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Activistas LGBTQ en Chile quieren llegar al Congreso

Se realizarán las elecciones el 21 de noviembre

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(Foto de cortesía)

SANTIAGO DE CHILE — El miércoles comenzó legalmente en Chile el periodo de campaña electoral que permite a los candidatos pedir el voto y difundir sus propuestas ya que el 21 de noviembre los chilenos deberán volver a las urnas para elegir a presidente, congresistas y consejeros regionales. 

Todo esto en medio de un año cargado de elecciones en ese país latinoamericano que atraviesa el proceso de transición política más importante en los últimos 30 años, donde hasta hay al menos 10 candidaturas LGBTQ en carrera. 

Los resultados de aquella elección vendrán acompañar el trabajo que viene realizando la Convención Constitucional, un órgano encargado de redactar la nueva Constitución y que en aquellas elecciones apuntó un triunfo histórico al elegir a nueve constituyentes abiertamente LGBTQ. 

Una victoria que activistas queer quieren llevar a los comicios de noviembre levantado sus propias candidaturas. Algunas de ellas, ya postularon en las pasadas elecciones y vienen por la revancha, pero está vez con la intención de llegar al Congreso y desde ahí contribuir a mejorar la calidad de vida de la población LGBTQ. 

Hasta ahora, ningún candidato fuera del closet ha sido electo.

“Sería fantástico que una persona de la diversidad sexual y género, llegará al Congreso en estas elecciones. Creemos que la presencia de alguien que sea parte de la comunidad y que tenga un vínculo más directo con los movimientos sociales, en particular con los que tienen que ver con diversidad sexual y de género nos podría ayudar muchísimo a instalar las necesidades”, mencionó al respecto la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor. 

Actualmente Isabel Amor lidera Fundación Iguales, la organización LGBTQ aliada de Human Rights Campaign en Chile. (Foto de cortesía)

Para ella “es fundamental que, eventualmente, lleguemos al Congreso. Esto tiene que pasar ojalá lo más pronto posible, porque a nivel simbólico saber que una persona está en un lugar de poder para las personas de la diversidad sexual y de género, es algo tremendamente significativo después de décadas, décadas y décadas de que nos digan que no podemos estar en los lugares donde se toman las decisiones de nuestro país. Sería fantástico que alguien que es lesbiana, gay, bisexual o trans sea parte de este espacio”.

Según el Servicio Nacional de Elecciones (Servel) 15.030.963 de personas están habilitadas para participar del proceso: 14.959.945 electores en Chile y 71.018 en el extranjero.

Erika Montencinos (IND), una histórica activista lesbofeminista que postuló para ser diputada por el distrito 9, en la Región Metropolitana, dijo al Washington Blade que “decidí llevar adelante esta candidatura porque creo que es una oportunidad histórica para mis comunidades. Siento que nosotros necesitamos estar en estos espacios de poder y, como dice mi eslogan avanzar con nuestras propias voces”.

Para la activista Erika Montecinos el Congreso es un espacio para reivindicar los derechos de las mujeres, sobre todo de las que están fuera de la heteronorma. (Foto de Carolina Vargas)

“Llevo muchos años de trabajo con mi agrupación. La Agrupación Lésbica, Rompiendo el Silencio y para mí dar este paso es entrar a otro mundo. Pero sin embargo lo llevo con mucha alegría y teniendo muy claro que estoy representando a a mis compañeras y a tantas otras compañeras, que hemos sufrido la discriminación. Por eso es tan importante llegar a esos espacios de poder” comentó Montencinos sobre las razones de inscribir su candidatura. 

Constanza Valdés (Comunes), una conocida activista trans que lleva años trabajando como asesora legislativa competirá por el distrito 7 en la Región de Valparaíso. “Esta candidatura, la decidimos levantar a raíz del trabajo que venimos realizando hace años las organizaciones sociales en el mundo del activismo y especialmente por lo que significa también la representatividad de las personas trans”. 

