta polémica es porque forman parte de una campaña más grande que desde hace varios años está poniendo en la mira la supuesta “ideología de género”.  

Todo comenzó en 2022 con la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro.

La ‘ideología de género’ y sus tácticas de desinformación

El caso de la maestra discriminada en la Escuela Internacional Sampedrana es producto de una campaña promovida por grupos antiderechos que comenzó desde que Xiomara Castro llegó al poder en enero de 2022, según analistas.

Esta estrategia de los antiderechos ha tenido varios “momentos cumbres”. La campaña que combate una supuesta “ideología de género” saltó de nuevo a los medios de comunicación masivos en noviembre de 2022, documentó Criterio.hn. En esa fecha, la Secretaría de Educación anunció que iba a lanzar una nueva malla curricular para que los niños y niñas aprendan la importancia de la equidad de género.

Uno de los resultados a corto y largo plazo de la nueva malla es reducir la violencia machista en Honduras. También busca ofrecer Educación Sexual Integral (ESI) a la población estudiantil, tema que todavía no ha sido decidido en el Congreso Nacional.  La campaña  asegura que se enfrenta a una llamada “ideología de género”, la cual no existe, según expertos como Jessica Isla, porque fue creada por grupos conservadores para perpetuar el odio y la discriminación.

¿Qué es el discurso de odio? En el lenguaje común, la expresión “discurso de odio” hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo y que se basa en características inherentes (como son la raza, la religión o el género) y que puede poner en peligro la paz social.

Algo parecido piensa el sociólogo Sergio Bahr: “La ideología de género no existe. Existe enfoque de género y lo llaman ideología de género para tratar justamente de quitarle valor, minimizarlo y quitarle validez”.

La estrategia ha tenido como voceros a líderes de grupos religiosos fundamentalistas, como el pastor evangélico Roy Santos, quien es amigo íntimo del expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario está preso en Estados Unidos en espera del juicio en su contra por supuestos delitos de narcotráfico. 

Entre los promotores de la campaña se hallan también varios miembros del Partido Nacional (PN), como Tomás Zambrano, jefe de bancada del Poder Legislativo. Durante la elección de la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero, Zambrano pronunció un discurso de odio contra las mujeres y las personas LGBTIQ+. 

“Ya no podrán legalizar lo que es el aborto desde la Corte Suprema”, dijo Zambrano mientras agitaba la Constitución de Honduras con gesto amenazante. “El Partido Nacional con muchos de ustedes hace dos años blindamos la vida, dejamos prohibidas todas las formas del aborto”. 

El jefe de bancada del PN se refirió de esa forma a que la Corte Suprema quedó en manos de tres partidos políticos: Libertad y Refundación con seis magistrados, el Partido Nacional con cinco y el Liberal, cuatro.  

El segundo “momento cumbre” de la campaña de odio se produjo el 22 de febrero, Miércoles de Ceniza. 

Ese día sagrado para el catolicismo, los diarios tradicionales La Prensa y El Heraldo reprodujeron la conferencia del “psicoterapeuta” italiano Paolo Pellegrino.

¿Quién pagó el viaje de Pellegrino a San Pedro Sula? 

Todavía no lo sabemos.  

El ‘experto’ que vino de Italia

“Deben cuidar a sus hijos ante la ideología de género” fue el titular que La Prensa publicó sobre la conferencia que el “experto” italiano Paolo Pellegrino dio en San Pedro Sula.

“Regresa la época medieval, el oscurantismo, la imposición del dogma sobre la libertad humana. La academia debería ser santuario de respeto a la diversidad. Lamentable que la UTH promueva semejante retroceso”, escribió la activista Gabriela Blen sobre la charla de Pellegrino.

El italiano que aterrizó en San Pedro Sula se promociona como profesor de una prestigiosa universidad de Roma. En Honduras se presentó ante 500 padres del norte de Honduras para recomendarles “no dejar en manos de promotores de ideología de género la educación de los hijos”, según los medios de Grupo Opsa que tienen al frente al empresario Jorge Canahuati. 

Para el sociólogo Sergio Bahr, los artículos de La Prensa y El Heraldo sobre Pellegrino y sobre la supuesta “ideología de género” son “tendenciosos y malintencionados”. 

Fue malintencionado, sobre todo, “ponerlo en portada cuando algo de género en portada es una decisión política que tiene que ver con el gobierno de Xiomara Castro”, señala Bahr. 

“Tiene que ver con una toma de partido de esos medios abiertamente a favor de los intereses de los movimientos ultraconservadores y su discurso”.

El sociólogo y experto en masculinidades agrega que el término “ideología de género” fue inventado “por propagandistas de la extrema derecha norteamericana hace muchos años como una forma de espantar a la gente porque al llamarlo ideología tratan de quitarle validez académica intelectual de reflexión y de análisis que tiene el enfoque de género”.

Siembran la semilla del miedo 

“Si los homosexuales quieren estudio, que el Gobierno les coloque institutos, trabajos solo para ellos, que se gradúen allí solo ese tipo de gente, pero que no vengan a envenenar a nuestros hijos. Doña Xiomara que les dé dónde graduarse, que estudien pero no donde están nuestros hijos y venir a confundirlo todo”.

Opiniones como esta, aparecida en el chat de los padres y madres de la Escuela Internacional Sampedrana, son las que “siembran el miedo”, según la especialista en género Vanessa Siliezar. 

Los grupos conservadores de Honduras propagan esta clase de ideas antiderechos. A través de los medios tradicionales masivos del país y con apoyo del fundamentalismo religioso, esperan que más gente se una a las campañas de odio.   

“Han puesto en el imaginario colectivo algo que no existe”, dice Vanessa Siliezar, quien es también directora de la Unidad de Desarrollo de la Mujer y la Familia (Udimuf). “La ideología de género no existe es una manera peyorativa de denominar al feminismo y a todo lo que esto implica, libertad e igualdad, no discriminación, una apuesta política por la igualdad de oportunidades”. 

Las campañas de odio, agrega Siliezar, tratan de evitar que se propaguen las ideas de libertad de educación e información sobre educación sexual integral. 

“Eso es puro miedo”, afirma.

“Los grupos conservadores plantan la semilla del miedo y esta se reproduce y perpetúa fácilmente, en especial en países con un grado de educación tan bajo como este”.

Mientras arde la polémica sobre la “ideología de género”, uno de cada cuatro partos en Honduras es de una menor de 19 años. Somos el segundo país latinoamericano con más embarazos en adolescentes, con 140 nacimientos por cada mil mujeres, según la UNFPA. La tasa de embarazo en niñas de 10-14 años en Honduras es de cuatro, según la segunda encuesta nacional de demografía y salud de 2019.

Espera nuestra próxima nota: “De la ideología de género al Estado laico”.Si tienes más denuncias escríbenos a [email protected] 

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Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 13 de febrero.

PUJILÍ, Ecuador — En las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero, José Arroyo Cabrera ganó la Alcaldía de Pujilí y su triunfo lo posiciona como el primer hombre abiertamente gay que liderará un gobierno seccional en Ecuador.

Arroyo ganó las elecciones con el 63,71 por ciento de los votos (uno de los resultados más altos en los últimos comicios) en un cantón con 52 por ciento de población indígena.

“Personalmente me llena y me enriquece saber que, quizás de una u otra manera, estoy colaborando para romper esquemas y marcar hitos históricos y, sobre todo, tratar que la gente pueda romper estereotipos que infundadamente nos colocamos y podamos ver el trasfondo de cualquier persona”, señaló Arroyo en una entrevista a Diario El Comercio.

