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Marchan en Uruguay entre festejos y reclamos de los derechos LGBTQ

Activistas son críticos con el gobierno actual

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(Foto de Michael Mazzoleni)

MONTEVIDEO, Uruguay — El 24 de septiembre se realizó en Uruguay la “Marcha por la Diversidad” en medio de un momento de inflexión para los derechos de la población LGBTQ.

Bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente” miles salieron a protestar en las principales avenidas de la capital nacional acusando abandono por parte del gobierno.

A nivel internacional Uruguay ha destacado por ser pionero en avanzar en legislaciones y políticas públicas a favor de las personas que aman o están fuera de la heteronorma, siendo considerado incluso como uno de los mejores destinos turísticos para LGBTQ en América Latina. 

Importantes avances logrados a través de lo que activistas denominan la “agenda de derechos” y que en estos momentos se encuentra en amenaza.

Diego Sempol, doctor en ciencias sociales y académico experto en temas de diversidad sexual y de género advirtió al Los Angeles Blade que “en términos normativos el país avanzó mucho, pero esto no necesariamente produce transformaciones automáticas a nivel de la vida social. Entonces hay diferentes temporalidades. Todavía en nuestro país coexisten diferentes regímenes sobre lo que tiene que ver con las corporalidades y las sexualidades”.

Diego Sempol lleva años trabajando temas relacionados con la teoría queer en Uruguay y en América Latina (Foto de Héctor Piastri)

Según Sempol aún en Uruguay “hay lugares donde las personas tienen que seguir eligiendo entre su derecho a casarse o su derecho a trabajar porque casarse implica visibilizarse en esa localidad y eso va a generar una fuerte discriminación que puede terminar repercutiendo en su inserción laboral”.

“Hay zonas o barrios, en los cuales está totalmente normalizado hoy la disidencia sexual y hay otros barrios, donde se siguen generando bromas y violencia física, insultos, exclusiones o sea que es un proceso; las normas sirven para generar nuevos espacios de enunciación. Sirven para saldar ciertos debates, pero tienen que estar necesariamente acompañadas con políticas públicas”, señaló al respecto el académico.

El actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mientras ejercía como congresista fue un férreo opositor a las iniciativas legislativas que buscaban extender derechos a LGBTQ. Votando incluso contra la mayoría de ellas.

El Blade días antes de que Lacalle Pou asumiera como Jefe de Estado conversó con activistas y políticos LGBTQ, quienes en ese entonces manifestaron su preocupación, ya que si bien, mientras era candidato presidencial prometió no derogar ningún derecho conquistado, se instalaría en la Torre Ejecutiva con un gabinete mayoritariamente anti-LGBTQ.

Hoy a más de un año y medio de su mandato las preocupaciones que tenían los líderes LGBTQ se estarían cumpliendo y en la marcha de la semana pasada fueron expuestas mediante consignas y pancartas. Aquella manifestación fue convocada por una veintena de organizaciones queer de ese país latinoamericano.

“La verdad que no hemos visto ningún avance desde la nueva presidencia. No hemos logrado nada. No hemos logrado avanzar más que retroceder en políticas públicas, retroceder en derechos” indicó la vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Paula Moreno, al Blade.

La activista trans explicó que “las principales demandas que nosotres salimos este año a reivindicar son para que las leyes se implementen, para que las personas LGBTQ+ sean reconocidas en derechos”.

Paula Moreno, integra el Colectivo Diversas de las Piedras, una organización al interior del país y es la primera DJ abiertamente trans de Uruguay. (Foto de cortesía)

“Luchamos por una vida libre de discriminación, por una vida de inclusión. Luchamos por tener acceso al trabajo, por tener acceso a la educación y por tener un buen acceso a la salud. Básicamente por los derechos básicos que históricamente a esta población se les ha vulnerado”, señaló al respecto Moreno.

Mientras que José María Speranza, quién compartió la vocería de la marcha con Moreno explicó al Blade que “la consigna de este año de la coordinadora es “Estado ausente, nuestra lucha presente” y con esto lo que queremos es evidenciar el repliegue de una gran cantidad de políticas sociales que se habían llevado a cabo”.

Incumplimiento de la ley integral trans

Uno de los retrocesos más notorios que acusan en Uruguay, es la no implementación de la ley integral trans que fue aprobada en 2018 y que establece que el Estado uruguayo debe otorgar una cuota de trabajo a las personas trans correspondiente al uno por ciento de las contrataciones de empleos públicos.