La abogada Constanza Valdés fue una activista clave en la aprobación de la Ley de Identidad de Género y en otras iniciativas que han beneficiado a las personas trans. (Foto de cortesía)

“Representar un nuevo liderazgo y nuevas voces. Lo que significa una renovación de la política, un Congreso mucho más representativo, un Congreso que se asemeje a la realidad de las personas trans que existimos, las mujeres trans existimos y estamos en la política y pasamos por distintas etapas y vivencias que no son relatos que tienen que solamente deben contener los libros o los medios de comunicación, sino que con discursos políticos”, afirmó Valdés al Blade. 

Mientras que Rodrigo Mallea (Comunes),  activista no binario también buscará, al igual que Montencinos, conseguir un escaño por el distrito 9. 

“La verdad es que desde el estallido social y las revueltas que se concretó un gran cambio en la política y, además con el proceso constituyente se empezó a consolidar que este cambio era posible traducirlo en cambios materiales; reales y sustantivos para la gente”, relató al Blade. 

En los últimos meses Rodrigo Mallea ha instaurado y dado a conocer en el debate público la realidad de las personas no binarias. (Foto de cortesía)

“La posibilidad de vivir mejor, de conseguir un buen vivir y para que los derechos sociales no sean solamente cuestiones que están consagradas en el papel, sino nuestra realidad cotidiana”, explicó Mallea. 

“Por eso es que pienso que en el Congreso tiene que haber un cambio también, tiene que haber representación LGBT+ que hoy día es bastante escasa en todos los ámbitos de la vida privada y pública”, alertó Mallea en medio de los preparativos de su campaña electoral. 

María Jose Cumplido (PL), una reconocida escritora feminista y públicamente lesbiana competirá por el distrito 10. “Decidí asumir esta candidatura a diputada porque sentí que la política requiere, obviamente, renovación y no nos basta con pedirlo desde afuera. Pienso que para construir, en especial en este momento tan importante, tenemos que sumarnos colectivamente para trabajar por Chile”, sostuvo al Blade. 

“La plena igualdad LGBTQ y finalmente, la mejora sustancial en todos los aspectos de la vida desde la prevención de la discriminación a la representación y la posibilidad de que tengamos como un principio rector también el libre desarrollo de la personalidad, es decir, que cualquier persona tenga la orientación sexual que tenga, la expresión de género que tenga, pertenezca al pueblo que sea; tiene que tener la libertad de elegir su proyecto de vida y tiene que estar a un lado el Estado que permita el desarrollo en paz de ese proyecto de vida”, argumentó Cumplido.

La historiadora Maria Jose Cumplido aboga por entregar mayores libertades individuales a la población LGBTQ desde el Congreso. (Foto de Cortesía)

Finalmente agregó que “el futuro tiene que ser diverso. Tienen que estar todos los puntos de vista representados y por eso esta candidatura es muy importante para darle no solo visibilidad a la comunidad LGBTQ, sino también que las leyes integralmente también consideren a todas las personas que históricamente han sido excluidas”.

En el último año los casos de discriminación aumentarón un 14,7 por ciento en Chile, según el XIX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, denominado como “El año de la resilencia LGBTQ”, a causa de que los atropellos sumaron 1.266, la cifra más alta conocida hasta ahora y que mantiene al alza una explosiva ola de ataques a LGBTQ que viene ocurriendo desde el 2018. 

Resiliencia, arrojó la investigación, porque en uno de los escenarios y contextos  más adversos para su calidad de vida, la población LGBTQ gestionó sus propios recursos y capacidades para ir en ayuda de los más vulnerables, reaccionar frente a las injusticias y mantener en alto la lucha por la plena igualdad social y legal.

Sumándose a esto los abusos, los compromisos incumplidos por parte de las autoridades, la carencia de condena pública estatal frente a los delitos de odio y la ausencia de una política focalizada para combatir los efectos de la Covid-19.

“Tenemos que seguir en con los brazos arriba, luchando para que esos cambios sean concretados y que sean cambios transformadores y profundos para la vida no solamente de la generación actual, sino los cambios para las futuras generaciones”, concluyó Mallea. 

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¿Cómo debe quedar redactado el Código de las Familias de Cuba?

