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Doctora cubana denuncia ICE después de contraer coronavirus en detención

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Merlis Rodríguez Hernández (Foto cortesía de Lázaro Almanza Paneca)

ELOY, Arizona – En la soledad de una celda, Merlis Rodríguez Hernández temblaba por la fiebre. No había nadie allí que la socorriera, que le pusiera un paño de agua fría en la frente o le sostuviera la mano para transmitirle confianza. No había un centímetro en su cuerpo que el dolor no hubiera invadido y una tos incesante apenas le daba un descanso para respirar. Las pocas energías que le quedaban las gastaba en llorar.

Llevaba varios días en aislamiento, luego de que el 11 de junio le confirmaron que había contraído coronavirus en Eloy Detention Center, una cárcel para inmigrantes en Arizona, a donde llegó el 26 de septiembre de 2019.

Rodríguez huyó de Cuba junto a su esposo, Lázaro Almanza Paneca, también profesional de la salud, luego de ser blancos de la dictadura cubana por expresarse en contra de las prácticas de trabajo forzoso de las “misiones médicas” obligatorias de Cuba en el extrajero, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha llamado “el equivalente funcional de la esclavitud moderna”.

Su pareja obtuvo la retención contra la deportación y se encuentra en libertad, mientras que ella perdió su caso de asilo el 2 de enero de 2020. Actualmente, espera el resultado de la apelación en su caso, un proceso que se ha dilatado por más de seis meses.

Eloy Detention Center in Arizona. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Si vas a hablar conmigo no llores’

En una entrevista telefónica desde la prisión con el Los Angeles Blade, Rodríguez, 29, recuerda que todo comenzó a finales de mayo cuando se llevaron de su albergue a una compañera que mostraba síntomas de coronavirus.

Pienso que agarró el virus por algún oficial, porque para ese entonces estábamos encerradas en el albergue”, expresó. “No íbamos a la biblioteca ni al comedor. Estábamos constantemente aquí”.

Desde hacía 14 días solo salían de la ínfima celda para dos personas los lunes, miércoles y viernes por 20 minutos para bañarse, hablar por teléfono o limpiar la habitación. “No teníamos microondas ni hielo. Esos días me los pasé sin poder cocinar nada. Las tres comidas del día eran siempre lo mismo: dos panes, dos rodajas de jamón, una galletita y un refresco instantáneo”.

En el día 14 de la cuarentena impuesta en Eloy Detention Center, Rodríguez comenzó a perder el sentido del gusto; sufría fuertes dolores de cabeza y palpitaciones. Al confirmar que estaba contagiada, la trasladaron a otro edificio. Primeramente, estuvo sola en una celda por nueve días. “Luego, trajeron a otra persona con el virus y la pusieron conmigo”.

Sin embargo, los síntomas persistían: Temperaturas elevadas; tos en repetidas ocasiones y malestar general. Apenas era una sombra de la persona activa y positiva que solía ser. Como no mostraba mejoría, la reubicaron en otro edificio por 14 días más.

Al principio del virus no me pusieron tratamiento”, señaló Rodríguez, quien se graduó como médico intensivista en Cuba. “Luego de mucha insistencia pude ver a un doctor, porque solamente veía a la enfermera y le explico que necesitaba medicamentos para la tos y el malestar”.

Durante su convalecencia, solamente pudo ver a un profesional de la salud en dos ocasiones. Comentó que el personal jamás se preocupó por ella ni mostró un ápice de sensibilidad.

Cuando les decías que tenías miedo, te respodían: ‘no te preocupes que no te ibas a morir’. Cuando ya no podía más y empezaba a llorar, porque yo misma llevaba 21 días sin poder salir, sus respuestas eran: ‘si vas a hablar conmigo no llores’. Que te den una respuesta así me hacía pensar que para ellos éramos unos perros, no seres humanos”.

Para Rodríguez, el desempeño de sus colegas en el tratamiento de los inmigrantes con coronavirus ha sido muy poco profesional y cree que han ejecutado varias malas prácticas. “Yo no sé mucho del virus, pero conozco cómo deben ser tratados los pacientes y los procedimientos”.

Rodríguez ejemplifica que el examen físico que le realizaban era inadecuado, pues colocaban el estetoscopio por encima de dos y tres capas de ropa.

La enfermera que me chequeaba no notaba mis síntomas”, ella señaló. “Me tomaba la temperatura y la frecuencia cardíaca a través de la puerta de la celda”.