“Marchamos exigiendo también el cumplimiento de las cuotas de vacantes de los empleos públicos para la población trans, que bueno no se están cumpliendo” denunció Speranza al Blade mediante una conversación telefónica.

Para José María Speranza los retrocesos LGBTQ en Uruguay deben combatirse a través de la sociedad civil organizada (Foto de cortesía)

Mientras que Sempol expusó que “la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Uruguay reconoció que en estos dos años no se cumplió esta cuota, lo cual es un problemón, porque en realidad esté acuerdo de la ley solo se va a ejecutar durante 15 años. Ya perdimos tres años y no se ha cumplido hasta el momento”.

Por otro lado, Moreno enfatizó que “la ley integral para personas trans si bien se aprobó hace tres años, aún seguimos insistiendo y promoviendo que se implemente en su totalidad, porque justamente es una ley integral que lo que busca es mejorar la expectativa y la calidad de vida de las personas trans y en ese sentido, todavía seguimos como en un debé a nivel político”.

Speranza complementó que “a su vez también exigimos este año que las instituciones de salud públicas y privadas cumplan con la ley general para personas trans que cubre todas las necesidades sanitarias de la población trans, como son la hormonización, operaciones confirmación de género, etc.”.

“Se está negando hoy en día cubrir lo que la ley les obliga, negando a realizar operaciones y procedimientos. También la asistencia pública, quienes son las administradoras de servicios de salud del Estado violan derechos consagrados y tienen consecuencias sumamente negativas en la salud de las personas trans, afectando a su salud mental y poniendo en riesgo a someterse a estos procedimientos por fuera del sistema de salud establecido”, concluyó Speranza.

En respuesta, Federico Bianchi, un activista LGBTQ que pertenece a la coalición de gobierno, sinceró al Blade que “es verdad que no se está cumpliendo en su totalidad lo de los cupos para personas trans, pero no se cumplía tampoco en el gobierno anterior. En Uruguay, lamentablemente instalamos las leyes pero al momento del presupuesto tenemos problemas”.

Felipe Bianchi, actualmente es el secretario general de la Secretaría de la Diversidad del Partido Nacional, la tienda política del presidente de Uruguay. (Foto de cortesía)

“Me han llegado comentarios de que no se están haciendo las operaciones de cambio de sexo, cosa que tampoco estaba ocurriendo en el gobierno anterior, pero la diferencia es que nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo de 2020, y el 13 de marzo se declaró la alerta sanitaria y a partir de ese día no se hicieron más operaciones programadas. Solamente se operaban cosas de emergencia, entonces, obviamente ha dificultado la implementación de la ley trans en ese sentido”, aclaró Bianchi a través de una videollamada.

“El colectivo trans merece más, mucho más de lo que ha obtenido hasta ahora. En Uruguay la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, pero no es de 35 desde que llegamos al gobierno, es algo que venía desde antes. Se ha ido mejorando la situación de estas personas, pero falta muchísimo por hacer”, concluyó Bianchi.

COVID-19 es otro golpe para las personas LGBTQ

La pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación por la que atraviesan las personas queer en Uruguay. Siendo la población trans una de las más afectadas.

“En plena pandemia la población LGBTQ+ ha tenido que estar sola, si no fuese por los movimientos sociales que han estado ayudando con canastas con alimentos todo estaría peor”, reportó Moreno al Blade.

“Durante el proceso en la pandemia de la comunidad LGBTQ+ sufrió realmente problemas muy directo, muy concretos y que no hubo respuestas estatales rápida sostenidas integrales a estas dificultades. Entonces una primera cosa que fue notoria fue en la población trans”, argumentó Sempol.

“Nosotros cuando hicimos un censo en el año 2016 con el Ministerio de Desarrollo Social y facultades sociales, encontramos que dos de cada tres personas trans tuvieron que estar vinculadas al comercio sexual. Por lo tanto, con el contexto de pandemia, esa estrategia de sobrevivencia se cayó por completo y el Estado prácticamente no monto ninguna respuesta”, lamentó desde su hogar en Montevideo.

