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Pareja de lesbianas cubanas vive entre la libertad y en el encierro

Yanelkys Moreno Agramonte permanece bajo custodia de ICE

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De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

Nota del editor: Yariel Valdés González es periodista de Cuba que ha obtenido asilo en Estados Unidos. Permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por casi un año hasta su liberación del River Correctional Center en Ferriday, Luisiana, el 4 de marzo.

Una versión de esa nota en inglés salió en el sitio web del Los Angeles Blade el miércoles.

En casi cinco años de noviazgo, Yanelkys Moreno Agramonte, 36, y Dayana Rodríguez González, 31, nunca se habían separado. Eran dos vidas en una hasta el 3 de noviembre de 2019 cuando ambas solicitaron juntas asilo político en Estados Unidos a través de un puerto de entrada de El Paso, Texas. Allí determinaron que no podían estar sentadas ni en el mismo banco. Mientras procesaban su ingreso al país, ambas fueron confinadas a celdas distintas.

“A mí me encerraron en una bien pequeña, sola”, cuenta al Los Angeles Blade vía telefónica Moreno desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana, el 9 de junio. “Allí estuve dos días y a mi pareja la trasladaron al otro día de haber entrado”.  

“Perdimos todo vínculo”, narra por otra parte Rodríguez el 10 de junio en una llamada con el Blade desde Phoenix. “No sabía donde estaba ella y ni ella donde estaba yo. El día cuatro me movieron en la noche para el centro de detención y ahí seguía con la incertidumbre de si la iban a mandar para allá”.

Al otro día coincidieron unos minutos en el comedor del El Paso Service Processing Center, pues no estaban en el mismo dormitorio. Así hicieron cada vez que podían para curarse esa necesidad de una por la otra.

“Nos regañaron dos veces porque yo me quedaba de última en la fila para esperar a que ella llegara y comer juntas”, recuerda Rodríguez. 

Ambas idearon una estrategia para verse en los turnos de la biblioteca, en visitas que podían solicitar y hasta en la ceremonia religiosa que la Iglesia Católica oficiaba allí.

“Yanelkis hizo las peticiones para las visitas como dos veces y nos autorizaron una sola. Era en un mismo salón todas las parejas juntas, una al lado de la otra. No nos podíamos tocar, solo un beso a la entrada y un beso a la salida y con una oficial vigilándonos todo el tiempo. Y era cuando ellos querían darte la visita”, comenta Rodríguez.

Si ambas hubieran estado casadas, quizás esta historia no hubiera sido tan amarga, pues, en teoría, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispone que un solicitante de asilo casado puede patrocinar a su cónyuge a través del estado de “asilado derivado”. Este proceso permite que puedan permanecer juntos siempre que presenten un certificado de matrimonio o unión civil. 

Pero Moreno y Rodríguez son ciudadanas de Cuba, una isla donde aún no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo así como prevalecen políticas gubernamentales y actitudes sociales que acentúan la discriminación hacia la comunidad LGBTQ.

Sus casos de inmigración están unidos, sin embargo, en diciembre Moreno fue separada otra vez de Rodríguez, esta vez a más de 900 millas al este, al South Louisiana ICE Processing Center, donde actualmente permanece, mientras que a Rodríguez la mantuvieron en custodia en El Paso hasta el 4 de febrero de 2020 cuando fue liberada bajo libertad condicional (parole) y una fianza de $7,500. 

Se vieron por última vez a través del cristal de una puerta, amándose con señas, luego de una conversación que marcaría para siempre la vida de ambas. Al siguiente amanecer Moreno ya no estaba y la frustración por no poder despedirse las hiere hasta hoy.

El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México, el 15 de julio de 2019. Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González, piden asilo en Estados Unidos en El Paso. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Homofobia y acoso policial constante en Cuba

Las familias de Moreno y Rodríguez nunca aceptaron que dos mujeres podían enamorarse y convivir juntas. Los prejuicios que aún perviven en la isla caribeña y especialmente en Zulueta, un diminuto poblado en el centro del país donde residían, les ponían constantemente barreras a su vida social y de pareja.