Otra de las grandes negligencias médicas que ellos han cometido es que a nosotras no nos han repetido la prueba del coronavirus, es decir, nos diagnosticaron, pero no tenemos la certeza de que se nos haya quitado del todo”, puntualizó “Corremos el riesgo que cualquiera de nosotras siga positiva”.

Rodríguez afirmó que aún su frecuencia cardíaca es elevada y el malestar general persiste. Casi no duerme, solamente unas pocas horas en las noches. No tiene fuerzas y con tan solo caminar un poco le falta el aire.

Padezco de muchos dolores de cabeza y debilidad”, señaló. “Se me olvida todo. El médico me dice que no sabe si serán secuelas”.

Antes del virus mi salud era estable, pero después empezaron a salir más enfermedades”, cuenta Rodríguez. “Creo que debo tener las defensas muy bajas. Ahora mismo me diagnosticaron hipotiroidismo”.

Rodríguez teme una nueva ola de contagios, pues en su opinión las medidas sanitarias en la prisión son mínimas, a lo que se adiciona el traslado de inmigrantes, tanto como nuevos ingresos como deportados. “De aquí salieron tres muchachas deportadas hacia Ecuador y una de ellas tenía el virus”.

Grupos que apoyan a los inmigrantes han reclamado a ICE de liberar a personas con VIH y otros detenidos vulnerables al coronavirus.

En ese sentido, ICE afirma en su página oficial que examina a todos los nuevos detenidos que llegan a las instalaciones para detectar COVID-19 durante el proceso de selección de admisión. “ICE aloja a todos los recién llegados por separado (agrupados) de la población general durante 14 días después de su llegada, y los monitorea para detectar síntomas”.

Pese a todo, Rodríguez parece haber superado la etapa más dura del virus, aunque algunas dolencias no la hayan abandonado del todo. Ahora, uno de sus principales temores es una reinfección, una posibilidad muy rara, según los investigadores, pero que ya existe en Estados Unidos. El primer y único caso de este tipo se registró en un hombre de Nevada, luego del primer caso mundial detectado en Hong Kong.

Merlis Rodríguez Hernández, izquierda, y su esposo, Lázaro Almanza Paneca. (Foto cortesía de Lázaro Almanza Paneca)

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Elecciones en Chile: 52 candidaturas LGBTQ quieren escribir una nueva Constitución

Expresidente ejecutivo de Fundación Iguales es candidato

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(Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

CONCEPCIÓN, Chile — Este sábado y domingo se realizarán unas históricas elecciones en Chile, luego de que la pandemia del coronavirus obligará a retrasar. Inicialmente debían desarrollarse el pasado 10 y el 11 de abril. En ese entonces, el país atravesaba por un complejo momento sanitario con una tasa de ocupación hospitalaria de 95 por ciento y un aumento de contagios con cifras récord que obligó a suspenderlas.

Para los comicios, más de 14,7 millones de ciudadanos están convocados para elegir a sus representantes municipales y regionales, así como a los 155 miembros de la Convención Constitucional quienes serán responsables de escribir una nueva Constitución.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019 en ese país sudamericano, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990.

Que preliminarmente desencadenó en la realización de un plebiscito en octubre de 2020. En dicha jornada la participación fue superior al 50 por ciento del electorado total, pese a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Situándose como la elección con mayor cantidad de votantes en la historia republicana de Chile donde un 78 por ciento decidió democráticamente reemplazar la actual Constitución.

Pese a que la actual Constitución ha sido sometida ocasionalmente a algunas reformas, para una gran parte de la población es considerada ilegítima ya que fue impuesta durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

Frente a la pregunta “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”, habían dos opciones donde el Apruebo se impuso por 5.885.721 votos (78,27 por ciento) frente a 1.633.932 votos (21,73 por ciento) del Rechazo.

Mientras que la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una Convención Constitucional; que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular.

Dicha elección se realizará este fin de semana. Y tendrá una característica inédita en el mundo: será primera vez en la historia que una Constitución es redactada en forma paritaria. Además de tener escaños reservados para pueblos originarios.

Y entre los principales temas que abordará el órgano constituyente están la desigualdad y las reformas sociales, reclamos que fueron desnudados en el estadillo social.

Donde también hay altas posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población LGBTQ en Chile.

En total hay 52 candidaturas LGBTQ que van a competir por un cupo en la Convención Constitucional. La cifra de postulaciones más alta hasta ahora. Lo que ya marca un hito.