Activistas presentan sugerencias para que la nueva ley sea más inclusiva

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Activistas LGBTQ en La Habana (Foto de María Lucía Expósito)

Tremenda Nota es el socio mediático del Los Angeles Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 18 de octubre.

LA HABANA — Varios grupos LGBTIQ+ presentaron propuestas sobre el anteproyecto de Código de las Familias, con el propósito de que sean valoradas por la comisión redactora y sirvan para mejorar la futura ley que debe reconocer el matrimonio igualitario, además de otros derechos.

“Quienes firmamos este documento somos proyectos, iniciativas y activistas de la comunidad LGBTIQ+ cubana. A través del mismo deseamos hacerles llegar nuestras consideraciones sobre el anteproyecto de Código de las Familias, el cual se encuentra actualmente en un proceso de consultas especializadas”, escribieron en la presentación del documento, que está firmado por la Plataforma 11M, el Proyecto AfroAtenAs, la campaña Ahora Sí, la Alianza Afro-Cubana, el grupo Dame la Mano, el Centro Social y Biblioteca Libertaria Abra, y la revista Tremenda Nota.

Los activistas consideraron que el anteproyecto de ley “es un documento avanzado y progresista, no solo con respecto a su antecesor, sino incluso comparado con las legislaciones en otros países del mundo”.

A pesar de eso, opinaron que “faltan algunas cuestiones importantes en este documento para que sea un Código verdaderamente revolucionario y atemperado a la sociedad cubana actual y futura”.

Después de mencionar varios “aspectos positivos”, que los activistas asumen como “innegociables” hicieron minuciosas recomendaciones a los redactores del texto legal, “en ejercicio de nuestro derecho ciudadano a participar en la revisión del Código de Familias”.

Estas observaciones tienen el objetivo de que el proyecto de ley “sea lo más abarcador y flexible posible, de modo que refleje el espíritu y letra de la Constitución de Cuba aprobada en 2019 y refrende los tratados internacionales de protección de la infancia, la mujer y la familia de los que Cuba es signataria”.

Sobre el pasaje relativo a “Derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar”, los activistas recomendaron incluir “la libertad del menor a la libre identidad de género y orientación sexual”.

Para el artículo 61, que define el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de dos personas”, recomendaron “que se tomen en cuenta las relaciones de más de dos personas”.

El anteproyecto plantea la posibilidad de una “autorización judicial excepcional” para que personas menores de 18 años puedan casarse. Los activistas, en cambio, sugieren eliminar esa opción, ateniéndose a normas internacionales.

Una de las novedades del nuevo Código de las Familias es la “gestación solidaria”, que la ley autorizará a personas “unidas por vínculos familiares”. Los grupos LGBTIQ+ piensan que la opción debe existir también para personas “afectivamente cercanas”.

También recomendaron que se añada una definición de “gestación solidaria” y se incluyan principios que protejan a las gestantes de cualquier presión o violencia.

“La gestante contará con un asesor legal independiente al de las personas comitentes”, proponen añadir al texto.

Sobre la “responsabilidad parental”, el concepto que sustituye a la “patria potestad” tradicional, los activistas señalaron que los padres deben “proteger” la “libre determinación” de la “identidad de género y orientación sexual”.

En este punto, también recomendaron garantizar “los conocimientos y garantías materiales para el libre ejercicio de su sexualidad sin discriminaciones”.

También propusieron que “los derechos y responsabilidades parentales para con la/el menor no se vean afectados cuando alguno de los padres o las madres lleve a cabo un proceso de transición de género”.

Por último, sugirieron que “en cuanto a los menores bajo la tutela del Estado se les respete y proteja su libre determinación en cuanto a la identidad de género y orientación sexual velando siempre por el interés superior del menor”.

“Esperamos que estas consideraciones y sugerencias sean tomadas en cuenta para la redacción final del anteproyecto que será presentado próximamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular”, concluyeron.