Finalmente destacó que “ahí lo que funcionó fue las redes solidarias de las organizaciones sociales. Se creó una olla popular en el cerrito de la victoria que fue muy importante y también se hizo llegar recursos financieros en colectas que hicieron diferentes organizaciones a muchas compañeras trans del interior del país”.

Frente a esta situación Moreno respondió al Blade que “nos pusimos ahí la camiseta para apoyar y estar en todo lo más que se puede y denunciar y reclamar a un Estado ausente”.

Discursos de odio

A todo lo anterior se suma el silencio absoluto del gobierno frente a los ataques y discursos anti-LGBTQ. Días antes de la marcha, Inés Monzillo, una congresista de Cabildo Abierto, un partido político que integra la coalición de gobierno, realizó fuertes declaraciones contra la Marcha por la Diversidad.

Precisamente la diputada suplente criticó la existencia de la Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, la tienda política del presidente.

Monzillo compartió en sus redes sociales un video de un grupo de jóvenes de su conglomerado en el que invitaban a participar del “Mes de la Diversidad”.

“Empieza setiembre y setiembre en Uruguay es sinónimo de diversidad”, expresaban en el video.

“Bue… septiembre es el mes de la primavera. ¿Por qué no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? ¿Por qué necesitan un día y hasta un mes entero? ¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”, escribió Monzillo en su cuenta de Twitter.

El gobierno no condenó las declaraciones homofóbicas de su congresista. Aunque en privado fuentes de la coalición reconocieron al Blade que le solicitaron “no emitir comentarios de ese tipo”.

Frente a esto, Speranza recalcó que “también marchamos para combatir los fundamentalismos de sectores políticos y religiosos que patologízan a la homosexualidad y a las personas trans”.

“Senadores de Cabildo Abierto han negado la existencia de las familias diversas. También hay personas que han hecho campaña con mentiras en contra la ley para personas trans y que hoy en día integran directorio de empresas públicas, por ejemplo”, agregó el dirigente.

“Lo que ha pasado con el gobierno de esta coalición de derechas es que se agravan los discursos de odio y fundamentalismos irracionales y retrógrados. Hay sectores políticos y religiosos y religiosas, que patologizan la homosexualidad y a las personas trans mientras defienden a notorios torturadores y violadores de Derechos Humanos”, recalcó Speranza al Blade.

Similar opinión tiene Sempol “en la coalición multicolor, que está actualmente gestionando el Estado, Cabildo Abierto es un partido que tiene un discurso virulento contra la diversidad sexual, habla de ideología de género, habla del circo de la diversidad, invisibiliza y niega que exista discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Habla de que las prestaciones que se dan a las personas trans son formas de privilegio, o sea un discurso virulento, de odio, que está operando desde la propia estructura del Estado”.

“Hay un congelamiento claro y esto genera precisamente una forma de retroceso, porque en estos temas si no se avanza, rápidamente vuelven los sentidos comunes de instalarse y además en el gobierno anterior, no teníamos discursos de odio desde actores que estaban en el Estado. Ahora esto sí es una realidad”, subrayó Sempol al Blade.

“Han sido dedicadas de socialización, donde se ha generado discursos de odio y además, este el escenario actual convive con la reaparición de organizaciones este de corte, este religioso y de extrema derecha que están este fuertemente abonando discursos de odio y exclusión. Pensemos en el caso, incluso que hay actores que están vinculados en la propia estructura de gobierno”, advirtió el académico.

Según Sempol para evitar retrocesos en derechos LGBTQ “hay que hacer mucha presión para lograr mínimamente que no se desmantele. Yo creo que en realidad no se ha desmantelado nada sustantivo hasta ahora porque hay tanta movilización social que no se animan”.

Finalmente opinó que “estamos casi la mitad de la gestión, pero también fueron dos años muy especiales por el contexto de la pandemia, la cual ha generado como una distorsión enorme de todos los debates más convencionales son más tradicionales que estaba sucediendo en Uruguay”.

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Víctor Grajeda, primer diputado suplente abiertamente gay, llega al Congreso de Honduras

Sampedraño hace historia al ser electo por más de 100,000 votos

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Víctor Grajeda (Foto cortesía de Víctor Grajeda)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Los Angeles Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 30 de noviembre.