En el marco del proceso eleccionario el Observatorio LGBTIQ+ “Les Constituyentes” ha logrado levantar información de candidaturas constituyentes que se autodefinen como LGBTQ.

“Vemos la oportunidad histórica de conversar sobre diversas materias que hoy impactan en la comunidad. No deja de llamar la atención que, en pleno siglo XXI, aún persista la ausencia de políticas públicas vinculadas a Derechos Humanos que garanticen una vida digna para todas las personas. Por ello, reafirmamos la necesidad de aportar en el camino hacia una Constitución diversa y disidente” señalan.

Según información publicada en su sitio web en 22 de 28 distritos hay al menos alguna candidatura LGBTQ.

Una de ellas es la de Juan Enrique Pi, expresidente ejecutivo de Fundación Iguales, una organización aliada de Human Rights Campaign en Chile, quien compite por el distrito 11 que representa al sector más conservador y adinerado de ese país.

“Las personas LGBTI estamos disponibles para disputar el poder. Para ejecutar el poder, porque por cierto, no solamente tenemos el interés de reconocer y defender los derechos de nuestra comunidad y de las personas que históricamente han sido discriminadas y porque también tenemos mucho que aportar en nuestras áreas de conocimiento y de experiencia” afirmó Pi al Los Angeles Blade a través de una llamada telefónica.

Para el activista esta elección “es la oportunidad principal que tenemos para que se reconozca la diversidad que existe en nuestro país. No solamente la diversidad sexual y de género, sino que también las disidencias, los pueblos originarios, los inmigrantes, las religiones y mucho más”.

Juan Enrique Pi (Foto de cortesía)

Pi aseguró que de ser electo trabajará para “que la Constitución le dibuje una línea al Estado y que esa línea no se pueda rozar por ningún motivo y consiste en que el Estado nunca debe decidir sobre el cuerpo de las personas, sobre las familias de las personas. Sobre la elección de las personas, ni las libertades individuales, y también sobre su identidad”.

“Lo principal es que tengamos un reconocimiento de la diversidad familiar. Porque hoy en día la Constitución vigente dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No dice nada más. Por lo tanto, creo que es fundamental, que la Constitución reconozca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad pero en sus diversas formas y composiciones” insistió Pi al Blade.

“Algo fundamental también establece la obligación del Estado de educar en materia de Derechos Humanos. Es fundamental la educación en materia de derechos humanos, de democracia, de libertades y de respeto a la diversidad y a la sociedad y a esta sociedad diversa” sentenció el candidato.

Sin embargo, Pi no compite solo por ese distrito. La historiadora feminista y activista LGBTQ, Maria Jose Cumplido lo acompaña en la misma lista. Uno o ambos pueden salir electos.

“Mirando la historia constitucional de Chile, todas las Constituciones se hicieron sin la participación de la ciudadanía sino generalmente con comisiones o personas del Congreso o elegidas un poco a dedo por el ejecutivo” explicó Cumplido al Blade.

Maria José Cumplido (Foto de cortesía)

“Yo creo que va a ser importante y fundamental el hecho de que en la misma Convención Constitucional hayan mecanismos de participación efectiva de las personas y que luego eso quede en la Constitución como algo que perdure en la política a largo plazo y eso impactará en que cuando se discuta una ley o cuando se estén presentando propuestas la comunidad LGBTQ desde la ciudadanía va a tener la opción de participar de esos procesos, ya sea a través de cabildos participativos vinculantes, puede ser una iniciativa popular de ley donde van a poder poner arriba de la mesa nuestras demandas particulares y las demandas que van a ir apareciendo con el tiempo” profundizó la historiadora.

Cumplido subrayó al Blade “tenemos un Estado que no garantiza derechos y que nos impacta directamente a la comunidad LGBTQ que está mucho más precarizada, que sufre más discriminación en todos los aspectos, entonces cuando construyamos una Constitución que no solo garantice derechos básicos, sino que también promueva politicas no discriminatorias en todos sus órganos y finalmente en toda la sociedad”.

Mientras que, Oscar Rementería, portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la organización LGBTQ más antigua en Chile, recalcó en la importancia de participar en el proceso.

“Llamamos a las personas de la diversidad sexual y de género a conocer e interiorizarse de las propuestas de los candidaturas LGBTIQ+, así como a revisar las iniciativas de candidatos heterosexuales y cisgéneros que están incluyendo la temática de la no discriminación, de manera de considerar esta variable a la hora de definir el voto” dijó Rementeria.