Activistas se reúnen con la Unión de Jóvenes Comunistas en Santa Clara

La publicación Entre Diversidades informó que el pasado 12 de octubre un grupo de activistas LGBTIQ+ se reunió en Santa Clara, al centro de Cuba, con funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas en esa ciudad.

En el intercambio participó el promotor cultural Ramón Silverio, el fundador del centro El Mejunje, considerado un lugar icónico para la comunidad LGBTIQ+ en Cuba.

Estos activistas también hicieron recomendaciones sobre el futuro Código de las Familias y el programa de educación sexual establecido por el Ministerio de Educación, que fue postergado en septiembre, probablemente tras la presión de grupos fundamentalistas cristianos.

Los activistas reclamaron “una educación (escolar y comunitaria) que realmente contemple la diversidad en todo su espectro” y en ese sentido se declararon inconformes con el aplazamiento del programa de educación sexual.

También pidieron espacio en los medios de comunicación para visibilizar a la comunidad LGBTIQ+.

Celebraron la adopción del matrimonio igualitario en el anteproyecto de Código de las Familias, pero solicitaron “que se garanticen los derechos de la comunidad trans en toda su pluralidad”.

Según los activistas, el Estado debe garantizar a las personas trans “cambio de identidad en el carnet, tratamiento hormonal y apoyo en la reasignación de sexo”.

“Además se hace necesaria una estrategia respecto al uso de baños públicos para esta comunidad”, añadieron.

Lo mismo que las organizaciones independientes, señalaron que se garanticen derechos a las “infancias trans”.

Aprovecharon para denunciar la violencia policial contra personas LGBTIQ+.

“Se debe garantizar la protección por parte de los agentes de seguridad ante cualquier acto de discriminación y odio. Se debe abarcar desde un comentario homofóbico hasta la violencia física contra cualquier miembro de la comunidad. Por esta razón, son necesarias leyes que juzguen justamente a quienes nos agraden”, dice la nota de Entre Diversidades.

Los activistas denunciaron “el papel que han jugado las instituciones estatales en la marginación de la comunidad LGBTIQ+”.

“Para demostrar una verdadera voluntad política de cambio, es necesario que estas instituciones apoyen el trabajo de los activistas, ya que estas son las que tienen los medios. También es necesario que de dichas instituciones salgan iniciativas inclusivas y que aporten a la creación de una Cuba verdaderamente diversa”, dijeron.

Por último, alertaron sobre “el ascenso de los fundamentalistas religiosos a puestos directivos y de poder, como universidades y hospitales”. Consideraron que “esto puede poner en peligro los derechos alcanzados hasta al momento y la concreción de las luchas futuras, como la aprobación del Código de las Familias”.

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Cómo las empresas impulsan la inclusión e inserción laboral LGBTQ

Uno de cada 20 jóvenes de la comunidad tiene su negocio propio

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(Photo courtesy of Flickr)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 15 de octubre.

CIUDAD DE GUATEMALA — Apenas el 5 por ciento de los jóvenes LGBTIQ+, es decir uno de cada 20, tiene negocio propio. Esa es una de las cifras reveladas en el webinar “Empresas y derechos humanos: perspectiva LGBT”, que se desarrolló durante la IV Semana de Empresas y Derechos Humanos.

El taller se llevó a cabo con apoyo de la organización diversa Visibles, la embajada del Reino Unido en Guatemala, Walmart México y Caricam. En la actividad se abordaron los retos que las empresas afrontan de cara a la inclusión.

El tema se remonta a 10 o 20 años, en los que han surgido empresas con un enfoque de recursos humanos y políticas de no discriminación que incluyen orientación sexual e identidad de género.

Estas organizaciones ofrecen prestaciones y licencia de paternidad, además igualan el tiempo que se da a padres del mismo sexo, ofrecen seguros médicos que incluyen necesidades de personas transgénero y redes LGBTIQ+.

Por otra parte, empiezan a llevar a cabo eventos por el mes del orgullo LGBTIQ+.

Una campaña multinacional

La Human Rights Campaign se ha lanzado en Brasil, Argentina, México, Chile y Estados Unidos, país donde nació. En el caso de las iniciativas multiactor, algunas de estas empresas están empezando a abrirse a otras empresas y tratan de ofrecer algún tipo de apoyo.