TEGUCIGALPA, HondurasMiles de personas LGBTIQ+ votaron este 28 de noviembre contra el Partido Nacional, que ha gobernado Honduras más de 12 años y en los últimos tres meses utilizó una campaña de odio, miedo y discriminación hacia la diversidad sexual y el derecho a decidir de las mujeres.

El voto de la diversidad sexual de Honduras benefició mayoritariamente a la candidata del partido de oposición Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, quien es considerada la casi segura ganadora de los comicios del 2021 en Honduras por más de 20 puntos arriba de su rival, el candidato por el Partido Nacional, Nasry Asfura.

El triunfo de Xiomara representa la esperanza de un cambio en temas de políticas y leyes, pero también un avance en derechos humanos, dijo a Reportar sin Miedo el presidente de la juventud del Partido Libre, Kevin Ramos.

“Vamos a construir una nueva era. Fuera los escuadrones de la muerte. Fuera la corrupción. Fuera el narcotráfico y el crimen organizado. Fuera las ZEDE. No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Unido, pueblo. Juntos vamos a transformar este país”, expresó Castro en su primer discurso. Ella sería la primera presidenta del país en 200 años de independencia.

En el proceso electoral de 2021 sólo participaron cinco candidatxs LGBTIQ+. Por el departamento de Cortés, como aspirantes a diputado propietario se lanzaron Fredy Fúnez, Odalis Sarmiento por el PINU y Víctor Grajeda como diputado suplente del Partido Libre. Ninguna persona trans participó en el proceso.

Grajeda va encabezando los cuatro primeros lugares de las diputaciones de Cortés junto con su compañera de fórmula Silvia Ayala. Él es decorador y tiene un negocio junto con su pareja.

“En mi tiempo libre trabajo en decoración”, agrega este hombre abiertamente gay nacido en cuna humilde, quien tuvo que trabajar desde pequeño para sobrevivir en la violenta ciudad de San Pedro Sula.

Víctor lamenta la falta de diversidad que ofrecen los partidos políticos hondureños. Para él, la oportunidad de participar en este proceso es única. “No podía dejarla atrás. Nos permite crear una representación digna y transparente”. No ser un político de clóset es, para Víctor, desafiar al sistema. “Busco abrir espacios y descartar la disciminación por la orientación o la identidad sexual”, asegura.

Víctor aprovechó para agradecerle a la diputada electa Silvia Ayala por incluirlo en su plantilla ganadora. “Gracias a Silvia por hacerme parte de su fórmula”, dice el nuevo diputado suplente. “Ella desde el principio confió en mí y fue muy inclusiva al hacerme su candidato suplente”.

Grajeda promete promover leyes que penalicen los crímenes de odio, así como la creación de unidades especializadas para la investigación de estos delitos. Entre sus promesas también están crear programas de salud mental.

Al contrario de otros partidos políticos hondureños, Libertad y Refundación se ha caracterizado por abrir más sus puertas a la inclusión de personas LGBTIQ+ como la activista Kendra Jordany o la abogada Vienna Ávila, a quien Libre nombró secretaria de la diversidad sexual.

“Ciudadanas y ciudadanos, le apostamos a que Honduras se pueda convertir en un país de esperanza”, dijo Kevin Ramos. “Nosotros, como parte de la diversidad sexual, esperamos que cumpla sus promesas de ofrecer derechos a nuestra población”.

El fin de un gobierno de discriminación y odio

Con su voto, la población diversa pone un alto a los gobiernos nacionalistas, que en más de una década no han garantizado derechos para las personas trans y diversas.

El discurso de odio se pronuncia desde la misma cúpula del gobierno nacionalista encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández. El mandatario llamó “enemigos de la independencia” a lxs miembrxs de la diversidad sexual de Honduras en un tristemente célebre discurso por el bicentenario de la independencia, el 15 de septiembre de 2021. 

Un reflejo de la visión heterocispatriarcal de los partidos políticos en Honduras es la cantidad de candidatxs de la diversidad sexual en los comicios de este año.

Entretanto, en Francisco Morazán, Miguel Caballero Leiva se presentó como aspirante a una diputación por el partido Unificación Democrática. Sin embargo, todavía no hay resultados de las posiciones electorales para saber el destino de estxs candidatxs.

La discriminación anti-LGBTIQ+ ejercida por el partido en el poder continúa a pesar de la sentencia condenatoria por el transfeminicidio de Vicky Hernández cometido la noche del 28 al 29 de junio de 2009.