“Debido a mi orientación sexual mis padres se divorciaron. Mi padre es el típico machista cubano, que decía que sus hijos no podían ser homosexuales. La única que me apoyó siempre fue mi hermana”, detalla Moreno. 

A Rodríguez la expulsaron de su casa cuando se enteraron que tenía una relación amorosa con una muchacha.

“Me sacaron todas mis cosas y eso fue terrible, porque estaba lloviendo y además en medio de un apagón. Tuve que recoger mis cosas e irme para casa de ella. Fue algo que no esperábamos”, ella dice.

Al rechazo familiar se sumaban las miradas acusadoras de sus vecinos, por lo que no se atrevían ni a caminar por las calles tomadas de las manos. Moreno se sintió asfixiada con tanta intolerancia, “pues allá (Cuba) los homosexuales no somos bien vistos, ni por la familia ni por las autoridades, somos bastante discriminados. Me sentía mal porque al final nosotros también somos personas correctas. Tenemos derechos y el gobierno constantemente los viola. No podemos tener nuestra propia familia”.

A la imposibilidad de contraer matrimonio, los gays cubanos tampoco pueden adoptar niños. Las personas trans no están protegidas en el actual Código del Trabajo y solo las que se realicen la operación de reasignación de sexo pueden cambiar su género y foto en el documento de identidad, un proceso que no suele ser ágil.  

Como si el actual escenario no bastara, esta pareja sufrió el acoso de un policía homofóbico. El oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba las perseguía como una sombra.

“Había un oficial apellidado Sosa, que donde quiera que estábamos se aparecía”, según el testimonio de Rodríguez. “Él se portó muy grosero con nosotras. En dos ocasiones nos ofendió diciéndonos que no le estábamos dando ningún buen ejemplo a la sociedad ni a los niños”.

“En la otra ocasión, durante unas fiestas del pueblo, estábamos sentadas en el parque, agarradas de manos, sin faltarle el respeto a nadie y él también llegó y nos llevó a la unidad porque, según él, no podíamos hacer eso”, continúa Rodríguez. “Él no estaba de acuerdo en que nosotras fuéramos pareja ni que lo demostrásemos en público. Nos puso una multa de 500 pesos porque no nos quería ver más juntas en la calle. Fue como un acta de advertencia y nos tuvo 73 horas detenidas. En la unidad el oficial le contó a todos que éramos lesbianas y comenzaron también a burlarse de nosotras y a decirnos insultos. Y la verdad es que nos sentíamos muy mal con todo eso. La vida para nosotras era muy difícil allí”.

Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba miran a participantes de una marcha LGBTQ no sancionada que se realizó en La Habana el 11 de mayo de 2019. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Cansadas de ese rechazo familiar, social y gestado también desde las instituciones gubernamentales de Cuba, esta joven pareja huyó del país para no salir nunca más a la calle con miedo, contaron en exclusiva al Blade. Ahora, luego de siete meses en territorio estadounidense, enfrentan el terror de la deportación de Moreno, a quien ya le han negado en dos ocasiones la libertad condicional para enfrentar su proceso migratorio en libertad.

“Las dos respuestas de ICE a mi petición de parole me han dicho que soy riesgo de fuga”, dice Moreno. “La primera fue el 5 de enero y la segunda petición la preparé con un grupo de abogados y quedó muy buena, con todo lo que me pedían, una solicitud bien completa y me la negaron otra vez. Me pusieron una fecha para una entrevista que nunca me hicieron”. 

De acuerdo con la propia directiva de libertad condicional de ICE, si un solicitante de asilo pasa su entrevista de miedo creíble, comprueba su identidad, demuestra que no es un peligro para la sociedad y muestra que no es un riesgo de fuga, debe ser puesto en libertad condicional mientras espera su audiencia de asilo. 

La tasa de libertad condicional de ICE en Nueva Orleans que tiene jurisdicción sobre Luisiana se redujo de más del 75 por ciento en 2016 a cero en 2019, según un dictamen emitido por el juez federal James Boasberg de D.C. que otorga una orden judicial preliminar en una demanda colectiva presentada por otros solicitantes de asilo.