Muchas compañías ven el acrónimo LGBT como si se tratase de un grupo homogéneo.
Es decir, ven a las poblaciones diversas sin distinguir entre personas gays, lesbianas, transexuales, transgénero e intersexuales, no separan la orientación sexual de la identidad de género.

Estas empresas tampoco distinguen las experiencias de las personas dentro del acrónimo y hacen una sola campaña, como si se tratara de todas las personas por igual.

Esto es muy importante porque estamos en una semana de empresa y derechos humanos. Se trata del punto de entrada en la discusión, no el punto de entrada de riesgo.

“Esta investigación aborda la violencia para la población joven, de 18 a 23 años”, explicó el Investigador de la Asociación Visibles de Guatemala, Gabriel Duarte. “Fue un proyecto regional que se llevó a cabo en Guatemala, El Salvador y Honduras. En Guatemala, el proyecto se realizó de 2019 a 2020 con enfoque, investigación y acción participativa. Entrevistamos a 30 jóvenes de la diversidad sexual y de género”.

Solo uno de cada 20 jóvenes es empresario

En 2020, más del 40 por ciento de los jóvenes LGBTIQ+ de 15 a 29 años tuvieron su primera experiencia en el mundo laboral como asalariados y menos del 5 por ciento (uno de cada 20) tuvieron negocio propio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Estado hondureño tiene debilidades que afectan a la población joven LGBTIQ+. Una de ellas es que el artículo 14 del Código de Trabajo prohíbe la discriminación por diversos motivos, pero nunca aborda la orientación sexual o género.

En cuanto a las discriminaciones contra la comunidad LGBTIQ que pueden llevar procesos legales, no hay ninguna tipificación de delito.

“Uno de los obstáculos del diseño de políticas públicas es no contar con estadísticas oficiales que muestren qué porcentaje de la población se autoidentifica como LGBTIQ+”, enfatizó Duarte.

Menos acceso a educación igual a menos oportunidades

Según Gabriel Duarte, la falta de acceso a educación de calidad impacta directamente en el tipo de empleo y la remuneración económica.

“Muchas personas LGBTIQ+ que entrevistamos en esta investigación describían de que al salir del clóset tuvieron que abandonar su hogar porque su familia no los había aceptado”, dijo Duarte.

Esta primera ponencia resalta la necesidad de cerrar brechas de acceso a oportunidades de educación.

También propone tener políticas de inclusión y de prevención de la discriminación dentro de los lugares de trabajo, ya que muchas personas mencionaron que no sufrían necesariamente violencia física, sino psicológica dentro de estos espacios laborales.

Duarte resaltó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó asegurarse de que no haya discriminación en el acceso a los servicios básicos, incluso en el contexto del empleo y de la atención de la salud, y ofrecer educación y capacitación para prevenir la discriminación y estigmatización de las personas LGBTIQ+.

El caso de Walmart

“Cambiar la mentalidad no solo de nuestros asociados, sino también del contexto guatemalteco», dijo la representante de Walmart, Ana Valeria.

Agregó que es necesario dejar de creer que es posible llamar “pobrecita” a una persona con discapacidad.

Según Valeria, Walmart les ha dado valor a estas personas de aportar su talento y habilidades al desarrollo de las unidades de trabajo.

“Walmart en Guatemala cuenta con 367 asociados y asociadas con discapacidad que día a día muestran la pasión y el compromiso de seguir trabajando y aportando en cada una de nuestras metas”, dijo la representante de la multinacional.

Un carnet para identificar el género

Walmart enfrenta los retos sociales y culturales de las regiones de Guatemala, agregó Valeria, “garantizamos entornos laborales seguros y diversos. Comunicamos de forma abierta y clara nuestra postura como compañía hacia la inclusión y el apoyo a la Comunidad LGTB. Tuvimos resultados que se transformaron en un gran reto y opiniones diversas de los sectores de Guatemala”.