“Si bien es cierto la orientación sexual o la identidad de género no determinan un buen o mal desempeño en un cargo público, las propuestas de las candidaturas; así como la historia de los postulantes; si dan luces de ello, por lo que, en síntesis, el llamado es a votar informados”, finalizó.

Luego de las elecciones, comenzará el trabajo para redactar la nueva Constitución. El texto final se someterá a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado “plebiscito de salida” o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

De ser aprobada en el referéndum final, la nueva ley fundamental entrará en vigor de inmediato y derogará automáticamente la anterior.

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Celebran el segundo aniversario de la marcha LGBTQ del 11 de mayo de 2019 en La Habana

Cientos de personas participaron en el evento

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Marcha LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Tremenda Nota es el medio socio del Los Angeles Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 10 de mayo.

LA HABANA — La Plataforma 11M presentó este domingo un programa de eventos diseñados para celebrar el segundo aniversario de la marcha LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 y el primer año transcurrido desde la fundación de ese grupo de activistas.

Para el 11 de mayo de 2021, convocaron a un “tuitazo”, además de un encuentro con el activista trans y realizador audiovisual Liam Durán Cardona como parte de la serie de entrevistas públicas realizadas en Telegram con el título de “Historias que cuentan”.

Para ese día también anunciaron, en la misma red social, el debate “Derecho de Familia en la Cuba de hoy”, conducido por Jennifer García. Finalmente, para cerrar la jornada, invitan a un “chat de voz” sobre el activismo digital.

El 14 de mayo tienen previsto un “viernes de poesía”. Al día siguiente, en el último día del programa, estarán posteando sobre “la diversidad familiar” y en la noche tendrán otro “chat de voz”, titulado en esta ocasión “El Código de las Familias que soñamos”.

La marcha del 11 de mayo de 2019 que conmemora esta semana el activismo, reunió a cientos de personas en La Habana y terminó disuelta por la policía.

Los participantes, entre ellos decenas de aliados, decidieron marchar por su cuenta después que el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) cancelara el principal desfile LGBTI+ del país, sin ofrecer una razón convincente.

Mariela Castro, la directora del Cenesex, conocida por su activismo en defensa de la comunidad LGBTI+, calificó la marcha de “show” y dijo que fue «respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el incidente se convirtió en un hito histórico del movimiento LGBTI+ cubano.

La Plataforma 11M, fundada un año después como grupo de activismo independiente, ha sido reconocida de hecho por el Cenesex. En agosto de 2020, Mariela Castro respondió con una carta oficial a la queja presentada por los activistas, a raíz de filtrarse una grabación que revelaba las políticas homofóbicas y transfóbicas de la radio cubana.

Pocos meses antes, en mayo de 2019, Mariela llamó «garrapatillas» a los activistas que trabajan fuera del Cenesex y manifiestan opiniones críticas sobre el trabajo de la institución.

11M, mientras tanto, ha mantenido un diálogo respetuoso con el activismo oficial.

A la vez que el grupo independiente conmemora su primer aniversario, el Cenesex desarrolla la XIV edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia con otro programa en las redes sociales.

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A 11 años del asesinato de Vicky Hernández, su madre reclama justicia

Se espera una decisión del CIDH en el caso

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Reportar Sin Miedo es el medio socio del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 4 de mayo.

TEGUCIGALPA, Honduras — La asesinaron hace 11 años, pero Vicky Hernández sigue presente en la mente de su madre. Desde su lecho de enferma, Rosa Hernández, de 65 años, habló con Reportar Sin Miedo y la Agencia Presentes sobre la activista trans muerta de un balazo en la cabeza entre el 28 y el 29 de junio de 2009 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, en pleno golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Solo la enfermedad de los últimos años le ha hecho difícil seguir en pie de lucha por hacer justicia para Vicky. Sus hijas le pagan las radioterapias para tratar el cáncer, pero se han quedado sin dinero. “Conseguí que una institución me pagara seis quimios. Pero uno tiene que pagar mil lempiras diarios [40 dólares] por la radioterapia”, relata Rosa.

En medio de todo, Rosa recibe ayuda del equipo de abogadas liderado por Robert F. Kennedy Human Rights y la Red Lésbica Cattrachas. Ambas organizaciones, con apoyo de la familia de Vicky, han emprendido un trabajo arduo.

La labor de once años culminó con dos audiencias virtuales en noviembre de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambas audiencias participaron testigas hondureñas y expertxs de toda América que dieron su punto de vista sobre el caso.