“Yo cumplo con todos los requisitos que ellos piden: entré por un puerto seguro, tengo a alguien que me va a recibir y cuento con un miedo creíble positivo”, ejemplifica Moreno. “Cuando me negaron el parole por segunda vez me reuní con mi oficial deportador y no supieron darme una explicación convincente, solo me dijeron que al evaluar mi caso determinaron que yo no me iba a presentar a las cortes”.

Liza Doubossarskaia es ayudante legal y preparó la segunda solicitud de parole de Moreno bajo la supervisión de Bridget Crawford, abogada y directora legal de Immigration Equality. En una entrevista con el Blade, Doubossarskaia interpreta la negativa de parole a Moreno como un acto discriminatorio de ICE, pues la persona que la va a recibir no es su familia, sino otra persona LGBTQ. 

“En ningún documento se contempla que la persona que recibe al inmigrante debe ser su familiar cercano,” señala Doubossarskaia. “En la solicitud de Parole afirmamos que su familia no la apoya porque es gay, pero ella sí tiene lazos con este país porque tiene una amiga dispuesta a acogerla y el apoyo de varias organizaciones, entre ellas Immigration Equality, que va a velar porque asista a las citas con inmigración. Además no es un peligro, pues presentamos sus antecedentes penales y están limpios. ICE nunca explica por qué es un riesgo de fuga”.

El Blade solicitó comentarios al ICE sobre el caso particular de Moreno, pero no recibió ninguna respuesta al respecto. 

“Cuando tuvimos la segunda respuesta negativa del Parole fue como si nos lanzaran un cubo de agua fría a las dos”, confiesa Rodríguez. “Se nota en el tono de su voz, en su físico cuando puedo verla por una videollamada que todo ese encierro y este tiempo separadas la está afectando, nos está afectando a las dos”. 

Moreno aún está a la espera de su segunda corte, planificada para el próximo 28 de julio. Cuenta que su mayor temor es llegar a su última comparecencia frente a un juez de inmigración “porque es mucho estrés, por todo el tiempo que he estado aquí dentro, por todo lo que hemos vivido. Ese momento es muy difícil y cuando uno no tiene mucho apoyo más todavía”. 

En cambio, a Rodríguez le aterra que su novia sea deportada a Cuba “y todo se termine”. De solo mencionarlo se le raja la voz en el teléfono.

“Hoy terminé la llamada con ella por la mañana llorando porque esta ausencia a mí me ha afectado mucho”, cuenta Rodríguez. “También las llamadas son cortas porque tenemos que ahorrar el poquito de dinero que tiene para comunicarse. Cuando ella me dice que se siente mal y termina llorando la verdad es que me pone muy mal”. 

Encierro ‘peligroso e irracional’ 

En defensa de Moreno y de todos los solicitantes de asilo LGBTQ en custodia de ICE, el congresista de Illinois Mike Quigley envió recientemente una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, donde califica el encierro de esta población, especialmente en medio de una pandemia del coronavirus, como “peligroso e irracional”.

Más de dos docenas de otros miembros de la Cámara de Representantes de EEUU firmaron la petición, que también cita el caso específico de Moreno.

En una entrevista telefónica con el Blade, Quigley considera que se trata de un tema de “decencia humana básica” y expresa que la agencia está “ignorando” el distanciamiento social y otras pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y no “proporcionando equipo de protección o productos de higiene a los detenidos”. 

El demócrata de Illinois también considera que los detenidos LGBTQ en los centros de detención de ICE “son tratados peor en estas condiciones que la población en general, y nadie es tratado bien”.

Moreno detalla al Blade que el South Louisiana ICE Processing Center tiene la capacidad para acoger a unas 1,000 personas y actualmente permanecen allí alrededor de 190 inmigrantes mujeres. En el cuarto donde reside, de 72 camas, están ocupadas más de 50.

“Somos muchas para un cuarto tan pequeño”, dice Moreno. “La comida no es buena, algún día a la semana mejora un poco, pero por lo general es mala. La limpieza no es muy buena tampoco. Ahora, como somos tan poquitas, los insumos de la limpieza han mejorado, pero cuando estaba todo el centro era muy difícil conseguir un papel higiénico o un champú. Aquí no dan jabón. Tenemos que bañarnos con champú y la comisaría es muy cara”.  