Arroyo llegó con propuestas como incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, regenerar y construir espacios comerciales y comunitarios, brindar atención médica primaria a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en pobreza extrema, y construir vías urbanas y rurales.

En Pujilí, más del 80 por ciento de la población es rural. En su plan de trabajo, sus propuestas consideran las asimetrías entre el sector urbano y rural del cantón. Por ejemplo, en su plan detalla que la cobertura de agua potable en el área urbana es de 64 por ciento y en el área rural, 36 por ciento.

Un pasó más en la participación política

“Las personas LGBTIQ+ han sido históricamente violentadas, invisibilizadas e instrumentalizadas en la política. Que hoy un hombre gay sea elegido como alcalde es un hecho que sí debe celebrarse, pero sin perder de vista que esto ocurre recién en 2023”, indicó Andrea Villavicencio, activista del colectivo Status Queer. 

Arroyo triunfa en el mismo cantón en el que el actual alcalde, Luis Ugsha, quien buscaba la reelección, lanzó un discurso homofóbico en el cierre de su campaña. Ugsha calificó a la población LGBTIQ+ de “plaga, demonios contra la ley de Dios”.

Por estas declaraciones, la campaña Acuerdo por la Igualdad Voto LGBT+ pidió al Tribunal Contencioso Electoral que sancione a Ugsha por incitación al odio. Asimismo, la Secretaría de la Mujer pidió investigar el caso.

Candidato a la alcaldía de Pujilí por la lista #Suma23, Luis Ugsha llama “plaga, demonios contra la ley de dios entre otros calificativos a la población LGBT+.” Exigimos disculpas públicas y sanción por incitación al odio.

Cc @TCE_Ecuador @cnegobec https://t.co/SFczVj7A44 pic.twitter.com/0YC0qBB6Jp

— Voto LGBT+ Ecuador (@VotosLGBT) January 31, 2023

En la entrevista a Diario El Comercio, Arroyo comentó que durante la campaña electoral en Pujilí “nadie hablaba de mis propuestas o de mi trabajo, únicamente se hablaba de mi sexualidad”.

Por esa violencia y discriminación, la política ecuatoriana ha estado caracterizada por la ausencia de personas LGBTIQ+. Recién en 2006 participaron por primera vez, cuatro personas de la diversidad en elecciones. Buscaban llegar a la Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución, pero no lograron curules.

En 2009, Sandra Alvarez, activista lesbiana, ganó una curul como asambleísta alterna. En 2017 hubo una participación más activa: 15 candidaturas de hombres gais y mujeres trans para asambleístas, entre principales y suplentes, según el informe Por una Democracia Diversa de Fundación Esquel. Ese año, la activista trans Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X, fue electa asambleísta alterna. 

El reporte destaca que en años anteriores a las elecciones de 2017 las candidaturas no fueron mayores a 8.

“El derecho a la participación política está consagrado en la Constitución, la cual debería garantizar de manera efectiva una representación directa y sobre todo diversa. Las oportunidades de que personas LGBTIQ+ en Ecuador puedan gozar de este derecho han sido limitadas, debido a que los entornos políticos siguen siendo violentos, machistas y altamente homofóbicos”, comentó Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso y coordinador del informe Por una Democracia Diversa.

Actualmente, en la Asamblea Nacional, Jahiren Noriega, quien es abiertamente bisexual, se principalizó como asambleísta por Pichincha. Noriega era la alterna de Pabel Muñoz, quien participó en las elecciones para la Alcaldia de Quito. Ella trabaja activamente por las personas de las diversidades sexo genéricas.

‘No pretendo portar ninguna bandera’

Aunque en redes sociales activistas apluadieron la elección de un candidato abiertamente gay, en el plan de trabajo del futuro alcalde de Pujilí no hay propuestas para las personas de las diversidades sexo genéricas.

“Todo proyecto político debería incluir aspectos enfocados en las personas LGBTIQ+, ya que estas tienen igualdad de derechos, y no mencionarlas es en sí dejar de lado a ciudadanxs ecuatorianos”, señaló Andrea Villavicencio, de Status Queer.

Si bien José Arroyo es abiertamente gay, y calificó como “hito” su elección, o resaltó que es un paso para conquistar más derechos, anticipó en su entrevista para El Comercio que su gestión no estará ligada a la lucha LGBTIQ+.

“No pretendo portar ninguna bandera, ni encabezar una lucha de ninguna minoría. Yo solo quiero ser el alcalde de Pujilí”.

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 28 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — En la Sala de lo Penal de Tegucigalpa se llevó a cabo la individualización de Aarón Jeriel Álvarez Pavón, uno de los asesinos implicados en la muerte de Thalía Rodríguez.

En 2022 se evacuaron los medios de prueba contra Pavón y se le dio una sentencia por ser declarado culpable en el caso de Rodríguez.

La audiencia fue corta debido a que la fiscalía fue la que dijo que se debería condenar a Pavón por el delito de asesinato en perjuicio de Thalía y tentativa de asesinato en perjuicio de la pareja de Rodríguez. 

En la audiencia se determinó cuánto solicitaba la fiscalía, qué delitos se le iban a imponer y con qué agravante, además de cuánto solicitaba la defensa de Pavón en cuanto a la pena privativa de libertad. 

Pavón recibió en la audiencia de individualización de la pena una propuesta de condena del Ministerio Público (MP) de 20 años por asesinato y 13 años con cuatro meses por tentativa debido a que la pareja de Rodríguez también fue atacada de manera violenta el día del asesinato.

La defensa de Pavón se adhirió a la cantidad de años que el MP determinó por el asesinato de Thalía y la tentativa contra su pareja, Walter. 

El odio y rechazo que las personas LGBTIQ+ enfrentan a diario es una de las principales causas de asesinatos contra dicha población. 

La abogada y defensora de derechos humanos Nadia Mejía mencionó de manera detallada en una entrevista con Reportar sin Miedo (RSM) que hablar sobre este tema es muy importante, pero lamentable. 

“Hablar en términos de justicia con una pena privativa de libertad deja un mal sabor. He llevado muchos casos, pero es mucho más difícil cuando es alguien con la que uno compartió e hizo activismo. Es bien difícil saber que, aunque haya una pena privativa de libertad, la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI siguen”, mencionó Mejía, abogada del área legal de la Red Lésbica Cattrachas. La siguiente audiencia será el tres de febrero a las 9:00 a.m. para determinar finalmente la cantidad de años de condena de Pavón. 

La lideresa trans fue la primera muerte violenta LGBTIQ+ en enero de 2022, mes en que tomó posesión la actual mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien mostraba con fervor el apoyo a la población LGBTIQ+, y la número 402 desde el transfeminicidio de Vicky Hernández en junio de 2009.

El caso de Vicky llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que los asesinos eran parte de una institución gubernamental que “vela por la seguridad” de todas, todes y todos los hondureños. 

Pavón es uno de los tres implicados en el asesinato de la activista Rodríguez, uno de los pocos casos que no han quedado en la impunidad, pero que demoró más de diez meses a partir de los hechos y luego de varios errores en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. 

Una activista comprometida con el cambio

Rodríguez, muerta a los 45 años, era una mujer trans que emprendió su lucha por los derechos de las disidencias sexuales al ver la situación que dicha población afronta a diario en el corazón de Centroamérica. 

Thalía era una persona alegre, positiva y muy fuerte. Quería seguir adelante y ser un ejemplo para las personas trans y decir que “no hay que quedarse en la idea en que la sociedad no nos acepta, que la sociedad nos discrimina, hay que demostrar que nosotros podemos ser también parte de la sociedad, podemos emprender, podemos ser un ejemplo”.