Hernández, defensora de derechos humanos, se convirtió en la primera víctima del golpe de Estado que marcó la historia reciente de Honduras. El golpe de 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual candidata presidencial Xiomara Castro.

Ni el gobierno de facto del empresario del transporte Roberto Micheletti ni las administraciones nacionalistas de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández aclararon o buscaron castigar el crimen contra Vicky. Por el contrario, durante los 12 años de poder nacionalista aumentó desmedidamente la cantidad de crímenes de odio en Honduras.

Desde el 2009 hasta la fecha hay un registro de 389 muertes violentas contras personas LGBTI+. Solo en 2021 han sido asesinadas 16 personas: diez gays, tres transexuales y tres lesbianas, reporta Cattrachas en su Observatorio de Muertes Violentas.

Hubo un destello de esperanza a mediados de este año, cuando por fin la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por el transfeminicidio de Vicky Hernández.

“Esta es la apertura para que vean que ninguna lucha es exclusiva de un grupo de personas”, dijo en aquella ocasión la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza.

Sin embargo, aunque el Estado dijo que iba a cumplir con la sentencia por el caso de Vicky Hernández, hasta el momento no ha pedido perdón a la familia ni cumplido con una serie de reparaciones de la condena de la Corte IDH.

Algunxs no pudieron votar contra el nacionalismo

A pesar del deseo de las personas trans de usar su voto para sacar del poder al Partido Nacional, algunas de ellas se quedaron sin esa posibilidad.

La directora de Oprouce, la líder trans Sasha Rodríguez, no pudo votar porque nunca recibió el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI).

Igual que Rodríguez, miles de personas estaban habilitadas para votar, pero el Registro Nacional de las Personas no les entregó sus nuevas identidades, sin las cuales no podían votar, según las nuevas reglas electorales.

Los usuarios de redes sociales comentaron que los problemas en la entrega de los DNI eran otros de los trucos del oficialismo para seguir en el poder fraguando un supuesto fraude en las votaciones del 28 de noviembre. 

“El triunfo de Xiomara es una reivindicación como ciudadana”, dijo Sasha Rodríguez. “Ella ha sido una aliada de la población diversa y las personas LGBTIQ+ hablaron. Ya se cansaron de 12 años en el poder del Partido Nacional y su líder Juan Orlando Hernández, que se unió con los fundamentalistas religiosos, en especial los evangélicos, para seguir difundiendo mentiras y discriminaciones hacia todas”.

Rodríguez recordó el discurso de Hernández del pasado 15 de septiembre, donde manifestó su rechazo a los derechos de las personas diversas. En medio del ambiente electoral en Honduras asesinaron a Tatiana García en Santa Rosa de Copán. Ella era militante del partido de gobierno. También más de 10 personas trans sufrieron discriminación o fueron víctimas de agresiones.

 
 
 
 
 
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La Red Lésbica Cattrachas denunció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que el Partido Nacional junto a los antiderechos utilizaban sus discursos de odio para estigmatizar a las personas LGBTI+ y mujeres.

El CNE admitió el 23 de noviembre su denuncia por prejuicio de la dignidad humana, por promover el odio y la discriminación a grupos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad.

La violencia en Honduras se extiende a lxs candidatxs pertenecientes a los grupos LGBTIQ+. El Observatorio Político de Cattrachas registró, hasta el 21 de noviembre, 33 muertes violentas de candidatas y candidatos. También denunció una serie de ataques y amenazas a diferentes sectores.

En un evento público, la coordinadora de la red, Indyra Mendoza, pidió un alto a la violencia política. “No hay elecciones libres si lxs candidatxs tienen miedo. Necesitamos que el país entero rechace las agresiones, necesitamos que defender derechos humanos no sea una condena”.

Cattrachas también denunció al exsecretario del presidente Hernández, el ministro Ebal Díaz, quien utilizó en sus campañas el video de una niña con discapacidad para manipular la opinión pública sobre el tema del aborto. «Es cruel que hagan política atacando a las mujeres y a las personas con discapacidad», señaló la red lésbica.