De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte habla con su pareja, Dayana Rodríguez González, desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

Doubossarskaia confirma que el centro de detención de Moreno ahora tiene espacio para promover el distanciamiento social, pero ha optado por no hacerlo.

“De hecho, Yanelkys compartió conmigo que en algún momento a principios de mayo las mujeres detenidas de diferentes unidades de vivienda fueron trasladadas a una sola”, ella dice. “Según Yanelkys, cuando se le preguntó a un oficial de detención al respecto, respondió que era para hacer un ‘mejor uso del espacio’”.

Hasta el martes pasado había 871 detenidos de ICE con casos confirmados del coronavirus y su sitio web informa que, de un total 24,713 personas que continúan bajo su custodia, 7,364

inmigrantes han sido sometidos a las pruebas del virus. 

La agencia ratifica que ha evaluado a su población detenida en base a la guía de los CDC para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado del coronavirus. En ese sentido, han liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional.

Pese a que en su centro de detención no hay ningún caso confirmado del coronavirus, Moreno afirma no sentirse segura, pues durante este tiempo de pandemia no se ha detenido la entrada de inmigrantes a la prisión donde se encuentra. 

“No todos los oficiales usan máscaras ni guantes. Ellos dicen que sí toman las medidas cuando entran al centro, pero no me consta. Ellos son los que salen y entran y no nos protegen. A nosotras sí nos exigen estar a seis pies de distancia una de la otra y cuando vamos a la recreación o al comedor son solamente las detenidas de un dormitorio, no nos mezclamos con las demás”, ella dice. 

Al temor de contraer el coronavirus, Moreno ha enfrentado varios episodios de discriminación dentro de la cárcel, lo mismo por parte de sus compañeras que de los oficiales que manejan la detención, que pertenece a la compañía privada GEO Group. 

“Como en dos ocasiones fui a entrar al baño y me decían que no podía entrar porque les daba pena bañarse conmigo”, ella dice. “Yo, con tal de evitar un problema, decidí bañarme sola desde ese momento. Con los oficiales me ha sucedido que les pido, por ejemplo, un papel y no me lo dan, pero detrás va otra persona y se lo entregan, por cosas así me siento discriminada”.

Doubossarskaia opina que ICE no toma suficientes medidas para proteger a las personas LGBTQ en sus instalaciones.

“Hemos escuchados muchas historias de detenidos que sufren homofobia dentro de sus detenciones y a veces las acciones que ejecutan se demoran semanas y a veces no las toman”, advierte.

En cuanto al trato de los oficiales de South Louisiana ICE Processing Center, Moreno declara que en su mayoría no son buenas personas.

“Los hay relativamente sensibles, pero hay otros que hasta nos ofenden, nos humillan”, dice.  

“Yo no pensé estar tanto tiempo detenida”, se lamenta Moreno. “De hecho, mi pareja y yo pensábamos que serían máximo dos meses y que podríamos salir, casarnos, hacer una vida juntas, pero nada de eso ha sucedido. Solo podemos hablar por teléfono, pero la separación es dura y muy triste. Yo me deprimo y lloro mucho”.

Le pregunto qué es lo que más extraña y sin pensarlo dos veces me responde que la libertad, pero sobre todo, a su novia. “Quiero verla, abrazarla …”, dice y nos quedamos unos segundos en silencio y no sé bien cómo animarla, cómo enviarle fuerzas y esperanza.    

“No siento a Yanelkys bien, de hecho, estamos buscando ayuda psicológica”, dijo Rodríguez. “Ya ha tenido dos citas con un profesional porque está muy estresada y la encuentro muy decaída … y a ellos (ICE) no les interesa la vida de uno”. 

Michael K. Lavers contribuyó a esa nota.

De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

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Una ‘besada’ inesperada en La Habana: El activismo LGBTQ+ independiente sale en defensa del Código de las Familias

Proyecto de ley debe garantizar igualdad matrimonial en Cuba

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Activistas LGBTIQ+ frente al Ministerio de Justicia (Foto de Nelson Álvarez Mairata)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 15 de enero.

LA HABANA — Activistas independientes de la comunidad LGBTIQ+ salieron a las calles del Vedado, en el centro moderno de La Habana, para realizar en una besada pública en respaldo al Código de las Familias, el proyecto de ley que debe legalizar las uniones entre personas del mismo sexo en Cuba, además de otros derechos.