La sentencia en el caso “Vicky Hernández y otros contra Honduras” será publicada muy pronto, anunció el 6 de abril la Red Lésbica Cattrachas en Twitter. El 5 de abril, la Corte IDH publicó en redes sociales que en marzo tuvo lugar la deliberación sobre la sentencia en el caso de la trans hondureña.

Las abogadas de Vicky Hernández sostienen que los responsables de su muerte son elementos de seguridad estatal hondureña, ya que durante el toque de queda eran los únicos que podían moverse libremente por las calles de San Pedro Sula. Además argumentan que el Estado no le hizo autopsia al cadáver o la ocultó con la excusa de que Vicky padecía VIH.

Si la sentencia favorece a la familia de la activista trans, sería un logro sin precedentes para la población LGBTI en América y en especial para las mujeres trans que siguen muriendo violentamente en Honduras.

“Tiene que haber justicia para todos”, exige Rosa. “Tienen que respetar los derechos de ellos por ser trans y de ellas por ser lesbianas. Porque son humanos. ¿Por qué discriminarlos? No puede haber discriminación”.

Datos recopilados por organizaciones de derechos humanos muestran que Honduras tiene la tasa más alta de asesinatos de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo.

 
 
 
 
 
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Una vida en medio del peligro

“Vicky fue todo para mí”, cuenta Rosa, quien se incorpora un poco en la cama con ayuda de Tatiana, una de sus siete hijas e hijos a quienes crio vendiendo dulces en las calles.

“Me traía dinero para la comida”, dice Rosa, de pelo canoso y ojos que ven con amabilidad detrás de los anteojos de marco negro. Para disipar el calor que hace en el cuarto de paredes verdes, Tatiana enciende un ventilador y arregla un poco la ropa de su madre.

Vicky ejercía el comercio sexual para dar dinero a su familia. Como a otras trans, la sociedad hondureña le cerró los caminos: no le dio un trabajo normal, la despreció, no le ofreció los servicios de salud, educación y empleo que da a lxs demás ciudadanxs. Tuvo que viajar a Guatemala a los 16 años de edad para empezar su transición. A Rosa le costó aceptar que Vicky era distinta, pero terminó aceptándola y sintiéndose orgullosa con ella.

Su forma de ganarse la vida fue también su forma de perderla. La madre de Vicky todas las noches espera que ella regresara con vida cuando se iba a trabajar.

Una noche, pocos meses antes de morir, Vicky llegó malherida. “Vino herida de un filazo que me le pegó un guardia de seguridad. Vino sangrando. Otra trans me ayudó a llevarla al hospital”. Los policías la insultaron. “Dijeron ‘por mí morite, hijo de la gran…’”, cuenta Rosa.

Esa fue una de tantas señales del peligro letal que acecha a las trans hondureñas como Vicky. Las que ejercen el comercio sexual corren mayor riesgo de morir, pero en realidad ninguna está a salvo en una sociedad machista como la hondureña.

Aunque su hija caminaba sobre el filo de la navaja, Rosa jamás la rechazó. “Para una madre, siempre la hija es hija. No sé cómo hay madres que rechazan a sus hijxs cuando son homosexuales o trans cuando a un hijx es doloroso parirlx”.

 
 
 
 
 
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Mataron a todas las testigas

Hasta el día en que se le acabó la suerte. Si se puede llamar suerte a vivir como Vicky vivía.

Ese día, Vicky y Rosa no sabían que había toque de queda. “Al otro día me pareció raro que no hubiera venido Vicky”. La cena de su hija se había enfriado sobre la mesa. “Entonces, una de las muchachas me dijo: ‘¿No sabe que los policías mataron a Vicky en la madrugada?’”.

El mundo de Rosa se derrumbó. No, no lo sabía. “‘Vicky está en la morgue’, me dijo. Para mí no había palabras”.

La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras de trabajo salieron corriendo para escapar de la muerte. Una de las testigas fue una de las afortunadas que lograron huir. “La mataron”, le contó a Rosa. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’. Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.

Escaparon, pero no por mucho tiempo. “A Lisa la mataron y a la otra también la mataron”, recuerda Rosa, quien con ayuda de Tatiana se traslada a la salita adornada con peluches y modestos adornos de cerámica. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.

Con miedo, pero sin echarse para atrás

“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.

“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo porque para ellos la vida de uno no vale nada”.

Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década.

“Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa. “Pero es duro perder una hija que me daba el sostén y quedar a la deriva”.

 
 
 
 
 
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