Walmart ha avanzado en la integración del talento diverso, según Valeria. “Quienes forman parte de la comunidad LGTB pueden ahora identificarse con un gafete de Walmart. Creemos que estos asociados tienen la libertad de ser ellos mismos y elegir al momento de utilizar esta identificación. Pueden portar el nombre que les permita ser ellos mismos y expresarse con sus características únicas dentro de cada una de nuestras tiendas”.

La compañía con sede en Arkansas, Estados Unidos, da también paquetes de beneficios en igualdad de condiciones para sus asociados, dijo Valeria.

Walmart “no limita las oportunidades de carrera, ascensos, información e igualdad de condiciones para sus asociados”.

La compañía, considerada “el empleador más privado más grande del mundo” tiene, según su representante, “la responsabilidad de impactar positivamente en las sociedades y comunidades donde operamos”.

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‘Mercenarismo’: El delito que la Seguridad del Estado de Cuba usa para presionar al activista LGBTQ Raúl Soublett

Se realizó la interrogación el 9 de octubre

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Raúl Soublett López ((Foto cortesía de Twitter de María Matienzo)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 9 de octubre.

LA HABANA — El activista LGBTIQ+ Raúl Soublett López fue amenazado este sábado durante una entrevista con la Seguridad del Estado con un proceso penal por “mercenarismo”.

“Cualquier tipo de lucha en #Cuba puede ser criminalizada. A Raúl Soublett López ahora lo quieren procesar por mercenarismo y la notificación se la hace un tipo que tiene tanto miedo que no da ni su nombre real”, denunció la periodista María Matienzo en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Según Matienzo, el argumento de la Seguridad del Estado para probar el «mercenarismo» de Raúl Soublett es una serie de videos contra el racismo y la homofobia que produjo el activista.

Al menos uno de esos videos fue publicado por Tremenda Nota.

Camino al Código de las Familias, uno de los videos de Raúl Soublett señalados por la Seguridad del Estado como “mercenarismo”

La Alianza Afro-Cubana, una organización independiente que coordina el propio Soublett, informó este viernes que el activista había sido citado en la mañana del sábado para una entrevista con “agentes de la Seguridad del Estado” en una unidad de policía ubicada en Playa, La Habana.

En coincidencia con la citación, este sábado Raúl Soublett debió asistir a la universidad, donde cursa el último año de una licenciatura en Pedagogía.

María Matienzo advirtió en Facebook que “las citaciones con menos de 72 horas de antelación son ilegales también”.

El mismo día que citaron a Soublett, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con activistas LGBTIQ+ y funcionarios del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Malú Cano, la coordinadora de la red TransCuba, que fue una de las invitadas, calificó el encuentro como una evidencia de la “voluntad política de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Matienzo, que también es lesbiana, observó la coincidencia entre ambos incidentes.

“Ante una comunidad #LGTBIQ que se reúne con el poder en #Cuba, quieren procesar al activista @RaulSoublett”, observó en Twitter.

El propio Soublett posteó en Facebook: “Mientras hay activistas LGBTIQ+ que no se les escuchan, que los acosan, los citan para interrogatorios ilegales, en fin. Esa es la Cuba de ponle corazón. Hipócritas”.

El pasado 25 de febrero, Raúl se reunió con la Seguridad del Estado y acabó autoagrediéndose como resultado de la presión.

“Fue interrogado por más de cuatro horas, según me describe las cuatro horas más horribles de su vida, en la cual usaron los más bajos recursos de intimidación, chantaje, coacción y sobre todo mucha violencia tanto psicológica como verbal”, relató en esa ocasión el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.

Según el Código Penal vigente en Cuba, el delito de “mercenarismo” consiste en incorporare “a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar” a cambio de “un sueldo u otro tipo de retribución material”. 

Las sanciones previstas para estos casos son hasta 20 años de cárcel o muerte. 

Un experto en Derecho consultado por Tremenda Nota, que pidió reservar su identidad, considera que “esta amenaza no pasa de ser un recurso de tortura psicológica”.  “Ese delito es improcedente en este caso y eso sería obvio para cualquiera”, añadió. 

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