El recorrido de los activistas comenzó en 23 y Malecón y tuvo escalas en el Hotel Nacional, el cine Yara y el Ministerio de Justicia.

La abogada Lidia Romero Moreno, el influencer Jancel Moreno y el pastor Adiel González Maimó estuvieron entre los participantes.

Romero Moreno, activista de la plataforma 11M, comentó a Tremenda Nota que se sumaba a la iniciativa porque “es una acción para comenzar a mover los activismos, y decir que estamos aquí y queremos todos los derechos para todas las personas”.

Por su parte, Adiel González Maimó explicó que “es importante todo lo que en materia de activismo se logre hacer con vistas al debate popular del Código de las Familias, para visibilizar las realidades y derechos de la comunidad LGBTIQ+”.

El proyecto de ley del Código de las Familias fue publicado en la Gaceta Oficial este 12 de enero y se someterá a consulta popular en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril del año 2022.

De ser aprobada finalmente en un referendo, la nueva ley resolverá muchas de las demandas de la sociedad civil cubana, entre ellas el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción sin que importe el género de los progenitores y la prohibición del matrimonio infantil.  

Las besadas públicas han sido una opción del activismo LGBTIQ+ para visibilizarse. Cuba no es la excepción.

En 2012 tuvo lugar la “Primera besada por la diversidad e igualdad” convocada por el Proyecto Arcoíris, una organización que se definía como “anticapitalista”, en un sitio cercano a la Plaza de la Revolución, en La Habana.

Dos años después, se repitió esta iniciativa en La Habana Vieja. Ambas ocurrieron el 28 de junio, Día del Orgullo LGBTIQ+ en recuerdo de los disturbios del bar Stonewall, en Nueva York, incidente que ha sido considerado un hito del activismo estadounidense y mundial.  

Otra besada LGBTIQ+ fue convocada el 29 de septiembre de 2015 por el Proyecto Arcoíris y la Red Observatorio Crítico.

En 2020, durante la epidemia de covid-19, el activismo realizó también un evento denominado #BesadaOnLineCuba2020 en la víspera el Día del Orgullo LGBTIQ+. La iniciativa abogaba por un Código de las Familias inclusivo y logró sumar colectivos y activistas de todo el país.

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‘Me recordarán por mi legado’: así fue el último adiós a Thalía Rodríguez en Honduras 

Líder trans fue asesinada el lunes en Tegucigalpa

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(Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 12 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — Bajo el cielo nublado de Tegucigalpa, la tumba de la líder trans Thalía Rodríguez en el cementerio Santa Cruz Memorial está a unos pocos metros de la de su madre, Reina. Las dos murieron con una semana de diferencia. Pero, mientras la muerte de su progenitora fue natural, la de Thalía se debió a un horrendo asesinato cometido a sangre fría el 10 de enero por hombres que no han sido capturados.

Thalía tenía una semana de haber visto a su madre morir en la colonia Smith, en Tegucigalpa, cuando, el 10 de enero de 2022, dos asesinos entraron a su casa en las faldas del cerro Juana Laínez y la mataron de un tiro en la cabeza.

“La pérdida de Thalía no solo es la primera LGBTI del 2022. Thalía estaba sufriendo por la muerte de la mamá”, dijo a Reportar sin Miedo la integrante de la Red Lésbica Cattrachas, Seidy Irías. 

Irónicamente, solo unas semanas antes, Thalía había dicho en una de sus últimas entrevistas para Reportar sin Miedo: “Soy una de las pocas que han sobrevivido. He perdido a la mayoría de mis amigos en el camino, y he tenido que enterrarlos”.

“El día que tú faltes van a hablar de ti porque dejaste un legado. Y esa es una de las cosas más lindas que todos buscamos en esta vida”, había dicho Thalía en un reportaje financiado por la Fundación Internacional de las Mujeres en los Medios (IWMF por sus siglas en inglés) y publicado en Reportar Sin MiedoEn Altavoz y Reporteros de Investigación. 