No debemos olvidar que hay dos personas libres y el MP solo las ha identificado, lo que quiere decir que pueden cometer más actos violentos contra personas de la población LGBTIQ+

SANTIAGO, Chile — Diversas reacciones en el mundo político chileno dejo este fin de semana la publicación de una noticia en el medio conservador El Mercurio, donde afirmaron que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) estaban preparando un proyecto de ley para instaurar este año una Subsecretaría LGBTQ+.

Y es que precisamente dicha cartera de Estado puso en marcha en 2022 la primera “Mesa LGBTIQA+”, la cual es integrada por distintas instituciones públicas, organizaciones y activistas LGBTQ+ chilenos, con el objetivo de mejorar la calidad de la población queer en ese país latinoamericano, que en el último año ha tenido un aumento de ataques y crímenes de odio. 

En la última década los derechos LGBTQ+ en Chile han ganado terreno. El matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la unión civil y una Ley antidiscriminación son algunas de las conquistas que tardaron tiempo instalarse. Sin embargo, no existe ninguna institución de Estado o política pública que trabaje por garantizar la inclusión de este grupo históricamente discriminado. 

Es por eso, que con la puesta en marcha de la “Mesa LGBTIQA+” impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, las deudas pendientes de esta población tienen una oportunidad sin precedentes, ya que ningún gobierno anterior había generado una instancia de trabajo como esta. 

Durante el primer año participaron 42 organizaciones de todo Chile, y culminó el pasado 6 de enero con la firma de un convenio entre la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, el SERNAMEG y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender a las personas que son víctimas de ataques anti-LGBTQ+. Un importante logro, que permitirá entregar ayuda en todo el territorio nacional. 

Al mismo tiempo, al culminar el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” desde el MinMujeryEG anunciaron que durante el segundo semestre de este año enviarán un proyecto de ley que amplié el mandato ministerial, para que “se incluya a la comunidad LGTBIQA+”. Hasta ese momento, no había ningún anunció de la creación de una Subsecretaría LGBTQ+.

Luego de la publicación de El Mercurio, la mayoría de los medios de comunicación chilenos replicaron la noticia levantando una polémica sin confirmar la información. Ya que oficialmente desde el gobierno no han anunciado la creación de una Subsecretaría LGBTQ+ o una institución antidiscriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en Argentina. 

El ex candidato presidencial de derecha extrema, José Antonio Kast, criticó en su cuenta de Twitter la imprecisa noticia. 

“Chile es más pobre, más violento e inseguro que hace un año y el gobierno inepto en vez de resolver las urgencias sociales, se dedica a agrandar el Estado para profundizar su agenda ideológica”, escribió el líder del Partido Republicano. 

Desde el MinmujeryEG dijeron al Washington Blade que “se ha finalizado recién la mesa con las organizaciones de la comunidad LGBTIQA+. Una de las demandas es tener una institucionalidad, por lo que durante el 2023 se definirá cuál es el camino progresivo, mientras en paralelo se mejora la ley antidiscriminación”.

Mientras que la subsecretaría del MinMujeryEG, Luz Vidal Huiriqueo, publicó en sus redes sociales que “por siete meses nos reunimos con organizaciones LGBTQ+. Sus urgencias son las de todo el país: seguridad, trabajo y salud. Sobre la 1ra avanzamos en un convenio con @SubPrevDelito para atender correctamente y para los largos desafíos comprometimos proponer un mecanismo institucional”. 

La autoridad dijo en una entrevista exclusiva con el Blade antes de la publicación de El Mercurio que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, encontrar y dar respuestas a las demandas de la población LGBTIQA+ en Chile es un compromiso que no se va a dejar de lado por nada”. 

“Nosotras y nosotros del MinMujeryEG hemos acogido las necesidades de esta comunidad que día a día, en muchos casos, tiene que sobrevivir. Es por eso, que desde nuestro ministerio hemos levantado esta mesa intergubernamental para tener una comunicación fluida y permanente con las organizaciones LGBTIQA+”, explicó Vidal desde su despacho ministerial.

Vidal agregó que “el presidente nos encargó pasar del discurso a la acción. Hay que ponerse a trabajar. Hay que implementar los acuerdos, no podemos quedarnos solamente en bonitos anuncios y ese es nuestro compromiso. El compromiso que hoy día tenemos es trabajar por las mujeres, por la equidad de género, por y con toda la población, a favor de toda la ciudadanía y de quienes les falta presencia del Estado”.

La subsecretaria mencionó a este medio que la necesidad de incorporar a la población queer al trabajo de su ministerio es importante ya que “exactamente hoy día, el Estado no tiene facultades para atender específicamente a la población LGBTQ+, entonces necesitamos crear una camino progresivo que, ya sea una institucionalidad u otra figura, nos permita implementar políticas públicas”.

Aquella supuesta institucionalidad fue la que encendió la disputa el pasado domingo y desnudó que sea cual sea el mecanismo que instale el gobierno de Boric, no será un camino fácil. Aunque también evidenció un interesante debate que tenía personas a favor y en contra. 

“Creo que no va a ser un trámite fácil. No va a ser un proyecto que podamos decir, los vamos a sacar a final de año, eso lo tenemos claro. Hoy día incluso en proyectos o en el trabajo que se está realizando desde el ministerio cuesta avanzar simplemente porque actualmente tenemos un Congreso con fuerzas políticas contrarías a la inclusión y el respeto a la diversidad. Eso presente en nuestro Congreso, también está presente en varios países de Latinoamérica”, opinó Vidal. 

Por otro lado, la primera diputada transgénero de Chile, Emilia Schneider, dijo al Blade que “me parece que el anuncio de una institucionalidad para la población LGBTI en el Ministerio de la Mujer, y también en lo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Justicia para avanzar en una institucionalidad contra la discriminación, a propósito de la reforma a Ley Antidiscriminación son dos pasos fundamentales para avanzar en dignidad y derechos para las diversidades y disidencias sexuales”. 

Según la congresista es importante “hacer un cambio permanente en el Estado, que de reconocimiento a la importancia de tener un espacio que responda a las necesidades de la población queer y se haga cargo de combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que está expuesta nuestra comunidad”. 

“Me parece que este es uno de los compromisos más importantes, que de concretarse serian un legado fundamental de este gobierno en materias de diversidades y disidencias sexuales”, concluyó Schneider. 

Mientras que la coordinadora de políticas públicas de la Asociación OTD Trans, la organización trans más importante de Chile, Ignacia Oyarzun, opinó que la instauración de una institucionalidad “es un avance que va en la dirección de establecer lo que será un cupo laboral trans para lograr una mayor integración de la comunidad en la sociedad, ya que en la práctica ocurre que las personas de las diversidades trans, no son contratadas, o son despedidas injustificadamente de espacios laborales, precarizando aún más una vida llena de violencias, y por lo tanto, es una señal de querer hacer las cosas de manera correcta, teniendo en consideración que las personas de nuestra comunidad pertenecen a grupos de vulnerabilidad y por tanto somos sujetes de especial protección”.

Finalmente, Jorge Muñoz, de la organización Mogaleth de Puerto Montt, una ciudad ubicada a 640 millas al sur de Santiago, que también participa de la Mesa LGBTIQA+ señaló al Blade que “todo acercamiento desde el poder central a la sociedad civil, y sobre todo a las regiones es positivo. En ese marco consideramos un avance en cuanto a las demandas del colectivo en la lucha por el reconocimiento de la vulneración histórica de nuestros derechos”.