Violencia antes y durante las elecciones

El más reciente caso de violencia contra la población diversa de Honduras es el de Emeli Rachel Villafranca (23), quien fue salvajemente golpeada por cuatro hombres en Tegucigalpa, denunció la organización Arcoíris. A tres días antes de las elecciones, más de 20 organizaciones LGBTIQ+ presentaron una propuesta de reforma de ley ante el Registro Nacional de las Personas para que reconozca el cambio de nombre de las personas. Se recogieron 4,600 firmas a nivel nacional. En el marco de este evento se realizó una marcha exigiendo justicia, alto a la violencia y a los discursos de odio.

 
 
 
 
 
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Personas LGBTIQ+ monitorean las elecciones

Al menos 30 mujeres trans distribuidas en la capital Tegucigalpa, en el centro de Honduras, y San Pedro Sula, en la costa norte, realizaron un proceso de observación ciudadana en centros de votación masivos. Las observadoras registraron incidencias de discriminación, problemas de identificación con el nombre registro al nacer y otras anomalías.

La directora de la Asociación Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova, denunció que en su centro de votación sufrió discriminación al ejercer el sufragio porque fue llamada públicamente con el nombre registrado en su DNI. “Esto no debería ser. Recomendamos mejor capacitación en temas de diversidad y género a lxs integrantes de las mesas electorales”.

Por otro lado, tanto en San Pedro Sula y Tegucigalpa, más de 15 personas de diferentes organizaciones LGBTI+ realizaron el trabajo de observadoras electorales nacionales.

La activista lesbiana Seidy Irías dijo a Reportar sin Miedo que un país que no considera los derechos humanos de las personas con mayor vulnerabilidad no es una república. “Luchemos por un gobierno visible para todas las poblaciones”, dijo Seidy.

En las redes sociales se promovió el #VotoConOrgullo y la respuesta fue masiva. “Las juventudes demostramos que no somos de cristal, sino de diamantes en este proceso electoral, el cual fue un triunfo contundente para la democracia pacífica y participativa”, expresó el director de Honduras Diversa, Néstor Hernández.

 
 
 
 
 
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El triunfo de Xiomara Castro representa para muchxs el rompimiento de una brecha de desigualdad. «Hoy, más de una niña se levantó creyendo que también puede ser presidenta», dijo el influencer Denisol Mehujael.

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Comunidad LGBTQ hondureña, observadora en las elecciones 2021

Xiomara Castro se declara ganadora

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(Ilustración cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 29 de noviembre.

TEGUCIGALPA, Honduras — La primera observación desde la mirada de la diversidad sexual se llevó a cabo en las elecciones generales del 28 de noviembre en diferentes puntos del Distrito Central y San Pedro Sula.

Los encargados del inédito monitoreo fueron la Asociación Arcoíris y el Colectivo Muñecas de Arcoíris de Comayagüela.

“Llegamos a las siete de la mañana para estar observando”, declaró Victoria, quien acompañó a Reportar sin Miedo en un recorrido por la escuela República de Chile, de Barrio El Reparto por Bajo, en Tegucigalpa, donde se hizo el proceso de observación. 

“Hay mucha aglomeración de gente que está ejerciendo su sufragio, pero con algunos problemas logísticos de inicio en este centro de votación”, agregó Victoria.

El monitoreo es diverso

Las nuevas responsabilidades electorales de la población LGBTIQ+ hondureña son tan diversas como ellxs mismxs.

CEM-H y Colectivo de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris acaban de firmar un convenio para recibir fondos en cascada e implementar el Proyecto Voto Inclusivo 2021 a través del Fondo Mujeres Constructoras de Paz.

El objetivo del fondo es hacer veeduría ciudadana en las elecciones generales en Tegucigalpa mediante la participación como observadoras externas de las juntas receptoras de votación.

Unas 25 mujeres trans en Tegucigalpa y cinco en San Pedro Sula se situaron en puntos estratégicos y masivos de votación. En esos lugares observaron las incidencias de discriminación o procesos fuera de la Ley Electoral.

“Hubo negligencia en el lugar donde hice el sufragio y no me atendieron de la mejor manera, pero sí lo hice”, relató Victoria.

En el centro de votación de la escuela República de Chile había una edecán para personas con discapacidad y tercera edad.

“Ha sido muy amable con las personas con discapacidad y tercera edad”, dijo la coordinadora de Instituciones de Rehabilitación en Honduras (CIARH), Dilcia Rosales. “Desde horas muy tempranas abrieron este centro y la afluencia es muy alta”.