Como Seidy, al Santa Cruz Memorial, en la salida de Tegucigalpa, llegaron desde las tres de la tarde docenas de miembrxs de la comunidad diversa hondureña en diversos medios de transporte para acompañar en su dolor a lxs familiares y amigxs de Thalía.

“Pasó año nuevo en la casa de mamá y la vio fallecer. Se nos fue una persona muy querida, una gran persona”, agregó Seidy ante el ataúd con los restos de Thalía Rodríguez. 

Alrededor de Seidy se reunieron miembrxs de reconocidas asociaciones LGBTIQ+ (Muñecas de Arcoíris, Arcoiris, Kulkulcán, Colectivo Violeta, Cozumel Trans y Movimiento Diversidad en Resistencia, entre otras) para despedirse de Thalía, originaria de Olancho, en el oriente del país, y residente desde los dos años de edad en Tegucigalpa. 

La amiga de Thalía desde hace 23 años, Safiro, viajó desde el sur de Honduras para asistir al sepelio. “Me fastidia”, dijo. “Jamás pensé que moriría así porque Thalía era motivación pura. Luchó por casi 20 años con el VIH y nunca se derrumbó y quitarle la vida de esta forma es injusto”. 

Mientras hermanas, hermanos y sobrinas de Thalía llegaron al Santa Cruz a despedirse de ella por última vez, las y los integrantes de los colectivos diversos de Honduras manifestaron su dolor por la pérdida de Thalía, a quien recordaron como una “persona querida”, “una gran persona” y una mujer “llena de alegría”. 

Aunque a su familia les costaba entender la identidad de género, la querían como era y sus familiares alzaron la voz durante el sepelio para exigir justicia por el asesinato de la reconocida activista trans hondureña. “No queremos impunidad”, afirmaron. 

Una mujer elevaba oraciones en voz alta bajo el calor de la tarde mientras los y las familiares de Thalía no se despegaban del ataúd. Sin dejar de llorar, corearon la canción No llores por mí, del grupo musical Tercer Cielo. 

Tras entonar los versos de la canción que hablan del deseo de estar en un mejor lugar para descansar, lxs silenciosxs asistentes al sepelio, con los rostros tristes, cubrieron el ataúd de Thalía con la bandera de la comunidad trans.

En sus intervenciones, lxs intregrantes de los colectivos diversos presentes en el entierro destacaron la lucha y trayectoria en derechos humanos de Thalía Rodríguez y alabaron su lucha en favor de la igualdad de derechos de la comunidad LGBTIQ+.

“No tengo palabras, me siento quebrada”, dijo Seidy Irías. “Thalía era alegría. Era conocida por la colonia. Como mi amiga, me duele verla”. Por su parte, JLo Córdova de Muñecas de Arcoíris, manifestó que Thalía será recordada por su calidad humana y hacer la diferencia en los colectivos LGBTIQ+.

Una de las pocas sobrevivientes de la generación de Thalía habló de la activista trans asesinada y de otras de sus amigas que corren constante peligro y a pesar de todo mantienen arriba la bandera de lucha. “Perdimos una generación”, dijo Safiro. 

Junto con Carola, Thalía, Celia y Biby, Safiro formaba lo que ella llama “el clan de las cinco entre los 45 y 55 años”. Pero, tras la muerte de Thalía, “solo quedan cuatro”, agregó Safiro, quien es profesora de inglés en el sur de Honduras.

Para Safiro, Thalía “lo supera todo, ella era un personaje”. Era una mujer que regalaba motivación y alegría, “era una explosión de autoestima elevada”. 

No quieren otro crimen impune

Safiro y sus amigas son una excepción en Honduras, donde la mayoría de las mujeres trans mueren a los 35 años de edad. Thalía había vivido diez años más que el promedio, pero la lucha de los colectivos LGBTIQ+ es que ese promedio sea parte del pasado.

Pero para que eso suceda es necesario que la impunidad no siga siendo de más del 90% en los asesinatos contra la población diversa de Honduras. Los colectivos piden a gritos la captura de los asesinos de las 402 personas diversas muertas violentamente desde 2009, año del asesinato de la activista trans Vicky Hernández.