“El reconocimiento del Estado hacia el maltrato y los discursos de odio hacia las disidencias han sido históricamente centralistas. Las regiones, donde también sufrimos acoso, maltrato, dificultades de acceso a salud, educación y trabajo hemos sido relegadas a lo largo de la historia. En este sentido lo que más valoramos es el reconocimiento de nuestras demandas en el contexto territorial”, remató Muñoz. 

Por ahora, no hay una versión oficial sobre cuál será el mecanismo se utilizará para crear la anhelada institucionalidad. Lo que sí está claro, es el compromiso del gobierno y el MinMujeryEG con los derechos LGBTQ+ que avanzarán sin importar los costos políticos que puedan traerles. 

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

CIUDAD DE PANAMÁ — El pasado 21 de diciembre de 2022, activistas, líderes, lideresas y organizaciones sociales de base comunitaria convocaron a personas LGBTI en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de entregar una carta abierta a los magistrados en la cual se solicita el reconocimiento del derecho al matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Panamá. Y es que desde el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene tres casos de matrimonios igualitarios “archivados” (o mejor, sin fallo). En los cuales, se debe resolver la desigualdad que experimentan sus familias en la construcción de su proyecto común, como cualquier persona en Panamá.

Es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en su Opinión Consultiva 24/17, ha establecido claros principios sobre no discriminación de personas LGBTI, indicando que:

●  La Convención Americana no protege un determinado modelo de familia. El vínculo familiar de parejas del mismo sexo está protegidos

●  Los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo, deben ser protegidos sin discriminación alguna frente a parejas heterosexuales.

●  La obligación internacional de los Estados trasciende la protección de temas patrimoniales y se extiende a todos los derechos humanos, tanto internacionalmente como en el derecho interno.

●  No hay que crear instituciones nuevas sino extender las existentes a parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio civil, de conformidad al principio pro persona. Otra institución con otro nombre carece de sentido ya que sería una diferencia estigmatizante.

En octubre de 2020 Panamá recibió un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cumpliera de “buena fe” con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa y LGBTI. Hoy en Panamá las parejas del mismo sexo no cuentan con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Este acto desató en la sociedad panameña conservadora reacciones inmediatas, convocando desde el mismo 21 de diciembre un plantón en el mismo lugar para el 11 de enero de 2023 denominado la “Gran manifestación en defensa del matrimonio tradicional”, alegando que “El matrimonio es solo entre hombre y mujer”.

José Luis Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional por La Familia, dijo que: “nuevamente los magistrados de la CSJ sufren la presión del colectivo político trasnacional LGTB para que tuerzan nuestras leyes y aprueben el matrimonio homosexual”.

En ese sentido, Delgado recordó una consulta hecha con anterioridad sobre este tema por la Contraloría General de la República, en la que se señaló que la mayor parte de los panameños “somos profamilia, provida y solo aceptamos el matrimonio hombre y mujer”.

Todas las personas debemos tener la libertad de elegir a quien amar y formar una familia, derecho que no es exclusivo para unos pocos, y en esta lucha puedo decir plenamente que me identifico con la frase del activista Iván Chanis Barahona, quien en una entrevista manifiesta ser pro familia, hablando sobre el reconocimiento, inclusión, amor  y la garantía de derechos de todos los tipos de familias existentes, no solo en Panamá si no en el mundo.

A quienes se llaman “pro familia” justificando su odio, su segregación y prejuicio en la palabra de Dios, les podría hacer mil preguntas, y mil reclamos, pero nos llevaría a la misma discusión, la cual no parece tener fin. Sin embargo, las personas de LGBTI solo estamos pidiendo se nos reconozcan nuestros derechos. 

Gustavo Patiño es productor artístico, columnista y colombiano residente en Panamá.

Twitter @GustavoPerrito
Instagram @GustavoPerrito

Lee sus columnas aquí.

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de enero.

GUAYAQUIL, Ecuador — La violencia en el país en 2022 y la consolidación de las redes de delincuencia organizada incidieron en el aumento de asesinatos contra personas LGBTIQ+.

Según el informe Runa Sipiy, de la Asociación Silueta X, el año pasado fueron asesinadas 25 personas de la diversidad sexo genérica.

El reporte recoge cada año los casos de asesinatos, muertes violentas no esclarecidas, intentos de asesinato y amenazas de muerte en contra de personas LGBTIQ+. 

En relación a 2021, hay un aumento drástico en los casos de asesinatos contra personas de la diversidad sexo genérica. Ese año, la cifra fue de 15.

“Cuando la violencia aumenta en todo el país, esta aumenta aún más en contra de las poblaciones vulnerables”, explica Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X.

El año pasado, Ecuador alcanzó en 2022 la cifra de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que representa el número más elevado de la última década, y lo sitúa como el sexto país más violento de la región.

En los resultados presentados en el informe se detalla que de los 25 crímenes contra personas LGBTIQ+, en 16 casos las víctimas fueron mujeres trans.

“Esta realidad nos permite corroborar que existe mayor exposición y violencia en contra de las personas transfemeninas, quienes son las más vulnerables”, precisa el informe.

Las mujeres trans son las más expuestas a situaciones de violencia por la discriminación y exclusión social. Sin acceso a oportunidades laborales, muchas se dedican al trabajo sexual y en el contexto actual del país han sido víctimas de extorsiones de las redes de delincuencia organizada.

“La falta de garantías de seguridad hacia la población en general por parte del actual Gobierno se refleja también en los datos de crímenes contra personas LGBTIQ+. Estamos ante un problema estructural, pero en nuestro caso con particularidades que requieren atención prioritaria a mujeres trans”, sostiene Rodríguez. 

Trasnfemicidios, sicariatos y extorsiones

Valentina Espinoza, de la ciudad de Guayaquil, fue la primera mujer trans asesinada en 2022. El 4 de enero, su familia encontró su cuerpo con 5 puñaladas.

Desde Silueta X, denuncian la falta de investigaciones que permitan esclarecer si hechos como este responden a transfeminicidios, pues desde la organización se señala a la expareja de la víctima como principal sospechoso. 

Tan solo un día después, el 5 de enero, Cristian Nicola, quien se autopercibía como transmasculino, fue abatido desde una motocicleta mientras se encontraba junto a su padre.

Según detalla el informe Runa Sipiy, este fue el primero de los 10 casos de muerte violenta o sicariato del que fueron víctimas las personas LGBTIQ+ en 2022. La cifra representa el 40 por ciento de las muertes totales.

Las “vacunas” o extorsiones son pagos que solicitan las bandas de delincuencia organizada. Esta modalidad se extiende por el país y recae también sobre la población de la diversidad sexo genérica. 

Otra víctima de sicariato fue la activista trans Jéssica Martínez, asesinada en septiembre del año pasado tras denunciar extorsiones de parte de grupos de delincuencia organizada. Su cuerpo fue encontrado con 11 disparos.

Jéssica era la vicepresidenta de la Asociación Trans Nueva Esperanza, que lucha por los derechos de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en Ambato.

Como dirigente de esta organización, denunció que grupos delincuenciales exigían a las trabajadoras sexuales pagar cuotas mensuales por ocupar espacios en la vía pública. Ella se negó.

“La delincuencia les persigue y les hace ser víctimas de extorsiones o demanda de vacunas. Y como consecuencia de negarse, o no poder realizar estos pagos, llega también el sicariato”, explica Rodríguez.

Según el informe, que detalla el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ desde 2010, el año pasado fue el más violento para las personas de la diversidad sexo genérica.

