El Salvador conmemora el 17M bajo un clima de miedo y retroceso en derechos LGBTQ+

El 17 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, recordando la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Sin embargo, esta fecha también se ha convertido en un espacio de denuncia ante la violencia estructural e institucional que sigue afectando a la población LGBTQ+ en muchos países, incluido El Salvador.

Este año, la marcha conmemorativa del 17 de mayo en San Salvador fue más reducida que en ocasiones anteriores. Decenas de personas se reunieron para alzar su voz a pesar del temor creciente entre quienes integran la diversidad sexual y de género. 

Las amenazas no son nuevas, pero sí más frecuentes en el contexto actual. 

Activistas, colectivas y organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nayib Bukele ha profundizado un discurso y una práctica anti-derechos. Para muchas de estas personas, la visibilidad se ha vuelto sinónimo de riesgo.

Desde la Asociación ASPIDH, Valeria Mejía, coordinadora de monitoreo y evaluación, expresó que “a inicios de 2025, el presidente Nayib Bukele y su gobierno oficializaron una postura anti-derechos, profundizando las amenazas estructurales contra los derechos humanos en El Salvador”. Alegan que esto ha generado retrocesos concretos para la comunidad LGBTQ+.

Mónica Hernández, directora ejecutiva de ASPIDH, ha sido enfática en sus declaraciones. 

“Se está silenciando a las organizaciones defensoras de derechos humanos a través de amenazas o restricciones legales”, afirmó. Y exigió al gobierno restituir los mecanismos que protegían a la población diversa.

Una de las luchas históricas aún sin respuesta es la aprobación de una ley de identidad de género. Actualmente, las personas trans no pueden modificar su nombre y género en sus documentos legales, lo que las expone a tratos humillantes en hospitales, centros educativos, juzgados y otras instituciones públicas.

La falta de una legislación que apoye a las personas trans sobre su identidad de género sigue siendo una afectación, por lo que sufren discriminación institucionalizada, en hospitales, centros educativos, juzgados, entre otros, donde suelen enfrentar trato discriminatorio o negación de servicios por no coincidir su identidad de género con sus documentos legales, mencionó una vocera de la Mesa por Una Ley de Identidad.

En la marcha de este año, las calles no se llenaron como en otras ocasiones. El miedo a la criminalización fue evidente. 

“Los agentes del CAM me dijeron que con este régimen me podían acusar de ser pandillera solo por ser trans y andar tatuada”, declaró una participante, temblorosa, al Los Angeles Blade.

A pesar del temor, hubo presencia. Algunas organizaciones de base y colectivos de clase trabajadora mostraron su solidaridad. Entre ellas, el Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos de la Clase Trabajadora, quienes acompañan el caso de Carolina Escobar, una mujer trans despedida injustamente del ISDEMU.

Escobar también estuvo en la marcha. 

“Hay que permanecer unidas las minorías, yo estoy acá a pesar de que he sufrido persecución por parte de la Policía Nacional Civil, por dar seguimiento a los casos de despidos injustificados del ISDEMU”, comentó.

La analista política y activista Bessy Ríos de la organización De La Mano Contigo no se mostró optimista con el panorama. 

“Hay que prepararse para el peor de los escenarios y crear redes de apoyo entre nosotros”, recalcó durante la jornada conmemorativa.

La colectiva feminista también acompañó la marcha y compartió con otros colectivos mensajes de unidad. 

“En tiempos difíciles, es cuando debemos unirnos más”, dijo una joven activista con una pañoleta verde en su rostro.

La represión no solo se percibe en las calles. Desde hace meses, muchas organizaciones LGBTQ+ han denunciado bloqueos al financiamiento internacional que sostenía proyectos de apoyo, atención psicológica y asesoría legal. Sin esos fondos, la lucha se vuelve más cuesta arriba.

Además, la anunciada Ley de Agentes Extranjeros —todavía en discusión— amenaza con imponer un impuesto del 30 por ciento a las donaciones provenientes del extranjero. Esto pondría en jaque a decenas de ONG que trabajan directamente con poblaciones vulnerables, incluida la diversidad sexual.

La consigna en esta fecha ha sido clara: la lucha no se detiene. Incluso con menos recursos y bajo amenazas, quienes se organizaron para conmemorar el 17 de mayo lo hicieron con la firme convicción de que los derechos humanos no se negocian.

Desde las pancartas hasta las intervenciones públicas, el mensaje fue contundente: el Estado salvadoreño debe cesar toda forma de discriminación hacia las personas LGBTQ+ y garantizar políticas inclusivas que aseguren su acceso a la salud, la educación, la justicia y el empleo.

En cada paso, se entretejía el recuerdo de quienes ya no están, y el deseo ferviente de un futuro distinto. 

“Marchamos por quienes no pudieron llegar hoy, por quienes tienen miedo, por quienes ya no están. Seguiremos exigiendo respeto y dignidad”, expresó una activista.