“Esperamos la investigación de la DPI [Dirección Policial de Investigación]”, dijo la integrante de Cattrachas, Seidy Irías, respecto al caso de Thalía Rodríguez. “Estamos esperando que protejan a las personas que fueron testigas y testigos del crimen”, agregó.

Cattrachas ha identificado un preocupante patrón en los asesinatos de mujeres trans cometidos en Honduras desde 2017. Esas muertes violentas, dijo, suceden desde ese año en la casa de las víctimas. 

Una de las causas de ese patrón es el empeoramiento de la violencia desde el 2009, año del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, para imponer un gobierno de facto.

“Después del 2009, cualquiera podía matarnos”, afirmó Cattrachas. “El mensaje que dejó el golpe de Estado es que los cuerpos de las personas LGBTIQ+ no valían nada, que nadie los investigaba”.

De ese modo, después de 2009, la población diversa en Honduras quedó desprotegida, asegura Seidy. “Las mujeres trans también sufren violencia en sus hogares”, como le sucedió a Thalía.

Aunque la condena contra el Estado de Honduras por la activista trans Vicky Hernández exige reparos y creación de leyes que protejan a la población diversa, hasta ahora el gobierno de Juan Orlando Hernández no se ha preocupado por cumplir la sentencia. 

Por el contrario, el propio presidente Hernández calificó como “enemigos de la independencia” a los colectivos LGBTIQ+ del país. La elección de Xiomara Castro como presidenta en las elecciones de noviembre de 2021 dejó un sabor de esperanza en los grupos de la diversidad sexual hondureña. Con ella se acaban 12 años de gobierno nacionalista opacado por escándalos y discriminación. 

Por eso, las organizaciones esperan que Castro ayude a que el crimen contra Thalía  no quede impune como casi todos los 402 cometidos desde 2009. 

“Thalía salió de la calle, venció la pobreza y sobrevivía a diario con VIH”, dijo Seidy. “Aún así, el Estado no la protegió. Lo que pedimos es justicia”.

A este llamado se unieron organizaciones nacionales e internacionales, así como los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, Unión Europea, Oacnudh, Robert F. Kennedy Human Rights, Human Rights Watch y USAID, entre muchos más.

“Me horrorizan los asesinatos de destacados defensores de #DDHH en Honduras: Thalía Rodríguez, defensora del colectivo LGBTQI+ y Pablo Hernández, líder indígena lenca. Pedimos justicia pronta e imparcial. Por el bien de los hondureños, estos ataques contra activistas deben parar», dijo la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power. 

Por su parte, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), expresó en un comunicado: “El Estado hondureño debe garantizar la verdad, justicia y reparación por este crimen y adoptar las medidas necesarias para propiciar entornos seguros para la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad”.

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Asesinan a la líder trans Thalía Rodríguez en Honduras

Activista se destacó por liderar el movimiento trans

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Thalía Rodríguez en su casa. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 10 de enero. El Blade también publicó una nota sobre el asesinato de Thalía Rodríguez en inglés.

TEGUCIGALPA, Honduras — De varios balazos en la cabeza asesinaron hoy por la tarde a la líder trans hondureña Thalía Rodríguez, de 58 años de edad, en la casa donde vivía en las faldas del cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Un hombre que acompañaba a Thalía en el momento del atentado recibió heridas de bala en varias partes del cuerpo, pero logró sobrevivir al ataque. Una ambulancia trasladó al herido a un centro hospitalario para atenderlo. 

Personal de Medicina Forense se encargaba de levantar el cuerpo de Thalía dentro de la vivienda. Entretanto, varios elementos policiales resguardaban la zona. Además de la activista trans, en la casa había otras personas, quienes no resultaron heridas en la balacera.   

Una líder reconocida por la comunidad trans

“No tengo palabras”, dijo a Reportar sin Miedo la coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza. 

Con voz entrecortada, Mendoza confirmó que la víctima era la activista trans Thalía Rodríguez.

Thalía, originaria de Olancho y residente en Tegucigalpa desde los dos años de edad, había trabajado durante muchos años con Mendoza en el proceso de empoderamiento de las mujeres trans en Honduras.

Además, Rodríguez era reconocida como una líder por la comunidad donde vivía en las faldas del Juana Laínez. Sus vecinos la saludaban alegremente a su paso por las empinadas calles de la colonia donde vivía. 