Las provincias con más casos son: Guayas, con nueve; Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, con tres cada una.

“Hoy por hoy, no existen garantías para nadie, y tememos que la tendencia siga aumentando, y más aún, tememos también por nuestra propia vida, tememos que por recolectar datos y exigir justicia para nuestras poblaciones algunx de nosotrxs pueda ser asesinadx”, denuncia Rodríguez.

Diego Rivas es comunicador social con énfasis en periodismo. Investigador y documentalista. Creo y trabajo con la potencialidad del periodismo para generar cambios y concientización en las sociedades. Producir comunicación para las diversidades y desde las diversidades es una estrategia de resistencia y reivindicación frente a un sistema que nos ha condenado y perseguido por ser nosotrxs mismxs.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — “Nosotras no contamos con muchos servicios que son esenciales como mujeres trans”, recalca Angie Orellana. Uno de ellos es la salud, la cual es un derecho vital para cualquier ser humano. Desafortunadamente, los entes gubernamentales han segregado a la población trans, dejándola sin atención o discriminándola al brindarle este servicio.

Hasta este momento solo hay un protocolo desarrollado para brindar asistencia a las personas LGBTIQ+, la llamada Guía 06:2016, que socializa cómo “proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH”.

Más allá de esta, las personas trans no tienen nada que las ampare y constantemente se ven enfrentadas a escenas de discriminación, humillación o negación de servicios por su género dentro de instituciones estatales. Cabe resaltar que en Honduras alrededor del 70 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y en 2021 la pobreza extrema aumentó en un 44 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sumado a esto, la casi imposible obtención de empleos bien remunerados debido a la discriminación por parte de una sociedad que las rechaza. Según el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, las clasificaciones de empleo son las siguientes: trabajadoras sexuales, el 42 por ciento del total, el 34 por ciento son trabajadoras formales, el 5 por ciento son activistas y el 7 por ciento trabajadoras informales.

Al respecto, Angie señala que este escenario obliga a muchas personas trans a migrar de forma irregular a países como Estados Unidos, donde su expresión de género no es un impedimento para obtener un empleo digno, acceder a educación y un servicio de salud integral.

Forzadas a cambiar de vida

En Estados Unidos, se encuentra Aneiry Zapata, hondureña de 26 años de edad, refugiada desde hace siete, huyendo de la violencia y discriminación a la que estaba expuesta solo por su expresión de género.

La hija de padres indocumentados, actualmente se desempeña como activista de derechos humanos en BLMP en la coordinación del Comité Garífuna, brindando servicios a migrantes recién llegados al país anglosajón para que obtengan servicios de salud, refugio y alimentación luego de su travesía.

“Honduras me trató muy mal”, dice al continuar su relato con un semblante serio, un tono de voz seguro y con ojos totalmente expresivos. Comparte que aunque sabe que en algún momento tiene que volver a Honduras, no quiere.

Aneiry y Angie comparten la pasión por la educación. Antes de migrar, la activista se dedicaba a la docencia, sin embargo, aún los niños de los cuales era maestra la insultaban llamándola con pronombres masculinos y usando términos homofóbicos argumentando que sus padres la nombraban de esa manera.

Al consultarle acerca del cambio de nombre, Aneiry comenta que es una situación bastante frustrante dado a que fue capaz de cambiar su nombre en Estados Unidos, no obstante sabe que si regresa a Honduras esto no tendrá validez porque el cambio de nombre todavía no inicia por lo que la llamarán por su nombre muerto.

Mientras la activista relataba su travesía menciona que este año una asesora de la Secretaría de Desarrollo Social la contactó para decirle que deseaban que ella se convirtiera en la primera persona en el extranjero quien hiciera el proceso del cambio de nombre.

Agregando que si accedía debía de realizar una campaña en redes sociales mencionando el apoyo del Gobierno, por lo cuál se negó a participar, para no traicionar a las otras personas trans que han luchado y que continúan en el país.

El 27 de octubre del 2022 el subdirector nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales, Olbin Mejía Cambar, informó que “el Registro Nacional de las Personas solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) la asistencia técnica para la adecuación de la normativa nacional” y que así se proceda con el cambio de nombre.

Según este “El Estado adoptará un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos”, pero no se tiene un tiempo estimado para la finalización de dicho proceso.

Con una historia similar, encontramos a Kendra Jordany, originaria de San Pedro Sula, activista de derechos humanos quién trabajó en pro de los derechos LGBTIQ+ con diferentes organizaciones no gubernamentales incluída Médico Sin Fronteras, donde manejaba temáticas de VIH y La clínica “Puertas Abiertas” para la atención de la población diversa.

Sin embargo, luego de finalizar su relación laboral con dicha organización, decidió emigrar para tener una mejor calidad de vida de la que lamentablemente no gozaría en Honduras. Por falta de oportunidades.

En junio de 2022, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la OEA, presentó un diagnóstico para identificar los principales retos para el cumplimiento de dicho punto. A partir de esto, el RNP con el apoyo de diferentes instituciones como CONADEH, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la PGR, están construyendo una propuesta de reformas para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Honduras.

Un sistema de salud obsoleto

En Tegucigalpa, capital del país, reside el doctor y activista Dylan Duarte. A sus 32 años de edad, labora con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se ha convertido en la primera persona trans en ser reconocida por el gobierno con su identidad y expresión de género en las identificaciones oficiales.

“Esos avances, por minúsculos que parezcan en un país con el contexto de Honduras, son algo”, dice. Con los rayos del sol reflejándose en su camisa blanca, procede a darnos su testimonio con semblante tranquilo y el tono de voz apacible que lo caracteriza.

En la Secretaría de Salud no existe un protocolo de atención integral en salud para personas LGBTIQ+, tampoco hay médicos especialistas en endocrinología que puedan trabajar la etapa de reemplazo hormonal. 

“Hemos visitado a algunos, pero nos han cerrado las puertas. Influye muchísimo la religión y hacen uso de la ‘objeción de conciencia’ para no tratar a una persona. Al final, viene siendo una negligencia. Negar la salud a una persona, por su identidad de género, es violencia”, dice Duarte.

Según Dylan, la presidenta Xiomara Castro tiene una postura positiva en pro de las personas de la comunidad LGBTIQ+, “no significa que esto pase en todas las instituciones. Entonces debe existir un protocolo que nos obligue a sensibilizarlos y educarnos en diversidad sexual y que sea obligatorio para todas las personas que formamos parte del Estado, que somos funcionarios públicos como tal”.

”Yo soy una persona trans que buscó asistencia médica con cirujanos para poder realizarme una operación dentro del país. Recibí muchos rechazos con respecto a eso”, comenta Duarte.

Como el caso de Dylan, existen cientos de historias que evidencian la decadencia de un sistema saqueado y obsoleto. Muchas han sufrido malas experiencias durante sus citas médicas, desde el personal dirigiéndose a ellas con su nombre muerto o pronombre equivocado hasta la falta de explicaciones claras sobre sus diagnósticos.

Otro aspecto de violencia se vive con los procesos de donación de sangre. Al consultar con la Secretaría de Salud cuáles son los requisitos, se enumeran doce puntos para asegurar la sanidad del paciente. Sin embargo, aunque una persona LGBTIQ+ esté sana, con mucha frecuencia se le impide donar sangre.

Angie resalta que las luchas en el presente son muy importantes para que las personas que vengan en el futuro tengan las armas necesarias para seguir luchando en pro de sus derechos.