Hacen trabajo inclusivo

La observación LGBTIQ+ continuó en el centro de Votación del Instituto Aguilar Paz, en Comayagüela.

La directora de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, JLo Córdova, denunció que en su centro de votación “se armó un relajo”.

Al llegar al centro a votar “como toda ciudadana de este país”, relató Córdova, “recibí discriminación por mi expresión de género y salió en los pasillos hasta mi nombre legal”.

La líder trans pide más respeto en los comicios para las mujeres trans. “Los miembros de las mesas deben ser capacitados con las personas que exigimos derechos”, reclamó.

La iniciativa hace trabajo político en Francisco Morazán y Cortés con mujeres jóvenes, con discapacidad, trans y organizadas en redes barriales. La intención es tomar en cuenta el voto inclusivo de una forma más visible, conocer las principales formas de violencia, la negación de la libre elección y el sufragio para la población de mujeres trans en Honduras.

“Han venido personas de las comunidades enteras a votar a este lugar”, aseguró Valery en la escuela Toribio Bustillo, en Brisas del Valle, Comayagüela. “Hasta el momento se les ha tratado de manera excelente, no ha habido discriminación”. Agregó que a nadie se le negó el acceso [a las urnas].

Sin embargo, el proceso necesita mejoras. Lxs expertxs recomiendan que haya más presupuesto para ampliar la cobertura en el sector rural e interior del país. También piden más apoyo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y seguir fortaleciendo los lazos con otras organizaciones democráticas.

Posteriormente se dará a conocer un informe de sistematización de experiencias y otro de incidencias dentro de este proceso electoral.

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Matrimonio igualitario a un paso de ser ley en Chile

Solo falta una última votación en el Senado

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Una manifestación en favor del matrimonio igualitario en Santiago, Chile, en 2017. (Foto cortesía de Francisca Becker)

VALPARAÍSO, Chile — Como un triunfo “histórico” para los derechos de la diversidad sexual y de género, calificaron los activistas LGBTQ en Chile el avance del proyecto de ley de matrimonio igualitario el martes en el Congreso. Ahora solo falta una última votación en el Senado para convertirse en ley.

“Con 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones se aprueba el proyecto de ley que regula el matrimonio igualitario, que pasa a su tercer y último trámite en el Senado”, ha informado el Congreso Nacional chileno en un comunicado.

La votación se enmarca en uno de los momentos políticos más complejos para la población queer de ese país latinoamericano, luego de que el pasado domingo en las elecciones presidenciales y de congresistas la ultraderecha y anti-LGBTQ liderada por el candidato presidencial, José Antonio Kast del Partido Repúblicano obtuvieran un buen desempeño electoral.

Kast, que ha afirmado en muchas ocasiones que existe un “lobby gay” que “busca influir a las personas”, fue el candidato más votado y se enfrentará en el balotaje del 19 de diciembre al izquierdista Gabriel Boric.

“Frente a los discursos de violencia y odio, hace falta responder con amor. No queremos sesgos dogmáticos ultra ideologizados”, apuntó el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, la coalición que lidera Boric.

El proyecto de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 y presentado ante el Congreso durante su segundo mandato. Sin embargo, no fue hasta enero de 2020 cuando la sala del Senado aprobó en general el proyecto con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

Posteriormente, el presidente del país, Sebastián Piñera, mostró su apoyo a la medida y ordenó suma urgencia.”Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, dijo el jefe de Estado en su última cuenta pública.

“Luego de tres décadas de lucha, falta solo un trámite en el Senado para conquistar la hasta ahora esquiva igualdad legal que merece todas las parejas y familias”, destacó la vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Javiera Zúñiga, a través de un comunicado de prensa.

“Festejamos este nuevo paso, ahora con la total convicción de que estamos en la recta final. Especialmente felices porque se aprobaron por amplia mayoría todos las indicaciones sobre filiación y adopción homoparental que introducimos en la Cámara. Hablamos de 30 años de lucha, pero de siglos de segregación, cuyos días están contados, lo cual terminará con las injusticias y desigualdades que sufren las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales”, añadió Zúñiga.

De no ser aprobado en el Senado, el proyecto de ley pasaría a una comisión mixta. Sin embargo, la actual presidenta de la Cámara Alta se comprometió a realizar su mayor esfuerzo para que sea despachado lo antes posible.

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