“Thalía venía luchando desde hace muchos años para que en Honduras la comunidad trans tuviera derechos”, dijo la miembra de la asociación trans Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova. “Ella era una guerrera porque peleó siempre por nuestros derechos. Condenamos y repudiamos su asesinato. Ya no más crímenes de odio contra nuestra comunidad. Estamos indignadas por este vil asesinato”.

Thalía era una de las pocas mujeres trans en Honduras que tenían negocio propio. Por más de una década fue dueña de una abarrotería en la colonia donde residió durante cerca de 30 años. Su negocio le permitió dejar el trabajo sexual que ejercen la mayoría de las mujeres trans hondureñas. 

Sin embargo, había tenido que cerrar su tienda hace poco más de un año debido a las deudas, a las escasas ventas y a los problemas derivados de la pandemia. “No fue fácil, pero tampoco imposible” mantener su negocio durante tanto tiempo, había confesado a Reportar sin Miedo en una de las últimas entrevistas que dio.

“Falta mucho por recorrer, pero pienso que las nuevas generaciones, a través de todo lo que se ha ganado con el Estado, esa ordenanza que se le da, esa demanda, sí va a haber justicia”, agregó en la entrevista. “Si las nuevas generaciones de chicas trans no aprovechan, es porque no quieren. Porque ya hay una puerta que les dice ‘bienvenidas’. Si para mí hubiera habido esa puerta, qué no hubiera dado. Pero no había nada más que golpes, violencia psicológica, verbal, física”.

En diciembre, Thalía fue protagonista de un reportaje realizado en el marco del proyecto Exprésate del IWMF. Lxs invitamos a leerlo.

Además, con el suceso sangriento de hoy, llega a 402 la cifra de asesinatos contra la diversidad sexual en el país desde 2009, año del transfeminicidio de la activista Vicky Hernández, cometido durante el toque de queda por el golpe de Estado que impuso al gobierno de facto de Roberto Micheletti. 

El primer asesinato LGBTIQ+ del año

La muerte violenta de Thalía Rodríguez se convierte en el primer asesinato de una persona LGBTIQ+ en 2022 en Honduras. 

Además, con el suceso sangriento de hoy, llega a 402 la cifra de asesinatos contra la diversidad sexual en el país desde 2009, año del transfeminicidio de la activista Vicky Hernández, cometido durante el toque de queda por el golpe de Estado que impuso al gobierno de facto de Roberto Micheletti. 

“Es indignante comenzar el año con el asesinato de un ícono de la comunidad trans”, dijo el miembro del Movimiento Diversidad en Resistencia, Eric Martínez. “Conocí a Thalía hace más de 20 años. Su compromiso y solidaridad hacia sus compañeras trans fueron muy marcados. Nunca se engrandecía por su trabajo. Al contrario, lo hacía de forma desinteresada y con humildad. Me indigna saber que la política de odio instalada por la narcodictadura siga cobrando vidas en el país y sin investigación y reparo”.

Justicia exigen por muerte de Thalía

Las organizaciones de defensa de derechos humanos LGBTIQ+ a lo largo del país se manifestaron por el asesinato de la líder trans Thalía Rodríguez.

“Exigimos justicia por el terrible asesinato de Thalía Rodríguez”, escribió la Red Lésbica Cattrachas en un comunicado en su Twitter. Thalia trabajó “más de 20 años”, como “defensora de derechos humanos, de derechos de las personas LGBTI y de personas que viven con VIH”.

Entretanto, la coordinadora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, también se pronunció sobre la muerte de Thalía. “Condenamos el asesinato de nuestra compañera y líder de Cozumel Trans, Thalía Rodríguez. Exigimos justicia”, dijo Ferrera. Por otra parte, Cattrachas señaló que el asesinato de la activista trans en Tegucigalpa “demuestra cómo el Estado de Honduras no protege a las personas LGBTI, incumpliendo la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Vicky Hernández”.

La red lésbica le exigió en su comunicado a la presidenta Xiomara Castro que se pronuncie “sobre el asesinato de Thalía Rodríguez y muestre su compromiso con la construcción de una Honduras más incluyente”.

 

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