Mientras cae la tarde, Angie derrocha más energía, se balancea en su hamaca, continúa  relatando sus pasiones de lucha y se abre paso para contar más de su familia. Actualmente tiene pareja y un sobrino de nueve años al que considera su hijo, pues se ha encargado de criarlo desde que este tenía dos años de edad.

Su semblante se entristece al revelar que al principio quiso desistir de la crianza de su sobrino debido a las críticas y los malos comentarios que se podían dar, pero su amor por el pequeño fue más grande y decidió que les demostraría que podía cuidarlo y educarlo siendo una mujer trans.

La cruda realidad

En La Ceiba, en la costa norte de Honduras, Mónica Martínez, abogada penalista quien ejerce de manera independiente y ha luchado en contra del sistema para lograr el respeto o reconocimiento en su trayectoría profesional. Recientemente tuvo una victoria a nivel personal cuando, al realizar el papeleo de caso, el juez le preguntó “¿cómo le gusta que la llamen?” para así poder incluirlo en los documentos.

Mónica reconoce que estos son pequeños avances que marcan una diferencia. Según la ceibeña, tanto el proceso de cambio de nombre como la ley de identidad de género tomarán algunos años más para concretarse completamente, pero alienta a sus compañeras a unirse para mantenerse informadas y poder esparcir la información correcta.

En cuanto a los retos que enfrentan las personas trans en Honduras, indica que se mantienen invisibilizadas debido a la discriminación, el estigma y la falta de voluntad política para crear una ley de identidad de género o al menos permitirles cambiar su nombre en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Desde hace ocho años, los grupos defensores LGBTIQ+ desarrollan un borrador de una ley de identidad de género integral que garantice el goce de derechos de las personas trans. “Hay que reconocer que se han dado avances, pero que falta muchísimo más”, comparte Allyson Hernández.

“Esto es algo que me ha venido afectando durante toda mi vida. Aquí donde me ves, sé de enfermería, conozco de mecánica industrial, conozco de computación y nunca pude ejercer ninguno de mis oficios ni mi carrera por esa limitante, por la discriminación”, expresa Angie.

Esta situación evita que puedan acceder a educación, servicios de salud y justicia, orillándolas en muchos casos a ejercer el trabajo sexual, “expuestas a la violencia y abusos que hay en las calles” e impidiéndoles disfrutar plenamente de su identidad de género en su propio país.

“Ni siquiera tenemos protocolos de atención especializada, somos discriminadas en los espacios educativos, no contamos con oportunidad de trabajo y siempre hemos tenido falta de respuesta por parte de los servidores públicos al momento que interponemos una denuncia”, dice la originaria de San Manuel.

En gran parte de casos, cuando una persona trans es asesinada, el tratamiento e investigación no llegan a resultado alguno. Los casos quedan engavetados y no se identifica a los culpables. 

Dentro de las medidas de reparación en el caso Vicky versus Honduras se pueden destacar tres para refuerzo de los sistemas judicial, policial y penal: “1) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, 2) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia y 3) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI”.

Diferentes organizaciones LGBTIQ+ han confirmado que ya ha habido un acercamiento de parte de entidades policiales y de investigación para realizar consultas y establecer parámetros que sirvan para cumplir lo solicitado por la Corte IDH. Es un paso necesario dado que los cuerpos estatales ni siquiera cuentan con cifras que contabilicen a la comunidad dividida en sus diferentes interseccionalidades.

Por otro lado, el encargado del censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Mario Roberto Padilla, declaró que están en la fase de planificación para el nuevo censo y que, aunque no saben qué clasificaciones incluirá la boleta del censo, se sentarán con la población LGBTIQ+ para saber cuáles son las necesidades que deben incluirse.

Si se incluye el censo LGBTIQ+, será un gran avance y también se estaría dando cumplimiento a la sentencia de Vicky Hernández donde se solicita establecer un mecanismo de recolección de cifras con las diferentes interseccionalidades del espectro diverso, facilitando el acceso a la información.

Al momento de hacer solicitudes de información pública a los entes encargados se encuentran dos escenarios. Se cuenta con información dividida en las interseccionalidades más conocidas como homosexual, lesbiana y transexual, pero las cifras actualizadas no están actualizadas y no reflejan la realidad de las personas diversas.

La segunda es que las instituciones ni siquiera tienen los diferentes apartados que muestran las interseccionalidades del amplio espectro de la población LGBTIQ+, lo cual causa una crisis que invisibiliza a una población vulnerable que necesita antecedentes para poder sustentar sus luchas.

Un sistema que no provee seguridad ni justicia

Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, en lo que va de 2022, uno de los años más violentos para la comunidad diversa, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas contabiliza que unas 432 personas diversas han muerto de forma violenta en Honduras desde 2009 y que, de estas, 128 son personas transexuales.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad solamente posee cifras desde 2018 y hasta el 20 de septiembre de 2022 solo tenían registradas 39 muertes LGBTI+. De estas, 34 han sido por homicidio, una natural, dos por suicidio y dos indeterminadas. Cifras que difieren mucho de las del observatorio de Cattrachas.

Una de estas muertes violentas es la de Soad, una mujer trans en situación de calle que vivía en un microbús al lado de una estación policial y fue asesinada a mediados de este año, pese a haber interpuesto tres denuncias por amenazas.

Al respecto, el presidente del Comité LGTBI+ del Valle de Sula, Osman Lara, reveló que, tras la muerte de Soad, miembros del comité se presentaron ante el Ministerio Público para preguntar por qué no se le brindó protección a su compañera, a pesar de las tres denuncias.

Lara indicó que desde el MP argumentaron no haber recibido denuncias, pero al llevar las pruebas documentales “no supieron cómo responder”.

Agregó que lamenta que, a un año y ocho meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras, falte voluntad de las autoridades para cumplir con las medidas de reparación, tales como permitir a las personas trans cambiar su nombre en el RNP.

Lo mismo opina Angie. Manifiesta que las personas diversas confiaron en las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien, a su criterio, “ha tenido poca participación pública” y no ha hecho esfuerzos por cumplir con las demás medidas compensatorias.

En el discurso de la toma de posesión, la presidenta Castro hizo reconocimiento público de las personas LGBTIQ+, acto histórico, pues ningún otro presidente lo había hecho. No obstante, los grupos de oposición avivaron el odio en contra de la diversidad durante la época de las fiestas de independencia. 

El 29 de agosto de 2022, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa publicó un comunicado por “ataques a los principios y valores cívicos”, declarando que estaban en desacuerdo con que la comunidad LGBTIQ+ desfilara junto con la niñez y juventud en los actos de independencia. Un acto de desinformación para desacreditar a la población diversa dado que no había hecho ninguna solicitud para participar.

Esto llevó a una serie de ataques de odio dirigidos a las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación y redes sociales. Una multitud de ciudadanos enardecidos por aquellas declaraciones comenzó a reafirmar la idea de que las personas de las interseccionalidades diversas atacaban la moral y las buenas costumbres del país.

Dicha situación desató una reacción de parte de la asociación LGBTIQ+ Kukulkán, que para transgredir el sistema decidió enviar, el 8 de septiembre, una solicitud a la Secretaría de Educación para participar de los desfiles principales. Adicionalmente presentaron una denuncia por discriminación ante el Ministerio Público.

Educación negó la solicitud y la denuncia nunca escaló a otras instancias. Lo anterior es todo un esquema de desinformación de parte de tal grupo religioso dado a que las personas LGBTIQ+ han participado desde 2010 en los desfiles patrios alternos de la resistencia contra el golpe de Estado. 

Esta es la realidad que las personas trans deben afrontar en la sociedad hondureña. Constantemente se crean prejuicios en su contra en actividades que son cotidianas para las personas cisgénero. Algo que Angie viene viviendo desde hace siete años y que no parece terminar nunca.

Angie agrega que el cambio de nombre o la implementación de una ley de identidad de género no solucionaría los problemas de las mujeres trans en el país, pero sería una luz en la lucha por sus derechos.

“Que un país como el nuestro apruebe una ley de identidad de género sería maravilloso. Vendría a disminuir los problemas que tenemos como mujeres trans, a disminuir un poquito el estigma y la discriminación que existe”, dice.

En cuanto a sus planes para el futuro, Angie quiere terminar su licenciatura en Psicología, que no pudo seguir debido a la falta de recursos y la discriminación en los establecimientos educativos.

Además continúa trabajando con el grupo de jóvenes de su comunidad. “Estoy con ganas de trabajar con este grupo, hay historias nuevas que contar y hay un trabajo nuevo que realizar. Eso es lo que me mantiene entusiasmada”, concluye.

Al cierre de esta investigación hemos conocido las historias de tres mujeres trans migrantes, una de ellas de 17 años que no pudo seguir esperando sus derechos mientras el Estado hondureño sigue obstaculizandolos. Este reportaje va para las, los y les que se fueron, que están migrando y para aquellas quienes ven la migración como su única salida para vivir y ser su verdadera yo. 

Para aquellos, aquellas y aquelles que se quedan para unirse a la lucha por la ley de identidad de género integral, el cambio de nombre, el respeto a los derechos humanos y la creación de protocolos que velen por sus vidas. Por Vicky, Angie, Allyson, Mónica, Aneiry, Kendra, Thalía, Claudia, Sofía y Dylan. Por lxs aliadxs, las organizaciones LGBTIQ+ y para todas aquellas personas que se deconstruyen a diario por una mejor Honduras que permita que las personas trans dejen de ser indocumentadas en su propio país.

Esta es la primera parte de un reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

SAN MANUEL/SAN PEDRO SULA, Honduras — En la aldea de Tacamiche, que se desligó de la transnacional bananera Tela Railroad Company a finales de los años 90, vive Angie Orellana, mujer trans, activista y lideresa comunitaria que pese a las múltiples limitantes en el área rural se mantiene firme en su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras.

De actitud afable, mirada expresiva y suave sonrisa, Angie nos recibe en su casa en esta aldea situada en San Manuel, a 22 kilómetros de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, para ilustrar la realidad que viven muchas personas trans en el país. 

En una hamaca, debajo de un barracón rodeado del verde de las plantas, la originaria de  la ciudad de La Lima narra que su espíritu aguerrido nació cuando apenas tenía 13 años en la lucha campesina de la que sus padres fueron parte para desligarse de la transnacional. 

“De ahí nace la lucha a la que me dedico ahora para el cumplimiento de nuestros derechos. De ahí parte lo que soy como mujer trans, como luchadora, porque soy una persona que me mantengo luchando por nuestros derechos”, expresa.

En su juventud, Angie incursionó en las luchas estudiantiles y, con el paso de los años, gracias a su hermana, quien también es mujer trans, llegó a las puertas de la Asociación Feminista Trans (AFET), donde aprendió más acerca de la diversidad de género y poco a poco se fue involucrando en las actividades para defender los derechos de la población trans en Honduras.

Incertidumbre

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que hizo responsable al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe del 28 de junio de 2009 marcó un precedente histórico para la población trans y comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Hubo un velo de esperanza para una comunidad que durante años ha sido víctima de odio, discriminación y violaciones de derechos humanos que les han despojado de su plenitud como personas.

Sin embargo, la realidad es que la incertidumbre continúa para las personas trans, aunque se han dado avances en algunos procesos. El Estado de Honduras realizó el 9 de mayo de 2022 el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la muerte de Vicky Hernández, una de las medidas reparatorias que la Corte IDH ordenó al Estado luego de la sentencia.

Al respecto, Angie expresa que luego del acto de reconocimiento de responsabilidad, la poca visibilidad que la presidenta Xiomara Castro da a las personas trans en los espacios públicos es preocupante. “Nosotras le apostábamos a que en todo momento, en todo espacio, la presidenta iba a estar representándonos y no ha sido así”, comenta.

Las personas trans todavía continúan en espera de una respuesta que les deje saber cuál será el siguiente paso que les permita acercarse al goce integral de sus derechos. “Hemos tocado varias puertas, así vemos la poca voluntad política de cada una de las personas que llevan este proceso”, puntualiza la activista. 

Con 40 años de edad, Angie dice ser “una persona indocumentada en su propio país”. De igual manera, remarca la carencia de una ley de identidad de género que beneficie a las personas trans, no para solucionarles la vida por completo, sino para erradicar las violaciones a los derechos humanos que viven diariamente.

Falsas esperanzas

Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se realizó el censo nacional de la población con la intención de actualizar la tarjeta de identidad, anteriormente llamada cédula, a un nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Para el DNI, las personas trans pudieron tomarse la fotografía vistiendo acorde a su expresión de género. El nuevo documento incluye los apartados de nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de identificación, nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de expiración y firma del ciudadano, dejando el apartado de sexo/género.

Sin embargo, en la parte posterior del documento se observan los diferentes códigos de barra, QR, domicilio y un código alfanumérico que contiene un identificador de F o M (femenino o masculino), el  cual, de acuerdo con dirigentes de las asociaciones LGBTIQ+, evidencia la forma en que el pasado gabinete manipulaba la información para hacer parecer que se avanzaba en la materia cuando no era así.

Esta relevante pieza de información que muestra cómo los procesos se camuflan para impedir el goce de derechos humanos integrales no aparece en las fotografías de la campaña informativa que publicaron entes del Gobierno al momento del censo.

La lideresa trans y defensora de AFET, Allyson Hernández, comenta que esta ha sido “una estrategia muy sucia”. “Hay muchas compañeras que se alegran porque está el cambio de la imagen, pero nosotras que estamos dentro y al frente de la lucha y el movimiento entendemos que ha sido algo maquillado, donde siempre se nos marca que somos sexo masculino”, señala.

Según Hernández, esto conlleva a que otras personas se confundan, dado que la imagen de expresión de género no es la misma que indican los documentos de investigación, propagando aún más el odio y el estigma.

¿Hay avances?

Dentro de la sentencia de la Corte IDH, la octava medida reparatoria que el Estado debe cumplir es “adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos en los documentos y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida”.

En septiembre del presente año debía haberse dado una reunión para iniciar el proceso de cambio de nombre, pero el Registro Nacional de las Personas (RNP), institución que se encargará del proceso de cambio de nombre en el DNI, no ha definido hasta el momento la metodología ni fechas para iniciar con el cumplimiento de dicha medida.

Al ser consultados, el RNP aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que lidera el cumplimiento de la sentencia, apoyándose en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras organizaciones de sociedad civil defensoras de las personas de la diversidad. Asimismo, argumentó que “solo están a la espera de la suscripción del memorándum de entendimiento para el cumplimiento de la sentencia, con el acompañamiento de todas las instituciones involucradas a nivel nacional que garanticen su cumplimiento”.

Angie reconoce que las personas trans tienen que vivir situaciones de discriminación en cada espacio. Las actividades cotidianas más simples como ir al banco o recibir atención médica se vuelven engorrosas al no contar con los documentos que reflejen su expresión de género. 

Cabe resaltar que en Honduras actualmente existen solamente tres motivos por los cuales una persona puede cambiar su nombre, basados en el artículo 51 de la Ley del Registro Nacional de las Personas: 1) por error del registro al momento de su inscripción, 2) cuando el nombre sea demasiado difícil de pronunciar o de escribir y 3) cuando el nombre denigre a la persona o sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Dentro del último punto se hace énfasis en que, si los nombres son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, se realizará el cambio de nombre solamente si hay un dictamen forense solicitado por el RNP que evidencie que esto está causando daño psicológico en la niña o niño.

Mientras tanto, las personas trans continúan sumidas en procesos de discriminación, en los que son objeto de burlas, humillaciones y negación de servicios por no tener un documento de identidad que refleje su expresión de género real.

Esperanza con liderazgo

En su diario vivir, Angie trata de dejar huella ejerciendo su liderazgo. Dedica su tiempo a hacer voluntariado dentro de AFET y también coordina el grupo Frida Trans, integrado por 40 personas voluntarias con diferentes expresiones de género. Angie creó Frida Trans con el propósito de brindarles apoyo, ser más visibles en la comunidad y educar a las personas de su entorno para derribar estigmas sociales. Por ello, Angie resalta que le gusta “la inclusividad porque la lucha es LGBTI+, no es solo de las personas trans”.

El municipio de San Manuel es una zona del interior del país bastante conservadora, que se vuelve agravante para la seguridad de las personas trans. Sin embargo, la lideresa se muestra firme en destacar la importancia de la educación comunitaria en temas de diversidad. El semblante de Angie se va endureciendo a medida que habla de sus puntos de vista para poder alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

“Considero que nosotras debemos educar a la sociedad. No te miento, siempre hay un grado de estigma y discriminación en los lugares que puedo llegar o llego, pero lo que me gusta dar a conocer es el trabajo que nosotras realizamos, lo positivo de trabajar en los colectivos LGBTI+ para el cumplimiento de los derechos, específicamente”.

Frida Trans ha permitido que haya mayor visibilidad en el sector, las personas LGBTI+ se están manifestando para abrir espacios donde puedan abordar temas referentes a su expresión de género, ya que actualmente esta localidad no cuenta con un punto de reunión para la población diversa, como en la mayoría del territorio hondureño, donde se segrega a muchas personas trans por considerar que alteran las buenas costumbres y el orden público. 

Relación del fundamentalismo religioso con el Estado

El fundamentalismo religioso ha levantado ataques de odio en la comunidad de San Manuel, propagando la desinformación y haciendo que más personas apoyen la posición de los grupos antiderechos.

Angie reflexiona que “eso es algo que siempre va a existir” porque lo vienen acarreando desde hace muchos años, pero “nunca se había visto de manera tan violenta ni directa como en este momento”, indica.

En lo que va del 2022 ya se superó el número de muertes violentas de personas diversas del año pasado. En 2021 se cerró con 29 muertes, mientras que en julio del presente año esta cifra ascendía a 36 muertes violentas dentro de la comunidad, siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán los que registran mayor número de fatalidades.

Aunque se muestra optimista al afirmar que “esto va a disminuir a medida se eduque a las personas”, la cotidianeidad de Angie y el resto de sus compañeras no es fácil. “Algunas de nosotras o todas nosotras nos preparamos diariamente para conllevar lo que pasa a nuestro alrededor; discriminación, rechazo, odio, todo ese tipo de cosas”.

Un ejemplo de esto se dio en el marco del Día contra la HomoLesboBiTransFobia luego de que varias organizaciones LGBTIQ+ realizarán eventos de manifestación exigiendo sus derechos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se negó a izar la bandera del orgullo, argumentando que “no quería enemigos como la iglesia o cualquier otro sector que pudiera pronunciarse en contra de su gobierno”, comparte el presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara. 

“Esta es una de las mayores limitantes dado que ni nosotras gozamos de un Estado laico, tú bien sabes todo lo que hemos venido acarreando desde años, donde siempre la Iglesia ha estado incluida en las decisiones del pueblo. Entonces creo que no debe ser así”.

Según un estudio publicado por CID Gallup, la población hondureña es 36 por ciento católica y 44 por ciento evangélica. La religión en Honduras es con frecuencia utilizada como mecanismo de manipulación, lo cual conlleva a que se divulguen más discursos de odio en contra de las personas trans.

No obstante, la Constitución de la República en el artículo 77 expone lo siguiente: “Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”.

La realidad es completamente opuesta a la teoría. Desde hace mucho tiempo se ve abiertamente cómo la relación entre Iglesia y Estado ha interferido en decisiones para el bienestar social como derechos sexuales y reproductivos, ley de identidad de género y matrimonio igualitario.

Angie inclina el cuerpo, se impulsa hacia adelante en la hamaca donde está sentada y abre las manos para gesticular, canalizando toda la energía que siente en ese momento para expresar su relato. 

“Parte del Estado debe de ir trabajando en esto para que se vaya erradicando … Son personas aliadas prácticamente todas las que están en contra de nuestros derechos en beneficio de la población LGBTI+ … hay intereses políticos detrás de todo esto también porque todo nace de esta manera”, enuncia.

Radio Nacional de Honduras es censurada

Sumándose a esto, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales se convierten en fuentes de desinformación y perpetúan el odio. Por otra parte, los medios independientes hacen uso de las herramientas de capacitación de entes internacionales para empezar a exponer la realidad de las poblaciones rezagadas.

En junio de 2022, Radio Nacional de Honduras difundió dos audios que fomentaban el respeto a los derechos LGBTIQ+. En uno de ellos, una joven le comenta a su madre que es lesbiana y, en el otro, una mujer mayor expresa que existirá normalidad hasta que se respeten los derechos de todas las personas.

Se trata de un hecho histórico en el país, puesto que ningún medio estatal había emitido alguna opinión al respecto hasta ese momento. Como consecuencia, la radioemisora sufrió una serie de reacciones negativas y ataques dado que los oyentes argumentaban que se estaba atentando contra la institución de la familia y que la campaña era inmoral e incorrecta para los niños del país.

Venciendo el desconocimiento con la verdad

De vuelta a su semblante risueño, relajada y acercándose más a cámara, Angie deja apreciar su personalidad más rockera con sus característicos tatuajes y su nítida manicura. Procede a abrirse para relatar cómo fue su transición. Cuenta que, por desconocimiento en temas de género y diversidad, durante algún tiempo se definió como un chico gay, aunque siempre se sintió más femenina.

“Recuerdo que me gustaba mucho el rock, así que lo utilizaba de escudo para que no me discriminaran cuando yo saliera con ropa bien ajustada y con un poquito de maquillaje en mi cara”, relata.

Reconoce que aún en ese momento no se definía como mujer trans por la desinformación es estos temas que son de suma importancia. Aquí entran las organizaciones LGBTIQ+, dedicadas a la incansable labor de la educación y visibilización de lxs miembrxs de la comunidad.

Hace siete años, luego de capacitarse, por fin reconoció su género. “Hasta que yo llego a AFET y comenzamos a hablar de género y orientación sexual es cuando yo ya me identifico como una persona trans”, comparte.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Angie comparte lo que significa esta transición para su vida, lo cual ella cataloga como “un logro porque me siento libre, libre al expresarme y al identificarme con el género con el que yo me siento conforme”.

A pesar de que ha sido un reto luchar diariamente contra las imposiciones de un Estado y sociedad rotos por los intereses políticos, no oculta la felicidad que siente al poder ser ella misma y que su activismo llegue a más personas que como ella no entienden cómo identificarse.